Ir al contenido principal

Etiqueta: proyecto de Ley

Asociación Voces Nuestras cuestiona el mecanismo de Iniciativa Popular

Escrito en . Publicado en Derechos.

PRONUNCIAMIENTO

 

El 12 de marzo de 2015 el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) y Voces Nuestras presentaron a la ciudadanía la Ley Participativa de Radio y Televisión, como resultado de un proceso de consulta de seis años, que contó con la participación de representantes de la sociedad civil, medios alternativos, organizaciones sociales, comunidades, estudiantes, universidades públicas y expertos técnicos y jurídicos.

Para la construcción de esta propuesta de ley también se tomaron en cuenta las posiciones de instituciones del Estado como la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Comunicaciones (SUTEL), la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Entre los principios fundamentales de este proyecto de ley están el derecho humano a la comunicación y la pluralidad de medios; la democratización del espectro radioeléctrico desde un enfoque de equidad social y de derechos humanos, que devuelva al Estado la capacidad de administrar este bien público.

Durante el período comprendido entre el 2015 y el 2018 Voces Nuestras apoyó con la recolección de firmas para presentar el proyecto de ley como Iniciativa Popular ante la Asamblea Legislativa y respetamos todo el proceso de recolección de firmas impulsado por la RedMICA.

CONSIDERANDO QUE:

  • El mecanismo de presentación de proyectos de ley a la Asamblea Legislativa por Iniciativa Popular se ha desvirtuado
  • Se supone que este mecanismo abre a la ciudadanía la posibilidad de formar leyes o hacer reformas parciales a la Constitución Política y que garantiza que los proyectos se voten rápidamente y no se estanquen durante muchos años, ya que el plazo máximo para votarlos es de dos años
  • No es constitucionalmente admisible que las y los legisladores introduzcan cambios y variaciones sustanciales a los proyectos de iniciativa popular, que impliquen su desnaturalización
  • Las organizaciones y movimientos sociales se desgastan durante años construyendo proyectos de ley y recolectando firmas, para que luego estas iniciativas sean manipuladas por las y los diputados y los grupos empresariales, como ocurrió con la llamada Ley de Aguas
  • Los derechos no deben negociarse ni manosearse por vías corruptas y poco transparentes porque los derechos se ejercen; no se negocian
  • En este momento no están dadas las condiciones en la Asamblea Legislativa para presentar un proyecto de ley

COMUNICAMOS:

  • La Asociación Voces Nuestras ya no recogerá más firmas para presentar el proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión por medio del mecanismo de Iniciativa Popular
  • A partir de hoy las hojas con firmas que se encontraban en la oficina de Voces Nuestras serán ahora custodiadas por las y los integrantes de la Asociación RedMICA
  • Voces Nuestras continuará motivando y articulando con otras organizaciones y grupos, que quieren exigir que se reconozca su derecho y acceso a la comunicación
  • Voces Nuestras tiene una responsabilidad en el acompañamiento a las comunidades y seguirá apoyando el trabajo de personas, colectivos, asociaciones y comunidades organizadas, que están defendiendo su derecho humano a la comunicación y que tiene iniciativas de comunicación en defensa de las autonomías

 

San José, Costa Rica. Miércoles 18 de abril, 2018.

 

Fabiola Pomareda García

Periodista

Asociación Voces Nuestras

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Voces Nuestras.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Diferentes movimientos exigen no aprobación en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo porque:

