FECON (09/10/2020). Tras observar las imágenes transmitidas por el canal virtual TV Live Guanacaste en Cañas y otras denuncias ciudadanas, desde la Federación Ecologista (FECON) repudiamos la intervención policial contra la población de los barrios vecinos del río Cañas y el violento operativo en la zona. La acción desde su inicio no tuvo razón de ser. Fue abiertamente ilegítima y desproporcionada, abusiva y violatoria de los derechos humanos de la población afectada.
Ante estos hechos, consideramos que el Director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, debe ser separado inmediatamente de su cargo, pues corresponde a su persona dar las órdenes y hacerse responsable por el accionar tomado por los oficiales en el lugar. Los antimotines abusaron con sus ataques contra la población sin motivo. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales del país a unirse a la solicitud de destituir al Director de Fuerza Pública, Daniel Calderón.
Deploramos también las declaraciones inmediatas sobre los hechos (en vivo a Canal 7) de Michael Soto, Ministro de Seguridad, justificando la intervención irracional de la Fuerza Pública culpando a la población bajo la falsa premisa de levantar un bloqueo. Solicitamos al presidente de la República, Carlos Alvarado, pedir la renuncia de Michael Soto como Ministro de Seguridad, por defender el accionar irracional de la policía en una zona donde ni siquiera había bloqueos, dejando dudas sobre el objetivo real de las órdenes de intervención.
Descripción de los hechos:
El jueves 8 de octubre en Cañas, Guanacaste, igual que en todo el país, se realizaban protestas sociales contra las afectaciones que sufren los pueblos, cargado de impuestos indirectos tras la aprobación del Plan Fiscal y amenazado con cargar un nuevo endeudamiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A eso de la 1:30 pm, varias personas se encontraban cerca de la carretera interamericana manifestándose, cuando la Fuerza Pública desplegó un operativo que incluía decenas de patrullas y un blindado. Según las imágenes captadas en vivo por TV Live Guanacaste, la carretera no estaba obstaculizada. La gente se encontraba al lado de la vía y había circulación de vehículos.
A pesar de no existir situación vial crítica, ni bloqueo de la ruta, los cuerpos policiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a la gente que estaba manifestándose pacíficamente en la carretera. Sin mediar ningún tipo de violencia por parte de los vecinos y vecinas que se observaban en el sitio, los antimotines también dispararon gases lacrimógenos hacia las viviendas cercanas al puente sobre el río Cañas y detuvieron arbitrariamente a personas en el lugar.
Luego de ello, sucedió un agresivo operativo en la zona, donde se cometieron todo tipo de abusos por parte de los cuerpos antimotines, quienes lanzaron gases lacrimógenos en caseríos y también piedras contra los manifestantes que huían de los ataques. Con este accionar afectaron a personas de todas las edades que se encontraban en viviendas, afectando a niños, niñas adultos mayores y personas enfermas con su operativo irracional.
Nos solidarizamos con las familias afectadas y rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social, que es un derecho. Los abusos policiales deben ser erradicados inmediatamente en el país.
FECON, 9 de octubre de 2020
Policías lanzando piedras hacia un barrio de Cañas. Imágenes tomadas por vecinos
Foto de cabecera: Transmisión de TV Live Guanacaste (08/10/2020)
La protesta de la calle en estos momentos tiene, al parecer, como máximo objetivo bloquear las principales carreteras del país y medir fuerzas con la policía, que intenta desbloquear los puntos críticos.
El enfrentamiento con la policía ya deja un saldo bastante abultado de heridos y detenidos. Además de una buena cantidad de daños materiales a vehículos particulares y del Estado. Y la violencia crece conforme pasan los días y no se ve ninguna opción de diálogo y entendimiento.
El COVID-19 ha pasado a un segundo plano. No importa ya el contagio ni las alertas. Los fallecimientos siguen aumentando, pero eso ya no es el punto central de reflexión.
