En días previos, representantes estudiantiles de 9 Asociaciones de la UCR invitaron al partido a participar de conversatorios “¿Dialogamos por Costa Rica?”. Sin embargo, a la fecha el partido no ha contestado la invitación
Los espacios de conversación girarán en torno a 4 ejes temáticos: Cultura, Economía, Planificación Territorial y Salud. Además, cada uno tendrá preguntas relacionadas a pueblos originarios, educación, ambiente y desarrollo regional
6 de marzo de 2018. En días previos, representantes de 9 asociaciones estudiantiles de la UCR invitaron a los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana a participar en un evento denominado “¿Dialogamos por Costa Rica?”; el cual busca tender puentes de conversación entre partidos y ciudadanía.
Para sorpresa de las y los estudiantes, el Partido Restauración Nacional no contestó a su invitación; negándole así, consideran las y los universitarios, otra oportunidad de diálogo y acceso a la información a la ciudadanía. Es importante señalar que, pese a que el candidato Fabricio Alvarado, había manifestado que él no participaría en más espacios de debates o conversatorios, la actividad invita a referentes partidarios en los diversos temas planteados; no a su candidato.
Arelis Chavarría, Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental, indica que “Esta negación a participar de un proceso de diálogo e intercambio de ideas repercute en la democracia costarricense y afecta el derecho de las personas jóvenes a conocer las propuestas de los partidos políticos en esta segunda ronda electoral.”
De acuerdo con José David Cubero, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, “la actividad se va a realizar, pese a la negativa de Restauración Nacional, porque estas mesas diálogo son espacios necesarios en la coyuntura actual de la política nacional”. Por su parte, el Partido Acción Ciudadana sí confirmó su participación y estuvo presente en la sesión previa de explicación metodológica del evento.
“¿Dialogamos por el país?” es un evento compuesto por 4 conversatorios se estarían realizando del 12 al 15 de marzo, de 6:00 p.m a 8:30 p.m en la Universidad de Costa Rica
Los espacios van a girar en torno a 4 ejes temáticos: Cultura, Economía, Planificación Territorial y Salud. Además, cada uno tendrá preguntas relacionadas a pueblos originarios, educación, ambiente y desarrollo regional.
La decisión de realizar estos eventos, se tomó a raíz de un acuerdo unánime del Consejo Superior Estudiantil, máximo espacio de toma de decisiones del estudiantado de la UCR
1 de marzo de 2018. El estudiantado de la Universidad de Costa Rica decidió tomar acción e invitar a los partidos políticos a dialogar con la ciudadanía de cara a la segunda ronda electoral. Las y los universitarios se decantaron por realizar 4 conversatorios enfocados en establecer puentes de diálogo entre ambos partidos políticos.
Los conversatorios mencionados girarán en torno a 4 ejes temáticos: Cultura, Economía, Planificación Territorial y Salud. Los mismos contendrán preguntas relacionadas a pueblos originarios, educación, ambiente y desarrollo regional; cada uno pensado en propiciar un voto informado y combatir el abstencionismo. Estos conversatorios se realizarán del lunes 12 al jueves 15 de marzo, como antesala al debate oficial del 16 de marzo organizado por la Universidad de Costa Rica; en los auditorios de Bellas Artes, Ciencias Económicas, Educación y Estudios Generales, respectivamente.
De acuerdo con Gabriel Quesada, presidente de la Asociación de Estudiantes de Artes Plásticas, “con la realización de estos espacios interdisciplinarios, se ve la capacidad del estudiantado de la UCR de gestionar canales de discusión y respeto ante la coyuntura política del país”. Asimismo, de acuerdo con Camila Marín – estudiante de Derecho y colaboradora de la Federación de Estudiantes – “estos conversatorios tienen un componente único debido a que son resultado de un trabajo transdisciplinario, que busca visibilizar distintas sensibilidades y realidades estudiantiles”.
Por su parte, Fernando Martínez -presidente de la Asociación de Estudiantes de Comunicación indica que “las candidaturas de Fabricio y Carlos Alvarado, por su formación como comunicadores, otorgan una responsabilidad distinta a sus partidos; sus equipos deben dar la cara y trabajar por brindar la información que la ciudadanía merece ante el contexto actual”.
Las invitaciones fueron enviadas a los partidos en días pasados, y próximamente en la página de Facebook del Consejo Superior Estudiantil se estará brindando más información al respecto.
El pasado 7 de febrero del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su respuesta a la solicitud de opinión consultiva que le hiciera Colombia el 14 de marzo del 2016. Se trata de la Opinión Consultiva OC-23, titulada «Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad física – Interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación a los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos«. Colombia solicitó en el 2016 al juez interamericano aclararle qué ocurría con los derechos de las poblaciones isleñas colombianas en el Caribe amenazadas por megaproyectos promovidos por otros Estados susceptibles de causar un impacto en el ambiente marino, como parte de una estrategia (un tanto original) para intentar contener a Nicaragua en aguas del Caribe. La originalidad radica en que, a la fecha, Colombia no ha presentado ningún recurso de revisión o de interpretación con posterioridad al fallo de noviembre del 2012 (que resuelve la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia en el Caribe). Al adoptar sus máximas autoridades un tono desafiante y amenazante y al no usar estas herramientas procesales previstas en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Colombia fue objeto de dos nuevas demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua: la estrategia colombiana consistió en presentar excepciones preliminares en ambas demandas, las cuales fueron rechazadas en un fallo dado a conocer el 17 de marzo del 2016 por la jurisdicción de La Haya (Nota 1). El Presidente de Colombia calificó de «injuriosa» esta decisión de la CIJ (véase nota de prensa titulada «Santos llama a unidad para defensa soberanía ante decisión «injuriosa» de CIJ«). Alguna infidencia debería poder explicarnos si la decisión de presentar una solicitud a la Corte Interamericana por parte de Colombia se tomó en relación al fallo de la CIJ declarándose competente, o si hay que ver en esta extraña cercanía de fechas una simple coincidencia.
Más allá del espectáculo raramente visto por parte de un Estado de América Latina con relación a un fallo de la CIJ que no le es favorable, el procedimiento consultivo del sistema interamericano de derechos humanos es abierto a recibir opiniones de otras entidades, denominadas «observaciones». Además de una gran cantidad de observaciones aportadas por entidades académicas y expertos, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil, cuatro Estados brindaron las suyas: Argentina, Bolivia, Honduras y Panamá (véase texto disponible en este enlace). Es muy probable que la observación aportada por cada uno de estos Estados interese a las ONG argentinas, bolivianas, hondureñas y panameñas, de manera a contrastar la posición externada al juez interamericano con la realidad que viven las ONG y las comunidades.
El texto de la OC-23 fue oficializado este 7 de febrero del 2018, y está desde ya disponible en este enlace de la misma Corte: se recomienda la lectura del texto integral, que reafirma una serie de principios en materia ambiental y en materia de derechos humanos que van mucho más allá de lo señalado por Colombia en su comunicado oficial (Nota 2). Al tratarse de la primera oportunidad en la que la Corte es solicitada en materia ambiental en el marco de un procedimiento consultivo, la amplia interpretación dada por el juez interamericano permite precisar el alcance de algunas de las disposiciones del Pacto de San José de 1969 y de otros instrumentos interamericanos de una manera extremadamente novedosa, que merece ser saludada y divulgada.
El enfoque limitado de la consulta colombiana rebasado por el juez interamericano
A diferencia del marco restringido al que Colombia quiso reducir su consulta, la Corte lo amplia en los siguentes términos, al leerse en el párrafo 35 que:
«35. Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. Por tanto, este Tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena. Además, tomando en cuenta la relevancia del medio ambiente en su totalidad para la protección de los derechos humanos, tampoco estima pertinente limitar su respuesta al medio ambiente marino«.
