Estimados lectores, en este artículo quisiera abordar el aspecto humanitario de la operación militar especial de Rusia en Ucrania que considero como uno de los factores claves para entender las razones de la situación actual en este país.
En primer lugar hay que recordar que Ucrania desde la desaparición de la URSS en 1991 de acuerdo con los planes de largo alcance de los gobernantes en Kiev y de sus mentores norteamericanos y europeos se venía convertiéndo en un Estado “anti-Rusia”, con la prohibición total del idioma ruso, distorsión de la historia común de nuestros pueblos hermanos e incitación al odio a todo lo ruso. Eso fue impuesto sin importar la opinión del pueblo ucraniano.
Cabe recordar que la escalada de la violencia contra los ciudadanos ucranianos de origen ruso en las regiones de Donetsk y Lugansk (Este de Ucrania) empezó en 2014 cuando la Junta de nacionalistas apoyada por grupos neonazi llegó al poder en Kiev como resultado del criminal golpe de Estado. Durante los siguientes 8 años este régimen llevando la política tàcita de genocidio mató a 14 mil conciudadanos, incluso centenares de niños en Donbass (Donetsk y Lugansk). 4 millones de personas que viven ahí han sido llamados por los gobernantes ucranianos “especie”, “basura” y “no humanos” (“subhumans”) solo por querer ser dueños en su propia casa y no someterse al régimen neonazi, así como hablar el idioma de sus padres y abuelos. En este contexto se ve muy extraño e indignante, que ni los países del Occidente, ni la comunidad internacional no juzgaban necesario reaccionar adecuadamente al exterminio por Kiev de su propia gente durante casi una década. A propósito, ¿pueden nombrar otro país del mundo donde está prohibido hablar el idioma extranjero?
Por esto no es sorprendente que exactamente este país fue utilizado por sus mentores occidentales como base para la elaboración de los componentes de las armas bacteriológicas en el material genético de la raza rusa. Los recientes descubrimientos hechos por los militares rusos en laboratorios biológicos de Ucrania (en total 30) lo evidencian claramente. Parece que las ideas de fascismo nunca han abandonado las mentes de los que quieren dominar el mundo.
Rusia se vio obligada a iniciar la operación de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania para proteger las vidas y los derechos humanos fundamentales de los habitantes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y parar su exterminio. En los primeros días de la operación se logró destruir la presa construida por los neonazis ucranianos, que bloqueó el Canal de Crimea del Norte y de esta manera restablecer el suministro de agua a los 2,5 millones de habitantes de la península de Crimea. En general la operación militar especial de hecho resultó ser una acción preventiva, tomando en cuenta los planes descubiertos del régimen de Kiev de lanzar una ofensiva amplia y feroz contra los territorios de Donbass y Crimea ruso en este mismo mes de marzo.
Quisiera recordar una vez más que la operación de Rusia no está dirigida contra el pueblo ucraniano, sino se ejecuta contra la infraestructura militar y el régimen neonazi de Kiev. Sin embargo, las fuerzas armadas y grupos radicales ucranianos están involucrando a los civiles en las acciones militares, utilizándolos como “escudo humano”, emplazando armamentos incluso pesados en las calles de las ciudades. Estas prácticas son puramente terroristas. Y como bien se sabe, con los terroristas no se negocian. Deben ser liquidados.
En vez de buscar compromisos el Gobierno ucraniano está contratando a mercenarios extranjeros y recibe cada día más armamento de los países de la OTAN. La situación se agrava por el aumento de la delincuencia como el resultado de la entrega incontrolada por las autoridades ucranianas de las armas ligeras a los civiles, a los elementos radicales y a los delincuentes liberados anticipadamente de las cárceles. La responsabilidad por estos crímenes recae por completo sobre actuales dirigentes de Ucrania.
Además, Kiev multiplica descaradamente las mentiras a su propia gente y al mundo entero. Un ejemplo elocuente son las acusaciones falsas contra Rusia del bombardeo del hospital infantil en Mariúpol, el cual en realidad fue convertido en una sede del regimiento neonazi ucraniano “Azov” después de evacuar todo el personal médico y pacientes.
La cara inhumana de las autoridades ucranianas se perfila tambièn en el ataque cruel realizado el 14 de marzo por las fuerzas armadas de Ucrania con un misil «Tochka-U» contra los civiles en el centro de la ciudad de Donetsk, donde la gente (en mayoría familiares y madres de los militares que participan en las hostilidades) fue convocada a través de las redes sociales para un mitin pacífico. Más de 20 civiles murieron, casi 30 personas, incluidos niños, resultaron gravemente heridas. Según comentó el Presidente Vladimir Putin, las autoridades ucranianas «golpean sin distinción, en las plazas, con el fanatismo y el frenesí de los condenados, como los nazis, que en los últimos días del Tercer Reich intentaban llevarse a la tumba el mayor número posible de víctimas inocentes». Los radicales en Ucrania siguen reteniendo a más de 4,5 millones de civiles ucranianos y 6,9 mil extranjeros de 21 países como rehenes, impidiendo su salida de las zonas peligrosas.
Quisiera subrayar que de su parte el Gobierno de Rusia está haciendo todo lo posible para proteger a los civiles y aliviar la situación humanitaria de la población ucraniana. Exactamente por esta razòn las tropas rusas no avanzan rapidamente destruyendo todo a su paso. Hay que recordar que siempre estamos abiertos al diálogo y uno de los objetivos centrales de las negociaciones ruso-ucranianas sigue siendo la coordinación de los corredores humanitarios. Desde finales de febrero el Ministerio de Defensa ha establecido una línea directa para resolver las cuestiones humanitarias relacionadas con la operación militar especial de Rusia en Ucrania, incluidas las solicitudes relativas a la evacuación de civiles. La respectiva base de datos ya incluye a 2,7 millones de personas que desean ser evacuadas, la mayoría hacia la Federación de Rusia. Más de 346 mil personas ya han sido evacuadas por las fuerzas rusas. El 8 de marzo los militares rusos organizaron la evacuación de la región de Jersón por ferrocarril más de 250 ciudadanos de Turquía, Ucrania, Egipto, Azerbaiyán, Pakistán, Suecia, Italia, Brasil, Marruecos y la India. Rusia entregó 4,3 mil toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. Además, se tomó la decisión que todos los estudiantes extranjeros, quienes no tienen posibilidad de graduarse en Ucrania, van a ser admitidos a las universidades rusas.
Para finalizar este artículo quisiera responder a la pregunta que está colgada en el aire: “¿Qué sucederá después?” Las atrocidades cometidas por la junta neonazi en Kiev y sus batallones neofascistas contra su pueblo no quedarán impunes. Estoy seguro: “A los culpables les espera un nuevo Nuremberg”.
Estimados lectores, todos los pueblos merecen vivir en paz, sin miedo constante de ser matados. La población civil de las regiones de Donetsk y Lugansk no tuvo esa oportunidad durante últimos 8 años. Ha llegado el momento de acabar con el genocidio y poner fin al sufrimiento de nuestros hermanos. No hay duda de que el neofascismo será derrotado y Rusia hará todo lo posible para que los pueblos rusos y ucranianos vivan en paz y buena vecindad.
A.N.Khokhólikov es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Nicaragua y concurrente en la República de El Salvador y la República de Honduras.
A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho, UCR
Como bien se sabe, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) constituye la máxima instancia jurisdiccional dentro del organigrama de las Naciones Unidas, la cual está llamada a resolver las controversias entre dos o más Estados (véase el sitio oficial).
