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Etiqueta: Policía

Del paro nacional y la insurgencia

Carlos Meneses Reyes

Del paro nacional y la insurgencia
Puesto de policía rural en Colombia.

Por la víspera se ve el día. El movimiento de masas en Colombia copa los espacios que por años le han sido vedados. La exclusión política que impuso el llamado frente nacional liberal-conservador, que perdura hasta nuestros días, anestesió el impulso del movimiento popular en sus contenidos de organización, liderazgo, propuestas, no ya de reivindicaciones por justos reclamos de cotidianidad de diferentes sectores de la población; como de superación de programas mínimos y máximos de expresión, para lograr alcances de verdaderas proclamas de conquistas económicas y sociales, atinentes a esculcar el fondo de las causales de una brecha social abismal entre poseedores y desposeídos, entre los que tienen y quienes nada tienen; entre los usufructuarios perennes del andamiaje estatal al servicio de sus intereses de clase y económicos y los que invocan la atención a tantas necesidades insatisfechas.

Indiscutiblemente estamos transitando por el desenvolvimiento dialectico entre lo que significa la influyente etapa de conversaciones en La Habana, entre una parte de la Insurgencia colombiana y el Estado representativo de la tradicional casta politiquera empotrada en el poder y manejo estatal. El paro Agrario Nacional, sumado el paro de ciento cincuenta mil camioneros, se explican por el desborde de tanta injusticia social plasmada. Es tan solo una muestra del potencial a expresarse y manifestarse ante las múltiples esclusas de expresión y manifestación popular que avizora la terminación del conflicto armado interno en Colombia.

La insurgencia y el paro nacional

Sin mayor escitación, en el convulsionado escenario de expresiones de lucha de clases por el que transita la nación colombiana; resalta, no la atipicidad en lo comparativo con el escenario de las luchas populares en Latinoamérica, por no reseñar en el mundo; cómo quiera que en Colombia haya convivido la expresión de la lucha popular armada (ejércitos del pueblo), junto con la lucha popular reivindicativa aupada de inspiración ideológica y políticamente revolucionaria. Esto en el escenario de la protesta popular, en un país en Estado de Sitio permanente (hasta la Constitución de 1991), corolario de la negación de un estado de derecho y violatorio de los derechos humanos. Más ese marco de convivencia política que hubiera de aplicar la excluyente Constitución de 1991 (no solo en su conformación, sino también en su inspiración antipopular), no cumplió la misma expectativa funcional, al permitir, en sus múltiples “adecuaciones” la aplicación de un método de contrainsurgencia armada expresada en la atroz convivencia del experimento paramilitar; la aplicación de un Plan doblemente contrainsurgente como lo ha sido el Plan Colombia; la reformitis de la imposición de la reelección presidencial; la imposición de los TLC´s; la denigrante instalación de siete base militares del Imperio en la tierra de los padres comuneros!. Todo ello avalado por una cortesana judicial, que permite el mentís de la presentación- ante nacionales y el mundo- de una Constitución Política impolume, y “soberana”, que tras veinticinco años de vigencia la presentan como una virgen santísima “sin romperse ni mancharse”.

Por eso ante el furor mediático y esquizofrénico de ver en toda forma de manifestación y de protesta de masas la mano interventora de la insurgencia; no decantará la vocinglería oficial y la “inteligencia” del estamento armado estatal en aceptar, todo cuanto ya es de asimilación de la sabiduría popular: que en Colombia la protesta popular, como expresión de hecho de democracia directa popular, desplaza el uso de las armas en esa protesta. Al alzarse la voz popular, callan los fusiles insurgentes. Al expresarse la soberanía popular en las calles y campos colombianos, con el grito de la protesta, el escenario de la confrontación armada es suplido por el potencial creativo de los espacios que le han sido vedados al movimiento social. Aplican presupuestos- por ejemplo- que ante la ineficacia de las bombas y metrallas para evitar la fuga del oro negro nacional por las venas de las redes de oleoductos, la decisión soberana de dos mil manifestantes y obreros petroleros en cerrar las válvulas del precioso recurso natural, garantizaran el cambio de las políticas anti soberanas.

