Presentación del libro: Origen y desarrollo del neoliberalismo en Costa Rica – Su impacto en políticas públicas y efectos de la pandemia del COVID 19.
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La reciente pandemia Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, con más de 770 millones de casos estimados y más de 6.9 millones de muertes en tres años de crisis sanitaria, es un recordatorio que a pesar de los enormes avances médicos de los siglos XX y XXI, las enfermedades infecciosas siguen constituyendo una amenaza para la salud pública local, regional y global. Un reporte publicado el año pasado en la revista The Lancet llamó la atención de otra pandemia, que constituye una amenaza tal vez no tan nueva para la salud pública global, causando solo para el año 2019, el año pre-pandémico, casi 5 millones de muertes: la resistencia a antimicrobianos.
El desarrollo de los medicamentos antimicrobianos, incluyendo antibióticos (antibacterianos), antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, es uno de los principales avances médicos del siglo XX, que junto con el desarrollo de las vacunas y diversas medidas de higiene, como la potabilización del agua, los avances en el control de las enfermedades infecciosas en seres humanos han contribuido significativamente en su calidad de vida, disminuyendo la mortalidad infantil y aumentando la expectativa de vida en las sociedades modernas.
Debido a su enorme éxito inicial en las décadas de 1940 y 1950, el uso de los antimicrobianos ha sido intensivo desde entonces en el control de las infecciones en seres humanos, lo cual ha generado un problema de enormes dimensiones: el surgimiento de microorganismos resistentes al efecto de los medicamentos antimicrobianos.
El problema fue identificado desde el principio, pero se hizo evidente a particularmente de la década de 1970 y no se ha detenido desde entonces. La principal manifestación del problema se observa en las infecciones intrahospitalarias, en aquellos pacientes con varios días o semanas de hospitalización que son sometidos a diversos procedimientos médicos. Se debe recordar que el cuerpo humano se encuentra normalmente recubierto, en la piel y en las mucosas, por miles de millones de bacterias, siendo la mayor parte de ellas inocuas o beneficiosas; se estima que esta microbiota aporta aproximadamente 2 kg de nuestro peso corporal. Cuando se presenta una infección, la droga antimicrobiana se distribuye por todo el cuerpo, afectando no solamente al microorganismo causante de la infección, sino a toda la microbiota humana.
La resistencia emerge cuando los microorganismos cambian genéticamente con el tiempo, se adaptan a la presencia de antimicrobianos, aun en altas concentraciones, y eventualmente ya no responden a los medicamentos, haciendo que las infecciones sean más difíciles o imposibles de tratar y aumentando el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, provocando un incremento en el número de infecciones y otras enfermedades asociadas (morbilidad) y la mortalidad. El costo de la resistencia a los antimicrobianos para las economías de los países y sus sistemas de salud puede llegar a ser significativo, por estancias hospitalarias más extensas y la necesidad de recurrir a medicamentos más caros y de cuidados intensivos de mayor complejidad.
Sin embargo, el problema ha dejado de ser exclusivo de los servicios de salud y se han trasladado a las comunidades. Es cada vez más frecuente la ocurrencia de infecciones adquiridas en la comunidad por microorganismos resistentes y muchas veces ingresan con estas infecciones a nuestros hospitales. Algunas de las bacterias que causan infecciones en los seres humanos en Costa Rica son resistentes a la mayoría de los antibióticos, incluyendo los antibióticos más potentes disponibles: los carbapenems.
Una vez que se presenta la resistencia a este tipo de antibióticos, las alternativas terapéuticas disponibles en nuestros servicios de salud prácticamente desaparecen para nuestros pacientes que sufren neumonía, septicemia, infecciones urinarias, infecciones en recién nacidos y pacientes de unidades de cuidados intensivos. Los procedimientos médicos, como las cirugías, incluidas las cesáreas o los reemplazos de cadera, la quimioterapia contra el cáncer y los trasplantes de órganos, a manera de ejemplos, serán mucho más riesgosos.
No obstante, lo hasta acá descrito representa solamente la mitad del problema. La misma situación se ha ido presentando paulatinamente en las infecciones causadas por microorganismos resistentes en mascotas y animales de compañía y de producción pecuaria intensiva, particularmente aves de corral y porcinos. Los antimicrobianos son además utilizados de forma precautoria, mezclados con los alimentos o con el agua que consumen los animales, para evitar infecciones clínicas o subclínicas y tengan una mayor ganancia de peso.