A solicitud de Ucrania (véase el texto de la demanda presentada contra Rusia el pasado 26 de febrero del 2022), la CIJ celebró el 7 de marzo del 2022 unas audiencias públicas en La Haya. Este procedimiento contencioso de Ucrania contra Rusia ante el juez internacional fue iniciado pocos días después de la agresión militar rusa en territorio ucraniano.
Esta demanda, reforzada con una solicitud de medidas provisionales presentada en la misma fecha (véase el texto) a la CIJ, se viene a añadir a otra demanda presentada por Ucrania contra Rusia en el 2017 y que aún está pendiente de resolución.
En efecto, pese a la presentación de excepciones preliminares por parte de Rusia tendientes a que la CIJ no se declarara competente, el juez internacional se declaró competente a finales del 2019 (véase la sentencia sobre excepciones preliminares del 8/11/2019). Y una ordenanza de octubre del 2021 (véase el texto) fijó los plazos de presentación de los alegatos escritos en segunda ronda al 8 de abril (réplica de Ucrania) y 8 de diciembre (dúplica de Rusia).
En las afueras del Peace Palace en La Haya, personas se manifestaron en contra de la agresión rusa en Ucrania. Imagen extraída de esta nota de prensa de la DW.
Una muy breve puesta en contexto
La celeridad con la que se convocaron estas audiencias públicas en La Haya el pasado 7 de marzo se explica debido a la precitada solicitud de medidas provisionales presentadas —de carácter urgente, como toda medida provisional— por Ucrania contra Rusia (véase el texto en inglés) en la que Ucrania concluye sus argumentos pidiendo a la CIJ:
«20. On the basis of the facts set forth above, and in order to prevent irreparable prejudice to the rights of Ukraine and its people and to avoid aggravating or extending the dispute between the parties under the Genocide Convention, Ukraine respectfully requests that the Court indicate the following provisional measures:
a. The Russian Federation shall immediately suspend the military operations commenced on 24 February 2022 that have as their stated purpose and objective the prevention and punishment of a claimed genocide in the Luhansk and Donetsk oblasts of Ukraine.
b. The Russian Federation shall immediately ensure that any military or irregular armed units which may be directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, take no steps in furtherance of the military operations which have as their stated purpose and objective preventing or punishing Ukraine for committing genocide.
c. The Russian Federation shall refrain from any action and shall provide assurances that no action is taken that may aggravate or extend the dispute that is the subject of this Application, or render this dispute more difficult to resolve.
d. The Russian Federation shall provide a report to the Court on measures taken to implement the Court’s Order on Provisional Measures one week after such Order and then on a regular basis to be fixed by the Court».
Traducción oficial en francés (véase el texto de la misma Secretaría de la CIJ):
«a) La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires commencées le 24 février 2022 ayant pour but et objectif déclarés la prévention et la répression d’un prétendu génocide dans les oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk.
b) La Fédération de Russie doit veiller immédiatement à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne prenne de mesures en soutien aux opérations militaires ayant pour but et objectif déclarés la prévention et la répression d’un génocide que commettrait l’Ukraine.
c) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend qui constitue l’objet de la requête ou d’en rendre le règlement plus difficile, et donner des assurances à cet égard.
d) La Fédération de Russie doit rendre compte à la Cour des mesures prises pour exécuter l’ordonnance en indication de mesures conservatoires dans un délai d’une semaine à compter de la date de celle-ci, puis à intervalles réguliers, dans les délais qui seront fixés par la Cour».
Como bien es sabido, la gravedad de lo que ocurre, la extrema urgencia y el carácter irreversible de los daños causados constituyen los verdaderos «motores» de una solicitud de medidas provisionales al juez internacional. Es en función de la forma en la que se presentan (y del grado de convencimiento que llegue el Estado a comunicar a cada uno de los 15 jueces) que la respuesta del juez de La Haya puede ser rápida y positiva.
A modo de ejemplo, si un Estado acude en contra de otro Estado ante la CIJ, alega extrema gravedad de lo que ocurre y sus autoridades califican que son víctimas de una «agresión» e «invasión», pero no rompen relaciones diplomáticas con el Estado infractor, el juez internacional en La Haya puede interpretar que la supuesta gravedad no es tal, e inferir que la alegada urgencia tampoco amerita mayor celeridad de su parte. Esta situación tan extraña se dio en el 2010 en Centroamérica entre Costa Rica y Nicaragua (Nota 1).
En el caso de Ucrania, en el que los calificativos de «agresión» y de «invasión» corresponden perfectamente a lo que se observa (pese a la denominación oficial rusa que sostiene que se trata simplemente de una «operación militar especial»), sus autoridades optaron por romper inmediatamente sus relaciones diplomáticas con Rusia el mismo 24 de febrero del 2022.
La no comparecencia de Rusia: algunas preguntas
La Convención contra el Genocidio de 1948 es el instrumento internacional escogido como base de competencia utilizada por Ucrania en este nuevo caso registrado ante la justicia de La Haya (véase el texto en castellano). Debido a que Rusia es Parte a esta convención internacional (véase el estado oficial de firmas y ratificaciones) y justifica oficialmente su accionar en Ucrania desde el pasado 24 de febrero so pretexto, entre varios argumentos, de la existencia de un supuesto «genocidio» cometido en Ucrania contra las poblaciones prorrusas en las regiones de Luhansk y Donetsk, era importante para la CIJ escuchar de parte de Rusia la información sobre el alcance de semejante afirmación hecha por las máximas autoridades rusas.
En su comunicado de prensa (véase el texto en francés y en inglés), la CIJ señala que:
«Oral arguments were presented by Ukraine. The Russian Federation did not participate in the hearing. In a letter sent on Saturday 5 March 2022, the Russian Federation informed the Court that it “ha[d] decided not to participate in the oral proceedings due to open on 7 March 2022”.
¿Cómo explicar que Rusia no quiera ahondar sobre este supuesto «genocidio» (término utilizado por sus máximas autoridades) para justificar ante la opinión pública internacional (como lo hace ante la misma opinión pública rusa) su denominada «operación militar especial» en Ucrania?
¿Cómo entender que, ante el repudio generalizado contra su acción militar, Rusia desdeñe la prestigiosa barra de La Haya para explicarse ante el mundo, y de paso sentar las responsabilidades de las autoridades de Ucrania por este supuesto «genocidio»?
¿Estará Rusia previendo desde ya que sus argumentos no resistirían a un debate contradictorio ante el juez internacional frente a los de Ucrania? Estas son algunas preguntas, muy sencillas, que dejaremos planteadas a nuestros estimables lectores. A manera de orientarlos en los complejos aspectos legales que conlleva esta acción rusa en territorio ucraniano, recomendamos la lectura de un reciente artículo que concluye sin mayor contemplación que:
«… the illegality of the recognition of Luhansk and Donetsk Oblasts of Ukraine as states is manifest both in terms of fact and law. This clear finding is amplified by Russia’s reliance on its manifestly unlawful recognition of both entities as a key element of the attempt to justify the wholesale invasion of Ukraine» (Nota 2).
Es de notar que la red de Facebook de la Embajada de Rusia en La Haya, sumamente generosa y activa en proveer al público declaraciones oficiales en estas últimas semanas, se ha mantenido totalmente muda sobre este episodio ante el juez internacional de La Haya (véase el sitio).