El manido discurso de la infiltración de las guerrillas; ya no solo en las protestas ciudadanas y populares, sino en la colectividades que representan la movilización de indígenas, campesinos, camioneros, explican la judicialización de la protesta social en Colombia y la criminalización de las mismas. Al no asimilar la institucionalidad o establecimiento colombiano está realidad, continuarán de espaldas ante lo imperativo de las reformas de fondo que se requieren en Colombia. Una cosa es afirmar que el fin del conflicto armado interno en Colombia, se logre sin afectar el modelo económico y la doctrina militar vigentes en Colombia, conforme a un Acuerdo de Agenda pactada y seguramente de garantizada aplicabilidad e implementación sobre tópicos discutidos; y otro los logros que en periodos subsiguientes a ese conflicto armado, conquiste y arrebate, a las clases dominantes y usufructuarias internacionales del Estado colombiano, el movimiento subversivo popular al actual estado de cosas imperante. Sí. Porque la realidad política nacional e internacional impone que toda expresión de lucha armada insurgente cese en Colombia. Pero de allí a imponer y fragmentar las aspiraciones, alcances y banderas de lucha del movimiento popular colombiano, circunscribiéndoles a que cualquier manifestación de protesta afecta los derechos (en abstracto) de la gente que no protesta, confluye en desconocer la deuda histórica social por la imposición de la maquinaria de guerra estatal contra el sentir de la protesta popular. No es que con la terminación del conflicto armado interno surjan ahora “nuevos espacios” para el movimiento social. La experiencia histórica enseña lo contrario: es la vigencia de los estadios alcanzados la que va permitiendo la cualificación del movimiento popular a tono con una representatividad propia y de suficiente legalidad representativa. El sofisma de distracción y desconocimiento que son las minorías las que protestan y que las grandes mayorías domesticadas, son la prioridad para atascar la dialéctica del desarrollo revolucionario de las masas, carece de asidero. El principio universal que el derecho mío va hasta dónde va el derecho del otro, si bien vigente, no aplica en el escenario de la lucha política por las profundas transformaciones en Colombia. Puesto que esas luchas superan el aspecto de la cotidianidad. También modifican los paradigmas de las reivindicaciones particularizadas y de contenido gremialista, por espectros de alcances nacionales. Tampoco se podrán circunscribir a las tesis de la “seguridad democrática” impuestas a sangre, fuego, motosierra, durante el lapso genocida de los dos periodos presidenciales de Uribe.

En un escrito de mi autoría, al analizar las protestas en El Catatumbo durante el año de 2013, expresaba la conveniencia de asimilar el contenido de expresiones como insurgencia y subversión. La una como de tipificación penal por la rebelión contra el Estado constituido y la otra como practica no penalizada de subvertir, cambiar un estado actual de cosas. Expresaba: lo subversivo como pensar.

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo.

Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…); como también de la respuesta de los detentadores del poder (…).

Del camino emprendido por la insurgencia Elena

Si bien hace tres años, al inicio de las Conversaciones en La Habana, las condiciones objetivas internacionales de cambios alternativos al modelo del capitalismo salvaje neoliberal eran otras, a las actuales y ad portas de la fase pública de negociaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ello no ha sido óbice para que se haya acordado una temática a tratarse entre los plenipotenciarios de ambas partes contrincantes: la insurgencia del ELN y el Estado colombiano. Pero plaga de expectativas el que no se haya pasado a la fase pública de esas conversaciones. Digamos que existan recriminaciones mutuas entre las Altas partes contratantes. El tema del secuestro o retención de civiles parece ser el nudo gordiano. En lo académico-político se ha ventilado lo del secuestro, como violación a una norma penal interna, que no califica en la doctrina del derecho internacional humanitario (DIH) como delito atroz y/o de lesa humanidad. Así es, por más aberrante que sea tal delito y las mismas contrapartes lo asimilen y acepten. Pese a los acumulados de distinción existentes, entre comparaciones chocantes, del uso de la cárcel para recluir presos políticos y del destino de los secuestrados o retenidos en la facultad de locomoción; esa es una realidad de la crudeza de la guerra. Como premisa elemental en abordar la solución de un conflicto, lo improcedente es la postura unilateral al respecto.

Modestamente veo la solución a ese impasse en el Acuerdo por el cese bilateral y definitivo de las acciones militares por las partes en Conversación. No es concebible en el panorama nacional que el ingente esfuerzo de la representación armada del Estado colombiano- con generales de alta calificación sobre el tema- y de quienes conforman la parte insurgente fariana en La Habana, se torne iluso al no apropiarse del momento histórico en que la definición del cese bilateral y definitivo de acciones armadas, abarque- en un solo acto- tanto a la insurgencia de las Farc-ep como a la del ELN. Las implicaciones políticas de ello saltan a la vista: 1. El cese de secuestros por motivos económicos y de retenciones por móviles políticos. 2. La inmediatez de efecto para que el Ejército Popular de Liberación (EPL) declare un cese unilateral de acciones armadas en zonas de su influencia y en especial en el Sur del Cesar, la Provincia de Ocaña y El Catatumbo. 3. También la carencia de motivación mediática de la extrema derecha uribeña en el descabellado llamado de una “resistencia civil” para oponerse al fin del conflicto armado interno y en obtusa contravía al mandato constitucional de búsqueda de la paz; lo cual los coloca en clara disidencia (no oposición), dentro del núcleo de poder imperante, oligárquico y antipopular, en Colombia.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Asesinan a miembro del COPINH y atentan contra miembro de Vía Campesina Honduras