Hay algo preocupante en esta coyuntura. La lucha inmediata es contra el Ejecutivo, y en particular contra la figura del Presidente. No es contra un sistema económico determinado ni siquiera contra un modelo de desarrollo ni su sistema político. O al menos no explícitamente en tanto el adversario no son las cámaras empresariales, el capital, ni tampoco quienes evaden y eluden impuestos. Esos ven los acontecimientos desde sus casas y mansiones. Sin mayores sobresaltos.
Tampoco el objetivo es el rediseño del Estado o la estructura jurídica del Estado o puntos críticos de la democracia como sistema político. La consigna genérica es “no más impuestos” con la consiguiente ambigüedad de un discurso que puede ser defendido también por los responsables históricos de la desigualdad económica y social del país. No más impuestos piden también quienes deberían contribuir más con la economía nacional, quienes pagan salarios bajos y tributan lo mínimo. Los mismos que adeudan grandes sumas a la seguridad social y que ven, repito, los acontecimientos desde sus casas, porque el problema pareciera no ser con ellos.
Con esto quiero enfatizar que la agenda de la protesta y la estrategia puede repetir lo mismo de siempre: hay violencia creciente, daños al patrimonio del Estado, heridos, detenidos y hasta muertos. Pero no se pasa de ahí. El sistema que genera desigualdad sigue igual, los salarios siguen hacia la baja, la calidad de vida se deteriora y la pobreza se mantiene o crece con la pérdida de empleos.
Es decir, se protesta pero no se profundiza en un proyecto viable de nueva sociedad, de nuevos tipos de convivencia social, de nuevas reglas del juego. Eso no interesa porque a la larga la política de corto plazo, la reivindicación inmediata, no da para pensar en algo mucho más fuerte y viable.
En lo particular me duele que de pronto un movimiento contestatario se convierta en un callejón sin salida, en un movimiento ritual que no logra trascender su propio impulso. Y que el objetivo central sea la violencia per se y no algo que convoque realmente a un cambio radical del sistema. Presumo que nuestras revoluciones serán siempre conservadoras, donde el oportunismo y la consigna de corto plazo terminan generando más frustración en los sectores vulnerables, que nunca se benefician realmente con nuestras revueltas de bloqueos y quema de patrullas de la fuerza pública, fuerza pública a la cual le exigimos, en otros momentos, que nos cuide del crimen organizado y de la delincuencia.
Se que mi visión no es la ortodoxa de los revolucionarios profesionales, de los líderes que prometen el cambio con petardos y bulla pero que al final no logran conjuntar los intereses de la ciudadanía como en otros tiempos si lo pudo hacer un Manuel Mora con su capacidad organizativa y negociadora.
Como no me siento representado plenamente ni por el gobierno ni por los líderes que han asumido la estrategia del bloqueo y la quema de patrullas, no me queda más que esperar a que las partes se sienten realmente a negociar una salida que nos ayude a todos a respirar dignamente en algún momento. Y que más temprano que tarde podamos soñar realmente con un nuevo proyecto de sociedad. Un proyecto donde no se tenga que recurrir a préstamos de usura o a la reducción del Estado social.
Se qué hay muchos intereses en juego, desde los electorales hasta el simple revanchismo camuflado. Y que ya uno está bastante curtido como para no caer en el pecado de ingenuidad.
Y como todavía puedo pensar libremente, sin directrices de nadie, me tomo el derecho de expresar mi opinión en esta hora realmente difícil, con varias pandemias en desarrollo.
En Argentina se está frente a un encadenamiento de operaciones para desestabilizar y acorralar al gobierno. Lo de este miércoles, con la policía armas en mano en la puerta de la residencia presidencial, es uno de los pasos más peligrosos del conjunto de acciones. Todavía hay muchas cosas por asentar en los análisis, aunque algunas ya parecen claras: uno de los objetivos explícitos es detener al gobierno para que no avance en determinados proyectos y políticas. Una extorsión a mano armada.