En la producción agrícola los antimicrobianos se utilizan, en forma de pesticidas, para el control de infecciones que afectan diversos tipos de cultivo, incluyendo hortalizas y plantas ornamentales. No es inusual encontrar miles de bacterias resistentes a los antibióticos en las hortalizas que consumimos a diario. Las implicaciones económicas y el impacto ambiental son significativos también en estos sectores.
De esta manera, los microorganismos resistentes a los medicamentos se encuentran en las personas, los animales, los alimentos, las plantas y el medio ambiente (en el agua, el suelo y el aire) y pueden transmitirse de persona a persona o entre personas y animales, incluso a través de alimentos de origen animal o vegetal. Las principales causas de la resistencia incluyen el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene tanto para humanos, animales y plantas, la mala o inadecuada prevención y control de infecciones en servicios de salud y en granjas animales, el acceso deficiente a medicamentos y vacunas de calidad, ausencia de medios para realizar un diagnóstico oportuno y certero.
También es importante abordar la falta de conciencia y de información apropiada, tanto en el ámbito académico y el profesional, como en el público en general como consumidores finales de antibióticos. Aún existen además muchos vacíos de conocimiento, no solamente en el ámbito clínico o pecuario, sino también sobre las implicaciones bioéticas, políticas, sociales, económicas y ambientales del problema de la resistencia a antimicrobianos.
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Plan de Acción Global sobre la Resistencia a Antimicrobianos durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2015 y los países miembros se comprometieron con el desarrollo y la implementación de planes de acción nacionales multisectoriales, que posteriormente fue respaldado por los órganos rectores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) bajo el principio de Una Salud (One Health), para que en las acciones a realizar se involucren seres humanos, animales, sectores de salud vegetal y ambiental.
En ese contexto, un grupo de expertos nacionales desarrolló el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos Costa Rica 2018-2025 (decreto Decreto 41.385-S, publicado el 4 de enero de 2019 en La Gaceta). Algunos elementos de ese plan se han podido desarrollar o mejorar los ya existentes, destacando el Programa de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) implementados en algunos servicios de salud, públicos y privados del país.
Pero este esfuerzo, en mi opinión, ha sido insuficiente y hasta cierto punto relegado por otras prioridades en salud. Es urgente que las autoridades correspondientes y la sociedad costarricense en general le den a este problema de salud pública la importancia que merece. El Plan de Acción Nacional no debe convertirse en letra muerta ni es un documento final, el gobierno debe dotar de recursos humanos y económicos de manera sostenible para fortalecerlo. El país requiere con premura de este Plan de Acción Nacional, para que represente una oportunidad para promover el trabajo intersectorial entre todos los actores involucrados, incluyendo el sector político, las universidades públicas y privadas, los colegios profesionales y las asociaciones de especialistas y, por supuesto, la industria farmacéutica, entre otros, para crear grupos de trabajo y poder así abordar todas las aristas de este complejo problema.
Es importante mejorar la educación, la concientización y la comunicación pública sobre la resistencia a los antimicrobianos, mejorar el diagnóstico clínico y los sistemas de vigilancia del surgimiento y dispersión de microorganismos resistentes, implementar medidas de prevención y control de infecciones, incluyendo los programas de vacunación, definir protocolos de tratamiento y guías clínicas, y generar estrategias de producción agropecuaria que tiendan a disminuir el consumo de antimicrobianos y la contención de microorganismos resistentes. Resulta también fundamental promover la investigación en el desarrollo de novedosas medidas preventivas y nuevos medicamentos y otras alternativas terapéuticas con la participación activa de la industria farmacéutica y el sector académico nacional.
Es urgente el compromiso entre todos los actores para procurar una forma más prudente y racional de utilizar los antimicrobianos. Somos nosotros, los seres humanos, quienes provocamos el problema, somos nosotros también quienes debemos hacer el esfuerzo por contenerlo y preservar la utilidad futura de los medicamentos antimicrobianos. Es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y no debemos evadirla.
Fernando García Santamaría, PhD – Profesor Catedrático
Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Como si no hubiese sido ya lacerante el escrutinio al que fueron sometidas cientos de miles de personas en condiciones de movilidad humana a nivel global durante la época pandémica, el mundo sigue esforzándose hasta el retorcimiento con acciones concretas y discursivas en contra de estas humanidades.
Entre julio y agosto los ejemplos han sido contundentes. Algunos lejanos, otros más cercanos a los contextos costarricenses.
El nombre Bibby Stockholm quizá no diga mucho para alguna gente por estos lares. Pero si ese enunciado se explica con una imagen extraña, llena de incertidumbre, como sacada de alguna trampa ficcional de cuento o novela, entonces adquiere otra dimensión.