Comunicado

Amigos de la tierra América Latina y el Caribe condenan la continua y sistemática violación a los derechos humanos del pueblo hondureño

 

Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe condenamos un nuevo asesinato en Honduras contra Nelson García miembro del COPINH, el hecho se registró el 15 de marzo de 2016 en horas de la tarde, al momento que se encontraba en la casa de su suegra en la comunidad de río Chiquito.

El vil asesinato ocurrió en el marco del desalojo efectuado contra la comunidad río Chiquito, el cual fue ejecutado por aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la policía militar, 10 del ejército y varios de la DGIC quienes invadieron el territorio recuperado por 150 familias, aledaño a la localidad río Lindo, en el departamento de Cortés.

Al mismo tiempo, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC denuncia la continúa y sistemática violación de los derechos humanos en Honduras, en contra de nuestros hermanos campesinos y ambientalistas, ya que también se registró un atentado contra Christian Mauricio Alegría, miembro de la Vía Campesina en Honduras.

Christian recibió varios impactos de bala cuando se aprestaba a ingresar a las oficinas de Vía Campesina lugar donde labora.

Estos hechos se dan en el marco del asesinato de Berta Cáceres registrado el pasado jueves 3 de marzo del presente año. A raíz de este asesinato se ha visibilizado nuevamente las alarmantes cifras de crímenes contra las personas que defienden los derechos humanos y el alto grado de vulnerabilidad al que se exponen frente a la inacción y complicidad para parte del estado hondureño.

Y es que luego del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el COPINH denunció que desde las instancias judiciales respectivas no se ha querido investigar el ligamen que existiría con la empresa DESA y las recientes denuncias de amenazas de muerte recibidas por Berta y más bien, esas instancias han buscado cómo criminalizar a miembros del COPINH. Pocos días después, asesinan a un nuevo miembro del COPINH.

Por lo que Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe el cual tiene presencia en 14 países de la región condenamos el asesinato de Nelson y el atentado de Cristian, por lo que hacemos el llamado al gobierno de Honduras que no siga siendo cómplice de la criminalización de movimientos sociales como el COPINH.

Dentro de todo este marco, también indigna que el Estado de Honduras todavía no haya respondido una solicitud del Estado de México pidiendo que Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta y miembro de Otros Mundos – Amigos de la Tierra México pueda retornar a su casa en México. Gustavo ha brindado de buena fe, testimonio en varios momentos y hasta ha ayudado a reconstruir la escena del horrendo crimen, mas sin embargo, las autoridades judiciales hondureñas sin fundamento alguno y en evidente violación a sus derechos, le impiden su regreso a México.

Por lo que ATALC reitera su condena en este nuevo asesinato de un miembro del COPINH que vemos se inserta en la intención de eliminar y criminalizar este movimiento social. De igual modo, condenamos fuertemente el atentado al miembro de la Vía Campesina; seguimos reclamando vehementemente, que Gustavo Castro pueda regresar a México y demandamos sea suspendido el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El Estado hondureño debe mostrar con hechos su compromiso con la protección de los Derechos Humanos del pueblo hondureño.

 

Enviado a SURCOS Digital por Coecoceiba.

De lo electoral y del disfraz de policía

Por Carlos Meneses Reyes

 

Este pasado fin de semana recibí llamada de una vieja amiga, indicándome, sobresaltada, que su nietecillo, de escasos cinco años, había escogido como disfraz para festejar la noche de las brujitas, el de Policía. Que a diferencia de sus primos él no escogió a ninguno de los rete conocidos personajes de los comics. Su angustia radica en que fue criada en un ambiente en que la palabra policía no era mencionada en su casa; debido a que el papá de su mamá, un liberal de traca-mandaca, fue asesinado por la policía chulavita, durante la violencia liberal – conservadora (1946-1957). Su mamá le infundió una especie de temor, más que de odio e impotencia y ella creció, con ambos sentimientos encontrados.

“Voy a escribir algo al respecto y te lo envío”, fue mi respuesta a su llamada.

Conocedor de esa tradición oral transmitida y de las pláticas sobre espeluznantes temas y pasajes de la violencia aún no digeridas; ratificando que para mí, los nacidos en la década de 1940, son los comprendidos como los de la generación de la violencia; la carga histórica por el accionar político-partidista de la Policía Nacional de Colombia, pende cual constante no resarcida en muchas víctimas por el no saneamiento oportuno; ni asomo de reparación y de no repetición.