No comparecer y no informar: algunos bemoles sobre el silencio
La no comparecencia ante la CIJ no debe entenderse necesariamente como un silencio total del Estado no compareciente, tal y como lo vimos en el reciente caso de Guyana contra Venezuela (Nota 3). Rusia envió un documento de 33 páginas a la CIJ refutando de manera bastante aproximativa la posición de Ucrania (véase el documento). Si se revisa con detenimiento este escrito, se compone en realidad de seis páginas, acompañadas de 27 páginas de anexos (el principal es una larga carta del presidente de Rusia con fecha del 24/02/2022 en sus versiones oficiales en inglés y en ruso).
En el punto 20 del escrito ruso, leemos que el concepto de «genocidio» es un término que debería, según Rusia, conllevar distintas acepciones y que el «genocidio» al que refiere Rusia no necesariamente refiere a lo estipulado en la Convención de 1951 sobre Genocidio:
«20. A reference to genocide is not equal to the invocation of the Convention or the existence of a dispute under it, since the notion of genocide exists in customary international law independently of the Convention. lt also exists in national legal systems of States including in the Russian Federation and Ukraine. There are no references to the Convention in the statement of the President of the Russian Federation to which the Government of Ukraine refers».
Como profesor de derecho internacional público, puedo simplemente decir que en el pasado Rusia nos había acostumbrado a elaboraciones mucho más sólidas en aras de justificar, desde la perspectiva del derecho internacional público, sus acciones.
Es posiblemente la primera vez en muchos años que asistimos a semejante improvisación a la hora de justificar legalmente su accionar en Ucrania. Al respecto, cabe señalar que, si bien la acción militar rusa en Ucrania pareciera responder a una estrategia muy planificada y preparada, la defensa legal no pareciera inscribirse en esta misma dinámica, por razones que sería de sumo interés conocer. ¿Será que Rusia nunca previó que Ucrania iba a acudir de inmediato al juez internacional y que la demanda en La Haya tomó totalmente desprevenido a su aparato diplomático? Esto resultaría sumamente sorprendente, por lo que nos permitimos lanzar esta pregunta al aire: «Что случилось, господин Лавров?».
Foto de las audiencias públicas realizadas el 7 de marzo del 2022 en La Haya, a las cuales Rusia optó por no comparecer. Imagen extraída de esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas.
La no comparecencia en un procedimiento contencioso ante el juez de La Haya
Desde la perspectiva estrictamente jurídica, cabe precisar que, procesalmente hablando, la no comparecencia de uno de los dos Estados en un procedimiento contencioso ante la CIJ no afecta mayormente la marcha de este. Se considera que, si la oportunidad de defender su punto de vista y presentar sus contraalegatos es desaprovechada por uno de los dos contendores, ello no tiene por qué afectar el procedimiento en sí y mucho menos dilatarlo.
Bien lo sabe Estados Unidos que, luego de que la CIJ se declarara competente en el marco de la demanda presentada por Nicaragua en su contra (véase los detalles del caso, así como la sentencia de 1984 sobre excepciones preliminares), optó por no comparecer más en La Haya (Nota 4).
Ese acto de rebeldía en nada influyó, las acciones militares y paramilitares de EE. UU. contra Nicaragua fueron condenadas de manera contundente por la CIJ (véase la voluminosa sentencia de la CIJ sobre el fondo de 1986).
En 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios y nunca, desde La Haya, se le pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991).
En estas recientes audiencias públicas celebradas en La Haya (véase verbatim del 7/03/2022), se lee que el presidente de la CIJ externó al inicio de la audiencia su pesar por que la delegación de Rusia no compareciera:
«The Court regrets the non-appearance of the Russian Federation in these oral proceedings. In this regard, I note that, in accordance with the Rules of Court, the specific dates for these oral proceedings were set in light of the urgency of the request for provisional measures and in order to enable the Respondent to be represented at the hearing» (página 8).
La reiteración de los argumentos de Ucrania
La solicitud de medidas provisionales a la CIJ por parte de Ucrania es del 26 de febrero. Ucrania pudo así detallar mejor sus argumentos legales y referir a la dramática situación que se vive en Ucrania desde esta fecha, así como a las afirmaciones y declaraciones oficiales hechas por Rusia al intentar justificar su accionar.
Al no estar presente la delegación de Rusia en la majestuosa Sala de Audiencias del Peace Palace en La Haya, no se requirió de una segunda ronda de alegatos (como usualmente se da entre dos Estados en audiencias en La Haya) y, en vez de dos días de debate, este último se concluyó en uno solo.
En su presentación ante los jueces de La Haya, uno de los asesores legales de Ucrania, Jean Marc Thouvenin, indicó que:
«A cet égard, Madame la présidente, l’Ukraine relève que la Russie a décidé de ne pas se présenter devant vous, sans donner la moindre justification. Je note que dans d’autres affaires la Russie a défendu bec et ongles que vous n’aviez pas compétence. Aussi volubiles que furent alors ses adroits avocats, ici la Russie se tait. Vous y verrez la reconnaissance par la Russie qu’elle ne saurait contester la compétence prima facie de votre Cour. L’Ukraine est également de cet avis» (página 17).
Se lee además que para otra asesora de Ucrania, Marney L. Cheek:
«25. Ukraine has a right under the Convention not to suffer from Russia’s misuse and abuse of the treaty. Specifically, Ukraine has a right under the Convention not to suffer aggression, war crimes and crimes against humanity undertaken by the Russian Federation in order to prevent and punish a non-existent genocide. Certainly, in light of the Convention’s object and purpose and the Russian Federation’s obligation to perform the treaty in good faith, Ukraine’s rights are at least plausible and grounded in “a possible interpretation” of the Convention, which is all that the Court must find at this stage for provisional measures to be appropriate» (páginas 47-48).
Finalmente, en su intervención, el asesor de Ucrania Harold Hongju Koh concluyó su argumentación señalando que:
«President Putin’s short game is force. The world’s long game is law. For the other institutions to do their job, inside and outside the United Nations system, first you must do yours. The Court’s limited role at this juncture is to order the urgent measures of protection that we request that would enable the Convention and the broader United Nations system of which it is a part to work as intended. 39. But if this Court does not act decisively against this level of aggression and atrocity, based on outrageous abuse of one of the world’s most important human rights treaties, rest assured this would not be the last such case. Putin’s aggression and atrocity would not end with Ukraine. If this Court cannot decisively order Russia to stop its military actions, grounded in flagrant abuse of and disrespect for the Genocide Convention, why should any Permanent-5 United Nations Member see international law as a meaningful obstacle to whatever it might perceive as “necessary military action?» (página 68).
Se recomienda la lectura detallada del acta de estas audiencias (véase verbatim, de unas 70 páginas), redactada en los dos únicos idiomas oficiales que usa la CIJ en su labor: el francés y el inglés. En efecto, contiene una gran cantidad de información que ahora los integrantes de la CIJ deberán examinar y valorar.
Los jueces deberán ponderar cada uno de los argumentos de Ucrania y contraponerlos con los que se encuentran en las precitadas seis páginas (véase el texto y su traducción al francés) de los alegatos de Rusia. Sobre estos últimos, al no haberse realizado un procedimiento contradictorio en el que el Estado demandado responde a cada uno de los argumentos del Estado demandante, con una segunda ronda de alegatos y de contraalegatos, se puede adelantar desde ya que las únicas seis páginas enviadas resultan sumamente débiles para sostener la defensa jurídica de Rusia.