Trataré de describirla.
Es una gran caja cuadrada de varios cientos de metros de extensión. Incrustada en algún lugar de los mares europeos como la noción moderna del Arca de Noé.
A simple vista parece un mal diseño de un crucero de turistas, de esos que un día sí y otro también bajan borrachos en puertos exóticos y se sacan fotografías hirientes con la pobreza y la desigualdad que el sistema neoliberal ha generado en casi todos los destinos paradisiacos del amor líquido, como llamó el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman al turismo posmoderno alguna vez.
Pero esta caja no es ni por asomo ningún crucero del amor. Se trata de un proyecto más de esa Europa fortaleza, encargado por el gobierno británico para alojar allí, en el mar al sur de Inglaterra, cerca de 500 migrantes irregulares a la espera de la resolución de su estatus jurídico.
Es una cárcel flotante.
Se estima que en los próximos meses sean instalados más proyectos de este tipo, para “alivianar la carga social y económica que representan miles de migrantes en su intento de ingresar a esa Europa”, cada vez más conservadora y autoritaria.
Es una vergüenza compartir en la misma generación en la que estas ideas han sido puestas en funcionamiento. Da vergüenza y dolor.
Por otra parte, el ejemplo más cercano lo vemos en las calles costarricenses, donde de forma cotidiana se producen las actitudes de rechazo, sospecha y discriminación contra las migraciones en tránsito, sea de donde sea que vengan y éstas son traducen en discursos xenofóbicos vertidos en redes sociales y medios de comunicación.
Es esta una hora clave para la humanidad. Si nos logramos entender, habremos sido capaces de superar la pandemia del odio y la intolerancia. Habremos trascendido la vergüenza.
Pero si segregamos y rechazamos al otro, o lo desechamos fuera de nuestras fronteras como basura humana, los propios miedos y errores nos ganarán la partida. Seremos partícipes de la clausura de nuestra especie. Definitivamente.
Desde el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el coordinador y economista, Fernando Rodríguez Garro, nos comparte un análisis de la notable situación que se vive en busca de la recuperación socioeconómica del país post pandemia.
La pandemia del COVID-19 provocó una situación inédita en la historia económica reciente del mundo, una crisis profunda provocada por las medidas sanitarias, que fue repentina, relativamente rápida, pero de efectos importantes. En Costa Rica implicó la duplicación del desempleo, el aumento de la pobreza y el deterioro de la capacidad del gobierno de responder con medidas anticíclicas, que permitiese responder con fuerza ante los efectos que el cierre de negocios y la paralización de actividades económicas provocó entre la población del país. A esto debe sumarse que la Administración Alvarado Quesada no impulsó medidas para buscar ingresos adicionales temporales, que permitiese extender las ayudas del Bono Proteger, que solo funcionaron 3 meses, y tampoco quiso suspender la aplicación de la regla fiscal, lo que pudo hacer dadas las condiciones excepcionales existentes. Entonces, no solo enfrentamos problemas económicos importantes de forma muy intensiva, sino que no tuvimos las condiciones financieras para compensarlas, no buscamos ingresos adicionales para hacerlo y no le dimos al Estado la flexibilidad para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
Como sociedad no previmos la principal implicación en el mediano y largo plazo de esta situación: su efecto en el bienestar humano y el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población más vulnerable. Aunque hubo, en efecto, una recuperación en medio de la propia pandemia e incluso en la etapa actual, que podemos llamar post pandémica, el deterioro de algunos indicadores se mantuvo o se acumuló a los problemas que venían desde antes. El desempleo, por ejemplo, se disparó desde la anterior crisis en el año 2009, debido a la caída del sector inmobiliario en el país, situación que incluso ya había empezado a desmejorar previo a la pandemia, propiamente en el año 2019, cuando el crecimiento económico del país empezaba a ralentizarse y el desempleo tocaba el máximo de la década previa, llegando a un 12%.
En la década previa a la pandemia del COVID-19 no hubo un atisbo de recuperación del empleo, incluso los problemas se extendieron a lo largo de todo este tiempo. Según una publicación del medio La Nación, el desempleo juvenil (entre personas de 15 a 24 años) ha duplicado el nivel de desempleo general del país, desde el inicio del cálculo de la Encuesta Continua de Empleo en el año 2010. En los trimestres previos al 2020, año de la pandemia, el desempleo juvenil incluso escaló hasta el 30% a nivel nacional y sobrepasó ese nivel, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2019 el desempleo juvenil alcanzó un 35,14%. La pandemia disparó este problema, rozando el 50% de desempleo juvenil en el segundo trimestre del 2020.