Claro está que por tratarse de una institución, proviene la defensa de la “institucionalidad” para que la réplica y contrarréplica sea el que los crímenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Policía, son hechos aislados. Pero la carga histórica, la verdad histórica, afirman lo contrario. Por más esfuerzos de “lavada de cara”, que campañas publicitarias impulsan; no se pretenda ubicar lo aquí expresado, a las manifestaciones de inaceptable agresividad como sujetos aislados y en casos reiterativos del “usted no sabe quién soy yo” y “no sabe con quién se mete” del caracterizado Nicolás Gaviria; han acosado y constreñido el papel social invaluable del agente de policía. Esas conductas de contravención y delincuenciales, son ajenas a nuestra valoración.

Al decir del inmolado camarada Manuel Cepeda Vargas: “Colombia es el país de los odios heredados” y por ende su policía nacional. Las estadísticas muestran que tratándose de crímenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupción en Colombia.

La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la población, pero parte de la verdad histórica Por ello, no es con facilismos de fórmulas descabelladas como se puede lograr la colaboración voluntaria, espontánea y solidaria de la población colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, económico, político y social.

La inteligencia ofensiva del régimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una política de seguridad de exportación con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas. Para el año de 2010, la policía colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 países. Una institución de peso específico criminal como la policía colombiana, actualmente está inhabilitada, bajo la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Público, para aplicar el principio universal del Pro Homine: Por la Humanidad.

Resulta, sí, que actualmente, la Policía no es un cuerpo de la sociedad civil preventivo, sino represivo y en pie y acción de guerra. No es de inspiración y naturaleza civilista, sino militarista. Es institución en contraria al espíritu civilista del constituyente primario Colombiano. Todo esto independientemente de los escándalos que salpica al actual Director de la Policía Nacional y de los no cerrados que mancharon a sus predecesores. No ha habido abordaje político para tratar tan álgida temática de la vida nacional.

De si existe un censismo electoral en Colombia

El pasado debate electoral ha sido extenso en su objeto de análisis, comentarios, calificaciones, explicaciones y también justificaciones. Pareciere que han explayado su saber y asimilado lo concerniente a los efectos por resultar vencedores o vencidos. Han personificado los efectos de la legalidad tanto por lo obtenido territorialmente, como lo que igual significa lograr el favor en la obtención acumulada de votación para lo de sus empeños. De esa manera, han discurrido los sucesos; pero todo sin mayor asomo de profundización de un detenido análisis a cerca del régimen electoral imperante en Colombia, tema este de por sí soslayado y por ende desplazado y/o relegado a un nivel de menor importancia y no consideración.

De manera que lo por mi esbozado en las siguientes líneas solo pretende explicar un aspecto comparativo de cómo en Colombia, pese a los adelantos de la última reforma del sistema electoral que nos rige, imperan los lastres de una práctica constante como violatoria a los principios universales que rigen una elección popular.

Parto aludiendo a la Ley 01 de 2003; por medio de la cual se extinguió la pesca de los residuos y cocientes electorales, que en el argot era conocido como la “operación avispa”; por la modalidad en que cada partido o movimiento político inscribe una sola lista, que tendrá tantos candidatos como curules existan en la corporación a que se aspira. Funciona bajo las modalidades de lista cerrada: conforme resultan elegidos en el orden inscrito y de voto preferente indicando que se elige uno de los candidatos señalados. Valga como plataforma bajo un enunciado valido y en el entendido que simplifica la mecánica de un desarrollo normal electoral: la consiente aplicación del sufragio universal, el secreto del voto personal y el depósito del voto en la urna.

De lo sucedido en la pasada jornada electoral

Pero que sucedió el pasado 25 de octubre de 2015, en que se eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, miembros de las juntas administradoras locales y asambleístas. Me he dado a la tarea de resumir y extractar lo manifestado por diversos analistas políticosy en los que se observa una constante confluyente de irregularidades, defectos y estafas, que empañaron el honrado calificativo de elecciones “limpias”.

Dice Horacio Duque Giraldo. Que las recientes elecciones locales se caracterizaron por la compra y venta de votos, el clientelismo, la corrupción, la manipulación con los presupuestos oficiales, las maquinaciones con los principales medios de comunicación y la contaminación política con las encuestas que jugaron un papel crucial en el encauzamiento del “voto útil” para favorecer los candidatos de las camarillas oligárquicas, como en el caso de la Alcaldía de Bogotá.

Transcribo lo enseñado por Luís Alfonso Mena S. Que las pasadas elecciones evidencian, una vez más, que en Colombia quien ostenta el poder económico tiene los votos y que las fuerzas alternativas difícilmente pueden hacer política electoral ante la enorme desventaja que significa enfrentar a las grandes maquinarias, es decir, a los partidos del establecimiento Los torrentes de dinero invertidos por la mayoría de los ganadores, y también por muchos de los perdedores. Mientras tanto, siguen creciendo los costos de las campañas, en parte fruto de la práctica del voto preferente que genera una feroz competencia dentro de las listas de candidatos, y el otorgamiento de avales se volvió el gran negocio de inescrupulosos, inmersos incluso en nuevos movimientos supuestamente étnicos surgidos a la luz de la Constitución, que reparten respaldos aprovechando sus personerías jurídicas, pero sin pizca de identidad ideológica y sin reparos en la idoneidad ética de los avalados. Y en acceso pagado a medios de comunicación y que requieren no solo recuperar “la inversión” (en lo local). Dejando de manifiesto el peso de las máquinas mediáticas en la generación de una opinión pública desfavorable, acicateada diariamente por un discurso estigmatizador, parcializado y falso en alto grado, no solo contra el Alcalde Distrital, sino contra la candidata Clara López.

Decía Reinson Said Sepulveda: La victoria la da el dinero, por supuesto, pero también las deslealtades. Y en Cúcuta Acevedo fue traicionado porque a los suyos les dieron más dinero de los que les dieron al candidato “vencedor” Rojas….Decía que también los electores son corruptos. En los barrios populares de Cúcuta se ofrecían celulares a cambio de votar por Acevedo.

El fallido aspirante al Concejo de Ocaña, Alejandro Gutiérrez de Piñeres y Grimaldi, acotó: No bastó exhibir buena Hoja de Vida, pues aún a estas alturas, la compra descarada de votos, las mentiras hábilmente disfrazadas, el populismo ramplón, las altas cantidades de dineros invertidos en «publicidad» política comprada, que nublan las mentes de millares de gentes necesitadas, que solo miran la solución ocasional o transitoria de una necesidad…

Citando a Hernán Gómez Buendía:»De modo que no tenemos ningún “contrato social”, sino una infinidad de contratos particulares entre cada candidato y su puñado de parientes, contratistas, busca-puestos y socios de distintos pelambres.Y así las elecciones, que habrían de ser el mecanismo para expresar y consagrar los intereses colectivos, acaban reducidas a una bolsa de empleos y de reparto del erario público”.

Y dice Yahir Contreras: las elecciones amañadas, corrompidas o financiadas por grandes sumas de dinero legal o “caliente”, e inclusive las amenazas de muerte orquestadas desde las cloacas del poder y sin duda con origen en la derecha recalcitrante amparada en paramilitarismo y sectores militaristas.

De Rebelion.org, Editorial. En las urnas. Desde Abajo. En el marco de la formalidad institucional que rige en Colombia, las más profundas fibras de una ciudadanía que por decisión oficial ha sido excluida siempre de la cosa pública, la llamada izquierda caiga en el juego y termine sometida a una agenda que no hace sino reproducir y fortalecer la formalidad y la institucionalidad existente.

Lo caracterizante

Poder económico. Compra y venta de votos. Los partidos del establecimiento como grandes maquinarias electoreras. Clientelismo. Corrupción. Manipulación de presupuestos municipales y de contratistas de obras públicas. Deslealtades. Rapiñas en el aval de preferentes. La mediática estigmatizadora. La impronta de las encuestas maquilladas al cierre electoral. El cuestionamiento por ilegitimidad. La permanencia de lo malo, lo indecente. La inversión económica para la recuperación..

Lo sucedido y no desmentido

Hubo alcaldes impuestos desde las cárceles. Por ejemplo: en Yopal, Casanare, el pueblo eligió como alcalde a un preso. En Cúcuta, un preso eligió alcalde. En Gramalote (Norte de Santander) eligieron alcalde pero no hay pueblo, pues desapareció la cabecera municipal hace años, por una tragedia ecológica. En Santander, Horacio Serpa apoyó a su otrora enemigo Didier Tavera. Rodrigo Lara y Carlos Fernando Galán, hijos de dos líderes asesinados por los cárteles del narcotráfico, avalaron a candidatos acusados de vínculos con el crimen organizado. Quienes ganaron las elecciones mostrándose o bien como empresarios o bien como gerentes, y no como políticos; tal cual pasó con el gerente urbanista Peñaloza. Candidatos por conveniencia táctica rentista como la del entrometido y cuestionado Pardo Rueda; no para ganar sí para vulnerar el voto de condescendencia liberal a Clara López. También los de prácticas gansteriles como la de un excongresista que pretendía seguir gobernando a través de su esposa y al que le fueron incautados más de doscientos mil dólares. Las elecciones como una inversión económica.