Una acción en La Haya en medio de otras acciones que ofrece el derecho internacional
Dada la evidente superioridad militar de Rusia y la dramática situación que se vive en su territorio desde el pasado 24 de febrero, Ucrania está haciendo uso de todos los mecanismos y herramientas a los que puede acudir cualquier Estado Miembro de Naciones Unidas, en particular cuando es agredido militarmente por otro Estado.
El hecho de que este último sea un Estado Miembro Permanente del Consejo de Seguridad no afecta en nada la acción legal en La Haya. De igual manera, podemos afirmar que Nicaragua no se dejó nunca impresionar por Estados Unidos en los años ochenta, titular de esta misma calidad.
Considerando la urgencia de la situación, y la falta de contraargumentación de Rusia, es posible que, en cuestión de pocos días, la CIJ ordene a Rusia algunas de las medidas provisionales solicitadas por Ucrania.
Usualmente, en el marco de un procedimiento contencioso en el que ambas Partes comparecen, la CIJ ordena medidas provisionales en cuestiones, sea de días, de semanas o a veces de meses, dependiendo del grado de convencimiento de sus integrantes sobre la «urgencia» alegada.
La «urgencia» más larga en ser parcialmente declarada como tal por la CIJ en su historia fueron las medidas provisionales solicitadas por Costa Rica contra Nicaragua en el 2010, presentadas formalmente a la CIJ el 18 de noviembre del 2010 (véase el texto, suscrito por un funcionario subalterno). La CIJ adoptó su ordenanza al respecto tan solo el 8 de marzo del 2011 (véase el texto) (Nota 5).
En relación con la agresión militar de Rusia a Ucrania, es de notar que, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (47 Estados Miembros), se aprobó el pasado 4 de marzo crear un mecanismo de investigación sobre las graves violaciones al derecho internacional humanitario que están cometiéndose por parte de las fuerzas militares rusas desde el pasado 24 de febrero (véase el texto de la resolución adoptada con el voto en contra de Rusia y de Eritrea).
A la vez, el 2 de marzo del 2022, la misma Asamblea General de Naciones Unidas (193 Estados Miembros) fue la que aprobó una resolución con 141 votos a favor, 5 en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 abstenciones (véase nuestra breve nota al respecto).
Este 16 de marzo, la bandera de Rusia cesó de ondear en Estrasburgo, al materializarse el procedimiento de exclusión iniciado por el Consejo de Europa el 25 de febrero (véase el comunicado de prensa oficial del Consejo de Europa del 16/03/2022).
En lo que atañe esta vez a la responsabilidad penal que podrían, a título individual, enfrentar algunos altos funcionarios en Rusia, diversos hechos (las imágenes de civiles huyendo de los bombardeos rusos, el creciente número de muertes de civiles reportadas por Ucrania y por agencias de Naciones Unidas, la destrucción de infraestructura básica en pleno invierno (agua, gas, electricidad)), llevaron a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 28 de febrero del 2022 a iniciar una investigación preliminar (véase el comunicado de prensa).
El 1.° de marzo, Canadá comunicó que iniciaría formalmente una solicitud a la CPI en este sentido con otros Estados Parte al Estatuto de Roma de 1998 (véase el comunicado de prensa canadiense). El 2 de marzo, la CPI anunció haber recibido una solicitud conjunta firmada por 39 Estados, entre los cuales están Colombia y Costa Rica, de América Latina (Nota 6). El pasado 9 de marzo, Japón (véase la carta) solicitó ser añadido en esta lista.
Cabe recordar que, en noviembre del 2016, Rusia retiró su firma al Estatuto de Roma, instrumento internacional que crea la CPI. Al analizar esta acción unilateral (inspirada en una muy similar realizada por Estados Unidos en el 2002), habíamos señalado que:
«El anuncio hecho por las máximas autoridades rusas /…/ se da 24 horas después de la presentación del informe anual de la Fiscalía de la CPI sobre investigaciones preliminares a su cargo /…/, en el que se menciona la situación de las investigaciones en curso en Georgia así como en Ucrania» (Nota 7).
Crímenes de guerra y atrocidades de todo tipo contra poblaciones civiles y protección a los responsables mediante el uso del derecho a veto en el Consejo de Seguridad
El pasado 11 de marzo, en su comunicado oficial (véase el texto), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó que:
«Civilians are being killed and maimed in what appear to be indiscriminate attacks, with Russian forces using explosive weapons with wide area effects in or near populated areas. These include missiles, heavy artillery shells and rockets, as well as airstrikes. Schools, hospitals, and kindergartens have been hit – with hugely devastating consequences».
Como se ha indicado, el hecho de que la situación en Ucrania sea objeto del veto de Rusia en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en nada impide que otras vías institucionales y legales sean exploradas dentro del mismo sistema de Naciones Unidas.
Al respecto, cabe notar que desde el 2014, Francia y México han buscado implementar una iniciativa diplomática tendiente a prohibir el uso del veto por parte de los cinco Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad cuando se cometan graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (véase la nota de la cancillería de México y la nota de la Embajada de Francia en México del 2014, así como este comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas del 2015).
Originada por el drama vivido en Siria en el 2013, y el veto ejercido por Rusia en el seno del Consejo de Seguridad, esta iniciativa se sigue discutiendo, y posiblemente este nuevo drama humano en Ucrania evidencie la urgente necesidad de hacerla realidad. Un drama no muy alejado al que viven también, con cierta recurrencia, los habitantes de Gaza en Palestina, objeto de bombardeos en zonas altamente pobladas por parte de aviones de combate de Israel.
Lo que tal vez no contemplaban ni Francia ni tampoco México desde el 2014, y que ameritará nuevos debates, es que las exacciones contra civiles pudieran ser realizadas por las fuerzas armadas de un Estado que ostenta la calidad de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad.
En relación con este último punto, cabe precisar que Rusia ostentaba la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el momento preciso en el que sus tropas ingresaban al territorio de Ucrania (una Presidencia que se extendió del 1.° hasta el 28 de febrero del 2022).
A modo de conclusión
Ante las desgarradoras imágenes de lo que se vive en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, la comunidad internacional ha denunciado la violación flagrante de principios básicos enunciados desde 1945 en la misma Carta de Naciones Unidas. Contrariamente a lo oído y leído, esta crisis originada por Rusia en Ucrania evidencia una cohesión en el uso del derecho internacional público que muy raramente se ha observado en el pasado.
En efecto, a diferencia de muchas otras situaciones en las que un Estado es agredido militarmente por otro Estado, Ucrania puede contar con aliados que han activado las diversas instancias internacionales existentes, y que recurren a mecanismos de sanción económica y comercial jamás registrados en el pasado en aras de frenar los ímpetus de Rusia en Ucrania y de obligarla a reconsiderar su accionar.
