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Etiqueta: SETENA

Sala Constitucional ordena a SETENA establecer mecanismos de evaluación ambiental para las quemas agrícolas

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Resolución reconoce la necesidad de valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, una práctica asociada a la producción de caña de azúcar, entre otros cultivos.

La Sala Constitucional acogió los argumentos de una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, Carlos Wong Bonilla y Dany Alberto Villalobos Villalobos, en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), relacionada con la ausencia absoluta de una evaluación de los impactos ambientales de las quemas agrícolas en Costa Rica.

Según explicó Sagot, la resolución establece que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) debe desarrollar un protocolo que permita determinar cómo se valorarán los efectos ambientales de estas quemas y cuáles instrumentos se utilizarán para identificar sus impactos negativos.

“Era necesario que toda quema agrícola debiese tener una valoración ambiental, del tipo que fuera, desde lo más riguroso hasta lo menos riguroso, pero que tuviera que pasar por ese tamiz para mesurar los efectos”, señaló el abogado.

La acción planteó la necesidad de considerar los impactos de las quemas sobre los suelos, la biodiversidad y la atmósfera, incluida la pérdida de mamíferos, aves y reptiles, así como la emisión de gases de efecto invernadero y sus implicaciones frente al cambio climático.

Afectaciones a las comunidades y al ambiente

Uno de los aspectos señalados por Sagot es el impacto de las quemas agrícolas sobre las comunidades cercanas a las zonas de cultivo. En el caso de la caña de azúcar, esta práctica puede generar grandes columnas de humo que afectan a las personas, incluidas niñas y niños en edad escolar, y comprometen las condiciones ambientales de los territorios.

El abogado mencionó zonas de Guanacaste y del Valle Central, entre ellas San Ramón y Grecia, así como Pérez Zeledón, donde se realizan quemas vinculadas con la corta de caña.

La resolución, explicó Sagot, reconoce que la regulación de las quemas agrícolas debe interpretarse de manera compatible con las normas nacionales de protección ambiental, entre ellas la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, así como con los convenios internacionales ratificados por Costa Rica.

Un cambio obligatorio en la regulación de las quemas agrícolas

Sagot recordó que, antes de esta resolución, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud habían sostenido que no era necesaria la evaluación ambiental planteada en la acción.

Con este pronunciamiento, la SETENA deberá establecer los mecanismos correspondientes para valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, lo que abre un nuevo escenario para su regulación y control en el país.

El abogado también señaló que la resolución no se pronunció sobre la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática, un aspecto que, a su criterio, quedó pendiente.

Sagot señaló que la decisión representa un avance de acuerdo con el principio de progresividad.

Puede descargar la resolución desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/voto-quemas-agricolas-2026-se-acoge-lo-pretendido-sobre-EIA.pdf

Le invitamos a escuchar la explicación del abogado Álvaro Sagot:

Organizaciones exigen protección para el humedal de Coris-Bermejo y para el ambientalista Ricardo “Ilustre” Muñoz

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Comunicado APRE-COM-6-2026 firmado por 42 organizaciones

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), junto con otras 41 organizaciones, grupos, colectivos y programas universitarios, emitió un comunicado el 15 de octubre de 2026. En él denuncian el deterioro del humedal de Coris-Bermejo, en Cartago, y piden medidas de protección para el ambientalista Ricardo “Ilustre” Muñoz, quien ha alertado sobre la situación del humedal desde 2024 y ha denunciado amenazas en su contra.

Un humedal de alta riqueza biológica

Según el comunicado, entre 2024 y 2025 se han avistado en el humedal más de 120 especies de aves residentes y migratorias, al menos 10 de ellas en peligro de extinción. También se han observado coyotes, mapaches, anfibios y al menos 30 especies de flora. La Asociación Ornitológica de Costa Rica registra al menos 948 especies de aves en el país, por lo que las especies documentadas en Coris representan casi el 13 % del total nacional. El SINAC, por su parte, ha documentado al menos 45 especies en el humedal.

La riqueza biológica del sitio ha sido documentada por profesionales en biología, personas vecinas, organizaciones no gubernamentales, el propio SINAC y personas aficionadas a la fotografía, entre ellas Ricardo Muñoz.

Las organizaciones señalan que desde 2024 se ha documentado en la zona el dragado del humedal, la cacería de aves, el vertido de desechos y la construcción de proyectos industriales. A su juicio, la actuación de la SETENA y el SINAC en este caso muestra “una vez más la falta de coordinación y la falta de protección efectiva de la biodiversidad del país”.

La viabilidad ambiental de la SETENA

En mayo de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó viabilidad ambiental al proyecto mediante la resolución 0779-2024-SETENA. Según el comunicado, la otorgó sin visita de campo y con base únicamente en un “estudio biológico rápido” emitido por una regente.

Ese estudio, fechado el 2 de febrero de 2024 y visible en el expediente administrativo D1-0346-2024-SETENA, indica que “en el momento de la visita no se observó presencia de organismos vivos”. Para las organizaciones, esa afirmación contradice la amplia cantidad de especies descritas por el SINAC en sus visitas de 2023.