Los hechos no pueden verse como aislados del conjunto de episodios que suceden en el continente: golpe de Estado en Bolivia, proscripción de Evo Morales y Rafael Correa -el mismo día- y un conjunto de episodios que conforman una ofensiva articulada por las derechas, poderes económicos, mediáticos, judiciales, y embajadas estadounidenses. El mensaje es claro: no hay margen de maniobra para agendas progresistas en el continente. Eso buscan imponer.
La situación de pandemia opera a favor de esa ofensiva de las derechas. La movilización popular es un factor central de los gobiernos populares. Expresa, entre otras cosas, algo que apareció en los votos en Argentina: hay mayoría, consenso social para medidas progresistas. Sucede también en Bolivia, Ecuador, Brasil -no significa que sea estático- y por esa misma razón inhabilitan a los principales dirigentes populares.
Hay muchos debates sobre los procesos progresistas, populares, y hay que darlos, pero tener claro que hay que defender, y presionar, a su vez, para que no se ceda ante la ingeniería de presiones y se avance en las transformaciones necesarias. En frente hay una configuración clara de fuerzas que viene en contra y está demostrando que está dispuesta a correr límites, como pasó este miércoles en Argentina.
*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/
Análisis compartido con SURCOS por José Luis Calacci.
Estos incidentes de la noche de este 12 de setiembre merecen hagamos un alto en el camino.
La Policía Nacional no está recibiendo el entrenamiento de una policía civilizada sino militar.
La forma en que actuaron así lo demuestra.
Como ciudadanía seria y responsable, debemos exigir que ni un solo policía más sea entrenado en la antigua Escuela de las Américas en Estados Unidos (hoy llamada Whinsec pero que es la misma porquería).
La forma en que actuaron en las inmediaciones de la UCR, deja mucho que desear y pone en evidencia que de continuar con policías tan mal entrenados, podríamos entrar en un círculo de violencia imposible de erradicar.
Hago un llamado vehemente al Presidente de la República Carlos Alvarado, para que gire instrucciones al Ministro de Seguridad para aceptar sólo asistencia en capacitación policial que se aleje por completo del entrenamiento militar toda vez que el ejército fue abolido desde hace casi 70 años.
Por haber tomado parte directa e integrado la Dirección Nacional histórica del FSLN que condujo a nuestro pueblo al derrocamiento de la dictadura somocista, te dirijo esta nota expresándote con preocupación lo siguiente:
El decreto que reformó el INSS por su contenido y forma fue un grave error político, técnico y legal del gobierno.
Se afectaron los derechos económicos adquiridos y los ahorros de un millón de cabezas de familia, sin dar solución práctica a la grave situación financiera del INSS.
A causa de ello una importante mayoría de la población al frente de la cual están los estudiantes universitarios y hasta hijos de altos dirigentes del ejército, la policía y del FSLN, se han movilizado a expresar su legítima protesta.
La reacción de las autoridades ha sido desproporcionada con empleo de armas de fuego por la Policía y grupos de choque que han causado decenas de muertos y centenares de heridos entre nuestra población.
Como compañero histórico de luchas te pido buscar de inmediato un diálogo con el liderazgo económico, estudiantil, religioso y social conducente a soluciones prontas y efectivas que pongan fin al estado de violencia que está golpeando a la nación.
Considero que como demostración de voluntad y de altura ciudadana el gobierno debe dar pasos que disipen la desconfianza, tomando las siguientes medidas que sugiero positivas:
Derogar el decreto que reformó el INSS.
Retirar a sus cuarteles a la Policía y El Ejército.
Liberar a los estudiantes y demás ciudadanos prisioneros.
Llamar a los estudiantes y todos los civiles a retornar a la normalidad de su vida cotidiana.