Estamos por lo tanto ante una opinión de la máxima instancia en materia de derechos humanos del hemisferio americano, que precisa las disposiciones del Pacto de San José en materia ambiental, y recuerda a los Estados la relación intrínseca de los derechos humanos con la defensa del ambiente: lo cual, es muy probable, interesará a muchas entidades de la sociedad civil, tanto en Colombia como fuera de ella. ¿Qué pasa con una población y sus derechos cuando se ve amenazada por un megaproyecto? ¿Qué obligaciones tiene el Estado hacia esa comunidad? ¿Qué derechos son particularmente susceptibles de verse violentados? ¿Qué poblaciones son más vulnerables que otras? A estas (y muchas otras preguntas) es que el juez intenta responder en su opinión consultiva, además de las respuestas a las preguntas formuladas por Colombia.
Un recordatorio de las obligaciones del Estado más que propicio
El extenso recordatorio de las obligaciones internacionales del Estado al que procede la Corte se da en un momento en que en Colombia (como en muchos otros Estados), comunidades indígenas y campesinas ven destruídos sus entornos (sitios con valor cultural y espiritual en el caso de las poblaciones indígenas), mientras megaproyectos (minería química a cielo abierto, hidroeléctricas, desarrollo inmobiliario, monocultivos, entre muchos otros) apoyados por el mismo Estado amenazan las fuentes de agua de muchas comunidades y sus modos de producción tradicional, y obliga a desplazar a estas poblaciones. Ello sin hablar de casos de líderes comunitarios y ecologistas asesinados, amenazados o intimidados, alrededor de los cuales campea una indignante impunidad debido a la inoperancia del Estado para investigarlos y sancionarlos debidamente. Un informe recientemente publicado en Honduras llega a contundentes conclusiones con relación a la responsabilidad de las autoridades hondureñas en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres (Nota 3).
La tendencia a eliminar físicamente a líderes indígenas, campesinos, ecologistas es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida. La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluída). A Honduras le sigue Nicaragua con 11muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6 asesinatos.
Nótese que en noviembre del 2017, expertos de Naciones Unidas urgieron a los Estados de América Latina reunidos en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Chile a adoptar sin más preludios un tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos (véase nuestra breve nota publicada en ElPais.cr titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente» en la que referimos a algunas propuestas de Colombia sumamente cuestionables). La próxima ronda de negociación de este instrumento regional tendrá lugar en el mes de marzo del 2018 en Costa Rica.
Foto de marcha contra el proyecto minero Pacific Rim en El Salvador, extraída de artículo titulado «Libre comercio y minería: un caso salvadoreño que debemos observar».
La expansión a la que procede la Opinión Consultiva OC-23 en breve
Más allá de las obligaciones de un Estado hacia otro en caso de realizar un proyecto susceptible de generar un daño ambiental transfronterizo, sobre el que la Corte recuerda lo que establecen diversos tratados internacionales en la materia, es en el terreno de las obligaciones del Estado hacia su propia población en el que el juez interamericano realiza aportes de interés, obviados por Colombia en su comunicado oficial. Al respecto, sería oportuno saber si el juez constitucional colombiano reconoce valor vinculante a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana cuando son solicitadas por Colombia, línea que el juez constitucional costarricense mantiene desde 1995 para opiniones solicitadas por Costa Rica: esta posición ha sido debatida recientemente con motivo de una opinión consultiva relacionada a las parejas del mismo sexo y a los cambios de identidad sexual que ha polarizado a la sociedad costarricense, irrumpiendo con una inusitada fuerza en el debate político de cara a los comicios electorales realizados el pasado 4 de febrero en Costa Rica (Nota 4).
Entre los puntos de interés para el movimiento de los derechos humanos y el sector ecologista en Colombia y fuera de ella, destaca lo que señala la Corte en el siguiente párrafo sobre la interrelación entre derechos humanos y protección del ambiente:
«47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano – y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros«.
Se lee también que: «59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad«.
Con relación a los distintos derechos humanos que se ven afectados por problemas ambientales, la Corte precisa en esta opinión consultiva que:
66. La Corte considera que, entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, se encuentran los derechos a la vida, integridad persona, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. Sin perjuicio de los mencionados, son también vulnerables otros derechos, de acuerdo al artículo 29 de la Convención, cuya violación también afecta los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas e infringe el deber de conducirse fraternalmente entre las personas humanas, como el derecho a la paz, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos violentos entre la población desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza, algunos de los cuales por su masividad asumen carácter de máxima gravedad«.
«67. Además, la Corte toma en cuenta que la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Se ha reconocido que los daños ambientales “se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables”, por lo cual, con base en “la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación”.
Foto de marcha en San José en contra del proyecto minero Las Crucitas extraída de artículo titulado «Canadian mining company reorganizes to seek damages from Costa Rica» publicado en ISDS.
Con relación a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), remitimos al lector a los párrafos 156 y subsiguientes en los que se precisa por parte del juez interamericano que:
«164. Dentro del proceso de aprobación de un estudio de impacto ambiental, el Estado debe examinar si la realización del proyecto es compatible con las obligaciones internacionales del Estado. En este sentido, el Estado deberá tomar en cuenta el impacto que puede tener el proyecto en sus obligaciones de derechos humanos. La Corte ha señalado en casos de comunidades indígenas que los estudios de impacto ambiental deben abarcar el impacto social que implique el proyecto. Al respecto, la Corte advierte que si los estudios de impacto ambiental no incluyen un análisis social, este análisis debe ser realizado por el Estado al momento de supervisar dicho estudio«.
168. La Corte considera que la participación del público interesado, en general, permite realizar un examen más completo del posible impacto que tendrá el proyecto o actividad, así como si afectará o no derechos humanos. En este sentido, es recomendable que los Estados permitan que las personas que pudieran verse afectadas o, en general, cualquier persona interesada tengan oportunidad de presentar sus opiniones o comentarios sobre el proyecto o actividad antes que se apruebe, durante su realización y después que se emita el estudio de impacto ambiental«.
Sobre el tema específico de las poblaciones indígenas, al que la Corte dedica varios párrafos a lo largo de su opinión consultiva, la Corte advierte que:
«169. En casos de proyectos que puedan afectar el territorio de comunidades indígenas, los estudios de impacto ambiental y social deben respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas379. En este sentido, es necesario tomar en cuenta la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio. Es preciso proteger esta conexión, entre el territorio y los recursos naturales que tradicionalmente han usado y que son necesarios para su supervivencia física y cultural y para el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, a efecto de garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas sean respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados«.
Con relación al acceso a la información, leemos que para los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
«214. En relación con actividades que podrían afectar el medio ambiente, esta Corte ha resaltado que constituyen asuntos de evidente interés público el acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían tener impacto ambiental. En este sentido, la Corte ha considerado de interés público información sobre actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en el territorio de las comunidades indígenas y el desarrollo de un proyecto de industrialización forestal«.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala además, en tres párrafos que consideramos revisten enorme interés, que:
«219. Esta Corte ha señalado que, en el marco de esta obligación, la información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.
220. Por otra parte, respecto a las características de esta obligación, las Directrices de Bali y distintos instrumentos internacionales establecen que el acceso a la información ambiental debe ser asequible, efectivo y oportuno«.
221. Adicionalmente, conforme lo ha reconocido esta Corte, el derecho de las personas a obtener información se ve complementado con una correlativa obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla. En este sentido, la obligación del Estado de suministrar información de oficio, conocida como la “obligación de transparencia activa”, impone el deber a los Estados de suministrar información que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es particularmente relevante en materia del derecho a la vida, integridad personal y salud. Asimismo, este Tribunal ha indicado que la obligación de transparencia activa en estos supuestos, impone a los Estados la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa. Dicha información debe ser completa, comprensible, brindarse en un lenguaje accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva para los distintos sectores de la población«.
Foto de afiche de un foro sobre los impactos ambientales de la piña realizado en Costa Rica, al que declinaron participar tanto el sector productivo como el sector estatal, extraída de artículo (Elpais.cr) titulado «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica».
Con respecto a la participación ciudadana en materia ambiental, lo señalado por la Corte Interamericana constituye una contundente llamada de atención a muchos Estados:
226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable.
227. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana. En el contexto de las comunidades indígenas, este Tribunal ha determinado que el Estado debe garantizar los derechos de consulta y participación en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de conformidad con sus costumbres y tradiciones. Ello significa que además de aceptar y brindar información, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan opinar sobre cualquier proyecto que pueda afectar su territorio dentro de un proceso de consulta con conocimiento y de forma voluntaria. Por lo tanto, el Estado debe generar canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas«.
Finalmente, entre otros puntos, en materia de acceso a la justicia, se lee que:
«237. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en esta Opinión. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la información y la participación pública, y para remediar cualquier violación de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental«.
A modo de conclusión
La presente nota se limita a extraer algunos párrafos de manera selectiva, y se recomienda la lectura integral de esta opinión consultiva OC-23 del juez interamericano. No se tiene claro si al solicitar esta opinión consultiva, Colombia midió el posible alcance de esta. Como señalado al inicio de esta nota, el juez interamericano no limitó su análisis al área geográfica a la que Colombia pretendía limitarle la consulta, ni a la problemática del daño ambiental transfronterizo, sino que fue mucho más abarcativo.
Estamos seguros que muchas comunidades indígenas y campesinas en Colombia (así como en otras partes del continente) u otras comunidades amenazadas por megaproyectos en Colombia (y fuera de ella), colectivos ecologistas y otras entidades de la sociedad civil, entre muchos otros, interpelarán de ahora en adelante a sus respectivos ordenamientos jurídicos con esta valiosa opinión brindada por el juez interamericano a todos los Estados del hemisferio americano.
————————
Notas:
Nota 1: Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro breve análisis titulado: «Nicaragua-Colombia: la CIJ se declara competente«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDía.
Nota 2: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al ser notificado se lee como sigue (texto integral):
«Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda posición de Colombia para la protección de derechos humanos y medio ambiente en el Gran Caribe. 7/02/2018.
Bogotá (feb. 7/18). Colombia recibió hoy, 7 de febrero de 2018, la respuesta a una solicitud de opinión consultiva a través de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le dio herramientas a Colombia para que se activen mecanismos de protección frente a amenazas de daño transfronterizo en el Gran Caribe.
La Corte IDH avaló la tesis de Colombia sobre la obligación que tienen los Estados de garantizar la protección del medio ambiente marino y la protección contra daños transfronterizos.
Lo anterior significa que, por ejemplo, si un Estado pretende construir y operar grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe, este debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que otros Estados se vean afectados, cumpliendo con los principios de prevención y precaución.
Esto le permite a Colombia continuar avanzando en la protección efectiva del medio ambiente en el Gran Caribe y de los derechos e intereses de los colombianos, especialmente de los habitantes del Archipiélago y la comunidad raizal, así como la protección y preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.
Opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La solicitud de opinión consultiva, presentada por Colombia el 14 de marzo de 2016 ante la Corte IDH, hace parte de la estrategia integral de defensa jurídica adoptada por Colombia en septiembre de 2013, y está estrechamente relacionada con la defensa de los intereses de Colombia en el marco de los procesos interpuestos por Nicaragua y que actualmente cursan ante la Corte Internacional de Justicia.
A través de esta, se resaltó la importancia fundamental que tiene el medio ambiente marino para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de la población costera insular de la región del Gran Caribe, y la necesidad imperante de tomar medidas para su protección haciendo uso de los mecanismos disponibles en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana, que tiene sede en San José de Costa Rica, ejerce una función contenciosa, una función consultiva, y la función de dictar medidas provisionales«.
Nota 3: Véase nuestro breve análisis titulado «El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE«, publicado en Pressenza.
Nota 4: Remitimos al lector a nuestro breve análisis titulado «La opinión consultiva de la CorteIDH sobre derechos de la comunidad LGTBI en Costa Rica: breve puesta en contexto» publicado en Elmundo.cr. Nótese que la opinión consultiva solicitada por Costa Rica OC-24 fue notificada el 9 de enero del 2018, llevando la fecha del 25 de noviembre del 2017. En cambio, la OC-23 solicitada por Colombia lleva la fecha del 15 de noviembre y fue notificada el 7 de febrero del 2018. Se ignora si es (o no) la primera vez que se altera el orden lógico de notificación de opiniones consultivas por parte de la Secretaría de la Corte de San José.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El próximo 4 de febrero del 2018, Costa Rica llevará a cabo una jornada electoral. Los insultos y ataques, del candidato del PIN, Juan Diego Castro, (con Álvarez Desanti del PLN y Piza del PUSC en los coros), al movimiento ecologista ha sido el punto más alto en lo que respecta a la temática ambiental. Lastimosamente esta campaña electoral se ha caracterizado por la ausencia de debate, de análisis y propuestas que nos diga cómo se pretende construir un mejor país. En su lugar, ha privado la intolerancia, discursos de odio, propuestas para violentar los Derechos Humanos y ponerse una corona para comer hamburguesas.
Así ha sido, todo patas para arriba. Piza, Desanti y Castro hablaron de ecoterroristas para referirse al movimiento ecologista en lugar de hablar de quienes destruyen el ambiente y lo sobreexplotan, y lo que harían para detener esta tendencia cada vez más presente; tampoco dijeron nada sobre la criminalización que sufre el sector ambiental sino más bien echaron más leña a la hoguera lo cual puede ser muy peligroso. Por otro lado, artículos aparecidos en diversos medios han evidenciado el enorme aporte histórico y actual que el movimiento ecologista ha hecho al país1.
En síntesis, en la temática ambiental la mayoría de los partidos políticos en sus planes de gobierno se mueven entre soluciones falsas que se basan en recetas que es necesario superar (mercados y soluciones economicistas) y ninguna o poca mención a soluciones reales como la soberanía alimentaria, el manejo comunitario de bosques y otros elementos de la Naturaleza.
Si a todo esto le sumamos un marco mayor donde solamente pocos candidatos -FA, PT y PAC- no han atizado la hoguera de la violación a los Derechos Humanos, el panorama no es muy alentador. Es imposible votar por quienes promueven el odio, la intolerancia y sociedades con gente que será marginada y no podrá gozar y disfrutar de una vida plena. Para el ecologismo, una sociedad sustentable se construye desde el respeto a los Derechos Humanos y de la naturaleza, de las soluciones que buscan mayor equidad entre las personas, desde el respecto a los bienes comunes, de atacar las causas que provocan la destrucción, la inequidad y la construcción y fortalecimiento conjunto a las soluciones que ya existen dentro del conocimiento tradicional campesino e indígena, por ejemplo.
Es importante construir un país que deje de lado los mitos que nos hacen pensar que Costa Rica es un país verde, casi perfecto. Ojalá que quien ocupe la presidencia del país, así como quienes estarán en la Asamblea Legislativa puedan entender que si no se ejecutan acciones en materia ambiental, poco avanzaremos como país; que si no respetamos los Derechos Humanos, no avanzaremos en ninguna área.
Ojalá entiendan que sin la sociedad organizada, su gestión no tendrá mayores éxitos. Ojalá entendamos que para construir un país mejor, no hay que votar por quienes excluyen, atacan e insultan. Esta construcción tiene que hacerse todos los días y a toda hora. Es algo que trasciende los ritos electorales que tenemos cada cuatro años, por medio de la articulación y la organización.
El tema ambiental ha solido estar ausente, a lo sumo, de relleno en las elecciones presidenciales y parlamentarias, en esta oportunidad se repite con creces la situación. Pero este tema no es el único que brilla por su ausencia. Si yo fuera una persona indígena o bien madre jefa de hogar, un obrero agrícola, una pequeña productora o pescadora artesanal, pensaría que no es conmigo la cosa, que se trata de unas elecciones pensadas únicamente para la gran área metropolitana y con temas concentrados en el “hombre meseteño promedio.” Además, talvez como nunca antes, estamos frente un proceso electoral que más bien es un proceso de descarte que haremos con base en el miedo y no por lo que soñamos o anhelamos para el futuro del país y del planeta.
En general los problemas ambientales, por lo menos los más estructurales, tienen su origen en las desigualdades sociales y eso parece omitirse en general en los planes de la mayoría de los partidos. En eso de la desigualdad nos hemos convertido en los últimos años en potencia latinoamericana mientras que la brecha entre el ingreso que reciben los hogares más ricos de Latinoamérica y los más pobres disminuyó, la desigualdad aumentó en Costa Rica, como lo confirman diversos informes y estudios publicados durante 2017.
Si no existe visión de orden estructural para hacer frente a la complejidad de los retos socioambientales incluyendo la destrucción del patrimonio natural en los costos de producción, estamos condenados a círculos de depredación, destrucción, desposesión, vulnerabilización, apropiación desigual de los bienes comunes, de manera que unos seguirán “sobreconsumiendo” los recursos de quienes dependemos todas las personas y el planeta entero para vivir en el presente y el futuro, mientras la gran mayoría permanece malviviendo de las migajas derramadas en medio de un crisis climática planetaria.
A pesar de su literal vital importancia, el tema de la gestión ambiental es invisible en el debate oficial del TSE en días pasados y lo sería del todo si no fuera por el esfuerzo de algunas organizaciones ambientales y comunidades que han hecho uso de la redes sociales en internet para provocar debate y discusión, como por ejemplo Debate Ambiental y Campaña ¿Quién podrá defendernos?.
En general, después de leer la mayoría de planes en áreas relacionadas a economía, reforma institucional, actividad agrícola, turismo, infraestructura o alguno que otro aspecto que hace alusión específica a lo “ambiental”, la sensación es que el abordaje es de relleno, simplismo, con muchas contradicciones y sobre todo grandes vacíos, donde la mayoría pone el énfasis en crear nuevas leyes obviando la falta de cumplimiento de las más de 7000 mil existentes.
Falta de “comos” es una constante, en ambiente lograr mayor institucionalidad para el control y gestión ambiental es indispensable, se necesitan recursos nuevos pues el presupuesto del 1% al 2% del total asignados al MINAE ya sabemos que alcanza para las escobas, palopisos y no llega al papel higiénico en parques nacionales.
En general, con un par de excepciones, poco se dice y mucho menos se delinea alguna estrategia de participación social, que quedó como apellido vacío de un partido que ya por lo menos no tuvo el descaro de estafar una segunda vez al sector ambiental con un “Pacto Ambiental” como lo hizo el PAC hace cuatro años dentro de su campaña electoral incumpliendo y contradiciendo lo pactado con representantes de la diversidad del movimiento ambientalista de Costa Rica.
Al pensar en la urgencia de cambios que nuestra sociedad necesita y las implicaciones que resultan de tomar decisiones desde las más extremas hasta las más sencillas en este país, no pensar en animar la participación ciudadana es apostar a las mismas fórmulas que nos tienen donde estamos, así que se perpetúa que las decisiones por ejemplo de transporte público, las tomen tecnócratas que andan en carro y que han dejado hace más de un cuarto de siglo de ser peatones y andar, al menos, en bus.
Sin tomarse en serio la participación ciudadana el partido más grande del país seguirá siendo el que se expresa no votando, apático al sistema cada día más necesitado de cambios y más lleno de mentirosos y corruptos. Si siguen con campañas políticas que no se las cree nadie, cada cuatro años tendremos un en vez de la “fiesta” un “velorio” en tanto el pueblo estará de duelo o bien un espectáculo más decadente que el anterior. Cuando la pulsión inmediata resulta en marginarse de este patético drama que apela a las emociones y no al análisis, ¿cómo le podemos reclamar a la gente que no vote?
Así, en una coyuntura electoral que más bien nos coloca ante la imposibilidad de elegir lo mejor, propongo guía ecologista para descartar lo peor. Esta lista iniciará con el partido más amenazante para el medio ambiente y terminará con los partidos que parecieran tener una propuesta más en armonía con la Naturaleza. Algo que podríamos llamar el “descartómetro ecologista”.
Empezamos, estos son los partidos descartables por sus posturas frente a la gestión de los bienes naturales del país.
El primero por descartar: Movimiento Libertario recicla sus cuatro anteriores programas con “más de lo mismo” y neoliberalismo puro y duro, es un “plan de negocios” de y para sus patrocinadores. Más aperturas y desnacionalización por doquier, privatización del subsuelo, regresiones ambientales e inconstitucionalidades, eliminación de la moratoria a la exploración de petróleo y gas.
Es una colección de todo lo que no debemos hacer con el territorio y el Estado: flexibilización y desregulación de instituciones como SENARA y SETENA para beneficio de negocios privados, privatización energética, proyectos como mega aeropuerto de Osa, Canal Seco y su mega puerto en Guanacaste, granjas marinas de peces y las marinas turísticas que han querido aprobar a como dé lugar, abrir los “monopolios” de comercialización de la caña y azúcar, eliminar el Consejo Nacional de Producción, modificar el reglamento de la ley de conservación de vida silvestre, todo tipo de privatización vía “titulación” de áreas públicas como fronteras, áreas forestales y de canales a nombre de JAPDEVA, islas hasta del subsuelo urbano?, desregular ampliar las Zona Marítima Terrestre (ZMT) para hacer hasta construcciones en riscos y titulación de propiedades dentro de áreas protegidas. Estas y otras propuestas como reconvertir en cárcel la Isla San Lucas o en sitio turístico, son propuestas que ya han intentado y fueron declarado inconstitucionales.
Proponen una serie de regresiones ambientales y de los incipientes derechos de naturaleza revisando y simplificar y acomodado toda la normativa ambiental como reglamentos, concesiones a intereses privado. Tal vez el punto más cuestionable que proponen es una “reforma constitucional para acotar los principios de “in dubio pro natura” y “no regresividad en materia ambiental” que es volver más o menos a las “cavernas” en materia ambiental y retroceder y sancionar varios acuerdos y convenios internacionales en sintonía con la tendencia conservadora y retrograda de la Sala Constitucional.
El segundo por descartar: Partido Unidad Social Cristiana por la extinción del campesinado o lo que es lo mismo en contra de la soberanía alimentaria, arrasar con el Mar Caribe y a favor del megaturismo y privatización de los territorios indígenas.
La agricultura lo reduce a la agenda del sector empresarial, desregulación, zonificaciones, eficiencia y crédito para profundizar lo que tiene que ver con en la extinción del campesinado. Lo más polémico pareciera ser priorizar por el ingreso de Costa Rica a la Alianza Pacífico con una promesa de negociar mantener las condiciones, que es una acción contraria al sector agrícola que ha denunciado que esto pone en riesgo a 500 mil empleos del sector e implica que los pequeños no sobreviran esta nueva apertura, ósea ¿los que sobrevivieron a 14 acuerdos de libre comercio que no sé preocupen?. Como si fuera poco ofrecen que seamos observador en otros tratados más neoliberales como APEC y TPP.
En cuanto al tema marino, lo mismo que viene prometiendo desde hace unas 4 o 5 campañas que es revisar la vergonzosa entrega de atún a la flota internacional, lo cual está muy bien y revisar INCOPESCA, ¡ver para creer!.También dice algo tan ambiguo de la pesca de arrastre, como la posición del actual gobierno, pero suma una propuesta de claro orden extractivista “prospección de especies pelágicas en el Caribe”, es decir investigación en el Caribe para hacer inventario de cantidades de especies comercializables, que considerando el contexto no tendrá intenciones de protección o uso sustentable, si no que activa la alertas de que ante la sobreexplotación de la pesca en Pacífico, viene la intención de arrasar el otro lado de nuestro territorio marino.
En turismo, habla de aeropuertos regionales, incluido el Sur sin especificar, sin duda se refiere al mega aeropuerto en Osa que implica Guanacastización y hacer un modelo de mega turismo en una zona muy vulnerable ambientalmente. También es visible el lobby hecho por sectores como la pesca turística, camaroneros y operadores de mega turismo para lograr meter su agenda de negocios. Parecido al plan de negocios del libertario, pero más maquillado.
Tienen propuestas que nada envidian al Partido Movimiento Libertario que afirma: “consideramos prioritario resolver en definitiva el derecho de los indígenas a acceder a la propiedad de las tierras en las reservas” hasta ahí suena bien pero de seguido indica: “nos comprometemos a luchar porque el derecho a la propiedad privada sea efectivo para los habitantes indígenas” esto en dos platos es permitir y legalizar la mayor forma de despojo y privatización de las pocos territorios que sobreviven al proceso acelerado de apropiación ilegal del territorio concebido desde la lógica de los pueblos indígenas y por tanto implica un desconocimiento de su cultura y autonomía, de manera que pasa por encima al proceso de consulta de pueblos indígenas con la pretensión de abrir camino al extractivismo.
En la parte ambiental refiere a la agenda 2030 al igual que el PIN y otros partidos, que da continuidad a algunas de las medidas para seguir dilapidando fondos y recursos, como por ejemplo apostando por un modelo de riego ineficiente, injusto e insostenible como el represamiento del Río Piedras en Guanacaste o igual que el PRSC aprovecha la legalización de la incineración para general electricidad, lo cual es peligroso porque implica gran contaminación y riesgos a la salud pública, igual está de acuerdo con una mayor apertura en la producción eléctrica privada que implica acabar con nuestros ríos libres para negocios particulares, incluyendo la geotermia a privados, y al igual que el PLN viene en su agenda para abrir la participación de empresas privadas para la exportación al Mercado Regional Centroamericano. ¿Cuál es el problema con esto? que estamos poniendo en el juego mercantilista lo que deberían ser servicios públicos y universales para beneficio privado afectando los ríos y el patrimonio natural.
El tercero por descartar: Partido Republicano Social Cristiano por la privatización de bienes comunes, a favor de la contaminación por incineración y por el crecimiento de los nocivos monocultivos reduciendo la soberanía alimentaria.
El plan de este partido está claramente bien permeado de sectores empresariales interesados. Habla de convertir ASADAS en cooperativas, osea apoyar una forma posible de privatización del agua (Diario Extra, 19-5-2015). En el plano agrícola apoya a la agroindustria tal y como está, para que siga generando riqueza para los grandes propietarios y transnacionales, pero sumándoles incentivos para la generación de biocombustibles con base en más monocultivos como caña y “200 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera”, que es casi la mitad de áreas de siembra actuales y muy cerca de las 283 mil hectáreas adicionales, que calculó en 2008 el Informe del Estado de la Nación, que necesitaríamos sembrar de maíz blanco y amarillo, frijol y arroz para dejar de importar esos productos básicos, es decir para apostar por nuestra soberanía alimentaria. Proponen aprovechar la legalización a la incineración decretada por el actual gobierno y además de subir el tope para aumentar la producción eléctrica privada y reactivar los estudios de proyectos hidroeléctricos polémicos como Savegre y Pacuare que están protegidos de este tipo de iniciativas por el decreto Nº 39199-MINAE.
El cuarto por descartar es el PIN, Partido Integración Nacional de Juan Diego Castro, en general si las omisiones le dicen algo, tome en cuenta que dice muy poco y que eso nos sugiere muchas cosas. Está a favor de la explotación petrolera y del gas.
No incluyó ninguna propuesta concreta para el sector agrícola, hay una propuesta de Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) que podría tener injerencia en el tema de soberanía alimentaria, pero ni se menciona el tema específicamente. A pesar lo sugerente de la portada del plan con el mapa completo del territorio costarricense que incluye el mar patrimonial y el slogan de “país azul” no hay nada en la propuesta que lo retome. En temas ambientales tiene un programa tradicional, de lo que ya se viene haciendo y tiene al planeta en colapso, en específico se refiere a la Agenda 2030 fijada por Naciones Unidas que es una buena receta para atacar los síntomas y no las causas estructurales de la crisis ambiental global. En su ejercicio profesional se le conoce por su anti ambientalismo defendiendo a empresas acusadas por contaminar, desforestar y demandar ecologistas. Y bueno más allá de su profesión y su plan, el candidato presidencial llamó a quienes buscamos construir un mundo ambientalmente más justo, ecoterroristas, creo que sólo por podría pasar a tener el primer lugar de partidos para descartar.
El quinto por descarta Partido Liberación Nacional con la misma receta de privatización de nuestros recursos naturales y apertura de parques nacionales. El PLN vuelve a retomar la propuesta del uso de los recursos naturales dentro las Áreas Silvestres Protegidas, lo cual sería contrario a distintos tratados internacionales de conservación suscritos por el país y hasta el momento la Sala Constitucional rechazó todos los intentos. También propone mayor apertura de generación eléctrica privada que tanto impacto negativo tiene a las finanzas del ICE y en los ríos con decenas de proyectos que solo generan en invierno cuando sobran las posibilidades de generación nacional. La apertura eléctrica propuesta por el PLN va más allá al incluir la agenda de las empresas privadas de importar y exportar directamente al Mercado Regional Centroamericano pretensión que han buscado por décadas, lo que implicaría que empresas y operadores pueden importar y exportar en un mercado que produce más de 50% con petróleo su electricidad sucia a bajo precio.
Habría que revisar cuanto y a quienes están desembolsando estas compañías a la actual campaña electoral pues fueron grandes contribuyentes -220 millones de colones- de las elecciones que llevaron a la presidencia a Laura Chinchilla. La denuncia del 2012 el exdiputado Juan Carlos Mendoza señalo a las compañías Ingenio Taboga, Hidroeléctrica Río Lajas, la familia Esquivel Volio y las cogeneradoras Plantas Eólicas SRL e Ingenio Quebrada Azul S.A., donde participa el grupo Mesoamérica Investments de capital extranjero y promotora de la apertura en telecomunicaciones. Además de otros intereses más ligados a políticos y trasnacionales como el grupo de capital guatemalteco Campollo Codina, propietario de CATSA e ingenios de azúcar asociados, así como los accionistas de Corporación Jeromo y Azucarera el Viejo, a su vez accionistas del Ingenio Taboga. Todos, cogeneradores de electricidad ligados a políticos-empresarios conocidos y quienes han promovido como dogma la apertura eléctrica.
Ahora el PLN dice que está dispuesto a cumplir lo que en papel se puso hace décadas: que la rectoría del sector energético se haga desde MINAE y no a partir del manoseo político del gobierno de turno y desde los intereses del ICE y RECOPE, ¡ver para creer! También se insiste en este programa con megaproyectos de gran impacto ambiental como el Aeropuerto en Osa ahora con el nombre de Brunca(Kioscos Socioambientales UCR, 2012)
El sexto lugar por descartar es un empate entre el Partido Alianza Democrática Cristiana, Partido Accesibilidad Sin Exclusión y Partido Restauración Nacional.
Partido Alianza Democrática Cristiana, pura privatización de bienes comunes. Propone una agenda neoliberal como apertura del sector eléctrico, apertura de RECOPE, de manera específica al respecto del sector agrícola y ambiental no hay nada destacable, en transporte se suma al fetiche del tren eléctrico interurbano, fetiche en tanto se presenta como opción totalizante y que resuelve todo el problema de colapso vial.
Partido Accesibilidad Sin Exclusión viejos discursos, pero si hubiese que mencionar algo interesante es el concepto de “ciudades amigables” centrado en el peatón y la accesibilidad. Ofrece algo llamado “apoyo empresarial al sector agrícola” a través de las “marcas de origen” pero no desarrolla mucho la idea, parece como una nueva manera de hablar de las ventajas comparativas que nos dejaron sin granos básicos y exportando banano y piña. En cuanto a cambio climático propone mayor competencia de las municipalidades con nuevos cánones ambientales. En lo ambiental es un panfleto de viejos discursos de los noventas como desarrollo sostenible, las 4 erres más otra nueva de “regular” un énfasis en lo municipal.
Partido Restauración Nacional a favor de la minería. Tiene casi ninguna mención sobre la parte agricultura solo habla promover políticas de reconversión en el agro para seguir con la exportación de productos orgánicos. Hasta vergüenza ajena daba una entrevista sobre pesca donde demostró su nula comprensión y falta de estrategia. En la parte ambiental habla de promover un nuevo Código de Minería que “saldará la deuda pendiente que el país tiene para con sus recursos mineros y geológicos, como el caso del oro o la plata”. ¿Esto implicará derogar la ley de prohibición a la minería del oro y reactivar la minería de cielo abierto en el caso de la plata?
El sétimo lugar por descartar Partido Nueva Generación, más de lo mismo, queda debiendo lo nuevo de su generación excepto investigación en energía renovable. Para temas ambientales menciona las políticas en áreas marinas que le faltaron al PIN, cae en las mismas reducciones de la mayoría de los partidos: “ferrocarril urbano moderno”, más negocios con la naturaleza desde la “economía verde” concepto que no deja de ser un experimento fallido desde el capitalismo salvaje que ha arrasado con la naturaleza hasta el día de hoy y en la parte agrícola algo así como nuevas generaciones de agricultores mediante la misma fórmula que ya sabemos que no funciona. En vez de soberanía habla de seguridad alimentaria ósea preocupémonos por tener plata para comprar lo que comemos y desparezcamos la producción local de nuestros alimentos. ¿Está de acuerdo con explotar geotermia dentro de Parques Nacionales y pasarles el canal seco en medio?, según este comparativo: si! Lo destacable es que retoma y mejora propuesta ecologista para sector energético de crear un instituto que lidere la investigación de nuevas en energía renovables fusionando RECOPE y Grupo ICE.
Descartados los anteriores ¿quiénes nos quedan?¿los menos malos? La siguiente lista de tres partidos inicia con el partido más cercano a los descartables en materia ambiental y termina con el más potable por considerar.
Antes de seguir, detalle para poner atención, aunque no estamos frente al tradicional bipartidismo, seguirnos viendo semejanzas entre PUSC y PLN: Piza y Desanti quieren “reducir, flexibilizar y apearse” leyes ambientales. Estos dos candidatos hablan de desregular trámites, el primero apunta en su página web “eliminar o derogar el 50% de los requisitos establecidos por decretos o reglamentos administrativos” ¿se refiere a trámites como consulta a la gente, diálogo y participación social y requisitos ambientales? Si, en su plan de gobierno lo confirma. Lo mismo Desanti que centra “la pega” en SETENA (CRhoy, 8-1-18) que parece desconocer lo que implica un cambio de la Ley Orgánica del Ambiente sin la debida fundamentación y razonabilidad, lo cual sería además inconstitucional al ser una clara regresión ambiental. En la lógica tecnocrática y neoliberal que defienden estos candidatos la legislación y evaluación ambiental es un engorroso trámite que solo sirve para atrasar los proyectos, en vez de reconocer una valiosa información para planificar, ahorrar recursos, reducir costos a mediano y largo plazo, sacar mayor provecho al ambiente y finalmente maximizar y optimizar el uso de los bienes comunes, y se los digo en su “dialecto” de costos y ganancias.
Ahora sí, seguimos con la lista. Más “palangana” que menos malo, el Partido Acción Ciudadana hace más promesas vacías, más de lo que no hizo y su especialidad: contradicciones. También ofrece lo que dejó “a medio palo” como modernización de tramitología ósea digitalizar expedientes o profundizar el procesos de desregulación como lo hizo en SETENA, promete una ley de participación cuando no eliminó el veto sobre una ley aprobada por Asamblea Legislativa el ex diputado José Merino que garantizaba la participación vinculante en temas ambientales (El País, 11-12-2014). Ofrece muchos planes, programas, estrategia y reformulaciones que atestiguamos que duran hasta un año y medio negociando el financiamiento de cooperación externa (consultorías), un año o más elaborando (en pobres y apurados procesos de “disque” consulta), un año para aprobarlo y finalmente se acabó el gobierno y quedaron unos mamotretos que en el mejor de casos terminan sirviendo de servilletas en parques nacionales. ¿Biocombustibles dónde y cómo no amenazan la soberanía alimentaria? Ofrecen cosas como la “sectorización del transporte público”, lo cual está muy bien, sin embargo, en su única administración eliminaron a un viceministro que quiso hacer este trabajo ¿entonces? ¿cinismo de campaña electoral? y proponen un montón de cosas tan fáciles que se puede hacer mañana antes que termine la campaña política o el gobierno, como prohibir el estereofón y ¿por qué no lo han hecho con un simple decreto? Suena bien, pero si por la víspera se saca el día, resulta difícil volver a confiar. Alguna nueva promesa como “prohibición del fracking» que nadie sabe cómo se materializaría y que podemos equiparar con tantas promesas que no cumplieron como etiquetar transgénicos, moratoria a la piña o detener la pesca de arrastre entre otras.
El Partido de los Trabajadores es mucho “obrerismo” y poco ecologismo, es importante reconocer que sus militantes y simpatizantes tienen una gran sensibilidad, perseverancia y están presentes en muchas luchas socioambientales y feministas, pero parece traducirse en nutrir su ideología.
El PT propone reforma agraria y aumentar producción de alimentos, complementado con financiamiento, caminos y asistencia al campesinado. Se plantea la recuperación y la nacionalización de recursos y detener la privatización energética. Lo anterior suena “revolucionario” pero ha resultado en los gobiernos de izquierda suramericanos en mayor extractivismo, corrupción y contaminación para financiar programas sociales de clientelismo y propaganda que no atacan las causas estructurales de la desigualdad o sobreexplotación de los bienes comunes.
Fuera del proceso electoral están trabajando con sectores como trabajadores de la piñería donde han dado luchas ejemplares. Se reconoce su gran compromiso, su buena formación teórica y propuestas más de fondo que la mayoría de partidos, son bastante válidas, pero se podría pensar que más para el siglo pasado o antepasado. La intensidad de los cambios que proponen es bastante coincidente con la profundidad que necesita la sociedad si pretende sobrevivir a la crisis socio ambiental, pero parece que están planteados con categorías de análisis un poco desfasadas para la escala y la complejidad de los problemas del momento. Compartimos que el capitalismo no es sustentable y maquillarlo nos tiene con buena parte de los ciclos naturales irreversiblemente rotos.
Y finalmente, el Frente Amplio nos ofrece un gran menú en favor del ambiente, pero muchas dudas para su realización. Nutrido de muchas de las propuestas conjuntas con el sector ecologista y comunitario lo cual es un buen arranque, pero la duda surge ante la pregunta de ¿cómo lograr sus objetivos?, ¿necesitarán 57 diputados electos para prevenir que aunque algunos se salgan del canasto como ya les ha sucedido, aún puedan tener mayoría para aprobar lo que prometen?, además todo parece indicar que necesitarían un nuevo poder judicial, entre uno que otro cambio, para llevarlo adelante. Por ejemplo, destaca propuestas como “la creación de consejos de cuenca con participación de las comunidades y potestad de decidir sobre las prioridades en el uso del agua” pero no está claro si esto puede ser por decreto o solo por medio de una reforma de ley. Igual sucede con la buena propuesta de establecer un impuesto a las compañías generadoras de contaminación marina que subsidie a los pescadores artesanales y el proyecto de ley para garantizar la protección de la vida de activistas que luchan por la defensa del ambiente.
Tiene algunas de las propuestas más interesantes como “llevar la investigación científica y el desarrollo tecnológico a las y los ciudadanos, a sus comunidades, y hacer del conocimiento obtenido mediante la acción comunitaria apoyada con financiamiento estatal, un bien común, como medio de apropiación social de ese conocimiento” o revisar las normas constructivas para el uso de dispositivos que aprovechen la energía solar para generar electricidad y agua caliente.
En conclusión, es indispensable analizar antes de dejarse llevar por lo emocional, hace falta una lectura más profunda y en retrospectiva acerca del quehacer de estos partidos y candidatos en las últimas administraciones, pues el papel aguanta lo que le pongan. El sistema de representación política hace rato dejó de funcionar, si es que alguna vez funcionó, votamos para cambiar quienes dirigirán el poder ejecutivo en un sistema que necesita más reformas de fondo, no solo nuevas leyes o una refundación en el poder judicial, si no que ha quedado claro que sin participación de la ciudadanía y cambios más estructurales seguiremos profundizando esta crisis que se refleja en mayor deterioro ambiental y en las relaciones humanas a todo nivel.
La campaña destaca por su decadencia, parece a ratos un espectáculo de sucesos, una colección de ocurrencias y cinismos, a veces una pesadilla mediática de ejercicios vacíos y competencia de micro opiniones mal llamados debates donde vemos montajes que ya le gustaría a uno simplemente creerlos, el electorado tratando de ver en cuál caudillo patriarcal, porque para colmo sólo hay candidatos hombres(-1), deposita sus responsabilidades políticas para guardar su dedo los próximos años y a lo sumo sacar la lengua en redes sociales para quejarse o simplemente no hacer nada para que lo que exige de un gobierno sea una realidad, va compra un discurso y después se sienta esperar que todo por arte de magia sea como cada quien quiere.
Ante la falta de esperanza no es extraño que tengan que bajar a un Dios de furia y miedo, que se parece más imágenes dantescas de lo que llaman demonio o satanás, para ayudar a disuadir a los electores con temor y chantaje “divino” para que vote de tal o cual forma, tratando de hacer de la fe un activo electoral manipulable y por lo tanto descartable. Agotada la esperanza, dilapidada la fe para mucha gente no quedará nada o ¿fascismo?. Insisto, resulta un poco inútil “condenar” a una mayoría que se abstiene de votar.
Toca asumir de alguna manera más con las neuronas que con el hígado, que parece ser el órgano que más estamos activando en esta (des)elecciones nacionales, toca dejar a un lado las emociones y analizar, que esto aunque nos insistan en la figura de la “fiesta electoral” es de otro orden, lo que está en juego es el país entero.
A partir del 1 de setiembre próximo, pajillas, removedores y empaques plásticos desechables desaparecerán de las sodas de la UNA, donde desde 2008 se prohibió el uso de estereofón, como parte de las medidas a favor del ambiente
En sesión ordinaria del pasado 9 de agosto, el Sistema Institucional de Sodas y Afines de la Universidad Nacional (SISAUNA) acordó “prohibir el uso de pajillas, removedores y empaques de plásticos desechables en los servicios de alimentación de la Universidad Nacional, a partir del 1 de setiembre de 2017”.
El acuerdo del SISAUNA –órgano adscrito a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil- toma en cuenta el problema ambiental que generan los productos plásticos desechables, los cuales pueden permanecer inalterables por periodos que pueden ir entre los 100 y 500 años, debido a que su degradación es muy lenta.
Además, estos se producen a partir de combustibles fósiles derivados del petróleo, lo que –según el SISAUNA- provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no renovables. Asimismo, algunos de los químicos utilizados para su fabricación son tóxicos.
El acuerdo contempla promover el uso de empaques compostables, de cartón o biodegradables para empacar comida para llevar.
Como alternativa para contribuir con la solución de los problemas causados por productos plásticos desechables, se propone utilizar vajillas e implementos desechables amigables con el ambiente, por ejemplo aquellos fabricados con materiales compostables y biodegradables, como la fibra de palma y bagazo de caña.
Desde el 2008, la UNA prohibió el uso de envases de estereofón en las sodas y afines de la UNA para vender comida para llevar, precisamente con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos producidos y promover la reutilización y el reciclaje.
Esta nueva medida a favor del ambiente, considera que la UNA apunta sus esfuerzos a realizar sus actividades bajo principios de sustentabilidad e implementa nuevas formas de mitigar los impactos ambientales que se presentan en los campus de la institución.
***Mayor información en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 2562-6430 / 2562-6432 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de elcomercio.pe
Este sábado 15 de julio a las 7:30 p.m. el programa Encuentro TV UNA transmitirá el conversatorio entre el Ing. Pablo Esteban Badenier Martínez, ex ministro de Medio Ambiente en Chile y el Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la UNA quienes tratarán el tema: ambiente y participación ciudadana.
El programa se transmitirá por el Canal UCR (Canal 15 UHF; Canal 5 Tigo; Canal 67.7 Tigo Digital; Canal 61 Cabletica), con repetición el domingo 16 de julio a las 11:30 a.m.
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Investigación del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) promueve el uso de tratamiento alternativos al uso de plaguicidas altamente peligrosos, que ponen en riesgo la salud de los productores y el ambiente
Laura Ortiz C./Periodista UNA
Costa Rica importa cerca de 12 millones de kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por año, la mayoría proviene de China, India y Estados Unidos, de esa cantidad, cerca del 80 por ciento se considera Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), es decir, pueden causar graves daños a la salud y el ambiente, tanto de forma aguda como crónica.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la red PAN (Pesticide Action Network), han propuesto la reducción en el uso y la prohibición gradual de los PAP como una demanda mundial ante los riesgos para la salud y el ambiente que ocasionan estas sustancias químicas.
Desde el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) se desarrolla el proyecto “Alternativas para la reducción y eliminación del uso de PAPs”, financiado por el Programa de Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y basado en el “Enfoque estratégico para el manejo de sustancias químicas (SAICM)”.
