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Etiqueta: reactivación económica

Elecciones, salarios y reactivación económica

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical SIFUPCR

La mejor reactivación económica debe aspirar a eliminar o reducir la precariedad laboral y desarrollar una política salarial que aspire a generar vida digna. LA REGLA FISCAL debe ser modificada estructuralmente para modernizar, humanizar y garantizar que la institucionalidad sea motor de equidad,  igualdad e inclusión social. Las señales reales de «comerse la bronca» que empiece a dar Don Rodrigo Chaves Robles, van a determinar el grado de aceptación social y el grado de paz social. Los y las que votaron por Don Rodrigo Chaves Robles ( les respetamos y les entendemos) que sin duda no dudamos son los más pobres de las costas y buena parte de la urbe, dieron su apoyo por una nueva oportunidad para la esperanza y contra la corrupción, veremos si en el corto plazo se cumplen las medidas prometidas, de lo contrario el desencanto popular será tal, que no dudamos vernos en las calles. Para verdades el tiempo. 

El autor invita a leer el siguiente texto publicado por Roxana Morales Ramos en la página 23 del periódico CAMPUS de abril como complemento al tema tratado.

“Cae poder Adquisitivo de los salarios” Roxana Morales Ramos.

El poder adquisitivo se refiere a la cantidad de bienes y servicios que una persona puede adquirir con una determinada cantidad de dinero (ingreso) a través del tiempo. Esa cantidad está determinada por el nivel de precios (inflación); es decir, entre más suban los precios, sin aumentar los ingresos, mayor será la pérdida de poder adquisitivo. En los últimos años, el Consejo Nacional de Salarios aprobó los siguientes aumentos en los salarios mínimos del sector privado

  • +0,30% a partir de enero 2021 (CP-046-2020 MTSS).
  • +2,09% a partir de enero 2022 (CP-027-2021 MTSS).

De enero 2021 a febrero de 2022 la inflación acumulada, medida por el Índice de Precios al Consumidor (PC), fue de 4.8%, lo que evidencia que los ajustes salariales decretados para el sector privado no alcanzan para cubrir el aumento que ha habido en los precios promedio de la economía en los últimos 14 meses

Por su parte, en el caso de las personas trabajadoras del sector público, la última vez que obtuvieron un incremento salarial, sea por salarios base o por anualidades, fue en enero 2020 y —en algunos casos— en julio do ese año De julo 2020 a febrero 2022, la inflación acumulada ronda el 5,8%, lo que claramente demuestra una reducción en la capacidad de compra de este grupo de trabajadores. ya que no ha habido ningún ajuste salarial desde hace casi dos años.

Lo anterior es producto de la aplicación de la Ley 9635, que en su título IV establece que cuando la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB) supera el 60%, no se pueden ajustar los salarios base ni por inflación Al cierre de 2021, la deuda alcanzó el 70% del PIB y para llevarla por debajo del 60% tardará varios años En este escenario, es probable que los salarios se mantengan congelados, lo que afectará de manera importante el consumo privado y, por ende, el crecimiento económico.

Adicionalmente, mediante la incorporación de un transitorio único a la ley N°2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, se prohibió otorgar montos incrementales por anualidad durante los años 2021 y 2022.

Bajo este contexto, serán muchos los meses en que las personas trabajadoras del sector público no recibirán ajustes en sus salarios, lo cual afectará, sin duda, su calidad de vida y la de sus familias, por tanto, urge que se revise y modifique la normativa indicada, más aún en momentos donde se vislumbra un aumento en los niveles de precios a nivel nacional e internacional, incrementos en tasas de «teres (que afectarán a las personas deudoras y la posibilidad de adquirir nuevos créditos), y aumentos en el tipo de cambio (que afectará también a las personas que mantienen deudas en moneda extranjera, y se encarecerán aún más las importaciones).

Compartimos esta reflexión que es oportuna:

 

Foto de portada: Karla Richmond, UCR.

Impulsar el desarrollo de las regiones periféricas o continuar con el “GAMcentrismo”, el reto impostergable del nuevo gobierno

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, pero está situación no puede postergarse por más tiempo, por lo que el próximo Gobierno tendrá que asumirlo como uno de los retos prioritarios de su gestión.

Varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, así el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN 2020, p.29).

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F., 2021, p.222).