Desde el Observatorio Económico y Social UNA, hemos advertido de esta situación desde el año 2019, el deterioro que estábamos sufriendo en el caso de los jóvenes y la distribución desigual de este tema en las distintas regiones del país, con las regiones costeras sufriendo el problema con mayor énfasis. Luego de esa situación, el fin de la pandemia y el fin de las medidas de restricción para casi la totalidad de los negocios, sumado a otros factores regionales y locales, los problemas de seguridad han crecido, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se incrementan y los homicidios en el país crecen de forma preocupante. Precisamente las zonas costeras y, propiamente, los cantones de Puntarenas y Limón son de los más afectados por estos fenómenos, precisamente las zonas donde desde hace tiempo el problema del desempleo juvenil viene en crecimiento, incluso desde antes de la pandemia como se indicaba anteriormente.
¿Qué hacer? La pandemia dejó una huella que aún nos afecta, pero este problema está más entronizado de lo que habíamos pensado. Jóvenes con problemas para encontrar empleo en sus primeras experiencias laborales, muchachas y muchachos que dejan los estudios sin posibilidad de integrarse al mercado laboral, una política pública insuficiente y sin enfoque regional, un gasto en educación en retroceso y una economía enfocada en la creación de trabajos calificados (los jóvenes apenas están en proceso de formación laboral), son la realidad que debemos enfrentar.
“Deberíamos dedicar más recursos a una formación técnica que sea transversal a la formación diversificada en los colegios del país, por ejemplo, enseñándoles a los jóvenes sobre manejo de aspectos que pueden incidir en su empleabilidad, como el manejo de redes o mejorando de forma importante el manejo de un segundo idioma”, indica el académico Rodríguez.
Los colegios deberían ser lugares modernos, seguros y que permitan el uso seguro de espacios de socialización, como los lugares para la práctica del deporte. Para eso necesitamos invertir en tecnología y en infraestructura física, pero no se puede lograr eso con un gasto en educación en franco retroceso. Además, es difícil mantenerse estudiando cuando las necesidades materiales en el hogar se multiplican, por lo que las ayudas públicas a los hogares con jóvenes son muy importantes. Desaplicar la regla fiscal en las ayudas públicas, como becas y subsidios es muy importante, así como no aplicarla sobre los gastos de inversión y equipamiento de los centros educativos.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
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Durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado varios documentos que resultan muy importantes, para convencer y ayudar a las autoridades de salud de todos los países, acerca de la importancia de los productos de asistencia.
Uno de los documentos es el llamado “Lista de Productos de Apoyo Prioritarios”, con el propósito de “mejorar el acceso a ayudas técnicas de calidad y a un precio asequible, en todos los países”. Dicha lista, al igual que la lista de medicamentos esenciales, es una guía que puede ser aprovechada por los sistemas de salud y servicios sociales de todo el mundo, con el fin de garantizar servicios integrales y equitativos a sus habitantes. El otro documento relevante, es el “Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia”. En este reporte se señala que:
De acuerdo con la OMS, la tecnología de asistencia permite a las personas llevar una vida sana, productiva, independiente y digna y tomar parte en la educación, el mercado laboral y la vida social. La tecnología de asistencia reduce la necesidad de servicios oficiales de salud y apoyo y de atención crónica, así como la carga de trabajo que recae en los cuidadores. La falta de acceso a esta tecnología, ocasiona que muchas personas queden excluidas y aisladas de las actividades de la sociedad, llevándoles muchas veces a tener que vivir en la pobreza. Esto obviamente empeora las consecuencias de una enfermedad o discapacidad para la propia persona, su familia y la sociedad en general, pues aumenta significativamente los gastos por parte de los servicios de salud y otros servicios.
En la presentación del informe, el Director General de la OMS, expresa que “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.
Pero es importante saber que los productos de asistencia, no son requeridos solamente por aquellos a quienes nosotros generalmente conocemos como “personas con discapacidad”. También son requeridos por
La legislación nacional como la Ley 7600 principalmente en sus Artículos 3, 4, 5, así como la legislación internacional como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país fue promulgada como Ley No. 8661, obliga a que las instituciones públicas que proporcionan servicios de salud y otros, garanticen la provisión de los productos de asistencia para todas las personas que los requieran.