Se robaron bolsas con los votos en Tumaco. Registraduría dice que Policía no las recuperó todas. Harán escrutinio para Alcaldía con las que encontraron.

En Ocaña paquete de tarjetones se encontraron en la basura. Aunque no se sabe la cifra exacta, eran para la asamblea y algunos estaban marcados. El lunes por la mañana, una recicladora madrugó a recoger los desechos que quedaron de la jornada “democrática” en el Colegio José Eusebio Caro, Centro principal de votación para 25.000 electores, en el casco urbano del municipio, cuando se encontró en una de las cajas que sirvieron para depositar los votos, con un paquete de tarjetones enrollados. Se deduce que los jurados, como es su competencia, no hicieron el escrutinio correspondiente o para algo se prestaron…La casa García Zuccardi y varios parapolíticos estarían detrás del nuevo alcalde Cartagena. Disturbios en Suan (sur del Atlántico) por el resultado de las elecciones. Querían prenderle fuego a la Alcaldía y a la Registraduría. Que la votación masiva en Barranquilla obedeció a la corrupción al sufragante, voto fraudulento, ocultamiento y retención de cédula. Los pobladores del municipio de Bojayá (Chocó) se tomaron la Alcaldía luego de conocer los resultados del domingo; quemaron el material electoral y exigen que se repitan las elecciones.

La Registraduría Nacional confirma que ocho funcionarios de la entidad fueron detenidos en desarrollo de la pasada campaña política y que acertó golpe a la trashumancia. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Sincelejo requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que cumpliera con la medida provisional impuesta en octubre 15 del presente año y que no ha sido acatada, la cual consiste en incluir en el tarjetón a la lista de aspirantes del grupo de ciudadanos ‘Por Morroa Sí se Puede’.

Del paso a seguir

Indiscutiblemente y conforme a la ambientación de lo debatido y a acordarse en La Mesa de La Habana en relación con el punto primero de participación en política, por parte de la insurgencia, queda mucho por desearse ante la realidad de un sistema electoral moderno, actualizado y garante de imparcialidad en Colombia.

Históricamente muchos grupos de la población fueron excluidos de las votaciones. Rememorando a la antigua Atenas no le era permitido a las mujeres el ejercicio de participación, como tampoco los extranjeros, parias y esclavos tenían derecho al voto. Aristóteles justificaba la esclavitud. La constitución original de los Estados Unidos de América permitía el voto solo a hombres blancos y propietarios, mediando el éxito el Movimiento por los Derechos Civiles en estados Unidos para obtener la participación al sufragio libre y universal. Fue la lucha femenina por el sufragio la que entregó a las mujeres el derecho a Votar. En Colombia el logro alcanzado fue producto del populismo de derecha militarista de los sempiternos bloques excluyentes del poder.

La historia de la participación electoral va de la mano con el derecho a elegir y a ser elegido. Con la promoción del voto para sectores marginados de la sociedad y grupos excluidos, segregados y de minorías. Todavía se mantienen excluidos en algunos lugares, tales como los convictos por felonía (deslealtad, traición), miembros de ciertas minorías y desaventajados económicamente; persistiéndose en meta significativa para los derechos electorales. Aún permanece impuesto en el mundo y Colombia no es la excepción, el sistema del Censo Electoral o Padrón. Este consiste en instrumentos por medio de los cuales se escogen y determina a las personas que deben y/o pueden ejercer el voto en una determinada elección. Ello se ha erigido en arbitraria forma de desconocer el voto electoral. El peso de esta práctica consuetudinaria y legal, se impuso no solo por la mayoría de edad, la discriminación de sexo, como para los que tenían rentas altas, arbitrarios niveles de riqueza, raza, religión, etc. En algunos países impusieron la obligatoriedad del voto hasta con penas de prisión y multas por no ejercerlo.

Retomando el panorama colombiano nos encontramos ante un sistema electoral semifeudal. Se dice que fue diseñado cuando la energía eléctrica era un lujo de pocas ciudades. Con el manipuleo electoral de los contratistas “digitales”. Que satisfizo las necesidades de los caiques y politiqueros bipartidistas y que han demostrado con sus prácticas tener mayor poder e influencia sobre la Registraduria Nacional. Desconoce el avance tecnológico y electrónico predominante. Lo imperioso del control estatal total en el desarrollo electoral, asumiendo el costo único electoral y el desmonte de la danza de los millones por las cuentas de reposición electoral. Las iniciativas innovadoras han sido engavetas y archivadas.