Este martes 28 de noviembre la comunidad del Valle la Estrella llevó a cabo una reunión con la Fuerza Pública de la localidad, debido a la preocupación que tienen los vecinos del lugar por la ausencia de vehículos y motocicletas de la Fuerza Pública en este distrito en el que desde hace varios años se vienen dando asaltos a personas y bajonazos con pistola y a los comercios
De San José les enviaron una unidad, pero aseguran que hacen falta más policías y vehículos oficiales.
Se consolida oposición al PH San Rafael en Pérez Zeledón
Una acción civil y pacífica de las comunidades de San Pedro de Pérez Zeledón contra la empresa HSolís, terminó con la intervención de la policía y la detención injustificada de Luis Valverde Abarca, vecino de San Rafael. El incidente se originó porque la empresa, que pretende construir una hidroeléctrica en el río San Rafael, pagó maquinaria privada insistiendo en “dar ayuda para arreglo de caminos”, a pesar del rechazo de las comunidades.
Las personas opositoras se concentraron desde la primera hora de hoy cerca de Zapotal en la ruta hacia el acueducto de San Pedro de Pérez Zeledón, para manifestar su rechazo a la intromisión de la empresa. El mismo intento de HSolís por ofrecer “ayuda” se había dado en Fátima de San Pedro, de donde debieron salir por la presión de las comunidades.
“Todo estaba muy tranquilo porque la misma gente de la maquinaria se iba a retirar y aceptaron que eran “pagados por alguien de afuera” que sabemos que es HSolís. Pero a raíz de un supuesto daño a una patrulla a Luis Valverde lo golpearon y de manera muy violenta lo agarraron del pescuezo y lo detuvieron y también a su mamá la golpearon y la tiraron al suelo. Nosotros tenemos fotos y videos para demostrar que no hubo ningún daño a la patrulla y eso lo reconoció el mismo jefe de la policía. Más bien fue la policía la que agredió sin justificación pues estábamos haciendo las cosas de manera pacífica”, explicaron Alvaro Ureña e Isabel Solís Blanco, que participaron en la actividad. A Luis Valverde lo soltaron pero lo citaron a los Tribunales de flagrancia, por supuestos cargos de “golpear una patrulla y resistirse a la policía”.
Adelantándose al posible conflicto que la incursión de HSolís provocaría, desde el pasado 13 de octubre 2017, a las 06:27 horas, las comunidades previnieron a la empresa y le dieron aviso al país, al Gobierno Local, MINAE, SETENA y al Gobierno de la República de que “no aceptaban la manipulación de HSolís”. La oposición había denunciado que HSolís se estaba “guindando” de la emergencia nacional por la tormenta Nate para meterse a como diera lugar a las comunidades. “Esa insistencia es un intento de manipulación y aprovechamiento inescrupuloso para conseguir el apoyo de las comunidades que hasta ahora no han tenido”, reiteró Melvin Solís Blanco.
“Con esto que pasó a HSolís le debe quedar más claro aún que las comunidades no los queremos, que los rechazamos porque lo único que andan buscando es construir su negocio de represa que destruye el río y nos deja sin agua. Nosotros no somos 3 gatos y seguiremos organizados hasta que se vayan. A Setena nosotros le decimos que aunque ellos siguen ayudando a la empresa, les vamos a demostrar que los permisos están mal dados y son ilegales”, dijo Melvin Solís.
La mega constructora H. Solís es la empresa más beneficiada por del Estado, teniendo contratos de mantenimiento de la red nacional de carretera por más de 137 592 millones de colones, desde el 2009-2013 que fue renovado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de forma directa, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) había insistido en la necesidad de abrir un concurso público. El año pasado volvió a ser seleccionada para seguir el lucrativo negocio que le permitió tener tantas ganancias que empezó a invertir en al menos 10 proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur.
Los vecinos y vecinas defensoras del río San Rafael trabajan sin recursos económicos y aun así han realizado múltiples acciones como: caminatas pacíficas, bloqueos, una visita a la SETENA, decenas de reuniones en las comunidades aledañas, recolección de más de 1500 firmas en oposición y han presionado a la Municipalidad para mantener una prohibición de proyectos hidroeléctricos en la zona de Deslizamiento Zapotal y toda la extensión del Río San Rafael (Ver Acuerdo).
En noviembre de 2016 fue agredido en preparativos de la marcha el señor Rafael Ángel Abarca, defensor del río, por un promotor del proyecto del PH San Rafael ( FECON, 19-11-2016). La aprobación de la viabilidad ambiental por parte de SETENA del PH San Rafael, el 27 de octubre, fue el detonante del descontento de la mayoría de la población del distrito de San Pedro de Pérez Zeledón (ver más). Recientemente fue aprobada la concesión de agua por parte de MINAE y faltan una serie de permisos entre ellos un decreto de conveniencia nacional.
Francotiradores de la policía. Cerros de Aguas Claras-Ocaña. 25 de junio de 2013.
El columnista e investigador social Ariel Ávila presentó, en el mes de mayo del presente año de 2017, su libro “Seguridad y Justicia en tiempos de Paz” y en el que asegura que la Policía Nacional debe separarse del Ministerio de Defensa. Su propuesta de un profundo revolcón en la Policía Nacional la sustenta en la desigual distribución de los efectivos policiales en la ciudad y el campo, destacando que en 26 ciudades principales del país, que ocupan el 1% del territorio nacional asienta el 49 por ciento de la Policía lo cual implica que el 51% restante, en imposible y titánica labor debe suplir el cuido de un extenso territorio como el colombiano con un millón ciento cuarenta y dos (1.142) kilómetros cuadrados y población de cincuenta millones de habitantes; planteado dos jefaturas una rural y otra urbana. Con su investigación demuestra la necesidad de una reforma cuando en general el gobierno, los militares y los policías son conscientes de la urgencia de esa reforma; pero pesa más la tendencia militarista al seno de las fuerzas armadas que no lo ven con buenos ojos.
El acumulado bibliográfico sobre el tema de la militarización de la Policía Nacional abunda en que toda la estructura de la Policía Nacional debe modificarse. Denuncian la existencia de cacicazgos, a través de juntas de generales permisivas y cómplices en el acomodo de la planta de personal. La inexistencia de una aplicación de carrera policial, a la que se llegue por méritos cívicos, antecedentes en el servicio con la comunidad, capacidad operacional. El desconocimiento de beneficios prestacionales, y de equitativos balances de nivelación de sueldos, coartando sus días de descanso, sometiéndoles a jornadas de trabajo que atentan contra la dignidad humana, rompiendo la unidad y armonía de sus familias, denunciando el abuso sexual, tanto heterosexual como homosexual, el incremento de violencia de género en sus filas; así como alto índice de registro de suicidios. Torrentes de tinta escrita sobre la corrupción reinante y campante y el involucramiento de generales directores de la institución en investigaciones criminales. Todo ello unido al manipuleo de los ejercicios internos de contra inteligencia aplicados para mentir y desfigurar la verdadera realidad caótica de la institucionalidad policial.
Resumiendo, la Policía Nacional de Colombia (La Policía), hace parte de la Fuerza Pública. El artículo 216 (CPC), sentó: “La Fuerza Publica estará integrada por las Fuerzas militares y la Policía Nacional”. Según el artículo 218, inciso segundo, ibidem, “La policial nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación…”. Pero esto no le da vocación civilista; por el contrario, la integra a un carácter de policía militar. Asimilado su régimen de carrera, prestacional, disciplinario, de fuero especial y con identidad de cuerpo militar; no deliberante, sin poder ejercer la función del sufragio, al igual que los militares, por ser integrante de la Fuerza Pública. Los grados son los mismos del cuerpo militar. Ascienden al generalato. La romántica idea del policía del barrio, de la guarnición policial, del comandante del puesto, del servidor público con derecho a sus reivindicaciones sociales, laborales, no existe. La Policía no es un ente cívico. Su naturaleza es militar, pese al mandato constitucional inconsistente, que desdice de la índole con que la revistió el constituyente de 1991. A La Policía la circunscribe y prescribe el fuero penal militar. De manera que por más que la ley reorganice a La Policía, la índole real de su esencia es militar. Birlaron en la redacción de la Carta la voluntad soberana del Constituyente primario. De “país de cafres” los tildó una personalidad colombiana.
La carga histórica de la policía colombiana
La policía nacional de Colombia tiene una historia signada de odios partidarios, violencia política, sangre, asesinatos sin fin, endiosada impunidad, que el colectivo imaginario colombiano asocia en desconfianza por su criminalidad, a secas. La institución policial colombiana mantiene un peso histórico en la memoria de los colombianos de odio y terror, alimentada por excesos sucedáneos diarios que la colocan en el podio de ser la Policía más Cuestionada del Mundo.
Al decir del inmolado senador Manuel Cepeda Vargas: “Colombia es el país de los odios heredados” y por ende su policía nacional. Las estadísticas muestran que, tratándose de crímenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupción en Colombia.
La vergonzosa historia de la policía colombiana raya en el cinismo cuando la oculta tan bien a nivel internacional, engañando a los pueblos que influencia con tolerancia borrega de mandatarios espurios. Como es posible que la Policía Nacional de Colombia pueda convertirse en una agencia internacional de la escuela del crimen bajo la ceguera de la comunidad internacional. La inteligencia ofensiva del régimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una política de seguridad de exportación con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas.
Se conoce que la policía colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 países. Una institución de peso específico criminal como la policía colombiana, actualmente está inhabilitada, bajo la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Público, para aplicar el principio universal del Pro Homine: Por la Humanidad. Careciendo la policía colombiana de una vocación cívica, puesto que conforme a la Constitución Política de Colombia la policía colombiana es una institución de las fuerzas militares; en la alocada carrera armamentista, guerrerista de seguridad de exportación de la doctrina militar imperante en Colombia.
¡Este llamado de alerta! a la comunidad internacional obedece a impedir la desmemoria. A que no se entierre la memoria histórica del pueblo colombiano. Es resultado del proceso político y revolucionario incontenible por una Nueva Colombia, que dé al traste con sus instituciones Terroristas de Estado.
Se haría extenso reseñar y analizar el papel fratricida en los cien años de historia de la policía de Colombia. Da para mucho. Pero conviene no pisotear ni pasar por alto la Memoria Histórica. Colombia es un país desgarrado por la guerra civil no declarada que apunta con la violencia partidaria liberal- conservadora, en la que la llamada policía chulavita desgarró a la familia colombiana y a su tejido social, con más de trescientos mil muertos; más la guerra narco paramilitar y Terrorista de Estado que continuo en este siglo XXI y que denota la escalofriante cifra de doscientos cincuenta mil muertes más. Por ello, no es con facilismos de fórmulas descabelladas como se puede lograr la colaboración voluntaria, espontánea y solidaria de la población colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, económico, político y social.
La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la población, pero parte de la verdad histórica. Es más, el aún imperante régimen de la falsaria “seguridad democrática” de la horrible noche paramilitar uribeña, descarta la colaboración consiente, solidaria, espontánea de la ciudadanía ante el crimen y acude a imponer la vergonzosa cultura del sapeo, la traición, el asalto de las recompensas al erario, y la desvergüenza a la juventud colombiana, bajo la presión de la desmemoria histórica. Ello, de por sí es criminal. La presencia de unas instituciones (partidos políticos etc.) con debilidad estructural, carencia de identidad y de convocatoria popular a una participación democrática directa, refleja el caótico rumbo y derrotero que una política guerrerista de la oligarquía e intervencionista del Imperio. Ello les torna incapaces en la convocatoria de representación de los ciudadanos colombianos para afrontar la seguridad ciudadana.
La policía nacional de Colombia: ¡violadora de derechos humanos!
Asumir la responsabilidad de tamaña acusación a una institución centenaria colombiana, no obedece a obsesión por motivación de activismo político alguno. La comunidad internacional y la opinión mundial debieran centrar la atención en el mal endémico que la Policía Nacional de Colombia representa en un país- escenario de conflicto interno armado- con un tejido social roto, con índice creciente de homicidios, práctica de desaparecimientos, de ejecuciones extrajudiciales; que por la constante, permanencia, repetición, no modificabilidad, en una sociedad maltrecha y en un Estado fallido en el respeto a la vida, honra y demás derechos y libertades individuales y de la ciudadanía, los principios fundamentales de la Constitución Política Colombiana( CPC) son letra muerta.
No es menester un tratado de exposición extenso, aunque si hay mucho de qué hablar, tela de donde cortar, para sindicar a La Policía, como violadora de los derechos humanos. El expediente es extenso. Los sinnúmeros de papeles referentes a este asunto hablan por sí solos en su contra. Tanto a nivel de la juridicidad interna, cuyo estadio de investigación a sus sindicaciones e involucramientos en investigaciones de crímenes de lesa humanidad, inconclusos o no, bajo la égida de la impunidad; como la resonancia de casos asistidos en entes de investigación y justicia internacionales. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
Claro está que, por tratarse de una institución, proviene la defensa de la “institucionalidad” para que la réplica y contrarréplica sea el que los crímenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Policía son hechos aislados. Pero la carga histórica, la verdad histórica, afirman lo contrario.
Sobre la última masacre registrada
Por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PINIS– campesinos de la región del Alto del río Mira, vereda El Tandil, en Tumaco, Departamento de Nariño, protestaban el pasado 5 de octubre de 2017. Formaron una cadena humana impidiendo que el fatídico escuadrón de la Policía Nacional- El ESMAD- los desalojara de sus parcelas donde subsisten gracias al cultivo de coca. Se opusieron radicalmente a la erradicación forzada de esos cultivos para evitar que los policías y el ejército arrancaran las matas de sus suelos. En el enfrentamiento, miembros de la Policía Nacional dispararon a mansalva contra los manifestantes campesinos trayendo como resultado la muerte de nueve campesinos y más de 50 heridos. Entre telones las fuerzas represivas difundieron que habían sido atacados con tatucos o fusilería informal y hasta el vicepresidente colombiano sustentó tal esperpento. Mismo que fue desconocido por el Informe de Medicina Legal, que dictamina la causa de la muerte de los labriegos fue producida por proyectiles de alta velocidad, es decir, por tiros de fusil.
Dos días después, ante la denuncia de la masacre y versiones que en las tierras invadidas por la Policía Nacional un cadáver de un civil permanecía en estado putrefacto, una comisión de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, acompañados de representantes de las Naciones Unidas, la OEA, la Gobernación de Nariño, La Asociación Minga Somos Defensores y periodistas se acercaron al lugar de la masacre siendo recibidos a fuego por parte de la Policía Nacional. Esto generó nuevo repudio y categórico comunicado del representante de la ONU, denunciando el criminal incidente. Quedó así demostrada la ruptura del orden constitucional en un Estado que se da las ínfulas de calificarse como “Estado de Derecho”.
Fue dada la orden por parte del locuaz Trump, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y el apéndice de una fuerza en el papel de invasor contra su propio pueblo, cumple con la orden de a sangre y fuego imponer la erradicación forzosa de cultivos de coca, con pasajes siniestros del Plan Colombia, desconociendo los alcances políticos de la implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, en noviembre de 2016, sobre esta materia. Esto no solo incumbe al Estado colombiano, como quiera que el plan de sustitución de cultivos es apoyado por la comunidad internacional.
La historia se repite
Potencial situación a la ocurrida en el Alto Mira, Tumaco, se presenta en El Catatumbo, por incumplimiento del gobierno a lo pactado con los campesinos. Allá la masa campesina está movilizada. Durante el paro campesino de 2013 asesinaron a cuatro campesinos- nuestros mártires- por francotiradores policiacos del escuadrón policial, el ESMAD, ensañados contra los manifestantes. Esa cuota de deuda por impunidad del terrorismo de estado es aún vigente. Han transcurrido cuatro años de negociaciones entre la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA-C), sin materializar los temas de reivindicaciones para ellos como son el cumplimento de erradicación voluntaria de los cultivos de hoja de coca con la comunidad. La implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC).
La Asociación Campesina del Catatumbo- ASMCAT – permanentemente aboga por los prisioneros políticos capturados durante el Paro del Catatumbo: Elivaneth Uribe, Edgar León Sanguino y Ramón Elías Claro.
¡Crece…crece la audiencia, por la existencia de una policía civilista y cívica en Colombia!
COPINH alerta de manera URGENTE la detención y hasta el momento desaparición del compañero de COPINH Mauro Gómez de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, Intibucá. Compañeras y compañeros de Río Blanco nos informaron que hoy, a medio día, fue detenido en la vega del Achotal mientras trabajaba, por miembros de la policía y el ejército de Honduras, el nombrado compañero, alegando el delito de tala de un árbol.
Además alertan que hoy mismo se observaron en la comunidad 3 carros pertenecientes a la empresa DESA que circulaban con miembros de la policía. Las autoridades hicieron manifiesto que lo trasladarían a La Esperanza, Intibucá, pero a esta hora la Coordinación General se ha movilizado a investigar y no se encuentra registrado como detenido en La Esperanza, por tanto, desconocemos su paradero.
Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a llamar de manera inmediata a las autoridades hondureñas para saber el fin y liberación de nuestro compañero Mauro.
Entre ellos al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco: (504) 9456-3699; Sagrario Prudott (Jefa de de DDHH en la Secretaría de Seguridad): (504) 3152-8878.
Hay que decir que este hecho sucede inmediatamente después de culminada la audiencia sobre el mecanismo de protección para defensores y defensoras (…), que se desarró en Panamá en el marco del 159 Periodo de Sesiones de la CIDH, quedando demostrada la negligencia y la actuación cínica del Estado de Honduras.
2 de diciembre del 2016.
Imagen con fines ilustrativos tomada de copinhonduras.blogspot.com
-7:00 a.m: Portones fueron cerrados por la comunidad. La ex directora llega afuera de la escuela y la policía habla con ella en la vía pública. La funcionaria le dio el documento viejo, del antiguo supervisor.
-7:10 a.m: Padres y madres explican a quienes llegan a dejar a sus niños que no hay exámenes este día pero que se repondrán en cuanto se resuelva la situación de la ex directora quien llegó ayer (lunes 14 de noviembre), a pesar de que sus autoridades le dijeron que no lo hiciera.
-7:15 a.m: El policía trajo el documento a los padres y madres que estaban ubicados en el portón. Se le explicó que NO es una resolución vigente la que está en el documento viejo, ya que todo está al más alto nivel en el MEP y hasta es supervisor en mención está fuera de responsabilidades en esta escuela. Que el
MEP reconoció vicios en la atención y por eso ha tomado cartas en el asunto, llevando el caso al nivel más alto. Que sólo se espera la llegada del MEP para terminar el proceso que se le ha abierto a la señora por asuntos de gravedad.
-7:25 a.m: La policía acepta, habla con la directora y regresa a informar a padres y madres que la ex funcionaria se retira. La policía insta a resolver la situación lo más pronto posible. Se le explica que a estas alturas es el MEP en San José y responsables en la Casa Presidencial los que saben del caso y quienes tienen la palabra para resolver la situación.
-9:00 a.m: La regional avisa que llegará un supervisor a plantear la reubicación de la ex directora.
¿Caso cerrado? ¡Todavía no, pero vamos avanzando!
Texto e imágenes enviadas a SURCOS Digital por Carlos Campos de Territorios Seguros.