Pero lamentablemente, a pesar de esta legislación que el Estado en general y el gobierno en particular tienen la obligación de respetar, vemos como recientemente el gobierno propone gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, lo cual obviamente no solo refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, sino que ignora las recomendaciones de la OMS que hemos mencionado, y la legislación que tiene la obligación de cumplir.
Se olvida también, que la pandemia que hemos vivido con muchos dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero. Y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados, por lo que no podrían adquirir estos productos a más alto costo de que ya de por sí tienen. Sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no satisface todas las necesidades de la población en la provisión de estos productos, lo cual obliga a muchas personas a sufragarlas por cuenta propia.
Busquemos entre todos las mejores soluciones para que “nadie se quede atrás”, y que el acceso a los productos de asistencia sea posible para todas las personas que los necesiten. Eso es posible.
La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.
De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.
Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.
La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.
La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.
Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.
La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.
En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.
Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.
También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.
¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.
Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.
Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.
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La disminución del desempleo es algo que todas y todos queremos en este país. Por lo cual si se presenta un decrecimiento hay que celebrarlo y reconocer los avances que ello significa, en especial en esta época post pandemia en la que se han profundizado las asimetrías en los mercados laborales. Sin embargo, festejar una caída del desempleo que no se acompaña de un crecimiento de la población ocupada es dejarse engañar por las cifras, es pasar por alto que en los mercados laborales siempre hay que revisar dos veces lo que está sucediendo y analizar las diferentes aristas, a no ser que se esté consciente de ello y aun así se quiera confundir a la población.
Por ello, aunque podemos notar en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del I Trimestre 2023 (INEC, 2023) que la tasa de desempleo se ubica alrededor del 11%, lo que también se puede visibilizar es que con respecto al trimestre anterior (INEC, 2022a) y al I Trimestre del 2022 (INEC, 2022b) hay una reducción significativa de la población ocupada.
Análisis interanual
En general, los datos del I Trimestre del 2023 con respecto al I Trimestre del 2022 reflejan que hay un total de 139.044 personas más fuera de la fuerza de trabajo y que la población ocupada se redujo en 3.974 personas, pese a que la cantidad de personas desempleadas bajó en 81.448, por lo que no se trata de que esas personas estén encontrando trabajo, por lo que se trata de una reducción de la Población Económicamente Activa (PEA) que, en total corresponde a 85.421 personas en el lapso de un año.
Análisis trimestral
Asimismo, si comparamos el I Trimestre del 2023 con el último trimestre del 2022 los cambios son más profundos, pues se evidencia una reducción de la cantidad de desempleados de 38.306, sin embargo, en este caso tampoco se trata de que pasen a engrosar la población ocupada, por lo contrario, esta se redujo en 74.958 personas, lo cual corresponde a una reducción de la PEA de 113.264 personas.
La población desalentada
Por otra parte, es importante considerar otro fenómeno importante en la población y es que si revisamos las cifras de las encuestas de empleo encontramos que la reducción del desempleo se explica en parte por la población desalentada -que termina ampliando aquella fuera de la fuerza de trabajo- y que corresponde a esa que no está buscando trabajo porque no tiene dinero, se cansó de buscar, no le dan trabajo, no hay trabajo en la zona o sabe que no en esta temporada no hay trabajo, en suma son 24.616 personas.
Pero, ¿quiénes son esas personas desalentadas? En cuanto a sus territorios, son personas mayoritariamente de zonas urbanas, se distribuyen mayoritariamente en la región Central, Brunca y Huetar Norte. En cuanto a su perfil educativo, son personas con una baja especialización, que se concentran mayoritariamente en el grupo etario que va entre los 45 y 59 años, y los 15 y 24 años, y que son sobre todo hombres.
Las presiones sobre la satisfacción de las necesidades
Por lo cual, se mantiene la preocupación sobre la condición de actividad de las personas en el país, pues si la PEA se reduce hay serias presiones sobre los ingresos de los hogares, los cuales dependen mayoritariamente de lo percibido por medio de sus labores -salario- para sostener la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, ello significa una mayor dependencia económica, por lo cual podríamos esperar incrementos en los niveles de pobreza de la población.
Crecimiento económico que no se traduce en nuevos empleos
Todo esto, mientras el crecimiento económico del país se mantiene al alza, pues según el Banco Central de Costa Rica (2023) la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado fue de un 4.3%, y se proyectó en 3.3% para el 2023, es decir, producimos más pero con menos gente, lo cual es esperable ante un contexto de cambio tecnológico global; sin embargo, plantea el desafío de cómo dotar a la población de las herramientas necesarias para insertarse en esas nuevas formas de trabajo, por un lado. Por el otro, el de cómo generar nuevos puestos de empleo a fin a la población desempleada -y desalentada- mientras se ajusta el perfil de especialización de estas personas, otorgándole una atención especial a la población joven y a las mujeres, para incentivar su inserción en las ciencias.