Así mismo en este medio, se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional. (Alterdes.cr, febrero,2021).

Diversos índices de desarrollo regional y cantonal, han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así recientemente el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano.

Previamente el Índice de Competitividad Nacional (ICN), mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notables.

La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como de la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, mientras el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es el nivel de pobreza más alto desde el 2010.

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

Frente a las desigualdades regionales y sus manifestaciones en los índices mencionados, el Gobierno actual ha formulado una serie de propuestas que un nuevo Gobierno tendría que tener necesariamente en consideración, análisis y discusión.

Entre ellas se encuentra la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada por MIDEPLAN, la cual parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), y plantea soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y de desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política para retomarla e implementarla en los próximos años. (Alterdes.cr ,julio, 2021).

Una segunda propuesta es la Ley de Desarrollo Regional, firmada en noviembre anterior por el Presidente en ejercicio Marvin Rodríguez, emitida con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y reducir progresivamente las desigualdades que se manifiestan en el territorio nacional.

“Tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes”, según el artículo 1 del texto de la Ley.

La Ley de Desarrollo Regional crea el Subsistema de Planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes). También, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.

La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo. Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.

Esta normativa institucional formulada, puede ser un insumo importante para que el nuevo Gobierno definida una estrategia de desarrollo centrada en los recursos y potenciales de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

Demanda una perspectiva del desarrollo centrado en las características territoriales y en el carácter endógeno y participativo que permita que los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Se requiere un enfoque de desarrollo territorial que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015),

hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Se trata de “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación, acceso a la tecnología y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial, que, por tratarse de cuestiones estructurales, no se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

De ahí que el tema de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas y alcanzar un desarrollo territorial más equitativo e incluyente, debe constituirse en una prioridad del nuevo Gobierno 2022-2026, en una verdadera política de Estado.

Hasta ahora las propuestas políticas para enfrentar las desigualdades regionales y avanzar hacia un desarrollo territorial más sustentable, no han sido centrales para la mayoría de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 6 de febrero, con la excepción del Frente Amplio que lo abordó bajo el concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen muchas regiones y del Partido Liberación Nacional, que lo incluye en su propuesta de reactivación económica y rescate del empleo, que requiere de la incorporación de todos los sectores y de todas las regiones del país, sobre todo las que han estado marginadas del desarrollo.

De cara a la II ronda electoral, la población principalmente de las regiones periféricas y los cantones con los más bajos indicadores socioeconómicos, debieran exigir a los dos candidatos compromisos claros y propuestas contundentes para revertir las desigualdades regionales e impulsar un desarrollo territorial equitativo e incluyente como una de las prioridades de su gestión, ya no más postergaciones.

 

Imagen: Semanario Universidad

Las venas abiertas de los bienes comunes: nuestros ríos

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni
Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra


De agua somos. Del agua brotó la vida.
Los ríos son la sangre que nutre la tierra,
 y están hechas de agua las células que nos piensan,
 las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda.
Eduardo Galeano

El agua que viaja por nuestros ríos llega a representar menos del 1% del agua total de nuestro planeta, sin embargo, alberga el 10% de todas las especies conocidas. Con este punto de partida queremos invitarles a repensar la importancia que tienen nuestros ríos no solamente como su valor económico, sino también como sustento de la vida en nuestros territorios. ¿Qué tensiones atraviesan estos territorios anfibios?

Partamos de un lugar común, los ríos son hogar y responsables del sostenimiento de una gran parte de la biodiversidad de nuestro planeta (bacterias, hongos, vegetales, especies vertebradas e invertebradas), y es la fuente de agua dulce y alimentos para un sinnúmero de comunidades.

Sin embargo, durante el último siglo hemos asistido a un cambio apresurado que agota la vida del agua, podemos percibirla a través de la pérdida acelerada de la biodiversidad de nuestra naturaleza, pero también en situaciones más cotidianas como podría ser la cantidad, calidad y tiempo de los suministros de agua, la estacionalidad e intensidad de las lluvias, las temperaturas más altas o los cambios en la recarga de las aguas subterráneas, entre otros.

Todas estas situaciones podrían resumirse “ingenuamente” al cambio climático, pero no podemos perder de vista que están siendo provocados por las actividades humanas.