Lo caracterizante de la pasada campaña electoral y atrás tratado en acápite especial, nos permite calificar al actual sistema electoral colombiano como de censista conforme a la categoría que lo estudian los cientistas sociales. En la práctica aplica en Colombia lo censista, cuando asistimos a la impune supremacía del dinero, la inversión económica electoral, como negocio y todo los atrás denunciado y caracterizado y que intentan reflejar las falacias de un sistema electoral ilegitimo y corrupto, que genera vergüenza ante la comunidad internacional.

Conclusión

De lo hasta aquí redactado y que conforma tan solo el inicio o asomo de temas de verdadero reto a tratar en el plano político nacional; tanto el tema de la Policía Nacional como la del Sistema Electoral, por el rango de institucionalidad que les caracteriza, nos lleva a la impostergable realidad del planteamiento de la convocatoria de una Verdadera Constituyente Popular, para la solución radical y de fondo de grandes males , como los aquí, analizados y que flagelan a la nacionalidad colombiana.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Denuncian nuevas agresiones contra indígenas de la comunidad de Salitre

La Coordinadora de Lucha Sur Sur informó que el día domingo 6 de setiembre, en Cebror, territorio indígena Bribi de Salitre:

Denuncian nuevas agresiones contra indígenas de la comunidad de Salitre3

Que en el terreno y vivienda recuperada desde hace una semana por un grupo de valientes mujeres y hombres indígenas y en el que la policía de Buenos Aires había ordenado que se mantuvieran las y los agresores no indígenas, a las 3:30 de la tarde la policía permitió que nuevamente un grupo de agresores ingresara a la vivienda y golpeara a las y los recuperadores de estas tierras.

Se informó que la policía golpeó y agredió a las y los compañeros indígenas, resultando heridos Heylin y Roxana Figueroa, Leandro Morales, entre otros.

Trascendió que hasta ser las 9:00 p.m. del 6 de setiembre, Heylin y Roxana se encuentraban en la patrulla de la policía, “rodeadas por una turba de 40 matones”, incluidos los que los agredieron. Una vez más la fuerza pública no hace nada.

Denuncian nuevas agresiones contra indígenas de la comunidad de Salitre2

Entre los policías que «custodiaban» la patrulla se encontraba Warner Vega, el mismo que permitió que los agresores ingresaran a la vivienda y dejó que golpearan a las y los indígenas recuperadores.

En el comunicado se manifestó que “todos estos actos de violencia y la violación a los derechos humanos son absoluta responsabilidad del gobierno de Luis Guillermo Solís; gobierno que durante una semana no hizo absolutamente nada y que con su incompetencia e ineptitud actuó de manera complaciente con los terratenientes agresores”.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur invitó al pueblo de Costa Rica a solidarizarse con el pueblo Bribi de Salitre y a denunciar nacional e internacionalmente a este gobierno violador de los derechos humanos.

 

 Información e imágenes tomadas de la página de Facebook https://www.facebook.com/ditso.org/posts/1155034974513671

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Más de 5,000 campesinos procesados judicialmente en Honduras

Más de 5,000 campesinos procesados judicialmente en Honduras

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más cinco mil campesinos procesados, de ellos 700 son mujeres campesinas en su mayoría por el delito de usurpación de tierra y daños a la propiedad privada, denunciaron las organizaciones campesinas hondureñas.

Las organizaciones campesinas, federaciones, confederaciones de mujeres y jóvenes miembros de la articulación campesina de honduras, (ARCAH-LVC), y representantes de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula desarrollaron una conferencia de prensa en el marco del día del Campesino Nacional, para denunciar la ola de desalojos violentos que han realizado el ejército y la policía en los últimos meses en el municipio Choloma Cortes y el departamento de la Paz.

Según el informe 11 trabajadores del campo guardan prisión y enfrentan condenas entre los 6 y 18 años de cárcel.

Los detenidos son: son Omar Mejía Gálea, Benancio Palomo Chavarría, Edgardo Hernández detenidos el 10 de Enero 2014 y miembro del Grupo Buena Vista, la brea Comayagua, Héctor David Gáleas López, Nery Antonio Gonzales, Ángel Arnaldo Martínez Márquez, Manuel Nicolás Domínguez, José David Aguilar Gáleas, Jacinto Bardales detenidos el 11 de Octubre 2013, son miembros del Grupo 18 de Abril la Pollera, Quilaperque, La Paz, Osmar Lara miembro del Grupo Campesino Unidos para un Futuro Mejor, Márcala, La Paz y José Isabel Morales (chabelo) detenido 4 de Agosto 2008 Movimiento CREM, Trujillo, Colon.

Desalojos violentos

El movimiento campesino a nivel nacional ha sido objeto en los últimos meses de represión, desalojos violentos y detenciones ilegales por miembros de la policía y el ejército, jueces y fiscales que se prestan para ejecutar desalojos violentos en contra de las familias campesinas que se encuentran en la tierra y favorecer a los terratenientes.