Alternativas como responsabilidad gubernamental sobre el bien común
Seguimos esperando la reactivación económica necesaria para que la población desempleada sea absorbida por la población ocupada y no por la que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Continúa la necesidad de que los sectores productivos nacionales se fortalezcan para que puedan producir y generar empleo, para ello, es preciso -primero- saber leer adecuadamente las cifras del mercado laboral para no caer en eso de pasar un gato por una liebre.
Se mantiene la urgencia de que el sector productivo nacional junto con el Estado -incluida la academia- generen alternativas para incrementar la productividad de las actividades económicas y generen puestos de empleo de calidad, para ello, por supuesto que no basta con hacer a la población trabajar más horas.
Ojalá que se vean pronto propuestas en esta materia y en especial, ojalá que estas propuestas estén a la altura del bien común, y no, del aprovechamiento de un sector de la población en detrimento de otros y otras; lo cual no es otra cosa que la responsabilidad del Gobierno electo.
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Universidad Nacional, Costa Rica
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En su LIII aniversario, la emergencia nacional provocada por la pandemia del Covid-19 trajo a flote la crisis que arrastraba el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), acumulada en los últimos treinta años y acelerada en los últimos diez. Merced a la contrarreforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado con los tristemente célebres Planes de Ajuste Estructural (PAEs), dicho ministerio fue despojado de algunas de las funciones estratégicas para las que originalmente fue creado. Por eso carga con serias limitaciones para responder a una realidad cambiante y también en crisis, la cual se expresa en una sociedad trastocada por el cambio global y por una creciente y profunda desigualdad estructural.
Frente a ese aniversario y ante el opaco bicentenario de la “república”, muchas personas pensamos que bien valdría la pena realizar un balance colectivo del ministerio y de las políticas culturales en Costa Rica para repensar lo que se había hecho y dejado de hacer, pero, fundamentalmente, sobre el rol que debería jugar el MCJ en el futuro cercano, sin olvidar que, al menos simbólicamente, también es el ministerio de la juventud. Con acendrada ingenuidad, esperamos a que el mismo ministerio, en las últimas dos administraciones, se abocara a ello con la presencia organizada de los sectores involucrados en el quehacer cultural y artístico del país. Con Godot, continuamos esperando.
Es importante recordar que el 5 de julio de 1971, mediante la Ley No. 4788, se crea el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, de modo tal que la cartera involucraba también a la Juventud y al Deporte. (El pequeño ministerio se había incubado en la otrora Dirección de Artes y Letras del Ministerio de Educación, cuyo gran impulsor, entre otros, fuera el artista y arquitecto Rafael Ángel “Felo” García). En los años setenta y parte de los ochenta, funcionó el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) un vigoroso proyecto con casas de la juventud por todo el país. Más tarde se eliminó al “movi” (así lo llamábamos) porque coadyudaba a generar dirigentes juveniles conscientes y críticos (¡con instructores israelíes!), muchos de los cuales pasaban a las organizaciones políticas de izquierda. Pero, además era el ente rector del deporte; luego se creó el ICODER quitándole esa papa caliente al ministerio, cuyo quehacer en esa rama era casi decorativo.
La creación del MCJ obedeció al objetivo estratégico del proyecto original promovido por los llamados “hombres de letras” del Partido Liberación Nacional, jefeados por don Alberto “Beto” Cañas Escalante, en un contexto marcado por la guerra fría y por las consecuencias de la guerra civil con sus persecuciones y su anticomunismo. Como en tantas otras acciones socialdemócratas y socialcristianas, el MCJD funcionó para institucionalizar conflictos y sectores “en pugna”. El Ministerio nace sin saldar la eterna disputa entre “Cultura” y/o “Bellas Artes”, es decir, entre la visión “bellaletrista y bellartística” y el concepto antropológico en el cual la cultura se entiende de manera más amplia e integral. Era una concepción difusionista: fortalecer las bellas artes, llevar la cultura a quienes no la “tenían”, ir a las comunidades con un proyecto de extensión jerárquico y patriarcal. Para ello había que crear conjuntos artísticos (OSN, CNT, CND, TNT…), museos, bibliotecas, entre otros entes; más tarde, cuando el concepto antropológico se fue imponiendo, se crearon direcciones regionales y casas de la cultura con un nuevo discurso acerca de cierta “regionalización” ante el pudor de una conciencia vallecentrista asumida a medias. Eso hizo aguas muy pronto y el ministerio no se reactualizó, sino que, al contrario, se recortó.