Estas actividades caracterizadas por su intensidad y extensión amenazan diariamente nuestros ríos, podemos desarrollar una breve lista que nos puede parecer muy familiar: la deforestación, la minería no metálica (arena y piedra), la sobreexplotación de pesca, el desvío del cauce para riego de la agroindustria, la contaminación por aguas residuales (origen industrial, agroindustria, comercial, doméstico) o los trastornos que significan las hidroeléctricas. Todas estas actividades alteran la vida de los ríos y de las comunidades que comparten su destino.

Esta crisis que atraviesa nuestros ríos tiene múltiples afectaciones muy visibles tales como la muerte de especies, la disminución del caudal, el corte y estancamiento de las aguas que perjudican e impiden los procesos naturales dependientes de la fluidez del río (por ejemplo, la reproducción o migración de especies). Todo esto tiene como consecuencia la muerte del río y el desplazamiento de las comunidades al volver inviable cualquier proyecto de vida.

Esto evidencia como las presiones de las actividades económicas lideradas por las grandes industrias han llevado a importantes esquemas de sobreexplotación, un indicador lo podemos tener en el incremento de las concesiones que evidencia la intensidad del cercamiento que enfrentan nuestros ríos. Los discursos de reactivación económica o de la transición energética verde, ocultan las graves consecuencias sobre las afectaciones que erosionan la vida del río y su entorno. A esto debemos sumar que estás mismas actividades no sólo explotan el “recurso”, sino también son las principales responsables de su contaminación.

Un ejemplo trágico de lo anterior, son los ríos que atraviesan nuestras ciudades, conforme se expande el desigual desarrollo urbano es más evidente su escenario de agotamiento y contaminación. Representan el testimonio más claro cuando se ha priorizado “el beneficio” de unos cuantos sobre el sustento de la vida.

Todo esto que les hemos expuesto responde a un modelo político-económico que está llevando a los límites la capacidad de reproducción de la vida, según el informe Cambio Climático y Agua (2019) del Fondo Mundial para la Naturaleza el escenario es alarmante, ya que nos señala que solamente un tercio de los grandes ríos del planeta fluye libremente (no tienen presas ni han sido alterados por actividades humanas), pero también desde el siglo pasado han disminuido los humedades en un 70%. Esta tendencia no parece cambiar, la voracidad de unos pocos nos lleva a asistir al agotamiento de los últimos espacios naturales donde se reproduce nuestra vida.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

La Estrategia Económica Territorial 2020-2050: la planificación de largo plazo en tiempos de pandemia

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)

La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.

Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)

La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.

Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.

Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.

También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.

Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)

Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.

Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.

En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).

Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.

Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)

Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).

Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.

La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)

Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.

No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.

Imagen: MIDEPLAN

Documento de trabajo: Reactivación Económica

Publicado el . Publicado en Derechos.

Debido al contexto actual que ha desencadenado diferentes efectos a partir del COVID-19, se crea el documento: Reactivación Económica ¿Para quién? a cargo del Observatorio de Bienes comunes: Agua y Tierra.

Este comprende las diferentes dinámicas sanitarias, políticas, culturales y económicas. Pero su eje principal es la reactivación económica.

El documento se plantea desde la idea que toda propuesta económica y política se hace acompañada de un determinado contexto y de diversos intereses. Por lo que es imprescindible conocer el contexto socioeconómico con el fin de construir criterios y dimensiones que permitan interpelar las propuestas que recibimos.

Visibilizando las características de la pobreza, el desempleo y la desigualdad que contextualiza el año 2021, este documento plantea propuestas de reactivación económica a través de distintas preguntas: ¿Qué implicaciones tienen estas propuestas en nuestro territorio? ¿A qué necesidades responden? y lo más relevante ¿Para quiénes son?

Además, abarca temas como: ¿Qué situación encontramos en Costa Rica?, ¿Qué sabemos sobre el empleo?, ¿Para qué tipo de economía?, Sector empresarial, sector Universidad Pública, Medio de Comunicación Dominante, ¿Qué desigualdades están presentes? Capital Natural: Bienes naturales como moneda de cambio, entre otros.

Puede leer el documento completo en el archivo adjunto.

Documento-de-trabajo-1-Reactivacion-para-quienDescarga

 

Compartido con SURCOS por Luis Sanabria Zaniboni.

¿Es solo la economía lo que se debe reactivar?

Publicado el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Minutos antes de conversar en un espacio sobre arte y cultura que desarrollo de forma habitual en redes sociales, el poeta, periodista y promotor cultural colombiano Miguel Iriarte me actualizaba la dimensión clara y humana del impacto de la pandemia en su país.

  • “Hoy han fallecido 500 personas”, me dijo.
    Lo interrogué: –
    “¿Solo hoy?”
    Si, confirmó.

De inmediato le comenté sobre lo que ha sido abril y mayo en Costa Rica, un país tan construido sobre una narrativa de la excepcionalidad y la superioridad biológica. Ya esa narrativa ha ido dando paso a otras construcciones discursivas sobre la necesidad de un nosotros contingente, necesario para salirnos del impacto institucional, sanitario y social en el que estamos sumidos.

Pero ese nosotros no es para nada fácil. Las dimensiones humanas de la tragedia son tales que no permiten ni siquiera tener una conversación pública y relajada sobre las implicaciones de decisiones tomadas sobre la suspensión presencial y virtual del curso lectivo en el sistema educativo costarricense, los efectos de medidas parciales en materia de movilidad y otras acciones tomadas para tratar de frenar el aumento exponencial de casos positivos.

Todo ha sido dramático en Costa Rica, hasta la forma en que tratamos de dialogar sobre estos temas. No nos estamos escuchando porque simplemente no hay comunidad ni imaginada ni construida posible que pueda hablarse, luego de 40 años ininterrumpidos de proyecto sociocultural orientado al individualismo, la competencia y el mercado como orientador de lo social.

Al momento de escribirse esta nota, se contabilizan 3.962 personas fallecidas según datos oficiales emanados por el Ministerio de Salud costarricense. Son 3.962 historias, biografías, vínculos familiares y afectivos que han partido sin tener el ritual de la despedida por parte de los suyos.

Ambiente COVID-19 en San José. Mercado Central

Mucho se ha dicho ya sobre la necesidad de reactivar la economía. Pareciera ser un discurso necesario, único. Pero en medio de un modelo que justamente privilegia lo económico por sobre lo humano, se ha dejado de lado la dimensión psicosocial y subjetiva que debe restituirse primero, para después reactivarse. Es necesario comprender que una economía con subjetividades vaciadas y con miedo, no funciona ni garantiza igualdad y equidad.

Pensar entonces en reactivar lo humano, pasa por algunas interrogantes:

¿Cómo serán los encuentros sociales a partir de ahora, los abrazos, las conversaciones? La confianza en el otro, la otra, ¿será la misma? ¿Cuál política pública será implementada para reactivar de forma inmediata el afecto y la certidumbre?

En días recientes se promovió en Costa Rica una campaña llamada “Frenar la ola” orientada a concientizar acerca de la necesidad del cuido personal para minimizar el impacto de una fuerza pandémica incontenible, que está ganando la batalla a la institucionalidad en salud en el país.

Para quienes hemos perdido familiares, amigos, conocidos en estos días una acción así cuenta en lo socioafectivo. Algunas voces intelectuales y académicas han mirado con desdén esta iniciativa, pero yo la defiendo como acción restaurativa de lo emocional. Urgen propuestas que se ocupen de esa otra dimensión tan necesaria para la vida: la del sentido y el afecto sobre la racionalidad economicista.

Durante las primeras semanas de contingencia sanitaria en el 2020, las investigadoras Silvia Citro y María Luz Roa, pertenecientes a un equipo interdisciplinario de Antropología del cuerpo y la performance, con sede en Argentina, ya advertían sobre la urgente necesidad de reinscribir nuevas dinámicas subjetivas e intersubjetivas para contender como colectivo las trampas de discursos basados en el restablecimiento de los cuerpos y las economías:

“Construir desde lo colectivo, nuevas artes de re-existir, nuevas micropolíticas colaborativas que nos devuelvan la forma de ser sujetxs alegres y ya no sólo vectores, que brinden abrazos virtuales y no sólo enfermedades. No se trata sólo de entretenernos como pasa-tiempo, sino de entre-tenernos para re-existir con otrxs y vivir-en-el-tiempo”. (Recuperado de https://latfem.org/pandemia-yo-me-quedo-en-casa-pero-en-communitas/)

Quizá sea el momento de reescribir ciertos contratos donde lo importante no pase por la contabilización y el mercado. Existir para encontrarnos pareciera ser esa nueva promesa civilizatoria a la que debemos apostar como humanidad, como país. Esto pasa necesariamente por redibujar las arquitecturas de la política, el arte de la convivencia, el rigor del sentido comunitario. Nos desafían los tiempos.