A su vez, el aparato diplomático de Ucrania acude a las opciones legales y a los marcos institucionales que ofrece el derecho internacional público (que Rusia pareciera ahora querer hacer a un lado o, simplemente, ignorar o burlar de manera grosera). Sobre este último punto, resulta de interés señalar que, en su carta de renuncia, uno de los asesores legales de larga data de Rusia ante el juez internacional de La Haya, el jurista francés Alain Pellet, señaló en el último párrafo que:
«I have enjoyed working with you to defend the interests of your country, which I love dearly. I appreciated that while defending them together, we could exchange freely on the limits not to be crossed. I have seen the scruples of some of you and understood the unwavering commitment of others. But enough is enough. Yesterday I sent my letter of resignation to the competent authorities: lawyers can defend more or less questionable causes. But it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it
/
J’ai aimé travailler avec vous pour la défense des intérêts de votre pays, que j’aime profondément. J’ai apprécié que tout en les défendant ensemble, nous puissions échanger librement sur les limites à ne pas franchir. J’ai constaté les scrupules de certains d’entre vous et compris l’engagement sans faille d’autres. Mais, trop c’est trop. J’ai adressé hier ma lettre de démission aux autorités compétentes : des avocats peuvent défendre des causes plus ou moins discutables ; il est impossible de représenter dans des enceintes vouées à l’application du droit un pays qui le méprise si cyniquement» (véase la carta publicada en inglés en el sitio EJIL-Talk y en francés en su sitio personal).
Como es previsible, el pasado 16 de marzo, la CIJ respondió afirmativamente a la solicitud de medidas provisionales solicitadas por Ucrania. En su ordenanza (véase el texto en francés y en inglés), la CIJ ordena a Rusia suspender de inmediato todas sus operaciones militares iniciadas el pasado 24 de febrero en el territorio de Ucrania por una mayoría de 13 votos y dos en contra (el juez ruso y la jueza china).
La urgencia de la situación y el carácter irreversible de los daños causados por Rusia en lo relativo a las vidas humanas, a la integridad física y mental, así como a los bienes y al ambiente en Ucrania, así lo ameritan. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota sobre esta importante ordenanza de la CIJ.
Se puede adelantar que esta ordenanza leída en La Haya el 16 de marzo del 2022 constituye también un primer peldaño de una larga batalla judicial por venir, tendiente a obtener reparaciones e indemnizaciones de parte de Rusia por los graves daños ocasionados a Ucrania (una intención muy similar a la que tuvo Nicaragua en 1984 ante los jueces de CIJ, por la destrucción propiciada, financiada, orquestada y asesorada por Estados Unidos en su territorio a través de la denominada «contra» nicaragüense).
Notas
Nota 1: Sobre este interesante caso que no tiene mayor precedente en la historia de la CIJ, remitimos al recuadro sobre expresiones oídas de un lado del Río San Juan contrapuestas con expresiones que debieron ser usadas por estas mismas autoridades (y que no lo fueron). Véase BOEGLIN N., «Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa Rica y Nicaragua: perspectiva histórica, política y legal», Volumen 24, Revista Estudios (UCR), 2011, página 14. Artículo disponible en este enlace.
El origen de la controversia entre ambos ribereños del Río San Juan a partir de octubre del 2010 se encuentra en un error en un mapa de la empresa Google Earth que fue luego rectificado (véase la nota de prensa que reproduce el mapa erróneo y el mapa corregido).
Es la primera vez en la historia de la CIJ que un error cartográfico en un mapa de una empresa privada da lugar a una crisis diplomática que concluye con una sentencia del juez internacional (la cual fue dada a conocer en diciembre del 2015).
A pesar de que esta crisis inició en octubre del 2010, fue hasta agosto del 2013 que un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció la diferencia existente entre diversos términos (lo hizo en una de las primeras preguntas realizadas por la reconocida periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR). Él admitió públicamente que, desde el punto de vista jurídico, «agresión» e «invasión» no aplicaban a la situación acaecida en isla Portillos (véase el video disponible en YouTube, del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR). No obstante, el consultor-funcionario justificó ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión», según sus propios términos «para que la gente entienda» [sic] (minuto 7:23).
En diciembre del 2015, la CIJ rechazó o desestimó varias de las petitorias de Costa Rica tendientes a condenar a Nicaragua por actos de hostilidad, empleo de la fuerza y ocupación militar de su territorio (véanse los párrafos 95, 97 y 99, de su decisión). Sobra decir que estos y otros párrafos de la sentencia de la CIJ fueron pasados por alto por muchos analistas en Costa Rica.
Nota 2: Véase WELLER M., «Russia’s Recognition of the ‘Separatist Republics’ in Ukraine was Manifestly Unlawful», EJIL-Talk, edición del 9/03/2022, disponible en este enlace.
Nota 3: El último caso de un Estado que opta por la no comparecencia ante la CIJ es Venezuela (por la demanda en su contra planteada por Guyana en el 2018). Tuvimos en el 2019 la oportunidad de analizar su posición y de advertir del riesgo de esta estrategia escogida, que significaba para Venezuela no presentar la totalidad de sus contraargumentos ante el juez de La Haya (véase la nota). En el 2020, la CIJ se declaró competente para conocer el fondo de la demanda (véase nuestra breve nota al respecto titulada «Guyana / Venezuela. Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente», publicada en varios medios de prensa y sitios jurídicos especializados como Ius360, así como el DiarioConstitucional en el que nos permitimos señalar que:
«En una anterior nota sobre la posición venezolana titulada «El reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella: algunos apuntes» (véase nota), habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder arrebatir los argumentos de Guyana. Ello sin considerar además el hecho que la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos jueces de la CIJ como un acto de rebeldía, que puede disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente. ¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento para que la CIJ pueda conocer de una demanda como la planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos reconocidos juristas, que conocen muy bien los alcances y las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia de un consentimiento previo del Estado demandado».
Nota 4: Es de precisar que elfallo de la CIJ sobre el fondo del 26 de junio de 1986 entre Estados Unidos y Nicaragua es considerado en la literatura jurídica especializada como uno de los mejores fallos jamás redactados por parte de los integrantes de la CIJ. Parte de esta característica se puede deber a un presidente extremadamente exigente y a un comité a cargo de la redacción de un fallo igualmente preocupado por aspectos de forma y aspectos de fondo. Pero también se puede deber al hecho de que los argumentos del demandante (Nicaragua) no encontraron objeción alguna durante el procedimiento sobre el fondo. Los jueces de la CIJ optaron, dos años después de declararse competente, por darle a cada uno el alcance requerido desde el punto de vista jurídico.
En aquella oportunidad, los jueces no desaprovecharon la ocasión (histórica) para externar a Estados Unidos su desaprobación, incluyendo una pequeña lección sobre principios muy básicos. Lo hicieron en el fallo de 1986 de la siguiente forma, que nos permitimos reproducir a continuación en ambos idiomas:
«In the present case, the Court regrets even more deeply the decision of the respondent State not to participate in the present phase of the proceedings, because this decision was made after the United States had participated fully in the proceedings on the request for provisional measures, and the proceedings on jurisdiction and admissibility. Having taken part in the proceedings to argue that the Court lacked jurisdiction, the United States thereby acknowledged that the Court had the power to make a finding on its own jurisdiction to rule upon the merits. It is not possible to argue that the Court had jurisdiction only to declare that it lacked jurisdiction. In the normal course of events, for a party to appear before a court entails acceptance of the possibility of the court’s finding against that party».
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«En l’espèce la Cour regrette d’autant plus profondément la décision de l’Etat défendeur de ne pas participer à la présente phase de la procédure qu’une telle décision est intervenue après que les Etats-Unis eurent pleinement participé aux procédures sur les mesures conservatoires et sur la compétence et la recevabilité En effet, en ayant pris part à l’instance pour plaider l’incompétence de la Cour, les Etats-Unis reconnaissaient par là à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence pour statuer au fond. Il n’est pas possible de prétendre que la Cour n’était compétente que pour se déclarer incompétente. La comparution devant une juridiction implique normalement l’acceptation de la possibilité d’être débouté» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986).
Nota 5: A manera de tener idea sobre los plazos de la CIJ para ordenar medidas provisionales, referimos a algunos casos de interés (lista no exhaustiva). En el diferendo territorial Burkina Faso / Mali, la solicitud enviada “telefónicamente y vía telegrama” por Burkina Faso el 30 de diciembre de 1985 fue acogida y ordenada por la CIJ el 10 de enero de 1986 (véase el texto). En el caso Breard (Paraguay contra Estados Unidos), relativa a la ejecución de un ciudadano paraguayo, Paraguay interpuso una solicitud de medidas provisionales el 3 de abril de 1998 contra EE. UU. y el 9 de abril de 1998 la CIJ las ordenaba solicitando la suspensión inmediata de la ejecución de la pena capital (véase el texto). Notemos que Nicaragua, en su histórica hazaña judicial contra EE. UU. (1984), logró que la Corte le acordara las medidas provisionales solicitadas el 9 de abril de 1984, un mes después (10 de mayo de 1984), tendientes a suspender las operaciones paramilitares perpetradas con asistencia y/o ayuda de EE. UU. en contra de su territorio (véase el texto). En materia ambiental, Australia solicitó medidas a la CIJ el 9 de mayo de 1973 y esta ordenó (por 8 votos contra 6) a Francia suspender sus ensayos nucleares el 22 de junio de 1973 (véase el texto de su ordenanza). En el caso Argentina contra Uruguay (caso de contaminación por plantas de producción de celulosa), Argentina solicitó medidas provisionales el 4 de mayo del 2006 a la CIJ, las cuales le fueron rechazadas (14 votos contra 1 en el seno de la CIJ) el 13 de julio del 2006 (véase ordenanza).
«On 1 March 2022, the Office received a State Party referral from the Republic of Lithuania. On 2 March 2022, the following coordinated group of States Parties submitted a joint referral: Republic of Albania, Commonwealth of Australia, Republic of Austria, Kingdom of Belgium, Republic of Bulgaria, Canada, Republic of Colombia, Republic of Costa Rica, Republic of Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Kingdom of Denmark, Republic of Estonia, Republic of Finland, Republic of France, Georgia, Federal Republic of Germany, Hellenic Republic, Hungary, Republic of Iceland, Ireland, Republic of Italy, Republic of Latvia, Principality of Liechtenstein, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, New Zealand, Kingdom of Norway, Kingdom of the Netherlands, Republic of Poland, Republic of Portugal, Romania, Slovak Republic, Republic of Slovenia, Kingdom of Spain, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. On 7 March 2022, the Republic of North Macedonia additionally informed the Office that it wished to associate itself with the above mentioned joint referral».
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Rusia anuncia que ‘retira’ su firma del Estatuto de Roma que crea la CPI», Portal jurídico Ius360, edición del 1/12/2016, disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, UCR
En círculos académicos y políticos del mundo se desarrolla una interesante discusión a raíz de la guerra de Ucrania. Un grupo importante plantea, especialmente John Mearsheimer profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago que 2005 mantiene esa tesis, que debe prevalecer la realidad sobre otras consideraciones, la realpolitik en las relaciones internacionales, incluyendo lo que llama el “realismo ofensivo”, especialmente en lo que respecta a las grandes potencias, el “realismo de gran potencia”.
Su tesis es que las grandes potencias deben tener, necesariamente, una determinada área de influencia o esferas globales de interés, en otras palabras, que esas grandes potencias tienen derecho a una zona de seguridad.
Debido a ello existen razones suficientes de seguridad que justificarían la exigencia de Putin y Rusia a que Ucrania no tenga bases militares extranjeras, sea neutral y no se convierta en una amenaza para Rusia.
Esta es la posición sustentada también por Henry Kisinger y muchos otros estrategas, incluso militares de los EEUU.
Para ellos, la OTAN fue la que provocó la invasión de Rusia al promover el ingreso de Ucrania en ese bloque. En fin, lo que ocurre en Ucrania es culpa de Occidente, afirman.
Las grandes potencias dicen esta teoría velan por su seguridad y -consecuentemente- dividen el mundo en zonas de influencia o de interés.
Los EEUU también obraría en esa misma dirección, con lo cual tendría justificación la Doctrina Monroe, la doctrina Carter y muchas otras y también como han dicho muchos de que EEUU, por ejemplo, no permitiría un Méjico con bases militares de Rusia en su patio trasero.
Es una teoría intrínsecamente propia del imperialismo.
Según esa teoría, el enfrentamiento de las grandes potencias va a desembocar generalmente en guerras. La lógica de este pensamiento es asegurar que los responsables de la toma de decisiones en el mundo reconozcan que las grandes potencias tienen sus propios intereses y, consecuentemente, sus zonas de influencia que deben ser respetadas so pena de guerra.
Estas tesis son rechazadas por otros grupos que las consideran como una apología de las grandes potencias, que convierten la guerra en algo natural, que renuncian a las instituciones mundiales y al derecho internacional a favor de una supuesta realidad y dejan por fuera la acción de los Estados.
En estas circunstancias algunos Estados tendrían limitado su derecho y su capacidad de decisión soberana por el destino manifiesto de encontrarse en alguna zona de influencia de las grandes potencias; la soberanía sería inexistente y la competencia de sus pueblos para escoger lo que considere mejor para el país estaría anulada por encontrarse dentro del espacio de seguridad de la potencia. La pena, como ocurre actualmente en Ucrania, es quedar destrozada, aniquilada.
La moral y la legalidad son las razones para oponerse a estas teorías y para oponerse a la guerra.
La moral, porque la guerra no es la solución como se ha demostrado fehacientemente en las últimas décadas, la legalidad porque debemos respetar la decisión de los pueblos y el derecho internacional y los derechos humanos por encima de los intereses imperialistas de las grandes potencias.
En esta quinta cápsula, Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR (Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica), discute sobre el populismo de derecha y el neofascismo como contexto del conflicto armado actual entre Rusia y Ucrania, también conocido como la Guerra del Dombás.
En particular, discute sobre las elecciones costarricenses y el espectro político de los dos partidos de la segunda ronda, el Partido Liberación Nacional y el Partido Progreso Social Demócrata. Además, hace énfasis sobre el riesgo que el resultado de las elecciones podría tener sobre la institucionalidad costarricense.
El mundo teme que la humanidad esté al borde de un conflicto militar de grandes dimensiones: ¿terminal? Hoy no solo asistimos a una extrema ideologización y parcialidad en la cobertura de los sucesos en Ucrania, sino que las mentiras y la manipulación del imaginario colectivo se ven potenciados en las redes sociales y llevan a la hipertrofia de una masa informativa fuera de todo control y verificación.
Por Aram Aharonian
Una vez más, los medios de comunicación –incluyendo las redes sociales en mano de escasas corporaciones trasnacionales- actuaron de forma alevosa para generar un conflicto que sólo puede beneficiar a los vendedores de armas, las petroleras trasnacionales, que son los que han atizado el conflicto. La verdad es la primera víctima de la guerra, decía el griego Esquilo hace más de 2.500 años. Hoy sabemos que la mentira es un arma de guerra.
Los medios hegemónicos instalaron la guerra en el imaginario colectivo, cuando lo más sensato sería lamentar el conflicto por lo que éste implica en términos de sufrimiento humano y destrucción material e insistir no en la competencia por demostrar quién es el más fuerte, sino en la necesidad de una solución mediante el diálogo. Es lo que llaman la guerra híbrida, la mentira como arma y la verdad como víctima.
La frase que dice: “Gracias a internet te puedes enterar de lo que pasa en la otra parte del mundo”, queda cada vez más en evidencia que no es más que un slogan de propaganda, porque son los conflictos los que demuestran que las redes están muy lejos de ser neutrales y que pueden tomar partido a favor de quien le convenga, censurando, por ejemplo, las cuentas provenientes de Rusia.
Como siempre, la primera víctima de la guerra es la verdad. Uno de los primeros objetivos del periodismo de guerra es la llamada fatiga de la simpatía, que puede nacer fácilmente con una abundancia de malas noticias. Los medios son usados como arma de combate en la nueva guerra ideológica. El discurso hegemónico se contrapone a un sistema democrático donde la pluralidad de información y de opiniones permite a la opinión pública a tomar sus propias decisiones.
La mayoría de la información y/o publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, como si el espectador fuera un niño o un deficitario mental. Pero el uso del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar, sembrar ideas, deseos, miedos y temores, o inducir comportamientos.
De eso se trata esta nueva guerra de cuarta o quinta generación, de manipulación sicológica, primero por los estados y ahora por las corporaciones, en la que estamos insertos, pero para la que no nos preparamos.
Se debe tener en claro que el tema de los medios de comunicación social tiene relación directa con el futuro de nuestras democracias, porque la dictadura mediática ha suplantado a las dictaduras militares. Son los grandes grupos económicos quienes son dueños o usan a los medios y deciden quién tiene o no la palabra, quien es el protagonista y quién el antagonista. Y plantean una realidad virtual, invisibilizando cualquier realidad adversa a sus intereses.
Gracias a sus poderosos algoritmos que pueden segmentar lo que vemos las redes construyen opinión constantemente. Son territorios cuyos dueños responden a los intereses de Estados Unidos. En la nota que Multiviral le hizo a Esteban Magnani, el periodista deja en claro que desde su concepción todas las plataformas digitales fueron parte de un plan geopolítico estadounidense que fue iniciado en plena Guerra Fría.
Facebook tomó la decisión de censurar cuentas de noticias provenientes de Rusia como lo son Sputnik o RT, dejando en claro que condenan el accionar militar encabezado por el presidente Vladimir Putin. Pero en sus cuentas hizo caso omiso a cómo durante muchos años se financió el grupo neonazi paramilitar “Batallon Azov”.
Así lo deja en claro el documento realizado por la ONG “Centro para la Lucha contra el Odio Digital”: «Los fascistas modernos radicalizan, reclutan a sus miembros en estas redes sociales en las cuales se sientan cómodos usando las plataformas para vender productos con sus símbolos, como si fueran marcas convencionales… se le informó a Facebook sobre este problema específico hace dos años, pero no tomó ninguna medida.»
Twitter, siguiendo la misma lógica que Facebook, también tomó partido en esta disputa y decidió añadirle una etiqueta –“medios afiliados al gobierno”-a las cuentas de periodistas que están cubriendo el conflicto. Sólo etiqueta así a algunos mediosde algunos gobiernos del mundo, no a todos (ni a la mayoría) de los medios estatales no gubernamentales, tampoco a los que reciben la mayor parte de sus recursos de gobiernos para funcionar.
Martín Becerra señala que hay un obvio encuadre peyorativo en esa selección por conveniencia política. Con ello, Twitter muestra, tal vez sin quererlo, su propia «línea editorial» en la gestión de contenidos, tarea a la que alude como «moderación de contenidos”.
La pos-verdad y la no-verdad
La política de la “postverdad” se adueñó de América Latina, donde está proliferando una política sistemática de desinformación y de propaganda propia de los conflictos de baja intensidad), las guerras irregulares) o híbridas, en las que el desarrollo no es solo militar sino también económico, psicológico y propagandístico.
La manipulación informativa ha llegado a Internet y las redes sociales –que se convirtieron en escenarios de disputa y lucha ideológica donde el rumor, el bulo, la mentira y la falsedad se están convirtiendo en un ingrediente esencial – y los ciberataques son parte de la lógica de confrontación.
En el sistema de dominio imperial que rige en Latinoamérica, el discurso informativo es, al tiempo que espectacular, un discurso con frecuencia “terrorista”, legitimando y amplificando -mediante estrategias de propaganda- procesos golpistas o de intervención regional o local.
La noción “golpe mediático» hace referencia –por ejemplo- a la guerra sucia contra Nicaragua, la represión contra movimientos populares en Colombia, el golpe en Honduras, el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay, la persecución judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o el proceso judicial espurio contra Rafael Correa en Ecuador, el impeachment contra Dilma Roussef en Brasil o la manipulación informativa contra los gobiernos electos en Bolivia y Venezuela.
Estos golpes orquestados por la derecha –con financiamiento externo- buscan “domesticar a gobiernos y recolonizar América Latina”, como señala el Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Si la derecha no lo consigue mediante las urnas, apoyada por Estados Unidos, lo logrará mediante la destitución ilegal de presidentes, la privatización de empresas del Estado o la entrega de recursos naturales
Hoy en día, el valor de la información está más que nunca en cuestión. Los algoritmos o filter bubbles creados por Facebook dan a los usuarios lo que desean y, así, terminan generándoles mayor confianza que los contenidos publicados en los medios convencionales. Todo ello apunta a que el sistema mediático tradicional está cambiando… y no para mejor.
Fakes y la democracia latinoamericana
Sin dudas las noticias falsas y la desinformación –de las que hicieron gala Donald Trump y su alumno Jair Bolsonaro- suponen serias amenazas para las democracias de las Américas. Tanto si se trata de memes que alegan falsamente un fraude electoral, como de la promoción de los plátanos como cura milagrosa contra el COVID-19 en México, el bombardeo ha acelerado la tendencia que lleva una década de disminución de la confianza en las instituciones democráticas, al tiempo que ha causado innumerables muertes durante la pandemia.
El dominio estadounidense sobre las comunicaciones y la cultura de masas, junto con el liderazgo tecnológico en el ámbito de las telecomunicaciones y la industria militar, mantiene concentrado el poder global en manos de unos pocos. Esta dinámica permite, a su vez, bloquear o revertir procesos como la integración latinoamericano-caribeña, la ascensión de la izquierda o el movimiento indígena, obviamente desfavorables a los intereses de Washington.
Las elecciones en Colombia en mayo y, particularmente en octubre en Brasil, serán una prueba importante. Bolsonaro y otros líderes parecen decididos a proteger su “libertad de expresión” en internet, provocando un ola de mentiras (fake news) que pueden llevar a enfrentamientos en tribunales con las empresas tecnológicas.
Hechos como estos representan una buena oportunidad para volver a poner sobre la mesa la necesidad de conocer las reglas de juego de cada uno de los territorios donde se construye la comunicación. Entender que podemos usarlos, pero siempre siendo conscientes que son bajo las condiciones de quienes construyeron las plataformas.
El mundo cambia, la tecnología avanza –hoy hablamos de metaverso, por ejemplo- y nos arrinconan para pelear en campos de batalla equivocados o ya perimidos, mientras las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus tácticas y estrategias, en nuevos campos de batalla…y nosotros seguimos reclamando la democratización de la comunicación y la información.
¿Comenzará otra colonización cultural? Lo cierto es que los estados, tras el parate de la epidemia, carecerán de recursos y deberán decidir entre pagar deudas o alimentar a sus ciudadanos.
*Creador y fundador de Telesur, es comunicólogo y mágister en Integración, autor de varios libros sobre Comunicación (Vernos con nuestros propios ojos, La internacional del terror mediático, El asesinato de la verdad), y director del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Nota realizada por Aram Aharonian y extraída de pressenza.
En esta cuarta cápsula, Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR (Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica), discute sobre riesgos militares y del mercado en el trasfondo del conflicto armado actual entre Rusia y Ucrania, también conocido como la Guerra del Dombás.
En particular, discute sobre la potencia de la fuerza militar rusa y el riesgo latente. Además, habla sobre el expansionismo de mercado y de la guerra por los consumidores, y su implicaciones para latinoamérica.
En esta tercera cápsula, Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR (Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica), discute sobre la relevancia que tiene el conflicto armado actual entre Rusia y Ucrania, también conocido como la Guerra del Dombás, sobre los mercados y la política internacional.
El conflicto tiene un trasfondo histórico en la geopolítica y los mercados internacionales, donde los Estados Unidos buscan retomar la hegemonía que tenían sobre los mercados asiáticos y europeos. Por consecuencia, se está afectando el mercado y las relaciones entre China y los países europeos. Los cambios económicos, en particular el precio del petróleo, tienen efecto sobre las tasas de inflación y migración, pero sus efectos se pueden observar alrededor del mundo, incluyendo en América Latina.
En esta segunda cápsula, Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR (Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica), discute sobre «leyendas urbanas» encontradas en las redes de comunicación y en el periodismo alrededor del conflicto armado actual entre Rusia y Ucrania, también conocido como la Guerra del Dombás.
En particular, discute sobre tres puntos: el estado mental de Vladimir Putin, su ideología política, y el mito de la «amenaza comunista», resaltando el ajedrez político de la «guerra fría por los mercados» entre el occidente y el oriente.
Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)
Las imágenes son elecuentes y revelan el drama de cientos de miles de personas desplazadas como consecuencia de la intervención rusa en Ucrania. Los medios internacionales se han encargado de vibilizar con insistencia, escenas de personas corriendo por carreteras, tratando de abordar medios de transporte, huyendo de sus edificios destruidos, casi al borde del derribo.
Son, evidentemente, imágenes que no quisiéramos haber visto luego de dos años de crisis civilizatoria, que nos hizo cuestionarnos todo lo que somos como especie humana: el modelo económico depredador, desequilibrante e inhumano, el daño ambiental que le hemos hecho a los territorios y que ahora llamamos de forma conveniente como los efectos del cambio climático, la desigualdad presente en el acceso a la información, la salud y los medios de reproducción de la vida.
Pensamos, efectivamente, que estos eran tiempos de aprendizaje, de reconstituirnos como especie. Hace unos años en una vista a la Universidad Nacional, en Costa Rica, el teólogo Leonardo Boff decía que posiblemente estábamos en los últimos cinco minutos de la existencia de toda vida posible, si no éramos capaces de cambiar nuestras formas de relacionarnos con la economía, la naturaleza, el otro y la otra. Nada aprendimos.
Lo que nos devuelven esas imágenes sobre la guerra es la confirmación de que tenemos pendiente tareas y que los aprendizajes persisten. Si, es claro que se trata de cientos de miles de personas desesperadas, desplazadas (que es distinto conceptual y operativamente al concepto de refugio) y que buscan por todos los medios, subsistir.
Sin embargo, lo que esas imágenes provenientes de los principales medios de comunicación no nos cuentan es que no todas las personas en situación de riesgo por el conflicto tienen las mismas oportunidades de sobrevivencia.
En un artículo publicado por Gabriela Wiener el 11 de marzo (Un mundo que nos odia. recuperado de eldiario.ar el 18 de marzo de 2022) se denuncia la desigualdad, discriminación y racismo que experimentan otros miles de personas que han querido salir de Ucrania y que por razones étnicas y de nacionalidad son conminados a permanecer en ese país en contra de su voluntad.
En su reflexión, Wiener es bastante enfática al indicar como el sistema de asilo europeo se volcó a apoyar a la población ucraniana en condiciones de desplazamiento, pero años antes amuralló sus contornos contra la crisis humanitaria producida en varios países africanos. La actualización de esa selectividad en el sistema de solidaridad europeo ha sido tema en estas semanas de conflicto, sin que la comunicación hegemónica cuente como personas no ucranianas son obligadas a abandonar la posibilidad de escapar de los horrores de la tensión bélica que no cesa. Un fragmento de un testimonio incluido en su artículo, es elocuente en este sentido:
“Los negros no, los negros no, cuenta una mujer que escuchó mientras intentaba con sus hijos subir a un tren gratuito para salir de Ucrania. Vio cómo un hombre ucraniano sacaba una pistola y hacía bajar a un hombre negro del tren: ”ayudan a su gente pero no quieren ayudar a los negros“. Quienes no son blancos no llegarán al otro lado porque sus vidas no son importantes si no es para ser carne de cañón de unos bandos”.
En uno de sus últimos trabajos sobre la coyuntura migratoria en Europa, el sociólogo Sigmund Bauman refería que había personas de tercera, cuarta categoría, que literalmente “tocaban a la puerta” para ser escuchadas, sin éxito. En esta ocasión, seguimos viendo a los extraños pasar y ya no solo no les abrimos las puertas sino que los amenazamos con quitarles la vida, por precisamente querer conservarla.
Es cierto, nada aprendimos. El reloj de Boff sigue su marcha inexorable. Ya solo quedan segundos y posiblemente esto que conocemos como civilización se acabe para siempre. Está en nosotros decidir cómo queremos vivir este periodo de tránsito hacia nuevas etapas, nuevos vínculos.
SURCOS comparte la siguiente opinión de Arturo Fournier acerca del documental “Ukraine On Fire”:
“Recomiendo el documental «Ukraine On Fire», producido por Oliver Stone. Dado que Youtube sigue censurando canales que no se alinean con el discurso de la OTAN, es probable que sea eliminado de su plataforma.
A diferencia de la película propagandista producida por Netflix, «Winter On Fire», «Ukraine On Fire» está dirigida por un activista antiguerra ucraniano que presenció el auge del fascismo y las masacres en Donbas.
Esta película está disponible de forma gratuita a petición de Oliver Stone y del director de la película, Igor Lopatonok. Haciendo una crónica del último siglo en Ucrania, el documental narra:
Las semillas del nacionalismo extremista y filonazi ucraniano (Stepán Bandera).
El violento golpe de Estado liderado por sectores de extrema derecha y respaldado por los EE.UU. (conocido como «rebelión del Maidán»), su financiación, campaña mediática y propaganda antirusa.
El violento asedio de los ultranacionalistas contra las etnias rusas en Ucrania.
El rechazo de Crimea, Donets y Lukansk al golpe de Estado y sus consignas fascistas.
La brutal masacre en Odessa a manos de nacionalistas ucranianos.
Este documental describe con mayor profundidad las causas de la guerra, en claro contraste con la propaganda antirusa, la censura en redes y el rechazo sistémico contra toda postura fuera del libreto occidental.
Vean cómo la injerencia y desestabilización estadounidense sigue patrones históricos”.