“A nivel internacional el fin es buscar controles y alternativas efectivas para los productores, con el propósito de abandonar por completo el comercio y empleo de estos plaguicidas y reemplazarlos por alternativas más seguras y agroecológicamente más sustentables. En el proyecto, lo que hicimos fue diagnosticar el uso, las prácticas agrícolas riesgosas y las alternativas de menor impacto en salud y ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los PAPs (importación, regulación, distribución, uso y disposición de residuos), en los cultivos de café y piña que se desarrollan en el país”, dijo Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA y coordinador del proyecto.
Según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014 se reportó que a nivel nacional se siembran 82.511 hectáreas de café y 37.644 de piña, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Iret-UNA, en promedio se utilizan 2,37 kilogramos (kg) de ingrediente activo PAPs por hectárea por año (i.a/ha/año) en la producción de café y 29,52 kg i.a/ha/año en el cultivo de piña, este último dato, tras un análisis en Pital de San Carlos, Alajuela.
Contra la roya
Una de las enfermedades más importantes que enfrentan los cultivos de café en el país es la conocida como “roya”, ocasionada por el patógeno Hemileia vastatrix. De acuerdo con el Centro de Investigaciones en café (Cicafé), durante muchos años los caficultores han controlado la plaga por medio de diferentes prácticas, una de ellas el empleo de fungicidas químicos sintéticos, pero el abuso de estas sustancias, ha producido incrementos en los costos de producción, riesgo de aparición de fungorresistencia, contaminación del ambiente, destrucción de la fauna beneficiosa y riesgos contra la salud pública.
Para este estudio se trabajó en dos fincas cafeteras de manejo convencional, la primera ubicada en Santa Lucía de Barva de Heredia, y la segunda en Pirrí de Alajuela.
En ambas fincas los ensayos se hicieron para evaluar la eficiencia contra la roya de los productos alternativos Bacillus subtilis, caldo bordelés, extracto de árbol Melaleuca alternifolia, caldo sulfocálcico y el hongo Lecanicillium lecanii, comparado con la eficiencia de tres fungicidas catalogados como PAP (triadimenol y epoxiconazol + piraclostrobina) y un sintético catalogado como no PAP (trifloxistrobina + ciproconazole). Se evaluó la incidencia y severidad de roya 30 días después de la aplicación de los tratamientos, los cuales se aplicaron en cuatro ocasiones durante el ciclo del café.
De acuerdo con la investigación, en lo referente a las alternativas, la que dio mejores resultados, es decir menor incidencia y porcentaje de hojas con menos lesiones, fue el extracto comercial de té + fungicida no AP, sin embargo, es el más costoso de todos y por lo tanto poco accesible para los productores.
En la finca El Cántaro, independientemente del tratamiento ya sea químico o alternativo, no hubo diferencias significativas en los rendimientos, lo que concluye que estos últimos pueden incorporarse en el manejo fitosanitario de la roya.
Según los resultados, el caldo sulfocálcico + Lecanicillium lecanni, fue el de mayor rendimiento, a pesar de que la incidencia alcanzó un 26 por ciento a finales de setiembre, este tratamiento tuvo un costo de 116.000 colones/ha, mucho menor al costo del tratamiento con extracto comercial del árbol de té + fungicida no AP, pero más costoso que los tratamiento químicos. El uso de caldo sulfocálcico +Lecanicillium lecanii constituye una opción para el manejo efectivo de la roya del café.
Además de Ramírez, en este estudio participaron las investigadoras Silvia Luna, Martha Orozco y Stephanie Williamson. Estos resultados fueron presentados el pasado 27 de abril en un taller regional denominado “Alternativas para la reducción y eliminación de plaguicidas altamente peligrosos en el cultivo de café”, donde participaron productores y representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas con la producción.
En Costa Rica se utilizan 21 plaguicidas conocidos por ser extremadamente o altamente peligrosos según la clasificación de la OMS.
¿Qué es un PAP?
Un plaguicida se considera altamente peligroso si:
Tiene toxicidad aguda alta o extrema.
Puede causar muerte por inhalación.
Tiene toxicidad crónica (efecto a largo plazo).
Cumple con más de uno de los siguientes criterios: persistente, tóxico para organismos acuáticos y/o bioacumulable.
Es altamente tóxico para las abejas.
Está incluido en convenios ambientales internacionales.
***Para mayor información comuníquese con Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA (8812-2914) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3660.
Con ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra y la conmemoración de la semana universitaria por la lucha del movimiento estudiantil contra ALCOA (concesión de explotación de bauxita).
Las luchas socioambientales nos han acompañado y nos seguirán acompañando tanto a nivel latinoamericano como mundial, quienes han participado de las mismas han sufrido opresión, amenazas e incluso se les han asesinado.
La Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) invita a generar conciencia y acompañarnos en el conversatorio: «La defensa del ambiente en América Latina: riesgos y desafíos».
Oradores:
Dr. Nicolás Boeglin y M.Sc. Alvaro Sagot
La actividad se realizará el lunes 24 de abril en el Mini Auditorio del Edificio de Aulas (actual Facultad de Derecho), a las 2 p.m.
Cualquier agente que afecte el desarrollo y crecimiento de las plantas y especialmente de los cultivos pone en peligro la actividad agrícola, el medio ambiente, la economía y por ende la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos.
Por eso, investigadores de todo el continente americano trabajan incesantemente en la investigación, diagnóstico y control de enfermedades de las plantas, como por ejemplo la Sigatoka negra, la enfermedad más importante en banano en la región, o las enfermedades que afectan al aguacate mexicano, el cultivo de papa, el tomate o las plantas ornamentales.
Los fitopatólogos se reunirán la próxima semana en Costa Rica para analizar los avances y retos en el Congreso de la Sociedad Americana de Fitopatología, organizado por el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) y el Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El congreso denominado “Perdidas de cultivos, riesgos fitosanitarios y enfermedades tropicales: avances y retos” se realizará del 27 de febrero a 1 de marzo en el Hotel Plaza Crown (Corobicí). La inauguración se llevará a cabo el lunes 27 de febrero a las 8:00 a.m. y contará con la presencia del Ministro de Agricultura, Dr. Luis Felipe Araúz, quien también es especialista en fitopatología.
Durante tres días se presentarán 45 charlas y 35 carteles con resultados y avances de investigaciones que se realizan a lo largo del continente y varias que realizan en conjunto entre investigadores extranjeros y costarricenses de la Escuela de Agronomía, la Escuela de Biología, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) el CIPROC y el CIGRAS de la Universidad de Costa Rica.
Se abordarán temas de importancia para el sector exportador de banano y piña como la biología, manejo e impacto de microorganismos en etapa poscosecha y las enfermedades cuarentenarias que son muy importantes en la actualidad, considerando el movimiento de productos y personas de un país a otro, pues pueden cerrar las puertas entre dos países o afectar la producción de cultivos.
Parte de este simposio es buscar identificar métodos nuevos de control biológico con agentes biológicos, que puedan reducir la cantidad de plaguicidas en el ambiente, e identificar áreas importantes para continuar la investigación en el futuro¨ explicó el Dr. Paul Eker, director del CIGRAS-UCR y residente de la División del Caribe de la Sociedad Americana de Fitopatología.
También se analizarán temas relacionados con nematología tropical y microtoxinas que pueden afectar la salud de las personas y también de los animales. El miércoles 1 de marzo durante todo el día se realizará un simposio especial sobre avances y retos para el sector bananero.
Contacto: Dr. Adriana Murillo y Dr. Paul Esker CIGRAS. Tel: 2511-8823, 2511-8822.