Imágenes: informa-tico.com y Semanario Universidad

Fentragh CR realiza capacitaciones en la provincia de Limón

Publicado el . Publicado en Trabajo.

La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH) realizó una capacitación virtual en conjunto con el Programa Nacional de Empleo bajo el marco de la Mesa Caribe junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

A través del apoyo de otros aliados estratégicos buscan generar un impacto positivo en la provincia de Limón. Debido a la crisis económica de la provincia y los efectos de la pandemia se propuso replantear acciones para las necesidades de activación económica.

Además, se consideró plantear acciones para el autoempleo y un modelo de capacitación para personas en vulnerabilidad social.

Para conocer más de las acciones que se están efectuando puede hacer click aquí.

 

Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández.

Desigualdades y Alternativas del Desarrollo Regional en Costa Rica

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

Los frutos del desarrollo económico no se distribuyen de manera igual sobre el territorio nacional. Se observan en todos los países disparidades económicas entre las regiones. La disparidad regional (o la expresión sinónimo desigualdad regional), se emplea comúnmente para designar las inequidades de bienestar o de desarrollo entre regiones (Polése, M.1998, p.177).

En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional dispar o desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones. La distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales que forman parte de la Gran área Metropolitana (GAM), hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.

La actualización del estudio de la Matriz de Insumo Producto (MIP) efectuada por el Banco Central el año anterior, ha señalado las diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, el comercio es predominante en casi todo el país y el transporte está dominado por San José y Alajuela; la administración pública está altamente concentrada en el centro del país y la educación y salud se encuentran más distribuidos a lo largo del país, aunque existe una mayor concentración en la GAM.

Por su parte, el Atlas de Desarrollo Humano cantonal de 2020 estableció que, si bien Costa Rica ha avanzado en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el esfuerzo no ha sido suficiente para alcanzar a las regiones y personas en mayor condición de vulnerabilidad, como las mujeres y las zonas rurales y periféricas.

En el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), la mayor desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

La actual Ministra de Trabajo, Silvia Lara, ha reconocido que “el crecimiento económico, la generación de empleo, la distribución de la riqueza ha estado concentrada en la Gran Área Metropolita (GAM), y con presencia mayoritaria en algunos pocos cantones. Este ha sido una situación histórica en el país (…) por esto debemos enfocar nuestro trabajo en el desarrollo de los territorios y generar puestos de trabajo en todo el país y no sólo en la GAM”. (CRHoy,29-1-2021).

La generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

En busca de generar un mayor desarrollo en las regiones periféricas, la Administración 2018-2022 ha definido como sus prioridades la intervención en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, decisión que parece estar más ligada al interés de dar continuidad al proceso de reconstrucción de la zona norte frente a los efectos del huracán Otto y a la atención de la problemática social de la zona Atlántica generada por la concesión del puerto de Limón a APM Terminals.

Esta Administración está impulsando una estrategia de desarrollo en varias regiones del país, ya que según el Presidente “nuestra intención ha sido atender en conjunto con los Gobiernos locales los retos ligados a diversos temas como infraestructura de obra pública, reactivación económica, simplificación de trámites, lucha contra la pobreza y el cambio climático, desempleo, reducción de la brecha digital, entre otros”, agregó el mandatario. (ElMundo, Cr,30-4-2019).

Se están impulsando programas de desarrollo también en las regiones Chorotega, Brunca y Pacífico Central como parte del enfoque de desarrollo regional de este Gobierno, que tiene como características la conducción y liderazgo de procesos de diálogo y generación de propuestas por parte de algunos jerarcas del Gobierno Central y la existencia de una política de descentralización institucional.

Según la posición oficial, “para el Gobierno es prioritaria la generación de propuestas descentralizadas en aspectos clave para el desarrollo como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; esto para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”. (ElPais,cr 20-3-2019).

Luego de dos años de trabajo en las regiones, la Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega, Huetar Norte y Huetar Atlántica. Los resultados de la acción institucional en las regiones, muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una importante inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

Estos resultados son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social.

No obstante en la presentación de resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Junto a los programas de desarrollo y la presentación de resultados en las diferentes regiones, las instancias gubernamentales han planteado estrategias específicas en temas como el impulso de la Bioeconomía y la creación de Polos de Desarrollo.

La primera pretende impulsar una transformación productiva y un desarrollo territorial basados en los recursos de la biodiversidad del país y en la integración de las regiones periféricas y la segunda busca aprovechar las características de cada región y desarrollar 11 polos de desarrollo.

También se presentó la estrategia “Motor Rural” del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), dirigida a apoyar la reactivación económica de los territorios rurales y la construcción de Centros regionales de valor agregado para el procesamiento agroindustrial administrados por el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Igualmente se plantea el tema de la expansión institucional que ha sufrido el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fortaleciendo el modelo de descentralización regional de los servicios mediante el funcionamiento de nueve Unidades Regionales.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo(ICT) presentó el Índice de Progreso Social (IPS) que es una herramienta para analizar el impacto que el turismo ha tenido en el desarrollo de las regiones del país, en particular de las regiones periféricas.

Además se procuró ubicar el papel de las Universidades en el fortalecimiento del desarrollo regional e identificar los desafíos y fortalezas del trabajo de las universidades en las regiones.

Las acciones institucionales del Gobierno Central, de las instituciones autónomas y de las mismas Universidades, representan los esfuerzos para revertir las desigualdades regionales existentes y los indicadores persistentemente bajos de las regiones menos desarrolladas del país.

Los informes del Estado de la Nación han constatado un rasgo fundamental del desarrollo en Costa Rica: los fuertes contrastes dentro y entre las regiones, territorios fragmentados, con varias microrregiones claramente diferenciadas en su base productiva, pero que tienen en común bajos logros en desarrollo humano. (XXIV InformeEstadoNación,2018, p.49).

 

Imagen: UNA Comunica.

Se recoge lo que se siembra

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se flexibilizaron las medidas para evitar los contagios del Covid 19 en Semana Santa, sin establecer los controles adecuados. Se pretendía un objetivo loable como era reactivar el turismo pero, debido al exceso de permisividad, lo que se reactivaron fueron los contagios que hoy tienen al sistema hospitalario colapsado, una tendencia creciente de contagios en la población joven y un país con una imagen que no favorece el turismo extranjero.

Y ahora, como quien no quiere aprender de sus errores, el gobierno insiste en mantener las clases presenciales aduciendo que los datos no confirman que los centros escolares sean focos fundamentales de contagio.

La misma lógica podría haber inducido a la apertura descontrolada para incentivar la actividad turística, toda vez que los hoteles y en general los negocios dedicados a esta actividad, al cumplir rigurosamente con las medidas higiénicas y de aforo, no constituían focos de contagio.

Sin embargo, esa lógica incurre en el error de considerar que se trata simplemente de garantizar el cumplimiento riguroso de medidas en los lugares de destino, sean hoteles o escuelas y colegios, sin considerar que con una flexibilización descontrolada se crean condiciones que favorecen la ampliación e intensificación de los contactos interpersonales e intergrupales, principales fuentes de proliferación del virus.

En ambos casos, la falta de aplicar medidas más rigurosas de control induce a transgredir las normas y hábitos recomendados: distanciamiento, uso de mascarilla y no romper las burbujas. Debido al enclaustramiento por tiempos prolongados, al relajar medidas, en un país donde se combina la “cultura del guaro” con la del “me importa a mí”, no se puede esperar sino un ambiente de fiesta y jolgorio, que sí son focos de contagio.

Estamos ante el fenómeno que el sociólogo Tomás Merton calificaba como las consecuencias no intencionadas o no previstas de la acción social, es decir aquellas situaciones que no son inducidas de manera intencional, pero que se dan, algunas veces sorpresivamente. Y en las condiciones actuales, se trata de consecuencias indeseables que tienen un efecto sanitaria y socialmente lesivo.

Así las cosas, no se trata de justificar con datos que la presencialidad en el aula no es la causa fundamental de contagios, sino de valorar en su justa proporción esos comportamientos indeseables que se desatan, contribuyendo a intensificar los contagios. Además, no sólo estamos ante un problema cultural del comportamiento anómalo de los estudiantes sino también limitaciones importantes de la infraestructura escolar y colegial y falta de suficientes recursos y personal preparado para garantizar mejores condiciones higiénicas, así como para la supervisión de la población estudiantil. También, se requiere personal en salud ocupacional que garantice las mejores condiciones de trabajo saludable para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Todo ello implica prestar atención a una mayor y mejor inversión en educación, siendo que es el factor decisivo para el desarrollo y bienestar del país.

En este aspecto, cabe señalar la falta de inversión por parte del Estado en las actuales condiciones de crisis económica y social provocada por la pandemia. Como se ha informado, el país está en último lugar, en este tipo de inversión, entre los países miembros de la OCDE.

Para encarar la crítica situación que enfrentamos se requieren medidas extraordinarias como las que se dan en un estado de guerra o posguerra. Es razonable y debería acogerse sugerencias como las formuladas por los investigadores y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo, entre otras, aplicar una deducción a todos los salarios del sector público y privado a partir del monto que devenga un catedrático universitario. También a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes patrimonios. Quizá, un impuesto similar al 10% que decretó la Junta de Gobierno de posguerra civil para atender a la reconstrucción social y económica del país. El Estado debe garantizar el bien común, y la Constitución lo faculta para tomar esas y otras medidas.

El gobierno también debe acoger, sin dilación, la iniciativa privada de contribuir a acelerar el proceso de vacunación aportando recursos humanos y de infraestructura y ofreciendo las vacunas a precio de costo. Es un gesto solidario en tiempos donde es antiético utilizar la pandemia para obtener dividendos políticos o económicos. No hay que escatimar esfuerzos y recursos para vacunar cuanto antes a toda la población. El dinero no debe ser la excusa, y hay que recurrir a vacunas disponibles más allá de las farmacéuticas que han sido contratadas.

La apuesta por el préstamo del FMI, como el milagro que va a salvar al país, tiene paralizado al gobierno para tomar acciones y medidas urgentes, como las mencionadas. Llegó la hora de que nos despertemos y comprometamos solidariamente para reactivar social y económicamente al país.

Por otra parte, aunque pudiéramos estar a las puertas de ver la “luz al final del túnel”, en estos momentos la oscuridad avasalla, y el gobierno no debería seguir sembrando vientos para recoger tempestades. Los datos son útiles, cuando su interpretación no es mecánica, como si se bastaran a sí mismos. Hay que ver más allá del dato: la realidad.

 

Foto: SINART.

La ansiada recuperación económica

Publicado el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

Los grandes empresarios reclaman cotidianamente por medidas para la llamada recuperación económica. Ellos conciben que la misma llegará siempre y cuando les aprueben algunas medidas, tales como reducciones en las tarifas eléctricas, disminución en las cuotas patronales de la Caja, moratorias a los que no las han pagado, eliminación de controles (lo que ellos llaman trámites), en fin, reducción de impuestos.

Estas medidas que exige el gran empresariado podrán ayudar, aunque no son las fundamentales e incluso en otros países se ha demostrado que la reducción de impuestos no ha contribuido en nada a aumentar la producción.

Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que fundamentalmente ayuda a elevar la producción y a generar empleo: la invitación a que los costarricenses asistan a las playas y centros vacacionales.

Es en el fondo una invitación a los trabajadores y trabajadores para que vayan a los hoteles, restaurantes o parques a disfrutar de las vacaciones, pero fundamentalmente a GASTAR, a COSUMIR. Esto es lo que realmente levanta y reactiva los negocios, el turismo y las industrias.

Pero las personas para gastar o consumir necesitan tener plata o dinero y en el caso de los asalariados, tener buenos y jugosos salarios. Para que se eleve el consumo y reactive la economía se necesita que la gente gaste y esto solo es posible si tiene un salario que le permita hacer eso.

Los grandes empresarios y el Gobierno de Alvarado pretenden -como se dice- hacer chocolate sin cacao. Reactivar congelando los salarios de los empleados públicos por 10 años o más y pagando salarios raquíticos a los trabajadores de la empresa privada, es imposible.

Una verdadera política de reactivación económica necesita urgentemente de buenos salarios que logren aumentar el consumo. Esta es la ruta de la reactivación: SALARIOS CRECIENTES.

Si los empresarios y el Gobierno quieren realmente reactivar la economía, disminuir el desempleo, aumentar ingresos tributarios, la mejor receta es aumentar salarios.

Pueden empezar.