Ya entrado el nuevo milenio, el MCJ se fue adaptando a la contrarreforma y extendiéndose más al espectáculo (FIA, FNA, Feria del Libro, Festival de Cine, etc.) y apoyando las incipientes industrias culturales. La actividad cultural pasaba de ser prioridad del estado (benefactor) a dejarse en manos de la iniciativa privada que, de todas maneras (rezaba el slogan) “produce libertad”. En los últimos años se le dio prioridad a los “pequeños productores de cultura” (artesanos y emprendimientos “artísticos”) e incluso los grandes proyectos de masas tipo FIA o FNA hicieron aguas, ya por la desidia, ya por la impericia de los tres últimos (des)gobiernos. Es claro que el ministerio transitaba a la deriva dependiendo de las administraciones o de las “personalidades” de sus ministros o ministras, así como de sus efímeros equipos de trabajo.
Ante la crisis prolongada y con la emergencia de la pandemia, algunos “artistas” pegaron el grito al cielo (yo me preguntaba: ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por que hasta los tiempos del Covid 19?), amenazando incluso con acusaciones y anatemas, a la vez que lanzaban un estentóreo SOS. Muchos de ellos comparaban al ministerio con una suerte de CNP, ICT, INVU o IMAS, sin comprender la naturaleza del mismo ni la amplitud del concepto cultura constreñido, según sus visiones, a la “actividad artística”. Otros, como quien esto escribe, pensamos que ya era demasiado tarde para pataleos puesto que hacía algunos años le habían dado el tiro de gracia. La contrarreforma neoliberal lo precarizó, los tres últimos gobiernos lo desmantelaron. Sin embargo, “del ahogado el sombrero”, pensaba; algo se podría rescatar. Se precisaba, eso sí, de una reforma total del estado que lo revitalizara y colocara a la altura de los tiempos. En otras palabras, se trataba de preservar y fortalecer el Estado Social de Derecho que la contrarreforma neoliberal había venido debilitando y que ahora intenta rematar sin oposición y con miles aplaudiendo. La pregunta todavía se impone: ¿será posible?
Para entonces un reconocido cantautor ponía en una de las redes sociales: “Muchos de los que reclaman ahora parece que han estado muy cómodos durante tantos años de silencio”. La frase contiene una vigencia estremecedora y se extiende a lo largo y ancho del tejido social desestructurado y herido por la contrarreforma y por una élite que maneja, con ácida lucidez e impune soltura, los hilos del poder y de los negocios al amparo de un estado secuestrado por su avaricia sin fin. La discusión, quiero decir, la lucha, es mucho más amplia y álgida de lo que parece. Pero pocas personas lo entienden. Y a muy pocas les interesa.
*Escritor
Con el agravamiento paulatino de las olas de violencia en el país, el investigador Marco Vinicio Fournier propone un artículo que analiza el origen emocional, coyuntural e interinstitucional sobre el cual la violencia se hace presente en la sociedad costarricense.
Recientemente, entre la noche del viernes 13 de abril y el sábado 14 de abril hubo una cantidad de 9 asesinatos en menos de 12 horas en diferentes zonas del país, esta cifra alarmó a los ciudadanos. Aunque la cultura violenta sea un patrón mostrado en indicadores de los últimos años.
Por lo que Fournier comparte en once apartados un análisis de datos y su evolución en los últimos años.
Entre los primeros apartados se hace mención de elementos psicológicos como el enojo y la frustración, siendo una respuesta hacia los factores externos, específicamente a las normas de convivencia y dando paso a lo que el autor cita como anomia que corresponde a una situación en la cual se deslegitima valores de integración y regulación entre los individuos teniendo en consecuencia olas de violencia, debilitando así, las formas de autoridad institucional y proponiendo lo que popularmente se le conoce como “ la ley del más fuerte”.
Tales manifestaciones se convierten en agresiones de tipo proactiva (conductas intencionales) o reactiva (respuesta a un estímulo). Ejemplificados en homicidios dolosos, delitos contra la propiedad, suicidio, violencia doméstica y contra la mujer, accidentes de tránsito y otro tipo de emergencias violentas.