“Condenamos el desalojo que sufrieron esta madrugada los compañeros del grupo campesino Juan Almendares Bonilla, del sector de Planes, Santa María, La Paz, donde se destruyó sus casas y los cultivos de maíz, frijoles y café. Teniendo como resultado compañeros heridos y 15 detenidos entre ellos 9 varones 3 mujeres y 3 niños”, indicaron en un comunicado público.

“Este mismo día a las 3:00 de la mañana unos 200 miembros del ejército de la policía llegaron a la comunidad de Santa María en el departamento de Paz, y desalojaron violetamente a 30 familias miembros de la Empresa Asociativa Campesina Juan Almendares que estaban posicionados en la tierra desde hace más de cuatro años”, añadieron.

En el desalojo destruyeron cultivos, casa en las que habitaban las familias y 15 personas detenidas quienes fueron trasladas a la jefatura de policía de la Paz.

Entre los detenidos se encontraban: a Máximo Carrios, Luis Beltrán Aguilar, José Antonio Vásquez, Edi Benjamín Vásquez, Oscar Martínez, Esteban López, Héctor Emilio López Chicas, Arnold Cruz López Rodríguez. Y de inmediato salieron cinco compañeros con medidas sustitutivas; María Emérita López, Martha Dalila Vásquez, Elvin López (14 años), Jairo Joel López Chicas (15 años) y Jennifer Areli Gáleas.

Finalmente las organizaciones campesinas a nivel nacional demandaron al gobierno de Juan Orlando Hernández el cese a los desalojos violentos, persecución y asesinato en contra de líderes y lideresas campesinas, la aprobación de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, la libertad inmediata para los 16 compañeros campesinos presos en los centros penales de Tamara, Márcala y La Ceiba, Crédito agrícola para las/os pequeños y medianos productores entre otros.

Crisis alimentaria en Honduras

Honduras atraviesa una fuerte crisis agraria y alimentaria debido a que el campo dejo de ser un sector importante para los Gobiernos, pues el sistema Neoliberal definió un plan de desarrollo encaminado a fortalecer la industria de agro exportación, el sistema financiero, la minería, el turismo, la maquila entre otras la agricultura queda en el absoluto abandono.

La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos ha provocado graves consecuencias que afectan la soberanía alimentaria de forma severa, al grado que se está importando frijoles etíopes, verduras, arroz y maíz los cuales años atrás eran cultivados por las y los pequeños productores del país, lamentaron diferentes líderes campesinos.

Otro factor que agrava la crisis en el país es el Cambio Climático en el año 2014 los impactos fueron sufridos en la zona sur y otras regiones del país por más de 180 mil familias, que aún se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, porque fueron insuficientes las iniciativas del gobierno para fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar ante la sequía, que incluyó bolsas solidarias, importación de frijoles Etíopes y capacitaciones para retención, almacenamiento y limpieza de agua para consumo humano.

En la actualidad el agro hondureño enfrenta una verdadera tragedia humana, la situación en el campo se ha venido agravando cada día por la ausencia de un verdadero marco jurídico el pasado 9 de abril fue presentada al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, pero este continua durmiendo en el sueño de los justos.

Mientras el Gobierno importa frijoles etíopes, el ejército y la policía destruyen grandes extensiones de milpa, frijoles, plátano, asimismo la quema y destrucción de las casas donde habitan las familias campesinas dejándolas a la intemperie, condenaron.

 

Información y foto enviado a SURCOS Digital por Marlin Ávila, tomado de http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/m%C3%A1s-de-5000-campesinos-procesados-judicialmente?utm_source=Bolet%C3%ADn+de+Noticias%2C+9+de+marzo+2015&utm_campaign=Boletin+1&utm_medium=email

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Acuerdo para el nuevo manual de puestos Policía Profesional de Migración y Extranjería

La ANEP informa que se alcanzado un acuerdo para activar el proceso hacia el definitivo Manual de Puestos de  la Policía Profesional de Migración y Extranjería de Costa Rica.

El acuerdo permite un acompañamiento activo de las legítimas representaciones laborales (Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería y Seccional ANEP-Dirección General de Migración y Extranjería), de modo tal que podamos constatar el cumplimiento cabal del cronograma y su fase cualitativa.

Las autoridades se comprometieron a entregar como fecha máxima al 15 de febrero el documento destinado a la aprobación final por parte de la autoridad presupuestaria del manual de puestos, para que este entre en vigencia a partir del 01 de mayo del 2014.

 

Información enviada a SURCOS por ANEP.