El expediente puede consultarse en el sitio de consulta pública de la SETENA: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/buscar_expediente

Lo que ha establecido el SINAC

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizó varias visitas de campo. En el reporte SINAC-ACC-CH-017-2023 estableció que al menos 12 hectáreas de la zona corresponden a la categoría de humedal. Posteriormente, en el informe SINAC-ACC-CH-029-2024, identificó al menos 130 hectáreas de humedal en Coris.

Municipalidad, Fiscalía y Sala Constitucional

La Municipalidad de Cartago declaró el humedal de interés cantonal en agosto de 2024. Sin embargo, según el comunicado, no ha implementado medidas efectivas de protección, y el humedal sigue deteriorándose pese a las denuncias presentadas ante la municipalidad y ante la Defensoría de los Habitantes.

En la vía penal, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental mantiene abierta la causa 24-000030-0611-PE por el delito de drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales. El 17 de febrero de 2026, la Fiscalía realizó allanamientos en Coris.

El comunicado recuerda que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre sanciona con penas de prisión de uno a tres años a quien, sin autorización del SINAC, drene, seque, rellene o elimine humedales (artículo 98). La misma pena aplica a quien arroje aguas servidas, desechos o sustancias contaminantes en ellos (artículo 100). Además, la persona infractora está obligada a restituir las condiciones originales del humedal.

En la vía constitucional, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo en favor del humedal mediante la sentencia 2026-23507, del 26 de junio de 2026 (expediente 25-015112-0007-CO). La Sala ordenó a la SETENA ejercer sus competencias para garantizar la integridad ambiental del humedal. APREFLOFAS participó como coadyuvante en ese proceso.

El caso de Ricardo “Ilustre” Muñoz

Ricardo Muñoz tiene una larga trayectoria en el movimiento ecologista costarricense. Según el comunicado, además del daño ambiental, el caso se agrava por las denuncias de amenazas en su contra que se han dado a conocer en la prensa. Las organizaciones informaron sobre la situación de acoso, violencia y amenazas contra personas defensoras del ambiente en Costa Rica a la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

El 22 de abril de 2025, Muñoz recibió un reconocimiento por su defensa del humedal en la Universidad Bíblica Latinoamericana. El acto fue organizado por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Bloque Verde, COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

En abril de 2026 se presentó el cortometraje “Ilustre”, dirigido por Mar Andrade y apoyado por APREFLOFAS, en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Shorts Costa Rica. La película recoge parte de su trayectoria y de su labor en defensa del humedal. Se exhibió en las salas de CCM Cinemas de Rohrmoser, San Carlos y San Ramón.

Desde el 8 de octubre circula una petición de firmas en apoyo a la protección del humedal de Coris.

Las demandas

Las organizaciones firmantes consideran que el caso refleja un contexto más amplio de acoso y violencia contra activistas, ecologistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros grupos de la sociedad civil. Por ello:

  1. Exigen medidas de protección para Ricardo “Ilustre” Muñoz y para todas las personas que se dedican a la protección ambiental.

  2. Denuncian públicamente el acoso y la persecución contra ambientalistas en el país.

  3. Exigen el cumplimiento de las leyes ambientales y la protección de los humedales.

El comunicado será enviado a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Ambiente y Energía, a las diputaciones, a medios de comunicación nacionales e internacionales y a otras instancias internacionales.

Organizaciones firmantes:

  • APREFLOFAS

  • Alianza Escazú Costa Rica

  • Amigos de los Árboles

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Asociación de Desarrollo Integral de Coris

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Asociación Ornitológica de Costa Rica

  • Asociación PROAL-PACUARE

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • Asociación Transvida

  • Bloque Verde

  • Canto de Fauna

  • Centro de Restauración de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)

  • Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA-UNA

  • COECOCeiba Amigos de la Tierra

  • Colectivo Antigentrificación

  • Comité Punta Pelecho

  • Comité Organizador del Festival de Aves del Humedal Valle Coris

  • Confraternidad Guanacasteca

  • COVIRENAS de Tapantí

  • Cuidemos la Finca

  • Defensores de la Casa Común

  • Ecomuna

  • FECON

  • Frente Ecocipreses

  • Fundación Orgánica

  • Fundación PROMAR

  • La Ruta del Clima

  • Mar & Comercio

  • Mercado Bahía Ballena

  • Mesa Ambientalista de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Museo de Montaña de Costa Rica

  • Organización Montaña Verde

  • Operación Rich Coast

  • Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional

  • Programa Kioscos Socioambientales

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Red de Solidaridad con Palestina

  • Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

  • Unidad Especial de Rescate Animal (UESPRA)

  • Un Metro más Limpio

Sala Constitucional ordena a SETENA vigilancia ambiental sobre proyecto de extracción en el río Arío

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El abogado ambientalista Álvaro Sagot cuestiona la falta de participación ciudadana en la aprobación de la viabilidad ambiental y advierte sobre los riesgos para un río clave para la biodiversidad y el abastecimiento de agua en la Península de Nicoya (ver video).

Cóbano, Puntarenas. La Sala Constitucional admitió la semana pasada un recurso de amparo relacionado con la viabilidad ambiental otorgada a un proyecto de extracción de arena y otros materiales en el cauce del río Arío, en Cóbano, y ordenó una medida cautelar que obliga a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a mantenerse especialmente vigilante para evitar posibles daños ambientales en el cauce del río y su biodiversidad.

Para el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien acompaña el proceso presentado junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, la decisión constituye un hecho particularmente relevante, debido a que la autoridad ambiental había rechazado previamente los cuestionamientos planteados por la comunidad.

“La sala constitucional admite recursos de amparo y ordena como un asunto asombroso -porque normalmente no se otorgan medidas cautelares- otorga una medida cautelar y le ordena a SETENA que tiene que mantenerse sumamente vigilante de que no se vayan a dar daños ambientales en el cauce del río Arío ni en la biodiversidad”, señaló Sagot.

El abogado considera que la decisión abre una oportunidad para revisar aspectos fundamentales relacionados con el derecho de participación y de información en materia ambiental.

“Esperemos que se observe de buena manera todo lo que tiene que ver con el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”, manifestó.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Sagot y las organizaciones comunitarias se relaciona con la forma en que se evaluó el componente social del proyecto durante el proceso de viabilidad ambiental.

Según explicó el abogado, la valoración social del proyecto habría sido sustentada únicamente mediante entrevistas a una persona: “En el componente social únicamente se avaló todo el proyecto con entrevistas de una sola persona, nada más, para que ustedes se imaginen cómo anda el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”.

Sagot cuestiona además que, cuando la comunidad manifestó su oposición ante SETENA, la respuesta de la institución fue que los reclamos habían sido planteados de manera tardía, debido a que la viabilidad ambiental ya había sido otorgada. Para el abogado, esta situación resulta especialmente preocupante porque restringiría la posibilidad de que las comunidades participen efectivamente en decisiones que pueden afectar directamente sus territorios y recursos naturales.

Un río estratégico para la Península de Nicoya. La preocupación de las organizaciones no se limita al proyecto extractivo. El río Arío constituye un ecosistema de alta importancia ecológica y se encuentra en una zona particularmente vulnerable por la creciente presión sobre el recurso hídrico.

El río está ubicado aproximadamente a 240 metros del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caleta-Arío, forma parte del Corredor Biológico Peninsular y mantiene una estrecha relación ecológica con ecosistemas de manglar, estuarios y ambientes marino-costeros.

En el río y sus alrededores se encuentran especies como camarones, peces y nutrias, mientras que su desembocadura se encuentra vinculada a ecosistemas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad.

“Debe saberse que el río Arío es rico en biodiversidad, hay camarones, hay nutrias, hay peces por supuesto”, recordó Sagot.

Las organizaciones comunitarias advierten además que la cuenca tiene una importancia estratégica para la seguridad hídrica de la Península de Nicoya. El río y su entorno se encuentran relacionados con zonas de captación y campos de pozos utilizados para el abastecimiento de agua potable de comunidades y actividades turísticas de la zona.

Entre las localidades que dependen de este sistema hídrico se encuentran Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en una región que enfrenta crecientes presiones por la sequía, el aumento de la demanda de agua y los efectos del cambio climático.

Sagot cuestionó que estos elementos no hayan tenido, a su juicio, el peso necesario durante la evaluación ambiental: “Nada de esto importó, no interesó el proceso de escasez hídrica, el estrés hídrico que estamos viviendo con el fenómeno del Niño, el cambio climático, nada de ello.”

La preocupación por el proyecto forma parte de un conflicto más amplio. Esta solicitud de extracción en el río Arío es una de muchas otras solicitudes mineras planteadas el ecosistema, lo que ha generado una creciente movilización de organizaciones y comunidades.

La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), junto con organizaciones ambientales y vecinos de Cóbano, ha impulsado campañas de sensibilización, recolección de firmas, acciones legales y otras iniciativas para defender la cuenca del río Arío. El COVIRENA Cabo Blanco–Arío también ha participado en las acciones de defensa del territorio y del ecosistema.

La comunidad ha sostenido que la discusión no puede reducirse únicamente a la extracción de materiales, pues lo que está en juego es la protección de una cuenca estratégica para el agua, la biodiversidad y las comunidades de la Península de Nicoya.

Antecedentes. El 12 de noviembre de 2025, Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, solicitó la nulidad de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de extracción en el cauce del río Arío. Entre los argumentos planteados se encuentra la necesidad de analizar el caso desde el marco de la emergencia climática y los derechos humanos, incluyendo los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental.

Posteriormente se presentó este recurso de amparo relacionado con el procedimiento de otorgamiento de la viabilidad ambiental y con la protección constitucional del derecho al agua, la vida y un ambiente sano. Ahora, la admisión del recurso por parte de la Sala Constitucional y la medida cautelar dirigida a SETENA colocan nuevamente la protección del río Arío en el centro de la discusión.

Para Sagot, el caso también representa una oportunidad para reafirmar el alcance de los derechos de participación e información ambiental reconocidos por la jurisprudencia constitucional costarricense.

“Estamos ante situaciones que no deberían estar ocurriendo en Costa Rica, donde se supone que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, existe un derecho de participación ciudadana y un derecho de información ciudadana en materia ambiental”, concluyó.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

CGR ordena corregir debilidades en permisos de construcción en el Corredor Biológico Paso de la Danta y la Fila Costeña

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La Contraloría General de la República (CGR) emitió dos órdenes vinculantes dirigidas a instituciones públicas y gobiernos locales del Pacífico Sur, luego de una investigación sobre el otorgamiento de permisos de construcción en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) y la Fila Costeña, en el cantón de Osa. Las órdenes se producen en momentos en que organizaciones comunitarias y ecologistas han mantenido, desde hace años, procesos de defensa de este territorio, entre ellos la labor de la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta frente a la presión del desarrollo inmobiliario sobre la Fila Costeña.

El CBPD tiene como propósito restablecer la conectividad de flora y fauna entre la península de Osa, la cuenca del Golfo Dulce y la cordillera de Talamanca, específicamente entre los ríos Savegre y Térraba. Conecta la Reserva Forestal Los Santos, el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, y su territorio abarca, total o parcialmente, los cantones de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú.

Primera orden: debilidades estructurales en el otorgamiento de permisos

La primera orden, identificada como DFOE-SOS-ORD-00002-2026 y emitida el 21 de mayo de 2026, surgió de una investigación preliminar de la CGR motivada por una denuncia sobre presuntas irregularidades en permisos de construcción otorgados por la municipalidad de Osa en terrenos de alta fragilidad ambiental. El órgano contralor dirigió esta orden al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Agua y las municipalidades de Buenos Aires, Dota, Osa, Pérez Zeledón, Quepos y Tarrazú.

La investigación encontró que ninguna de las seis municipalidades cuenta con un plan regulador que incluya la zonificación del CBPD. Dota y Tarrazú carecen por completo de plan regulador; Osa solo tiene uno vigente para el distrito de Cortés, con base en un reglamento de 1997; Pérez Zeledón lo tiene restringido a centros urbanos de dos de sus diez distritos; y aunque Buenos Aires y Quepos sí cuentan con planes reguladores vigentes, estos no abarcan la zonificación del corredor.

La CGR determinó, además, que las municipalidades desconocen de forma generalizada la delimitación exacta del CBPD dentro de sus territorios, pese a que esa información está disponible desde 2019 en el Sistema Nacional de Información Territorial. La municipalidad de Osa, por ejemplo, indicó a la Contraloría que no genera estudios científicos propios sobre fragilidad ambiental, hidrología o biodiversidad, y que carece de competencia y recursos para ello. También se estableció que la SETENA tramitó 259 expedientes de viabilidad ambiental para proyectos ubicados dentro del CBPD durante 2024 y 2025, procesos que fueron iniciados por los propios desarrolladores interesados y no por gestión municipal.

El órgano contralor concluyó que los seis gobiernos locales han visto debilitada su administración y planificación territorial, al otorgar permisos de construcción con base en revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental que permita, ante duda razonable, consultar a SETENA, SINAC y la Dirección de Agua sobre la importancia ambiental o fragilidad de los sitios de los proyectos.

Como resultado, la CGR ordenó al SINAC remitir a las seis municipalidades la información necesaria para identificar sitios de importancia ambiental dentro del corredor, y actualizar el Plan de Gestión del CBPD —vencido desde 2023— en coordinación con esos gobiernos locales. A la Dirección de Agua le ordenó remitir información similar. A las seis municipalidades les ordenó integrar formalmente la variable ambiental en el trámite de permisos de construcción, definir un mecanismo de coordinación con SINAC, la Dirección de Agua y SETENA, y elaborar planes de capacitación para el personal técnico y administrativo a cargo de esos trámites. Los plazos de cumplimiento se extienden entre agosto de 2026 y noviembre de 2027, según cada punto de la orden.

Segunda orden: tres fincas con desarrollo constructivo sin permisos

La segunda orden, DFOE-SOS-ORD-00003-2026, fue emitida este 14 de julio de 2026 y se originó en una denuncia ciudadana recibida por la CGR el 9 de abril de 2026, referida a siete fincas ubicadas en la Fila Costeña dentro del CBPD, con matrículas 6-253319-000, 6-147654-000, 6-222042-000, 6-253886-000, 6-227164-F, 6-227166-F y 6-97434-000, señaladas por un posible cambio de uso de suelo en zonas de alta fragilidad ecológica, con importante cobertura boscosa y red hídrica.

Tras cruzar la información documental de la municipalidad de Osa, la SETENA y el SINAC con imágenes satelitales del Sistema Nacional de Información Territorial, la Contraloría concluyó que tres de las siete fincas —6-253319-000, 6-222042-000 y 6-253886-000— presentan un eventual desarrollo de movimientos de tierra, tala de árboles, apertura de accesos vehiculares y desarrollo constructivo, sin los permisos correspondientes de la municipalidad, SETENA y SINAC. Según la orden, esto vulnera el principio de legalidad, compromete los ecosistemas del corredor y eleva el riesgo de afectación sobre el recurso hídrico local, del cual no existen estudios hidrogeológicos actualizados frente a la presión inmobiliaria.

Para otras dos de las fincas denunciadas (6-147654-000 y 6-97434-000), la CGR indicó que se mantienen en trámite ante SETENA los procesos de evaluación de impacto ambiental, por lo que aún no existe una decisión sobre su viabilidad. En cuatro fincas (6-147654-000, 6-253886-000, 6-227164-F y 6-227166-F) se registran denuncias o procesos de investigación judicial en distintas instancias, incluida la Fiscalía de Osa.

Con base en estos hallazgos, la Contraloría ordenó a la directora ejecutiva del SINAC, Giovanna Valverde Stark, y al alcalde de Osa, Mainor Anchía Angulo, realizar una revisión integral de los hechos y actuaciones en las tres fincas con indicios de desarrollo sin permisos, que incluya análisis documental, técnico y verificaciones de campo, con el fin de determinar la eventual existencia de infracciones a la Ley Forestal, la normativa ambiental y las disposiciones constructivas. En caso de comprobarse incumplimientos, la orden establece que ambas autoridades deben gestionar oportunamente las medidas correctivas y sancionatorias correspondientes, así como interponer las acciones judiciales y administrativas procedentes. El plazo para acreditar el cumplimiento de esta disposición ante la CGR vence el 18 de setiembre de 2026.

Consecuencia de incumplimiento

Ambas órdenes recuerdan que su acatamiento es obligatorio y que, conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el incumplimiento injustificado, una vez agotados los plazos y reiteraciones correspondientes, se considera falta grave y puede dar lugar a la suspensión o destitución de la persona funcionaria responsable.

Asociación conservacionista solicita revisar nombramiento en SETENA y designar una persona con trayectoria intachable

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La Asociación Conservacionista Yiski remitió una carta dirigida a la presidenta de la República, Laura Fernández, y a la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro, en la que solicita revisar y anular el nombramiento de Ulises Álvarez Acosta como secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y designar en su lugar a una persona que, según la organización, reúna condiciones de idoneidad y una trayectoria profesional intachable.

La carta está firmada por María Elena Fournier S., presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, organización fundada en 1990. En el documento, la organización manifiesta su preocupación por la designación realizada por el Ministerio de Ambiente y Energía y solicita que el Gobierno reconsidere dicha decisión.

Según la misiva, la petición se fundamenta en que la persona nombrada mantiene una causa penal que, de acuerdo con la información citada por la organización, no habría concluido. La asociación considera que, dada la naturaleza de las funciones de SETENA, el cargo debe ser ocupado por una persona que genere plena confianza pública y garantice objetividad y ética profesional en la toma de decisiones.

La organización adjuntó a su carta información procedente de una publicación periodística nacional y otros antecedentes recopilados por sus integrantes, en los que se hace referencia a una investigación judicial relacionada con el denominado caso Comején. La carta señala que la situación genera inquietud en sectores de la sociedad civil respecto a los criterios utilizados para la designación del puesto.

En el documento, la Asociación Conservacionista Yiski solicita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía que valoren la revocatoria del nombramiento y procedan a seleccionar a una persona que posea una trayectoria profesional y ética acorde con las responsabilidades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

La agrupación indicó que espera una respuesta favorable a su gestión y reiteró su interés en que las instituciones públicas actúen bajo principios de transparencia, ética y confianza ciudadana.

Organizaciones piden aprobar proyecto de ley sobre pasos de fauna y alertan sobre muerte masiva de animales en carreteras

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Diversas organizaciones ambientales y personas defensoras de la vida silvestre solicitaron a la Asamblea Legislativa ampliar el plazo de discusión y aprobar el proyecto de ley No. 23.166, orientado a garantizar la incorporación de pasos de fauna en obras de infraestructura vial en Costa Rica.

La solicitud fue impulsada por la Comisión Vías y Vida Silvestre de la UNED (CVVS-UNED), junto con sectores ecologistas vinculados al Frente Ambiental del Frente Amplio y organizaciones conservacionistas.

Según el pronunciamiento enviado a diputadas y diputados, la ausencia de pasos de fauna ha provocado una creciente mortalidad de animales silvestres en carreteras nacionales, situación que consideran ya constituye una amenaza para la biodiversidad y la conectividad ecológica del país.

El proyecto de ley busca incorporar medidas obligatorias de protección de fauna silvestre dentro de las obras de infraestructura vial, incluyendo pasos aéreos, subterráneos y otras soluciones de conectividad ecológica.

La Comisión Vías y Vida Silvestre recordó que actualmente “están muriendo más animales silvestres en nuestras carreteras que por la cacería”.

Como parte de la campaña, se compartieron materiales audiovisuales elaborados por la UNED sobre atropello de fauna silvestre y prevención en carreteras.

Además, las organizaciones insistieron en la necesidad de que el proyecto vial de ampliación de la Ruta 1 San José-San Ramón incorpore pasos de fauna desde sus etapas de diseño y evaluación ambiental.

En una carta enviada el 16 de abril de 2026 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al viceministerio y al CONAVI, la Comisión Vías y Vida Silvestre consultó formalmente si el proyecto contempla pasos de fauna aéreos, subterráneos y mixtos, y cuántas estructuras de este tipo se encuentran previstas.

La organización recordó que la Ruta 1 atraviesa importantes corredores biológicos y señaló que la Sala Constitucional ya había indicado anteriormente la necesidad de contemplar medidas de protección de fauna silvestre para esta vía.

Entre los antecedentes citados destaca la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el proyecto del corredor vial San José-San Ramón. En ella se reconoce que la Ruta 1 atraviesa tres corredores biológicos: Garcimuñoz, El Achiote y Montes de Aguacate.

La resolución también establece que el Estudio de Impacto Ambiental deberá determinar la necesidad de incorporar pasos o cruces de fauna silvestre como parte del diseño del proyecto vial.

Asimismo, SETENA indicó dentro de los términos de referencia del estudio ambiental que deben evaluarse corredores biológicos, fragilidad de ecosistemas y medidas de protección asociadas a la conectividad ecológica.

Aunque la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso presentado en 2021 debido a que el proyecto aún se encontraba en una fase inicial, el tribunal dejó claro que los pasos de fauna deberán ser incorporados en el diseño del proyecto una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental.

Las organizaciones ambientalistas advierten que el país enfrenta un proceso creciente de “defaunización” de los bosques, producto de la expansión vial, incendios forestales, cacería y cambio climático. Por ello, consideran urgente aprobar legislación que garantice infraestructura amigable con la vida silvestre y reduzca la mortalidad animal en carreteras.

Desde el Frente Nacional Ecologista del Frente Amplio se respaldó la solicitud de ampliar el plazo legislativo del expediente 23.166 y se pidió su pronta aprobación “para proteger y conservar la vida silvestre”. También señalaron la necesidad de detener las muertes de animales tanto por atropellos como por electrocuciones.

Sala Constitucional pide informes por construcción de carretera en zona protegida de Barva

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La Sala Constitucional acogió para trámite un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Barva de Heredia por la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, dentro de una zona inalienable protegida por la Ley 65 de 1888 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso fue interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, quienes señalan que las obras se realizan sobre un antiguo camino rústico sin que se hayan efectuado estudios ambientales integrales ni contemplado medidas de mitigación para la fauna silvestre, pese a tratarse de un ecosistema de alta fragilidad ecológica.

Según el expediente, las personas recurrentes sostienen que el proyecto financiado mediante un convenio entre el INDER y la Municipalidad de Barva fue tramitado ante SETENA como una obra de bajo impacto ambiental, mediante una evaluación simplificada, cuando por las características ambientales y jurídicas de la zona debía requerirse un Estudio de Impacto Ambiental completo.

El recurso señala además que la intervención implica ensanchamiento del camino, remoción de vegetación y posibles afectaciones sobre corredores biológicos utilizados por especies como quetzales, dantas, pumas, ocelotes, monos carablanca y numerosas aves y reptiles.

Entre los cuestionamientos también se menciona la ausencia de pasos de fauna y la falta de autorización expresa del MINAE o del SINAC para intervenir el patrimonio natural del Estado en esa zona protegida.

La Sala Constitucional ordenó solicitar informes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Municipalidad de Barva, otorgando un plazo de tres días hábiles para responder sobre los hechos denunciados.

El caso se relaciona con preocupaciones ambientales, que diversos sectores han venido planteando, sobre el impacto de obras viales y desarrollos en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo y otros territorios protegidos del norte de Heredia, particularmente en áreas vinculadas con la recarga hídrica y corredores biológicos estratégicos para el Valle Central.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo de la resolución judicial:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Solicitan información detallada sobre pasos de fauna en vía hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo

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El abogado José Francisco Alfaro Carvajal, de CONCEVERDE, presentó una solicitud formal ante la Municipalidad de Barva para que se brinde información detallada sobre los pasos de fauna instalados en la carretera recientemente habilitada hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Volcán Barva, en el contexto de preocupaciones ambientales sobre el impacto de esta vía.

Según consta en la nota dirigida a la Alcaldía Municipal, el solicitante requiere información precisa sobre la infraestructura destinada a la protección de la vida silvestre en ese tramo vial, incluyendo la cantidad, tipo y ubicación exacta de los pasos de fauna, así como sus respectivas coordenadas geográficas.

Asimismo, solicita copia de la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mediante la cual se otorgó la viabilidad ambiental para la construcción y ampliación del camino, lo cual resulta clave para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.

Municipalidad traslada solicitud a instancias técnicas

Mediante el oficio MB-AMB-0225-2026, la Alcaldía de Barva trasladó la solicitud a la Unidad Técnica de Gestión Vial y a la Gestión Ambiental municipal, con el fin de que elaboren una respuesta conjunta sobre los aspectos planteados.

El documento indica que también se remitió copia al solicitante para su conocimiento, en seguimiento al trámite administrativo correspondiente.

Antecedentes: preocupaciones por impacto ambiental en zona protegida

La apertura y uso de la vía hacia el sector del Volcán Barva ha generado preocupaciones en sectores ciudadanos y ambientales, particularmente por su posible impacto sobre los ecosistemas del Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las áreas protegidas más importantes del país.

En notas previas procesadas por SURCOS se ha señalado la necesidad de garantizar medidas efectivas de mitigación ambiental, entre ellas la correcta implementación de pasos de fauna que permitan la movilidad segura de especies silvestres y reduzcan la fragmentación de hábitats.

También se han registrado advertencias sobre la importancia de la transparencia en los procesos de evaluación ambiental, así como del acceso a información pública que permita a la ciudadanía verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por SETENA.

Acceso a la información y control ciudadano

La solicitud presentada por el Lic. Alfaro Carvajal se inscribe en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, particularmente en temas de interés ambiental, donde la participación ciudadana y el control social resultan fundamentales.

El seguimiento de este caso permitirá determinar si las obras ejecutadas en la vía cumplen con los estándares ambientales requeridos y si las medidas de mitigación, como los pasos de fauna, han sido adecuadamente diseñadas e implementadas.

Más de 300 personas denuncian impacto ambiental del proyecto inmobiliario SAVIA en Ulloa de Heredia

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Vecinos y vecinas de distintas comunidades de Ulloa de Heredia presentaron el pasado 6 de marzo de 2026 una denuncia formal ante varias instituciones públicas por los impactos ambientales y de salud que, según indican, está generando el proyecto inmobiliario SAVIA, desarrollado por PIMSA Portafolio Inmobiliario.

La gestión fue presentada con más de 300 firmas de residentes, quienes solicitan la intervención inmediata de las autoridades para verificar las condiciones del proyecto y adoptar medidas correctivas ante la emisión recurrente de polvo y material particulado asociado a las obras de construcción.

La denuncia fue dirigida a SETENA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud, instituciones a las que se pide realizar inspecciones y aplicar las medidas preventivas y cautelares correspondientes.

Denuncia por emisiones de polvo y afectación a la salud

De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, las comunidades cercanas al proyecto han experimentado en las últimas semanas emisiones recurrentes y significativas de polvo producto de las actividades constructivas y del movimiento de materiales en el sitio.

Según señalan las personas denunciantes, este material particulado se desplaza hacia zonas residenciales cercanas, afectando comunidades como Condominio Blue, Condominio Vita, Residencial Los Arcos en Cariari y otros sectores aledaños.

La denuncia advierte que la situación genera afectaciones directas a la salud de las personas, particularmente en quienes padecen problemas respiratorios o pertenecen a grupos vulnerables, para quienes la exposición constante a partículas en suspensión representa un riesgo prolongado.

Asimismo, los residentes reportan que el polvo se deposita de forma persistente en viviendas, terrazas, vehículos y otras superficies, alterando la vida cotidiana y el uso normal de los hogares.

Solicitud de inspección y medidas cautelares

En el documento dirigido a la Municipalidad de Heredia, específicamente al Departamento de Control Constructivo, Ingeniería Municipal y Gestión Ambiental, solicitan una inspección urgente del proyecto.

La petición plantea que las autoridades verifiquen la situación denunciada y adopten medidas correctivas, preventivas y cautelares frente a la emisión recurrente de polvo proveniente del proyecto SAVIA.

Según la denuncia, el desarrollo se ubica en Barreal de Heredia, con conexión a la Ruta 1, zona donde anteriormente existían cafetales.

Preocupación por impacto ambiental y fauna silvestre

Además de los efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las personas firmantes de la denuncia expresan preocupación por impactos ambientales adicionales derivados del desarrollo del proyecto.

En la nota enviada indican que en los últimos meses se ha observado un aumento en la presencia de fauna silvestre desplazada de su hábitat, especialmente animales que habitaban en los antiguos cafetales de la zona.

Entre los casos reportados se mencionan armadillos y garzas atropelladas, lo que, según los denunciantes, evidencia los efectos del cambio en el uso del suelo y del avance de las obras constructivas.

Denuncian abandono institucional

Las personas residentes que impulsan la denuncia manifiestan sentirse abandonadas en su lucha por obtener respuestas institucionales, pese a que —según indican— la situación ha sido persistente y afecta a varias comunidades del sector.

Por esta razón, solicitan a las autoridades competentes actuar con prontitud, verificar las condiciones del proyecto y garantizar la protección de la salud de las personas y del entorno ambiental de la zona.

Solicitan anular viabilidad ambiental de proyecto minero en el río Guacimal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Graves omisiones e inconsistencias técnicas

Un incidente de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicita la anulación de la Resolución N.° 0100-2025-SETENA, mediante la cual se otorgó viabilidad ambiental a un proyecto de extracción de material del cauce del río Guacimal, en Puntarenas. El recurso advierte deficiencias graves en el Estudio de Impacto Ambiental, contradicciones técnicas, ausencia de análisis esenciales y un riesgo significativo de daño ambiental irreversible en un ecosistema de alta fragilidad ubicado dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana.

El incidente fue presentado por la abogada Sofía Barquero Mata, con el apoyo técnico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (E-Law), en representación de un amplio grupo de organizaciones comunitarias de la cuenca del río Guacimal. El escrito sostiene que la resolución de SETENA está viciada de nulidad absoluta por haberse fundamentado en un Estudio de Impacto Ambiental que no cumple con los contenidos mínimos exigidos por la legislación ambiental y que impide una toma de decisión informada, en contravención del artículo 50 de la Constitución Política.

Un estudio ambiental insuficiente y contradictorio. Según el documento, el estudio ambiental adolece de múltiples deficiencias sustantivas y formales que comprometen su idoneidad técnica y jurídica. Entre ellas se señala la ausencia de una línea base ambiental adecuada, la incorrecta delimitación del área de influencia directa e indirecta, la omisión de impactos aguas arriba y aguas abajo, así como la falta de análisis de efectos acumulativos y sinérgicos. El recurso también advierte que anexos completos del expediente parecen corresponder a otro proyecto distinto, pues hacen referencia a “CDP Río San Carlos” y citan un número de expediente diferente, lo que genera dudas razonables sobre la coherencia y autenticidad del estudio evaluado.

Ecosistemas frágiles y especies amenazadas. El proyecto se ubica dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana, una franja estratégica que conecta bosques nubosos con manglares costeros y que resulta fundamental para la movilidad de fauna y la conservación de la biodiversidad. El propio estudio reconoce la presencia de especies en categorías de amenaza, como el mono congo, la nutria de río, diversas aves y fauna acuática migratoria. Sin embargo, el recurso subraya una contradicción central del documento técnico, ya que mientras se reconoce que la fragilidad del ambiente acuático es alta, posteriormente se afirma que la afectación sería mínima al limitarse al tajo de extracción, minimizando el riesgo sin respaldo técnico suficiente.

Riesgo al agua, al paisaje y a las comunidades. El documento también señala que no se realizaron mediciones adecuadas de calidad del agua en el área que sería directamente intervenida, pese a que el propio estudio admite que la extracción de materiales libera sedimentos finos en suspensión, lo cual puede afectar la respiración y alimentación de organismos acuáticos. Este punto es particularmente crítico porque el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen del río tanto en calidad como en cantidad. Además, la cuenca cumple una función clave para la conservación del corredor biológico, la economía local y la salud del manglar y del Golfo de Nicoya, por lo que el impacto no se limita al cauce intervenido, sino que tiene efectos acumulativos en todo el sistema socioecológico.

El recurso también cuestiona la omisión del valor paisajístico, recreativo y cultural del río Guacimal, a pesar de que el área cuenta con pozas, rápidos y sectores naturales utilizados para el baño, la recreación y el turismo de naturaleza. El estudio llega a afirmar que no existen valores paisajísticos, comerciales, recreativos o religiosos que puedan verse afectados, sin estudios de campo ni respaldo empírico que sustente esa conclusión. En el plano social se evidencian contradicciones adicionales, pues aunque el documento afirma que no hay población en el área de influencia, reconoce la existencia de comunidades cercanas, tránsito de vagonetas, riesgos para peatones y la presencia de un pozo comunal aguas abajo utilizado para abastecimiento doméstico.

Solicitud de anulación y medidas cautelares. Ante este panorama, el incidente solicita la anulación de la viabilidad ambiental otorgada y la adopción de medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión inmediata de los efectos de la resolución para evitar que el proyecto avance hacia etapas potencialmente irreversibles. El texto advierte que permitir la continuación del trámite vaciaría de contenido el mandato constitucional de tutela preventiva del ambiente, convirtiendo la evaluación ambiental en un control tardío y meramente formal. Se enfatiza además que la suspensión solicitada es temporal, que no existen inversiones consolidadas acreditadas por parte del desarrollador y que el daño ambiental potencial sería estructuralmente irreversible.

Problemática y organización de Defensa del Rio Guacimal. En paralelo, comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, junto con organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, presentaron ante el Concejo Municipal de Puntarenas una solicitud para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal debido a los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Actualmente el río se encuentra amenazado por once solicitudes de concesión minera en cauce para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes. Dos ya operan y las restantes se encuentran en trámite, lo que implicaría casi veinte kilómetros de extracción prácticamente continua, abarcando más de la mitad del río. Las comunidades advierten que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión acelerada, pérdida de biodiversidad, afectación de zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Asimismo, alertan que se restringiría el acceso tradicional al río y se afectarían emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas que constituyen pilares económicos del distrito.

Desde el año 2025 un bloque de veintiuna organizaciones ha articulado esfuerzos para visibilizar la importancia del río mediante campañas de concienciación y reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo. Desde hace más de quince años las comunidades iniciaron la defensa de esta cuenca, particularmente del río Veracruz, uno de sus principales afluentes, frente a intentos de explotación comercial de su recurso hídrico para riego agrícola. Aquella iniciativa habría comprometido gravemente el equilibrio ecológico del sistema, poniendo en riesgo la supervivencia de la cuenca.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.