Asimismo, es conveniente contemplar los efectos de la pandemia que aún persisten en la sociedad costarricense como lo son el empobrecimiento en la calidad de vida; el afrontar una nueva crisis financiera son procesos socio-económicos que debilitan al sistema político, lo que provoca una reacción negativa en la convivencia pacífica. Evidencia de ello es que desde el Coeficiente Gini (mide el grado de inequidad): “Si se calcula la relación de este coeficiente con la tasa de homicidios en Costa Rica de 2000 a 2022, se obtiene una correlación de Pearson de 0,71, valor particularmente alto que indica conforme aumenta el grado de desigualdad, proporcionalmente tenderá a aumentar la cantidad de homicidios en el país” (p. 12)
En la arena política se proyecta la necesidad de un actor político autoritario sobre la cual se encuentra una sumisión hacia las decisiones que este actor ponga en práctica teniendo un efecto de satisfacción y seguridad de la autoridad, las actitudes agresivas se redirigen hacia grupos de minorías en la sociedad, esto es una de las condiciones sobre el facismo, estudiado por el Theodor Adorno (1959). Se puede decir entonces, que en situaciones de alta tensión se evoca a una figura que aparente seguridad, aunque esto sea irrespeto en el diálogo, o la negociación. La figura presidencial “refuerza permanentemente estilos de comportamiento violentos, minando las normas y valores propios de una coexistencia pacífica, al tiempo que continúa con el proceso de debilitamiento del Estado […]”(Estado de la Nación, 2021, citado por Fournier, p.16).
Entre las conclusiones de Fournier, atribuye a diferentes elementos emocionales como el enojo, resentimiento y ansiedad la razón de una respuesta que reproduce patrones violentos prolongados en un contexto post-pandémico que intensificó las fracturas sociales, económicas y culturales. Estos motivos se agravan cada vez más en los procesos de elección, ya que ocurre una reiteración de interés desde los candidatos presidenciales por la búsqueda de soluciones a las cuestiones que aquejan a la colectividad social, pero que en los resultados reales no se manifiesta un cambio verdadero, trayendo así a la visión pública un carácter autoritario, individualista o hacia la paralización como alternativas a las oleadas de violencia.
Finalmente, Fournier apunta a lo siguiente: “La única forma de enfrentar el problema es llegar a su raíz, es decir, reducir drásticamente la violencia estructural mediante un cambio sustancial en el modelo actual de desarrollo y de distribución de la riqueza y en el sistema educativo público, cambios que deberán surgir desde las mismas bases de la población, por lo que es urgente un diálogo nacional amplio y participativo que analice a profundidad todos estos aspectos y proponga estrategias de enfrentamiento integrales e inclusivas.” (p. 18)
El siglo XXI pasará a la Historia bajo el epígrafe de «siglo de las crisis», al concatenarse la crisis económica del 2008, la crisis sanitaria del COVID, la crisis geopolítica con el retorno a la Guerra Fría y la irrupción del Nuevo Orden Multipolar o G-3 en la cogobernanza mundial y la crisis energética con precios estratosféricos del gas, electricidad e hidrocarburos.
Asimismo, en este siglo se incrementará la crisis climática, con inusuales olas de calor, sequías e inundaciones y asistiremos a la crisis de las democracias formales tras la aparición de los regímenes autocráticos y la crisis social. Así, tras el derrumbe del castillo de naipes de la globalización, se incrementará la fractura social en las sociedades pudiendo completarse la rueda cíclica con la irrupción de una nueva crisis alimentaria mundial.
Una crisis es «una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución». La palabra crisis está emparentada etimológicamente con el verbo griego krínein, que significaba originariamente «decidir, separar, juzgar» y posteriormente derivó en «seleccionar o elegir» y siempre lleva implícita un caos de la mudanza.
Por caos entendemos «algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos». Así, nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se está gestando.
Shakespeare, por boca de un asustado Enrique IV expresa el miedo y la impotencia del hombre debido a la ausencia de certezas ante el caos de la mudanza: “¡Dios mío, si tuviésemos la opción de leer en el libro del destino y ver del tiempo las revoluciones, ver cómo la ocasión se burla y cómo llena el cambio la copa de Mudanza con diversos colores!”.
Una crisis implica siempre una ruptura del transcurso lineal de los acontecimientos que deviene en una serie de alternativas entre las cuales se debe elegir. Para salir de dicho laberinto, es preciso utilizar la capacidad de diferenciar y de pensar de manera crítica siguiendo la senda marcada por il Poverello d’ Assisi: «Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible».