Distintas organizaciones sindicales enviaron al Presidente Carlos Alvarado una carta en la cual solicitan su posición ante el criterio de relatores de la ONU, expertos en Derechos Humanos, con la cual, el proyecto de ley para controlar las huelgas tiene yerros importantes.
Las organizaciones recalcan que es importante que el mandatario se pronuncie, especialmente, cuando el Gobierno ha emprendido una campaña para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Costa Rica en encrucijada: nueva llamada de atención de 3 mecanismos de protección de DDHH; esta vez por proyecto de ley para regular las huelgas.
Tres relatorías de la ONU expresan preocupaciones en relación
con el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa y que busca controlar
las huelgas.
El Relator Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el Relator
Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement
Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la situación de los defensores
de derechos humanos, Michel Forst enviaron una comunicación en la cual detallan
los aspectos que les preocupa.
La carta dice: “… quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”. (destacados agregados).
Más adelante el escrito detalla: “… el proyecto de ley
presentas discrepancias con las normas y estándares internacionales de
protección de los derechos humanos, en particular en los siguientes puntos:
a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que
se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la
libertad de tránsito de los ciudadanos” (artículo 350);
b) El establecimiento del requisito según el cual para que
una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres
personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos
para acordar la huelga (artículo 371);
c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su
definición (artículo 371);
d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los
cuales ya se celebró una en el pasado (artículo 378);
e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga,
incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de
difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos
indeterminados (artículo 661 bis);
f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en
casos de que se determine que la huelga fue ilegal (artículo 379);
g) La ampliación de la lista de “servicios públicos
esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga (artículo 376)”.
En un apartado posterior, los relatores de la ONU vinculados
a los Derechos Humanos expresan:
“Sobre las sanciones previstas:
Nos mostramos preocupados sobre el efecto que algunas
disposiciones del proyecto de ley, en particular la reducción retroactiva de
los salarios, podrían tener en los trabajadores que deseen participar en una
huelga, haciendo valer sus derechos fundamentales, y por temor se abstengan de
participar en la misma.
Si bien es entendible que el derecho a huelga sea regulado,
ningún trabajador, público o privado debe ser objeto de un vaciamiento absoluto
de su libertad de ejercer la protesta sindical, incluso a través de la huelga”.
En la parte final, los relatores se dirigen a las personas
que en la Sala Constitucional deben resolver la consulta presentada en torno a
este proyecto aprobado en primer debate. Expresan lo siguiente:
“En vista de lo anterior, exhortamos a las magistradas y los magistrados de la Suprema corte de Justicia a considerar nuestras preocupaciones en sus discusiones y deliberaciones sobre el Proyecto de Ley…”.
Por considerar inconstitucionales varios artículos de la Ley 9.635
El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE-AFINES) acude ante la Sala Constitucional por considerar que existen posibles vicios de constitucionalidad de varios Artículos de la Ley 9.635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El trámite en favor de los derechos laborales de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social fue planteado desde, el pasado 12 de abril, y superó el filtro de admisibilidad el 23 de setiembre.
La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el Secretario General Lenin Hernández Navas contra los artículos 35, 48, 49, 50, 54 del Capítulo III sobre el Ordenamiento Remunerativo y del Auxilio de Cesantía para el sector público así como contra el Transitorio XXXI de la Ley 9.635 por estimar que son contrarios al principio de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad.
El representante de los trabajadores argumenta en la acción que los artículos impugnados lesionan el Artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos así como el Artículo 129 de la Constitución Política.
La acción forma parte de varias interpuestas por la organización sindical con el fin de mantener los acuerdos suscritos el pasado 20 de febrero y 12 de agosto, que luego fueron desconocidos por la Junta Directiva de la institución.
Sumado a lo anterior SINAE-AFINES acusó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el 5 de setiembre, a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya, a la Ministra de Planificación María Pilar Garrido Gonzalo y al Estado costarricense por incumplir la ley al publicar el decreto ejecutivo N.41729-MIDEPLAN-H, sin cumplir con las audiencias a las instituciones y organizaciones gremiales afectadas.
Posteriormente el 10 de setiembre, a instancias de la asesoría legal, se presentaron reclamos individuales por parte de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Institución en los cuales se piden la validación de los derechos señalados en los acuerdos del 20 de febrero y el 12 de agosto del año en curso.
El Secretario General ratificó que en el SINAE AFINES no renuncian a defender los derechos de los trabajadores pero recalcó que son responsables con los 7 mil afiliados y sobre todo con la institución donde agotaron las vías administrativas.
Hernández Navas afirmó que las acciones que emprenderán próximamente, no se circunscriben sólo, al ámbito nacional, y judicial y reafirmó el compromiso de defender en las instancias necesarias los derechos de los trabajadores.
“La fuerza no viene de la capacidad física. Viene de la voluntad indomable” Gandhi
Juan Carlos Durán, vicepresidente de Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo (FRAP) de la CCSS nos informa que el día 1 de octubre de 2019 presentaron ante la Junta Administrativa del FRAP un documento que tiene como punto esencial el impacto de la Ley 9635 en los salarios de los y las trabajadoras de la CCSS y la posible eliminación del 1 % del Fondo de Estabilidad Laboral (FEL), como parte de la fuente de financiamiento que refuerzan los derechos de pensión complementaria y capital de retiro laboral.
El documento advierte sobre el impacto que tienen la Ley 9635 en los salarios de los profesionales de Ciencias Médicas y Enfermería. También plantea las consecuencias que traería dicha Ley en los salarios de todo el sector administrativo de la CCSS y en el sector no profesional.
De esta forma y a manera de resumen, en el documento se manifiesta:
El impacto económico de la Ley 9635 sobre los salarios de los trabajadores de la CCSS es abrumador.
Como se puede apreciar para los casos más extremos, como lo son los médicos y los enfermeros, su reducción mensual llegaría hasta 600 mil y 163 mil colones por mes al 2028.
Con la aplicación de la Ley 9635, a partir del acuerdo de la Junta Directiva de la Caja que se acoge al criterio del ente Contralor No. 13112, DFOE-SOC-0907 los salarios reales sufrirían un decrecimiento de aproximadamente un 10% en promedio en los próximos 10 años, si lo comparamos con el incremento de la inflación anual.
El impacto en un plazo de 10 años va desde 60 mil colones mensuales para los sectores más vulnerables, como lo pueden ser, los choferes y secretaria hasta 160 mil colones por mes para las enfermeras.
Esta afectación sobre los salarios es progresiva pasando de un 1% en el año 2019 hasta un 8% en el año 2028. En el caso de las enfermeras, no compensando la inflación proyectada para dicho periodo.
Para el caso de los sectores profesionales y administrativo, su impacto llega hasta un 3% del salario al 2028, no obstante, los segmentos más afectados son los sectores de más bajos ingresos, como pueden ser los choferes, secretarias, asistentes administrativos donde el impacto en términos porcentuales llega hasta un 6% de su salario de acuerdo con las proyecciones hasta el 2028.
Expuesto y demostrado que en los distintos segmentos laborales el impacto de la ley 9635 resulta negativo y precariza en el hoy y a futuro los salarios de los seres humanos que laboran en la CCSS y coloca en riesgo las pensiones de los jubilados y jubiladas del fondo de retiro y siendo que tal afectación se profundiza en buena parte como consecuencia de una postración institucional histórica y sin precedentes a los designios dogmáticos del Ministerio de Hacienda y su entidad homóloga la Contraloría General de la República, coloca a la masa laboral activa y pasiva de la Caja en el camino del trabajo precario, pero de igual forma sienta las bases de una posible confrontación socio-laboral que se desarrollará en distintos escenarios políticos y jurídicos.
Por otra parte, es notorio el dogmatismo económico mezclado con la regresividad jurídica establecida en el criterio DJ-5206-2019 del 20 de setiembre del año en curso, profundiza aún más el golpe en las fuentes de financiamiento del Fondo de Retiro al establecer en principio la eliminación del 1% del Fondo de Estabilidad Laboral (FEL), que desde el 2011 se traslada por acuerdo de Junta Directiva al fortalecimiento de la pensión complementaria y el capital de retiro laboral.
Resulta sencillamente evidente que al estar reglamentado que la fuente de financiamiento de la pensión complementaria del Fondo de Retiro (FRE) y del Fondo de Capital de Retiro Laboral (FOCARE), son los salarios institucionales de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de la Caja, pues al sufrir un deterioro los salarios institucionales las repercusiones en el fondo en mención serán igualmente regresivas en el corto, mediano y largo plazo.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum volvió este jueves ante la Sala Constitucional en defensa del derecho a la protesta.
La jornada, además del piquete frente al edificio de Sala, incluyó la entrega de un documento que amplía los cuestionamientos de inconstitucionalidad que presenta el proyecto de ley anti huelgas, expediente 21049, con respecto a los convenios de la OIT y de Derechos Humanos ratificados por el país.
Mario Rojas Vílchez, Secretario General de la CTRN, explicó que el documento entregado es un «memorial jurídico amicus curiae», una figura que permite a terceros, como la CTRN, hacer observaciones concretas sobre el proyecto de Ley por tener un interés legítimo.
Rojas Vílchez recordó que «la Sala Constitucional tiene en sus manos la democracia» que en este caso se trata de resguardar el derecho a la protesta ya garantizado en la propia Constitución Política y Convenios Internacionales.
La Sala Constitucional tiene hasta el próximo 5 de octubre para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del proyecto en discusión.
Mario Rojas Vílchez agradeció la participación en este piquete de nuestros sindicatos afiliados: Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón (SITRAMUPL), Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Garabito (SITRAMUGA, Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales de Costa de Pájaros (SIPACAAP, Sindicato Nacional de Periodistas, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), y de la Federación Sindical Municipal (FESIMU).
El próximo piquete se realizará el viernes 4 de octubre.
Un libro y un documental producidos en la UCR recuerdan esa histórica gesta
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
Grupo de trabajadores agrícolas de la Hacienda Juan Viñas, 1977
En el año 1977 la comunidad de Juan Viñas, en el cantón cartaginés de Jiménez, vivió uno de los períodos más intensos, convulsos e importantes en la historia de los movimientos sociales de Costa Rica. Un grupo de valerosos obreros agrícolas superando el acoso y la intimidación patronal se levantaron en huelga para luchar por mejoras sustantivas de sus deplorables condiciones de trabajo en la Hacienda Juan Viñas, dirigida en aquel momento por Manuel Jiménez de la Guardia, quien por esa época era uno de los más importantes socios del diario La Nación.
Han pasado 42 años de la gesta histórica de aquellos trabajadores, cuya lucha marcó un camino distinto en la relación laboral con los grandes latifundios agrícolas, que durante décadas sometieron a hombres, mujeres y menores de edad a la explotación laboral, al mejor estilo de un enclave que actuaba al margen de las leyes laborales costarricenses.
Para traer al presente aquella memorable época, laSede del Atlánticode la Universidad de Costa Rica inauguró su serie de “Cuadernos de Investigación de la Sede del Atlántico” con la edición del libro titulado “El conflicto de la Hacienda Juan Viñas 1977: De lo laboral a lo político”, de los docentes e investigadores Bernardo Bolaños Esquivel y Manfred Quesada Méndez.
Según los autores, la publicación “tiene como objetivo principal dar a conocer el conflicto laboral y político, el cual es un hecho histórico relevante para la comunidad juanviñense y el país en general. Por múltiples razones, este se ha invisibilizado. Sin embargo, constituye un aporte relevante a la historia del movimiento obrero campesino nacional y también local”.
El libro es parte de un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación denominadoAnálisis de un conflicto laboral en la Hacienda Juan Viñas: 1976-1977. “Tanto el texto como el proceso investigativo pretenden rescatar la memoria colectiva de un hecho histórico del pueblo de Juan Viñas, el cual está dentro del rango de influencia de la Sede. Una de las motivaciones para realizar la investigación es que una parte de la comunidad, y en especial las nuevas generaciones, desconocen por completo el conflicto estudiado. Este hecho se comprobó en el trabajo de campo realizado en la comunidad con jóvenes universitarios que realizan sus estudios en la Sede del Atlántico. Además, se pudo constatar un vacío sobre el hecho histórico aquí abordado en fuentes escritas como trabajos de investigación, tesis, artículos, libros y textos producidos por historiadores de Juan Viñas”, explicó Bolaños.
El libro está disponible en el Repositorio Kérwá, para descargas gratuitas de la publicación puede seguir el siguiente enlace: http://ucr.cr/r/Zike
El 1 de noviembre de 1977 los sindicalistas Romano Sancho, Fernando Guevara, Manuel Campos, Antonieta Fernández y el estudiante de secundaria Mario Granados iniciaron una huelga de hambre.
VALOR ANTE LA PERSECUCIÓN
Romano Sancho, uno de los dirigentes obreros de 1977 aseguró que en la hacienda se vivía bajo “condiciones feudales, bárbaras, de semiesclavitud; un solo dueño, cinco mil hectáreas, un pueblo sometido, una municipalidad que hacía lo que él, Manuel Jiménez de Guardia, quería, las ciudadelas eran de él, el ingenio, el beneficio… eso le daba poder para que las cosas no se discutieran”.
Por ello, en diciembre de 1976, y tras años que el hacendado Jiménez de la Guarida ignorara las peticiones de los trabajadores, estalló el movimiento huelguístico más importante de la segunda mitad del siglo XX contra los abusos del enclave agrícola de Juan Viñas.
Los trabajadores se agremiaron al sindicato Sitrajuvi, que inicialmente actuó clandestinamente. Y desde esta instancia obrera desafiaron al poderoso terrateniente.
En enero 1977 se presentó el pliego de peticiones que incluían un aumento de ¢200 al mes, transporte para que los trabajadores llegaran a los lugares más distantes de la hacienda, derecho a aguinaldos y vacaciones con montos dignos, pago de salario ante las incapacidades, información clara y completa de las deducciones que se hacían a los salarios, jubilación para trabajadores que superaran los 60 años y titulación de las viviendas que durante años habitaron dentro del enclave agrícola, entre algunos de los 31 puntos de aquel documento.
La petitoria fue rechazada tajantemente, especialmente la referida al reconocimiento del sindicato como interlocutor entre el empresario y los trabajadores. En respuesta, la Hacienda Juan Viñas, mediante sus capataces infundieron miedo entre los empleados, persiguieron a los dirigentes sindicales y realizaron despidos masivos a quienes apoyaban la huelga, lo que significa el destierro definitivo de la zona; todo esto ante la mirada cómplice de las autoridades locales y políticas de la región.
Como parte de lo acordado, el 23 de junio de 1977 se realizó un plebiscito organizado por el Ministerio de Trabajo para que los empleados decidieran, por medio del voto, si aceptaban o no el sindicato. De un padrón de 1045, 336 votaron a favor de la propuesta, todos los demás votos, inclusos los blancos o nulos, se contabilizaron a favor de la hacienda. José Joaquín Lizano, durante una entrevista realizada en el 2012, comentó de la siguiente manera el ambiente que reinó ese día: “A la gente le daba miedo. Yo vi casos donde la gente salía corriendo en medio de los cafetales, gente tal vez que estaba inscrita en el sindicato y, cuando veían a los administradores o gente de confianza de la hacienda, salían huyendo. Eso yo lo viví e incluso la hacienda cerró caminos importantes para el tránsito de personas, pero que le pertenecían».
Pese a la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la iglesia católica, el conflicto escaló al punto que el 1 noviembre de 1977 los sindicalistas Romano Sancho, Fernando Guevara, Manuel Campos, Antonieta Fernández y el estudiante de secundaria Mario Granados iniciaron una huelga de hambre. Los puntos principales eran que cesaran los despidos masivos de sindicalistas y trabajadores, respetar el derecho a la organización obrera y el reconocimiento del sindicato como único mediador. El 18 de ese mes, se levantó la huelga de hambre y concluyó la confrontación con la aceptación patronal de lo exigido por el sindicato.
Antonieta Fernández, dirigente sindical del Juan Viñas, fue la única mujer en sumarse a la huelga de hambre en noviembre de 1977.
«en la hacienda se vivía bajo condiciones feudales, bárbaras, de semiesclavitud; un solo dueño, cinco mil hectáreas, un pueblo sometido, una municipalidad que hacía lo que él, Manuel Jiménez de Guardia, quería»
MEMORIA AUDIOVISUAL
La gran huelga de la Hacienda Juan Viñas hubiese quedado en el olvido, pero nuevas generaciones de investigadores y realizadores audiovisuales se han dado a la tarea de recordar a las nuevas generaciones la hazaña de los hombres y mujeres juanviñenses que hace cuatro décadas emprendieron esta lucha.
Dos de estas nuevas voces son la de Fressy Camacho Quirós, juanviñense, quien junto a Carolina Jarquín Ávila, oriunda de Grecia, otra zona de latifundios históricos, realizaron el documental “Donde nace el olvido”, inspirada en la huelga de 1977, como parte de su trabajo final de graduación en Producción Audiovisual en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.
La obra audiovisual se propuso sacar del olvido esta historia de pérdidas, luchas y dolores comunitarios, de manera que la juventud de la zona conozca que hace 40 años un pueblo se levantó con el poderío del hacendado.
Según Camacho, el producto audiovisual es un documental social, en la línea de autor, es decir, en el que el realizador sale en búsqueda de su propia historia, más considerando que Antonieta Fernández, quien fue dirigente sindical y la única mujer que participó en la huelga de hambre, es su prima directa.
Con recursos propios y el apoyo de familiares y amigos que creyeron en este proyecto finalmente se llevó a buen puerto esta idea. Finalmente, tras dos años de intenso trabajo de producción, el próximo 29 de setiembre, a las 3:00 p. m., en el Salón Comunal del Invu, en Juan Viñas, se estrenará este documental que tiene como objetivo el cerrar heridas entre aquellos que lucharon, una suerte de “sanación del pueblo, porque las derrotas también se celebran porque significa que se luchó”, dijo Camacho.
Para satisfacción de las realizadoras, el documental fue uno de los seleccionados para participar en el Festival de Cine “Great Message International Film Festival” que tendrá lugar en la India a partir del 25 de setiembre próximo, un encuentro de producciones de temáticas sociales y ambientales que usualmente son excluidos de los circuitos cinematográficos comerciales del mundo. Luego de su estreno, el documental se presentará en otras localidades.
Sin embargo, la meta de Camacho y Jarquín, no fue producir para festivales, sino que a la gente de Juan Viñas le guste el resultado y logre sanar viejas heridas, comentaron.
En el documental Donde nace el olvido, las realizadoras se propusieron contribuir a la memoria colectiva de las personas protagonistas de la huelga contra el latifundio de la Hacienda Juan Viñas.
Información de la Vicerrectoría de Acción Social, UCR.
Abogando por la reactivación económica de Costa Rica
Con suma preocupación, vemos que el presidente se ha venido desligando de la caída de la economía nacional, mientras que los empresarios alertan sobre el posible cierre de empresas.
Las cifras publicadas en medios de comunicación, alertan que hay más de treinta mil nuevos desempleados, solo en la actividad comercial, pero además la cifra aumentaría, ya que antes de que cierre el año, más de cincuenta mil pequeñas empresas dejarían de existir.
Estos datos no son ni más ni menos que el resultado de una acción que detonaron en la Asamblea Legislativa los partidos que promovieron el plan fiscal, sumado el Presidente Carlos Alvarado y el sector empresarial, principalmente liderados por Gonzalo Delgado y Enrique Egloff, siendo estos los responsables absolutos del fracaso económico en camino, porque detonaron una crisis de credibilidad y una crisis fiscal en crecimiento que no han podido detener y hoy se lavan las manos.
Es repudiable que el gobierno, en vez de desligarse, no asuma responsablemente una acción concreta como se ha planteado.
O asumen su responsabilidad y corrigen el rumbo, o abandonen sus cargos.
Firma responsable
Ulises Blanco Mora, cédula 1-0379-0880. Teléfono 8541-0783.
En el marco del Observatorio de Relaciones Laborales y la Cátedra de Derecho del Trabajo se le invita a asistir a una mesa redonda sobre un tema aun no discutido en Costa Rica, pero de enorme relevancia y con un gran potencial. La mesa redonda se titula INDEMNIZACIÓN PLENA POR RIESGOS DE TRABAJO.
¿Hay indemnización posible de ser demandada más allá de la indemnización tarifada en el seguro de riesgos de trabajo? En otros países, como Argentina, este tema se ha discutido a profundidad.
Por ello se tendra la participación del Doctor David Duarte, docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, investigador y profesor del Doctorado de Derecho del Trabajo de esa casa de estudios, y quien además labora como Secretario Letrado (Equivalente a Juez de 1°INSTANCIA) en el Área de Derecho Privado de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con especialidad en Derecho Laboral.
Además, participará en la mesa, el Doctor Jorge Olaso Álvarez, Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Sin duda será de gran provecho para la reflexión colectiva.
El acceso al parqueo de la UCR es muy limitado, por lo que se sugiere llegar temprano y tener en cuenta el estacionamiento público ubicado contiguo a Hooters, a 75 metros de la Facultad de Derecho.
Los detalles del encuentro los podrán encontrar en el afiche adjunto.
De manera enfática, con total vehemencia, rechazamos por falaz, por manipuladora y por infame la perversa afirmación formulada por el más connotado sindicato patronal del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), en cuanto a que las huelgas sean las culpables de una presunta pérdida de confianza del clima de negocios en país y de que habría, por tanto, “cierre” de empresas.
Licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) reta a la Ministra de Hacienda y a su equipo, a formular un proyecto de reforma fiscal que contenga entre otras, esta normativa:
1- Eliminación del artículo de confidencialidad de la información tributaria. La situación fiscal y económica del país lo requiere.
2- Reducción del umbral de impunidad fiscal, tanto en Aduanas, como en Tributación y no recurrir a la vía de arreglo o conciliación previa a la remisión en sede penal del caso concreto.
3- Facultad de denuncia por los funcionarios del Ministerio de Hacienda, ante presunción de fraude realizado por terceros declarantes.
4- Reforma legal para crear el Código Procesal Tributario y Aduanero.
El secretario general de SITRAHSAN, licenciado Miguel Ureña Cascante envió a SURCOS un comunicado en el cual da cuenta de esa gestión y otras complementarias.
“No se vale, que los trabajadores y clase media seamos los únicos sacrificados de esta última reforma”, dijo el sindicalista.
Ureña agregó que “como situación crítica al sindicato le preocupa que la gran mayoría de declarantes están teniendo problemas con la consulta en su estado de situación tributaria, en vista de que, por error, al aplicar sus declaraciones, pagos o compensaciones por retenciones o saldos a favor, el sistema informático ATV- Situación Tributaria no los está considerando”.
El sistema indica que no registró lo de años anteriores y aparecen saldos en mora. Lo anterior está generando problemas a quien tramita créditos, licitaciones y otros procesos, precisó el secretario general de SITRAHSAN.