  1. Este nuevo proyecto mató la esencia de construcción participativa de la propuesta original de iniciativa popular (Expediente legislativo 17.742), que fue presentado con las firma de 150.000 personas con la consigna de contar con “un instrumento legal moderno que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones”.
  2. En el proyecto negociado a escondidas del pueblo solo indica de manera general que habría “participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico” (Art. 2), pero eliminó el artículo 11 del proyecto original y redujo la participación a una “consulta pública” para que “la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones” (Art. 22). Se eliminaron también los mecanismos y la posibilidad de que desde las comunidades se pueda tomar parte en las decisiones sobre el uso del agua, dejando al reglamento de la nueva ley definir “los mecanismos para realizar dichas consultas” (Art. 22).
  3. La iniciativa era la expresión del pueblo soberano dándole un mandato a la Asamblea Legislativa para que lo votara en un plazo definitivo. En resumen, la propuesta de iniciativa popular, fue manoseada y cambiada en la Asamblea Legislativa para satisfacer intereses empresariales y privados, distintos a los que perseguíamos cuando firmamos.
  4. Para favorecer las plantaciones de monocultivos y agroindustria, incluyeron en los usos domésticos fincas ganaderas de hasta 35 hectáreas (Art.3, Inc. 35), lo cual crea el inminente peligro de que grandes extensiones puedan ser divididas para efectos de explotar el agua con fines lucrativos y privados de cualquier tipo amparados en este supuesto “uso doméstico”.
  5. Reduce las penas por contaminar el agua, pues en el proyecto de iniciativa popular se establecían multas de hasta 25 salarios base (hasta 20 millones de colones), pero el proyecto #20.212 establece un máximo de 7 salarios mínimos (Art. 118), lo cual resulta insignificante y más bien un estímulo para contaminar el agua. Además, en el Artículo 46, se dice que la contaminación debe demostrarse “mediante estudio técnico y científico”, lo cual ni siquiera ha podido hacer AyA en el caso de la contaminación de las piñeras, y para las personas y comunidades resultaría prácticamente imposible.
  6. El “castigo” que establece el Art. 29 de “reposición de cinco metros” en áreas de protección de agua taladas o dañadas, es más bien otro estímulo a la destrucción y agravaría la incompetencia del Estado para juzgar a quienes destruyen las áreas de protección de agua.
  7. Permite que otros “entes autorizados prestatarios de servicio público” (Art. 61) además del AyA, puedan desarrollar proyectos de “aprovechamiento de agua” dentro de las Áreas Silvestre Protegidas, incluidos Parques Nacionales y Reservas Biológicas, lo cual establecería un nefasto precedente, dado que por la vía de concesiones, por ejemplo a empresas y cooperativas con fines de lucro, se abriría espacio a la explotación privada, comercial y lucrativa en estas áreas.
  8. Elimina la protección de cuerpos de agua y manantiales intermitentes del proyecto original, reduce las potestades de los inspectores de agua (Art. 10), abre la posibilidad de “inscribir” (privatizar) las áreas de protección de nacientes de agua para consumo humano a nombre de privados (Art. 32).

¡Queremos una ley de agua participativa y de iniciativa popular!

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo.

 

Bloqueverde,

FECON,

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica,

Indignados CR,

Plataforma de Integración Ciudadana,

Laboratorio Psicosocial,

Pacto Mundial Consciente,

Revolución de la Cuchara,

Comisión Pro Ríos del Cobas,

Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete,

Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus,

Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus,

Comité de defensa de los Ríos Chirripó,

Coeco Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica,

Comisión de Defensa de los Ríos Convento y Sonador,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Comité de Agua Longo Mai Abajo,

Asociación de Ecologista de Occidente,

Proal- Amigos del Pacuare,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Refugio de Vida Silvestre Longo Mai,

Unaproa,

Finca Amalur,

Asociación de Ecología Social,

Grupo Ecológico de Occidente (GEO),

Comité Cívico de Buenos Aires,

Ecolur compostaje doméstico,

Diwo Ambiental,

Frente Ecologista Universidad Nacional (FECUNA),

Confraternidad Guanacasteca,

Colectivo Unión Vital de Naranjo,

Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental,

Comisión para la defensa de la Zona protectora El Chayote,

Colectivo la legión Naranjo

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Sofía Barquero: “¿Qué están haciendo lxs diputadxs con el agua?”

Escrito en . Publicado en Agua, Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Sofía Barquero Mata

 

Mediante el mecanismo de iniciativa popular, es decir, con la firma de 150 mil costarricenses, se presentó un proyecto de ley de aguas para subsanar más de 70 años de rezago que tiene nuestra legislación en la materia.

De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de Iniciativa Popular, hace como tres años se debió haber votado (a favor o en contra) esa propuesta ciudadana. No se ha querido hacer. La derecha y las Cámaras no lo han permitido. Se realizaron reformas a la iniciativa popular, sin embargo, el texto conserva avances importantes. Algunos de ellos, generan gran oposición de sectores agroindustrales y comerciales privados, que hoy en día se ven favorecidos con multas de 700 colones por contaminar el agua y cánones ridículamente bajos por el pago de concesiones.

Estos avances polémicos se resumen en:

  • Multas de hasta 50 millones por daños relacionados con el recurso hídrico
  • La posibilidad de actualizar los cánones y cobrar altos precios a quienes lucran con el agua
  • Confirmar las áreas de protección de la legislación vigente (este no es un cambio)
  • Declarar todas las aguas del dominio público
  • Actualizar los mecanismos para otorgar de concesiones de agua, claramente obsoletos y evitar las posibilidades de comercializar esas concesiones
  • Garantizar la participación ciudadana mediante consejos de cuenca (órganos conformados por varias instituciones, ASADAS y Universidades Públicas), que toman decisiones sobre el manejo de la cuenca
  • Mantener las condiciones especiales de las concesiones de uso doméstico

Para no pegarse el color de quitar del texto de iniciativa popular esos puntos, el diputado liberacionista, Juan Marín, presentó un nuevo proyecto de ley que se encuentra siendo tramitado apenas en la Comisión de Ambiente. Ahí se negoció con la Cámara Nacional Agropecuaria (principalmente) y con PLN-PUSC-PAC-minoritarios (el Movimiento Libertario no, hoy nos dimos cuenta). Sin embargo, en la Comisión, la representación del Frente Amplio les llenó de mociones el proyecto, con lo que se dificulta muchísimo su avance.

Como les urge, revivieron el de iniciativa popular que nunca habían querido someter a votación, para ponerle otro texto encima que sirva a sus intereses, y aprobarlo aprovechándose de las ventajas de procedimiento que tiene el proyecto que propuso la gente (¡150 mil personas, es mucha gente!).

Para lograrlo, hicieron una “trampilla” de procedimiento: devolvieron (por unos segundos) el proyecto de iniciativa popular que estaba en Plenario a la Comisión de Ambiente y, luego, lo volvieron a “subir” de regreso. Ahora, el Plenario se convierte en una Comisión, se le llama Comisión General. Esto es como un portal de unas horas. Se abre a las 3 de la tarde y cierra cerca de medianoche. Un solo día. Llegada la hora, se somete a votación, así tenga millones de mociones pendientes de discutir. Ese portal se abrió en Halloween (este 31 de octubre), pero diputadas y diputados del Frente Amplio se salieron de la sesión y se rompió el quórum. Cerraron el portal de aquí al jueves, que se reabre.

Como son tan vivillxs, habían presentado su texto mucho antes de que el portal se abriera, el que se presentó a tiempo fue el del Frente Amplio (FA) y, entonces, era el texto que correspondía conocer, pero como no iba a dar tiempo de ver más que uno, entonces se tendría que votar la propuesta frenteamplisa, una vez llegada la hora ta-tá. Pero, por lo que pareciera argolla con el Departamento de Servicios Técnicos, lograron que se los aceptaran, el de ellxs (fuera del portal) primero, el del FA (dentro del portal) después. Lo hicieron con una resolución que dice algo como que cuando se trata de echarles la mano a Juan Rafael Lizano y la Cámara de Agricultura, los portales se amplían según sea necesario.

El texto que quieren aprobar es regresivo de dos maneras: i) en unas cosas, al compararlo con la iniciativa popular y ii) en otras cosas, al compararlo con la legislación que tiene más de 70 años. Es decir, nos quieren llevar al siglo pasado… o antepasado, a aquellos tiempos cuando el agua era un recurso inagotable.

Los manoseos, con respecto a la iniciativa popular, se resumen en:

  • Dar los mismos beneficios que los usos domésticos (sobre trámite y precio) a la producción ganadera de hasta 35 hectáreas. Alegan que 35 hectáreas de vaquitas, apenas da para la subsistencia. ¿De qué vivirá la gente que tiene 20 hectáreas con vacas?
  • Eliminar los consejos de cuenca que definían la planificación hídrica y permitían algún nivel (si bien muy reducido) de participación ciudadana
  • Bajar las multas. Por ejemplo, las sanciones gravísimas pasan de estar entre los 20 y los 50 millones a estar entre los 2 y los 2.8
  • Se mantiene la posibilidad de actualizar los cánones por la concesión. Sin embargo, en su página de FB, el Ministerio de Ambiente aclaró que no tienen planeado actualizarlos, sino que se mantendrán igual… o sea, seguirán regalando el agua a la Coca Cola y a la Cervecería…a las piñeras, a las meloneras y, obvio, a las bananeras de Desanti
  • Las áreas de protección que existen se mantienen. Sin embargo, el nuevo texto dice que Dice que se deben ir reforestando de a poquitos las áreas de protección, comenzando por los primeros 5 metros. Nos oponemos, área de protección, es área de protección. Debe estar sin tocar siempre

Con respecto a la Ley que nos rige (la del siglo antepasado), el proyecto que nos quieren clavar, es regresivo por lo siguiente:

  • Propone que las concesiones se den sobre la propiedad (la finca, por ejemplo) pero, (ahí está EL detalle, diría Cantinflas) a nombre de una persona. ¿Qué pasa si el inmueble cambia de propietaria? El concesionario debe hacer el traspaso de la concesión o renunciar a ella. Si renuncia, el nuevo propietario tiene que volverla a sacar. Eso implica un exceso de trámites y abre el portillo para que se “traspasen ” las concesiones entre propietarios de los inmuebles. Las concesiones de aguas serían como las patentes de licores pero como si las tuvieran que choricear con todo y bar.
  • Permite inscribir las áreas de protección (200 mts alrededor) de las nacientes captadas para consumo humano a nombre de personas privadas. Hoy en día, ese terreno es del Estado (desde hace como 70 años es así). Es decir, quieren regalarle tierras a los finqueros. Si bien, no pueden usarlas para ninguna otra cosa que la conservación, estamos hablando de la misma gente que siembra arroz en los humedales y piña sobre la milla fronteriza. Es mejor no confiarles nada más.

 

Compartido por Mario Cabrera. Tomado de la página de Facebook de Sofía Barquero Mata.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

FECON se manifiesta ante proyecto de ley de recurso hídrico

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Sobre la aprobación del Proyecto de ley de recurso hídrico FECON manifiesta:

  1. La participación ciudadana fue despreciada, convertida en nada, disminuida y la original voluntad e iniciativa popular sustituida por varios proyectos que, desde siempre atentaron contra la necesidad de cambiar para mejorar. El proceso, la trama, no el fin loable, pareciera que se convirtió en la esencia, una especie de modus vivendi, que ahora, con una ley aprobada, NO IMPORTA CUAL, serviría para que muchos se presenten como paladines del agua y hasta consigan más fondos para seguir cabildeando.
  2. No hemos sido parte ni avalamos ningún conciliábulo de partidos que acomodan el nuevo y desconocido proyecto y sus mociones a sus cálculos electorales y niegan al país la posibilidad de contar con una nueva ley. Y hablamos del cálculo electoral de todos los partidos, pero con responsabilidades comunes pero diferenciadas. Al PLUSC-ML y fracción fundamentalistas no es de extrañar sus pusilánimes posiciones. Al PAC-Gobierno su incompetencia y deslealtad con lo que se prometieron a apoya. Ligando con lo anterior, cualquier componenda a escondidas deviene en una traición a la iniciativa popular, sin importar si se trata de partidos o de organizaciones sociales. La base social del agua en Costa Rica, las Asadas, comités y hasta municipalidades, están siendo traicionadas por este arreglo escondido.
  3. En estos 15 años de proceso de ley FECON encontró un consenso que es respetar los criterios divergentes de sus organizaciones que han sido por un lado impulsoras y por otras críticas de la ley y su proceso, además de otras que se quedaron al margen de la discusión. Lo que hemos valorado es mantener nuestra integridad y resguardar el patrimonio de 28 años de lucha ecologista primero antes de prestarnos al juego de la división y los grises intereses de las cámaras empresariales y política electorera.

FECON se manifiesta ante proyecto de ley de recurso hidrico

Llamamos a las organizaciones ambientales, ASADAS, y ciudadanía a manifestarse y rechazar este intento de defraudar la participación ciudadana.

No se trata de una nueva ley, sino de ¿cuál es la ley de aguas que la sociedad costarricense necesita?

 

Tomado de la página de Facebook de Bloque Verde.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Delegación indígena Ngäbe Buglë viajó a San José para denunciar violaciones a sus derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Las actividades se realizaron el pasado 12 de octubre en Casa Presidencial y en Asamblea Legislativa y contó con actos culturales y conferencia de prensa
  • Presentaron proyecto de ley que busca agilizar, abaratar y humanizar el proceso de regulación migratoria para las y los indígenas Ngäbe Buglë
  • Visita se enmarcó en la conmemoración del 12 de Octubre, como una forma de reconocimiento de su identidad como pueblo originario

 

Bajo la bandera “No somos extraños, somos un pueblo originario” la comunidad de indígenas Ngäbe Buglë proveniente de Sixaola movilizó a más de 60 personas a San José este pasado jueves 12 de octubre.

Las actividades dieron inicio a las 10 de la mañana en Casa Presidencial, donde la comunidad se reunió con autoridades del Gobierno, para luego trasladarse a la Asamblea Legislativa a la 1:30 p.m., donde presentó un acto de baile Jeegvi, tradicional de su cultura, y una conferencia de prensa.

En dicha conferencia se anunció el proyecto de ley “Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y garantía de integración de la Persona Indígena Transfronteriza”, el cual les permitirá obtener un documento de identidad, indispensable para acceder a atención médica, ayuda social para la educación de sus hijos y el reconocimiento de sus garantías laborales.

“Las fronteras que nos puso la gente blanca no nos permiten tener participación política o derecho a la salud, educación o trabajo digno, queremos que se reconozcan nuestros derechos como población indígena originaria” reclama la comunidad.

La comunidad Ngäbe Buglë que habita en Sixaola tiene tres características que la hacen especialmente vulnerable: es indígena sin territorio, es transfronteriza y vive en extrema pobreza.

Las actividades y el proyecto de ley surgen de un trabajo de acompañamiento que la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica ha realizado desde enero del 2016 con esta comunidad, en vista de las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

 

Enviado por Allan Monge, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Proyecto de ley rompería y distorsiona el modelo de servicio público del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Proyecto convertiría acueductos comunitarios en entes privados
  • A pesar de la oposición de AYA,MINAE, UCR, ITEC, FECON y decenas de ASADAS

Este jueves pasado se dictamino el proyecto de “Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados” (expediente 19.941) con el cual abre el portillo para transformar asociaciones sin fines de lucro conocidas como ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados) en entes de carácter privado como lo son las cooperativas alejando la gestión comunitaria y participativa del agua como un derecho humano y de bien público.

Aunque el proyecto modificó la preocupación de la privatización que reclamaron muchos sectores- al señalar que se reinvertirían los dividendos de la prestación del servicio- el proyecto implica una distorsión o desigual competencia pues las cooperativas tienen mayores beneficios fiscales que AyA y las mismas ASADAS. Esto pues la ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179, en su artículo 6 les otorga privilegios como: exención del pago del impuesto territorial por 10 años, exención de todo impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, rebaja del cincuenta por ciento en los impuestos de papel sellado y Exención del pago de los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, herbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias.

El artículo 21 proyecto dictaminado abre el portillo para que las ASADAS se transformen en cooperativas por lo que es previsible que se dé una migración total a esta figura más permeable a los intereses privados y comerciales que las ASADAS. Al mismo tiempo se crearía un súper sector con mayor poder y privilegios fiscales que el AyA.

Sería un “botín político” potencial de 1500 nuevas cooperativas, tres veces la cantidad de cooperativas existentes del país, que se sumarian a la guerra entre los sectores del PLN y el oficialismo que disputa el control del sector cooperativo y sus jugosos préstamos, dietas y puestos directivos.

Este proyecto fue sacado de la Comisión de Ambiente al recibir decenas de criterios en contra de ASADAS y fue dictaminado este jueves pasado por la Comisión de Economía Social donde se reformó parcialmente, pero sigue siendo rechazado operador el AYA y el rector MINAE, UCR, ASADAS, Universidades, sindicados y FECON.

Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS). Las ASADAS son asociaciones comunales que están al servicio de la comunidad, prestan un servicio al costo, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Funcionan con convenios de delegación con el operador o en coordinación y fiscalización del AYA. En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas.

Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper el modelo de prestación del servicio al sumar “un” nuevo operador, que provocaría multiplicidad de distorsiones y competencia desigual.

La experiencia de las cooperativas en la administración de un servicio público como electricidad está pringada de malos manejos sobre créditos para hidroeléctricas y por la pésima gestión socio ambiental de los proyectos hidroeléctricos en la zona norte.

Involucrar a las cooperativas transforma al agua -nuestro bien común más estratégico- en un mundo de negocios. Es poner en manos de empresas disfrazadas con trajes de la economía social solidaria, pero con un funcionamiento como cualquier otra empresa privada, nuestro bien más preciado.

El sector cooperativo hoy explota intensivamente el agua mediante las cooperativas agrícolas y las de producción eléctrica abriéndolos la posibilidad de controlar y definir este nuevo uso en función de otros donde funcionan claramente cómo empresas. Como apunto el Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).

También la de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental…Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).

FECON alerta a la ciudadanía sobre las consecuencias de perder el modelo de gestión comunitaria y los avances en políticas, reglamentos y mejoramiento de este importante sector que presta hoy el servicio público con una óptica participativa y democrática y por ello llamamos a los Diputados de la República a archivar esa iniciativa.

defensa agua

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.avina.net

Enviado a SURCOS por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Presentación de proyecto para regular la TV Digital

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado martes 4 de julio, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, se realizó la conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores y contenidos de una propuesta de ley orientada a regular el paso a la TV Digital.

En la actualidad, el gobierno se encamina a concretar el cambio de la tecnología analógica a la digital en lo que a televisión se refiere. Este proceso terminará el 15 de diciembre próximo, y tal y se impulsa, en un arreglo que favorece los intereses de los actuales concesionarios de TV, se le estará regalando parte del patrimonio público del espectro radioeléctrico, el llamado dividendo digital de la TV, a esos actuales empresarios concentradores de televisión en el país.

Este proyecto es una propuesta mancomunada, redactada y presentada por diputados de varias fracciones, con el apoyo de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red-MICA), organización que también viene trabajando por lograr presentar la propuesta de “Ley Participativa de Radio y TV”, con la cual se aspira a lograr que se distribuya equitativamente el espectro y se permita el funcionamiento de radios y televisoras comunitarias.

La propuesta de ley que se presentó el martes 4 de julio está orientada a frenar el proceso que impulsa el gobierno, y evitar que se dé este regalo por parte del Estado a los empresarios de la TV de un recurso público, que es propiedad del pueblo, como es el espectro radioeléctrico.

Para más información, contactar A Marvin Alberto Amador al teléfono 8335-3070, o a Andrea Alvarado, al 8871-8949.

Presentacion de proyecto para regular la TV Digital

Enviado por Marvin Alberto Amador, Comunicador, Docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

¿Se habrá ido al carajo el referendo sobre la venta de RECOPE?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

 

Cabe la pregunta pues el texto aprobado por el TSE para la recolección de firmas el pasado 30 de enero del 2017, desdeñó lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política, recogido en el artículo 2 de la Ley “Regulación del Referéndum”, que en su párrafo primero dice:

“De conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política, no podrán someterse a referéndum proyectos de ley sobre materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa”.

Pese a la claridad de lo determinado, el texto del proyecto de ley nacido en las curules del Movimiento Libertario, contiene una serie de normas de materia tributaria y fiscal, como las que determinan cambios en el impuesto único a los combustibles, variaciones en exoneraciones legales (¡materia fiscal!), modificación a exenciones propias del Código de Procedimientos Tributarios, nuevos procedimientos expropiatorios y servidumbres forzosas sobre terrenos privados, por simple decreto ejecutivo, y, pese a que la Sala Constitucional había resuelto que los derechos fundamentales constituyen un límite a la materia de referendo, la materia de expropiaciones y servidumbres forzosas que se haría vía decreto ejecutivo, constituye una delegación inconstitucional al Poder Ejecutivo.

Los puntos anteriores, y otros, fueron planteados en recurso de amparo acogido el 28 de abril por la Sala Constitucional, presentado por representante de la Cámara de Empresarios de Combustibles contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), expediente Nº 17-006294-0007-CO, y debieron de ser respondidos por el TSE la semana pasada.

Cualquiera que hubiere sido la justificación del TSE para haberse saltado algo tan fundamental, casi podríamos estar seguros de que los argumentos emitidos por recurrentes, serán determinantes para un fallo favorable al recurso de amparo.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Freddy Pacheco León.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Comentarios al Proyecto de Ley de Regulación de las Remuneraciones Adicionales al Salario Base y el Auxilio de Cesantía en el sector público

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández Venegas

 

  • “Me sobra mucho mes al final del sueldo” (Indignados, M-15)

 

Introducción

En lo que llevamos de la actual Administración, montando como excusa la crisis fiscal, todos los partidos políticos, moros y cristianos, han presentado varias iniciativas legislativas tendientes a regular el régimen de empleo público y/o las remuneraciones de los servidores y servidoras públicas.

Estos proyectos, en términos generales, tienen tres enfoques, pero todos comparten un objetivo común, que más allá de las afectaciones directas que estarían causando en las condiciones de trabajo y calidad de vida de estos funcionarios, trastocarían lo que a duras penas todavía subsiste del denominado Estado Social de Derecho, cada vez menos Social y cada vez más de Derecha.

Un par de proyectos que contienen la misma receta, disciplinan en su conjunto la relación de empleo público, inspirados en principios “estatutarios” y regulaciones que se promulgaron en España, durante el período de la dictadura franquista. Estos proyectos orientados a destruir el empleo público, comprenden los distintos extremos de la relación de empleo: desde su constitución, pasando por su contenido, los salarios, promocionando el salario único, hasta la extinción de la relación de empleo.

Para leer el artículo completo, ingrese en el siguiente enlace:

comentarios-a-proyecto-19506-1-version-24-oct-2016

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.ultimahora.com

Enviado a SURCOS Digital por Manuel Hernández Venegas.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Tratan de votar apresuradamente geotermia en Parques Nacionales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Comisión de Asuntos Agropecuarios está tratando a escondidas de votar un texto sustitutivo para Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233), presentada por los diputados Ottón Solís Fallas y Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana. Al parecer el nuevo texto sería acogido unánimemente pero contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas.

El texto sustitutivo contaría con el apoyo del PUSC, PLN, ML, PAC y parte del FA. Quedan en evidencia profundas contradicciones, en un debate ambiental en campaña electoral (5-3-14) tanto el PLN como el PAC se mostraron opuestos a explotación de energía geotérmica en Parques Nacionales (ver nota) y ahora se desconocen los compromisos de campaña (Pacto Ambiental) de fortalecer la integridad de las áreas silvestres protegidas y “vetar cualquier intento de eliminar, segregar, o reducir en tamaño o categoría de manejo las áreas silvestres protegidas, o de abrirlos a la explotación de sus recursos naturales y culturales, en apego al principio de no regresión en materia ambiental”.

La propuesta también es contradictoria con lo expuesto por el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera en la Cumbre sobre el Clima, donde indicó que “…Costa Rica continúa acelerando la exploración y explotación de energía geotérmica en sus volcanes, sin afectar los parques nacionales”(ver más). Además se han mostrado rotundamente opuestos están:  Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Escuela de Biología de la UCR, Área de Conservación Arenal Tempisque, Foro de Guanacaste, FECON y SITRAMINAE

El proyecto sustitutivo de ley 19 233 sigue planteando modificar los límites de Áreas Silvestres Protegidas del país, para FECON hay suficientes criterios, jurisprudencia y precedentes para rechazar dicha propuesta, que también reñiría el Artículo 3 de la Convención para la Protección de Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Además contraviene el Art 12 de la Ley 6084 que asegura que “No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio”.

También resulta imposible cumplir el “Principio de no regresión” (Art. 3,f.) dado que se permitiría la sustitución de terrenos, y esto, en sentido estricto, significa reducir el área original del ASP. El proyecto es contradictorio con el Artículo 50 de la Constitución Política pues se abrirá un precedente destructivo e irreversible en materia de seguridad ecológica.

El cambio de límites de parques nacionales o de cualquier otra ASP no garantiza que los fines de protección de ecosistemas se mantengan, otro territorio no compensa y no es garantía de que los valores ecosistémicos sean al menos similares a los que se perderán. El proyecto además tiene roces importantes en el principio precautorio y de objetivación.

La compensación no es una simple suma y resta de terrenos con la intención de que “cualquier modificación a los límites de las áreas protegidas debe garantizar que no se reduce su área total”, lo cual sí ocurrirá. Menos posible será cumplir el supuesto de que “serán compensadas con la integración de nuevas áreas de igual tamaño en las zonas contiguas a la ASP, manteniendo o idealmente aumentando el valor de conservación#, dado que cada ASP tiene valores ecosistémicos únicos. Esas condiciones hacen imposible cumplir “Principio de compensación” (Art. 3,f) del proyecto.

SINAC juez y parte. No se puede entregar una competencia de emitir una autorización especial (Art1.)para el aprovechamiento de los recursos de la energía geotérmica que se encuentran ubicados en terrenos que forman parte de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) Parque Nacional Rincón de la Vieja, Parque Nacional Guanacaste, Volcán Tenorio y Volcán Arenal al mismo tiempo que se le paga por un canon de aprovechamiento o servicios eco sistémicos( Art.19). Además el canon de la por será solo para la producción de energía eléctrica de un 2% de los ingresos brutos anuales que obtenga cada proyecto geotérmico por sus ventas de energía eléctrica. Como lo señalo la Contraloría: “También, se debe considerar que dicho canon deja por fuera todas las actividades exploratorias que se ejecuten dentro de las zonas con resultados negativos y por ende que no conducirán a la explotación final del recurso, que es lo que se consigna como hecho generador de la obligación” (Contraloría en el oficio DFOE-AE-0569, 17 -10-2014).

Si no hemos aprendido a hacer una gestión sostenible de los recursos que están fuera de las ASP es difícil creer en cualquier tipo de intervención en áreas protegidas que sí lo sean. Además los parques nacionales significan mayores ganancias por concepto de turismo y servicios que brindan que por cualquier otra proyección que se haga por concepto de explotación energética. Para finalizar, en una coyuntura global que nos pone frente al dramático cambio climático ¿cómo no apostar por seguir resguardando las ASP de toda forma de explotación?

Informes: Mauricio Álvarez M, presidente FECON, 88709165

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/