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Acceso a agua potable de río Banano mantiene preocupados a pobladores

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Pobladores preocupados por la normativa que ha sido violentada por la empresa San Rafael Ltda que ha continuado explotando una concesión minera vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA y que en oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar.

El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86.

Es así como se decide enviar una carta dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta, donde los pobladores manifiestan:

“Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable”.

Transcribimos la carta compartida con SURCOS.

 

Limón, 25 de setiembre de 2017

AEL-075-2017

 

Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta

Ministro del Ambiente y Energía

 

Ref: D1-7-86-SETENA Resolución N° 1764-2017-SETENA

“Informe Técnico Acuífero La Bomba”

Expediente 17-014705-0007-2017

 

Estimado señor Ministro:

 

El pasado mes de agosto, don Daniel Quesada Güell de la Asociación de Desarrollo de la Bomba, sostuvo un chat con el Dr. Allan Astorga Gättengs mediante el Facebook, en relación con la concesión 7-86, y esto fue lo que textualmente manifestó el experto sobre dicha concesión y su cuestionada operación:

“Estimado Daniel Quesada, me parece que hay una confusión aquí. El Estudio Ambiental que, efectivamente yo hice hace como 5 años, tenía el objetivo de mejorar la gestión ambiental del proyecto y evitar que se generaran daños. Pero eso, desafortunadamente, se convierte el «letra muerta» si el responsable del proyecto hace otra cosa, y, peor todavía, si las autoridades responsables de ejercer el control ambiental, NO hacen su tarea. ¡Pasa con frecuencia que se culpa al consultor por los daños que produce el desarrollador, pero son dos cosas diferentes! En este caso concreto del Río Banano, elaboré un dictamen técnico en el que expliqué que hay una fuerte sobre explotación del cauce del Río Banano y advertí de la situación públicamente. Creo que debe plantear su molestia (que la entiendo), por medio de una denuncia ante la SETENA y la DGM, u otras instancias que correspondan”. (Fin cita textual)

  • Aunado a lo anterior, oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar, con abundantes razones científicas y jurídicas, todos los reclamos que han planteado los pobladores en general. Los documentos son amplios, detallados y extensos, razón por la cual no vamos a citar textualmente las innumerables afirmaciones que respaldan nuestros asertos.
  • El ICAA demuestra con hechos reales, toda la normativa que ha sido violentada por la empresa Rafael Herrera Ltda. (Feluco Herrera), que ha continuado explotando una concesión minera generosamente vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA.
  • El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86 que está ampliamente vencida, siga operando como si nada, en perjuicio de la comunidad y el futuro de la provisión de agua potable para la ciudad de Limón.
  • El ICAA señala sin lugar a dudas, la importancia de la cuenca del río Banano para el futuro del abastecimiento de agua potable para la ciudad de Limón y señala en algunos casos, la imposibilidad y los problemas que han experimentado los funcionarios del ICAA para acceder a las fuentes de agua potable, debido a las labores extractivas de la empresa Feluco Herrera (vid oficio de la Dirección Región Huetar Atlántica SB-GSP-RHA-2014-0047 que entre otras cosas manifiesta: “10 pozos de AyA, para consumo humano, han sido testigos de los problemas de acceso al agua potable, debido a la extracción de material minero del cauce de ese río”.
  • El informe del ICAA pone en evidencia, técnica y científica, los daños causados al cauce del río a causa de la labor minera realizada por la empresa concesionaria y la aparente violación a la resolución de la Sala Constitucional, que permitía solamente labores de mantenimiento del cauce, para ir más allá en la labor extractiva que se ha realizado sin control aparente del MINAE y la SETENA, pues se desconocen los volúmenes de material extraído aunque los informes de la DGM-MINAE afirman temerariamente lo contrario, sin prueba alguna que los sustente.
  • El informe pone de relieve los requerimientos establecidos por el ICAA mediante oficio de la Gerencia General No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, que en su aspecto medular, establece el requisito sine qua non para la eventual prórroga de la concesión minera, la presentación a SETENA y su posterior aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual, a la fecha, no ha sido aprobado. Es decir, desde 2010 en que finalizó la última prórroga de la concesión minera 07-86 a la fecha, dicha concesión no se ha renovado o prorrogado, pero la empresa Rafael Herrera Ltda. ha continuado operando la extracción de materiales de forma absolutamente ilegal, con la aparente complacencia de la DGM–MINAE.

Para finalizar, citaremos en extenso nuevamente el oficio SB-GSP-RHA-2014-0047, referente a los graves daños causados por la explotación minera que realiza la empresa concesionaria, y que además lo hace de forma ilegal:

“1. El campo de pozos que AyA tiene en el sector de la Bomba en la zona de influencia hidrogeológica del Río Banano es parte del abastecimiento de agua potable para 91.206 Habitantes. De este campo de pozos actualmente están en operación 7 de ellos, otro adicional se tiene como reserva, además existían 2 pozos que eran explotados por el Instituto, sin embargo se perdieron como consecuencia de los movimientos laterales del Río Banano en el sector que es explotado en términos de Salud Pública, de este campo de pozos… 3-Adjunto le remito los oficios RHA-OM-2013-1593 y RHA-OM-2013-2581… Es claro que ante desarrollo de la explotación intensiva del lecho del río, la maquinaria y vagonetas que trasladan los materiales requieren de una superficie de rodamiento… 4-… para los efectos de esta Dirección Regional no se ha cumplido con los alcances del oficio G-2004-0183, lo que pone en riesgo esa fuente de abastecimiento de agua potable para los ciudadanos de la ciudad de Limón…” (los destacados no son del original).

CONCLUSIONES

El extenso oficio del ICAA de reiterada cita, demuestra legal, técnica y científicamente que la Concesión minera No.07-86 no solo está vencida y no ha sido prorrogada desde 2010, sino que la actividad extractiva minera que todavía sigue realizando ilegalmente la empresa concesionaria Rafael Herrera Ltda., está causando graves daños al cauce del río Banano y está amenazando directamente la cantidad y calidad del suministro de agua potable para la ciudad de Limón.

El acuerdo del ICAA declarando la cuenca del río Banano como “Zona de protección”, no solo tiene sustento legal sino que resulta un imperativo de su ley orgánica y de sus competencias, como cita el mismo señor Gerente General en su libelo al responder el Recurso de amparo No.14-019172-0007-CO y que reproducimos textual por su importancia:

“La importancia de dicha declaratoria ubica sustento también en el artículo 27 de la Ley de Aguas citada, al indicar que el abastecimiento de las poblaciones tiene preferencia absoluta sobre todos los demás usos posibles de las aguas públicas y su aplicación parte de los artículos 1º y 2º incisos c), f) y g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Nº2726 del 14 de abril de 1961; que encomienda a AyA proteger los recursos de aguas públicas…”

Según este cuadro fáctico, parece que se incumple el principio precautorio, que impone realizar todas las acciones necesarias para garantizar la protección del ambiente, afectando así el equilibrio que debe garantizarse en esta materia a favor del ambiente.

Cuando se está en una situación de incertidumbre científica, este equilibrio impone inclinar la balanza a favor del ambiente, como lo ordena el principio “in dubio pro natura” estipulado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable.

En consideración a todo lo expuesto en el “Informe Técnico Acuífero La Bomba”, solicitamos con todo respeto se analice, determine y ejerzan las acciones legales que procedan y le correspondan realizar, a fin de resolver a la brevedad posible el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por la señora Gabriela De San Román Aguilar, en calidad de Apoderada Especial, de la empresa Desarrolladora, contra la Resolución N° 1895-2016-SETENA del 12 de octubre de 2016, dentro del marco de sus competencias.

Le rogamos de la manera más atenta, se sirva informarnos oportunamente las medidas que de manera inmediata se ha servido tomar sobre este particular.

Solicitamos atentamente ser notificados de cualquier acuerdo y/o resolución relacionada con el presente asunto, a través del correo machore@gmail.com o al fax 2798-2645.

Aprovechamos para enviarles un cordial saludo,

 

Marco Levy Virgo

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.cahuitainfo.com

Enviado por Marco Levy.

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Vecinos de Caribe Sur denuncian la falta de estudios técnicos para la aprobación de “Ley Céspedes”

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Ante la aprobación y malos manejos por parte del SINAC de la “Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, algunos de los habitantes de esta región del país han denunciado ante la auditora interna del MINAE, la “grosera violación del procedimiento constitucionalmente tutelado, en virtud de que en última instancia, se aprobó una ley que cercena el territorio del Refugio de Vida Silvestre Gandoca–Manzanillo (REGAMA), sin haberse aportado los estudios técnicos respectivos que justifiquen la excepción al Principio de No Regresión en materia ambiental”.

 

Limón, 19 setiembre 2017

AEL–072–2017

 

Licda. Karen Espinoza

Auditora Interna

SINAC – MINAE

 

Ref.: Su oficio SINAC–AI–226–2017 de 19/9/17.

 

Estimada señora auditora:

 

Acusamos recibo y agradecemos su oficio de referencia, el cual muestra interés por nuestras reiteradas denuncias sobre malos manejos en el SINAC, específicamente sobre el trámite de la Ley Nº9223 “Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe sur” conocida como “Ley Céspedes”, dado que fue el exdiputado (y hoy nuevamente aspirante a diputado) Walter Céspedes, su promotor y proponente en la legislatura 2010–2014.

Dado que usted nos solicita “detallar y justificar ampliamente (sic) la aseveración realizada en su oficio AEL–071–2017, respecto a la Auditoría Interna del …SINAC…” procederemos a explicarle el contexto en el cual hacemos nuestras aseveraciones sobre la pasividad y silencio cómplice con que la auditoría a su cargo ha procedido respecto de la Ley Nº9223.

Nosotros como simples ciudadanos, entendemos que las auditorías internas de las instituciones públicas no solo actúan por conocimiento de denuncias explícitas que se les presentan, firmadas o anónimas, sino también oficiosamente, cuando observan que en el devenir institucional, suceden actos que podrían reñir con la legalidad o en contra del erario.

En el caso de la tramitación de la tristemente célebre Ley Céspedes Nº9223, nosotros denunciamos una y otra vez, que en la Comisión Legislativa donde se tramitó el entonces proyecto de ley que a la postre fue aprobado, se cometió una grosera violación del procedimiento constitucionalmente tutelado, en virtud de que en última instancia, se aprobó una ley que cercena el territorio del Refugio de Vida Silvestre Gandoca–Manzanillo (REGAMA), sin haberse aportado los estudios técnicos respectivos que justifiquen la excepción al Principio de No Regresión en materia ambiental, que suponemos usted conoce mejor que nosotros, tal como ha establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional, así como el Principio precautorio en materia ambiental.

Consecuentes con lo anterior, presentamos ante la Sala Constitucional una Acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº9223, que se tramita desde el año 2014 mediante Expediente Nº14-019174-0007-CO.

Siendo que las auditorías internas de las instituciones públicas, en general, velan por la integridad y mejor manejo de la Hacienda pública, el solo hecho de escuchar o conocer de forma directa o indirecta sobre una denuncia (pues tenemos la costumbre de copiarle a usted muchas de nuestras denuncias ante el jerarca del MINAE y demás autoridades), creemos que debió haberle motivado para realizar por iniciativa propia, una investigación sobre ese vicio de procedimiento que podría dar al traste con la eficacia de dicha Ley 9223 y preservar así la integridad del REGAMA, que implica ni más ni menos la defensa de la Hacienda pública, frente a la voracidad de ciertos empresarios a quienes beneficia directamente dicha ley (más que al difuso concepto de “los habitantes del Caribe sur”), al proteger legalmente y fomentar un negociado de bienes raíces dentro de la ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT) y cercenando a su vez un valiosísimo territorio del REGAMA, sin que medien los estudios técnicos que señalen no solo el impacto ambiental que tendría dicha ley, sino además las posibles medidas de mitigación de ese impacto negativo.

Más adelante veremos cómo los supuestos informes técnicos presentados “por el SINAC” (más bien por el ACLAC, aparentemente), no reunían los requisitos y objetivos necesarios y conducentes al trámite de ley, sino que presentan serias inconsistencias y vacíos que los vuelven inadmisibles para ser considerados en dicho trámite legislativo.

Sobre el vicio en el trámite del proyecto de Ley Céspedes, habían elementos de juicio –de tipo jurídico y de técnica legislativa– que estaban a disposición de la ciudadanía de forma abierta y transparente, y desde luego, disponibles para cualquier auditoría que quisiera consultarlos y entre ellos, el Dictamen del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (oficio ST-086-2012 del 24 de abril de 2012), que es vinculante para las señoras y señores Diputados, pero que fue olímpicamente desechadopor el exdiputado Céspedes y demás miembros de la Comisión legislativa. Ese oficio ST–086–2014 señala con claridad meridiana el incumplimiento del requisito de fundamentación técnica para una ley que cercena un refugio de vida silvestre.

Aquí es donde resentimos la inercia y el silencio de la Auditoría del SINAC, porque este tema tuvo mucha publicidad por diversos medios y a usted se le hizo llegar copia de nuestras denuncias al respecto, en diversos oficios.

Denunciamos también en su momento, cómo el director de ACLAC, Ing. Edwin Cyrus, tuvo una sospechosa y muy activa participación ante la Comisión legislativa de reiterada cita, apoyando cercenar el territorio del REGAMA, lo cual resulta a todas luces absolutamente incomprensible y contradictorio. Solo este hecho debería despertar la suspicacia de cualquier auditoría, pero no tenemos conocimiento de que ello le moviera a investigar esas actuaciones, tan cuestionables en un funcionario llamado a defender en primera línea nuestros recursos naturales.

Es decir, su despacho no solo fue enterado del tema de forma indirecta sino también de forma directa. Si no se dio por aludida y consideró que era deber del señor ministro del MINAE resolver este tema y que la auditoría interna no debía intervenir en ello, usted tendrá sus razones para actuar de esa forma, pero nosotros, con todo respeto, no compartimos su inercia y su silencio, porque están de por medio los intereses supremos de la nación y de nuestros ciudadanos de futuras generaciones.

Así que en nuestro oficio AEL–071–2017, le agregamos otro elemento importantísimo para que la auditoría interna se interesara por investigar este negociado de bienes raíces oculto detrás de la Ley Céspedes: tenemos ahora además del dictamen de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el informe UNA-EDECA-D-OFIC-262-2017 de 24/7/2017, suscrito por la M.Sc. Virya Bravo Durán, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), mediante el cual traslada “Peritaje para determinar reducción de área y biodiversidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM)” (REGAMA). Las afirmaciones que ahí se hacen sobre las graves inconsistencias de los informes técnicos aportados por “el SINAC” (ACLAC) a la Comisión legislativa que aprobó el Proyecto de Ley Céspedes, podrían hacer presumir a cualquier observador imparcial y objetivo, que quizás hubo intereses espurios detrás de esas inconsistencias que favorecieron de diversas formas la aprobación de la Ley Nº9223.

Por todo lo anterior, señora auditora, dijimos y sostenemos que su despacho ha sido pasivo y silente –quizás por ignorancia nuestra de la normativa o por desconocimiento de algunos hechos que demuestren lo contrario– y si estamos equivocados, con toda hidalguía haremos públicas las disculpas del caso, ante las diversas instancias ante las cuales hemos remitido copia de nuestras denuncias.

Esperando haber satisfecho su solicitud, nos reiteramos a sus órdenes, cordialmente,

 

Marco Levy Virgo

PRESIDENTE

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy.

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Santuario de osos perezosos en peligro por la piña

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Un santuario de osos perezosos del país y la mayor finca orgánica de cacao del país, conocida como FINMAC, en Pueblo Nuevo de Guácimo fue vendida para ampliar una plantación de piña vecina.

La noticia tiene preocupados a vecinos y ambientalistas pues aseguran que están en riesgo el hábitat de unos 450 osos perezosos y otras especies. La Finca ha sido catalogada como el “Paraíso de los osos perezosos” y “oasis agroforestal”  y ha sido objeto de varias investigaciones de estos tiernos y vulnerables animales.

Una de las investigaciones del Museo Público de Milwaukee y la Universidad de Wisconsin realizadas en la finca demostró que los Perezosos de Costa Rica son más activos de lo que se creía pues logran desplazarse hasta ocho kilómetros en dos meses (La Nación, 28-9-2005).

Una tesis de maestría en Manejo de Recursos Naturales de la UNED para evaluar la exposición a plaguicidas se estudió una población de perezosos de la finca. El estudio se realizó del 2005 al 2008, se muestrearon un total de 58 perezosos, 46 de la finca y 12 de un centro de rescate. Se tomaron muestras para el análisis de residuos de plaguicidas y muestras de sangre. El estudio concluyo que los perezosos están expuestos a los plaguicidas ametrina, clorpirifos, clorotalonil, diazinón, difeconazol, deet, etoprofos y tiabendazol. La exposición de estos animales es probablemente por la ingesta de alimento contaminado y por contacto directo con los plaguicidas (Pinnock, M. UNED, 2010)

Esta última investigación ya revela el impacto de la producción de piña en estos animales por lo que los ambientalistas de la Asociación Pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC) solicitaron información al MINAE pues “temen se mande solapadamente a eliminar la fauna de la misma para borrar toda evidencia en caso de una inspección de las autoridades del ramo.”

APRENAC asegura que esa posible acción de la deforestación va agravar más el entorno de esas comunidades ya muy afectadas. Además, solicitan una intervención inmediata para verificar que esta sospecha que tienen los vecinos de la finca no se concrete.

Según una publicación de RAINFOREST ALLIANCE la finca FINMAC cuenta con 244 hectáreas, unos 120.000 árboles de cacao que están plantados bajo la sombra de cientos de árboles de almendro, sota caballo, cristóbal y eucalipto, así como cientos de plantas de banano y palmas de coco. Este sistema agroforestal, conocido como un “agrobosque” de cacao, es un hábitat ideal para aves, monos aulladores y especialmente para los osos perezosos que son tan icónicos de Costa Rica. La población de monos aulladores dentro de la finca, la cual ha crecido de cinco a 40 individuos en 10 años (Un paraíso de osos perezosos, 6-6-2016, RAINFOREST ALLIANCE).

Una reciente publicación confirmó la venta de la finca a la piñera por lo cual se dio la alerta de que en cualquier momento puede iniciar la destrucción de este santuario de perezosos, bosques y cientos de especies según esta fuente es la finca de cacao orgánico más grande del país y su destrucción representa una pérdida del 20% de la producción total de cacao del país y de la mayor parte de la producción de cacao orgánico costarricense. (ecolechocolat.com).

Informes con Walter Mora, 8793 6263, Presidente de Asociación Pro. Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC).

Santuario de osos perezosos en peligro por la pina
Foto de Vida silvestre: exposición a plaguicidas Margaret Pinnock Branford Ecotox-IRET-UNA.

Enviado por FECON.

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Movimiento ambientalista y social: nos oponemos a privatizar el agua a favor de los agronegocios

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

  • Nos oponemos a mociones a Proyecto de Ley que buscan privatizar el agua en beneficio de los agronegocios

 

Las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo al paquete de mociones que las Cámaras Agrícolas, con la complicidad de algunos diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente, intentan introducir subrepticiamente al proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Este paquete de mociones tiene como propósito desregular y debilitar aún más la gestión del agua en el país, en beneficio de las grandes corporaciones agroindustriales, eliminar toda forma de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico, y hacer de los principios que reconocen el derecho humano al agua y al saneamiento, meros enunciados sin contenido real.

Entre los cambios que pretenden introducir al texto están:

1. Una nueva definición de “uso doméstico” del agua, que actualmente es aquel destinado a satisfacer las necesidades básicas de un núcleo familiar, (y por el que, por tanto, no se debe solicitar ningún tipo de concesión o permiso) para incluir dentro de este tipo de uso el aprovechamiento agrícola del agua en fincas medianas y pequeñas.

La definición de este tipo de fincas se hace vía decreto, pudiendo aumentarse o disminuirse su extensión según el tipo de cultivo y según la autoridad de turno. En la actualidad se definen como fincas “medianas” aquellas que llegan hasta 200 hectáreas (dependiendo del tipo de cultivo).

Además, nada impediría que grandes propietarios de tierras agrícolas segreguen sus propiedades para que correspondan a la categoría de fincas “medianas” y así librarse del pago del canon a favor del Estado por el aprovechamiento de un bien de dominio público y del control sobre el uso del agua para que el mismo sea sostenible y no atente contra el uso del agua para consumo humano, el cual es prioritario.

Según las estadísticas de la Dirección de Aguas, actualmente entre el 75% y el 80% de todas las concesiones de agua que existen son para uso agrícola y consumen el 75% de toda el agua que se aprovecha en el país (a excepción de la energía hidroeléctrica, que es un uso no consuntivo del agua, ya que una vez utilizada regresa a su cauce). De aprobarse esta moción los recursos hídricos de Costa Rica quedarían completamente desprotegidos.

2.Inclusión, dentro de la definición de “pozo artesanal” (que tampoco requiere permisos para su construcción, ni media pago o concesión alguna por su uso) de las captaciones y obras asociadas a estas que se hagan en cuerpos de agua superficiales para uso agrícola.

De esta forma los propietarios de fincas y agroindustrias podrían hacer captaciones en ríos y lagos para extraer agua para riego sin permiso, ni regulación alguna.

3.Las grandes cámaras agroindustriales pretenden eliminar del proyecto de ley todo mecanismo de participación ciudadana. Están pidiendo que se elimine el artículo 11 que establece que los instrumentos de planificación y de política hídrica deben ser formulados de forma participativa con los distintos sectores de la sociedad. Además proponen eliminar los artículos 11, 14, 15 y 16 que crean los Consejos de Unidad Hidrológica, espacios participativos multisectoriales para la gestión del agua; y pretenden que todas las decisiones sean tomadas por la Dirección de Aguas sin consulta, sin participación, sin involucramiento de los usuarios, ni de los distintos sectores sociales.

Un principio básico de la Gestión Integrada del Recurso Hidrico es la participación en la gestión del recurso. Este principio es de carácter instrumental, en tanto posibilita el reconocimiento efectivo del derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento.

Dicha eliminación atenta contra los artículos 9 y 50 de la Constitución Política, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, el principio 10 de la Declaración de Rio, el principio 2 de la Declaración de Dublín y el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que deviene en inconstitucional.

En una ley que reconoce el Derecho Humano al Agua, limitar los derechos a la participación e información bajo el argumento de que “la planificación debe ser una decisión técnica” resulta, conforme lo ha reconocido claramente Naciones Unidas, en un detrimento de ese derecho humano y en una limitación de los espacios participativos en beneficio de los potenciales tráficos de influencias de los grupos más poderosos. Las acciones de diversas instancias institucionales de control del Gobierno en los últimos meses, respecto a problemas como la expansión piñera, nos muestran que esta es una posibilidad muy real en la Costa Rica de hoy.

Esto provocaría además una inconstitucionalidad por falta de conexidad con el proyecto original, el cual, en sus distintas versiones desde 2001, contemplan la participación ciudadana en la gestión del recurso como un componente fundamental y esencial de la ley.

4.Otra de las mociones pretende eliminar la posibilidad de la Dirección de Aguas de ordenar medidas cautelares cuando exista riesgo de daños al recurso hídrico por contaminación o uso indebido. Esta moción atenta contra el principio precautorio.

Con estas mociones las grandes cámaras agroindustriales quieren legalizar todas las prácticas productivas insostenibles y abusivas que utilizan actualmente, con el argumento de defender a pequeños productores que ,como sabemos, son quienes mayor conciencia ambiental tienen.

Exigimos a los señores y las señoras diputadas de la Comisión de Ambiente rechazar de plano este paquete mociones y mantener el texto que originalmente ha sido consensuado entre los distintos actores políticos y sociales, con la única excepción de estas grandes corporaciones agrícolas seriamente cuestionadas por sus prácticas dañinas para el ambiente y para el agua.

 

Alianza de Redes Ambientales

Alianza Nacional para la Defensa del Agua

Federación Ecologista (FECON)

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente

Red Centroamericana de Acción del Agua

Fundación Neotrópica

Fundación Bandera Ecológica

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena)

Asociación Proyectos Alternativos (PROAL)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

 

Enviado por Vanessa Dubois.

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Movimiento No Más Contaminación exige alto a la contaminación del recurso hídrico

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

Movimiento No Mas Contaminacion
Grupos de pesca del Caribe manifestándose en San José, hartos de la continua e impune contaminación de los ríos, canales y mares.

El día de hoy 10 de setiembre del 2017 venimos los y las pescadores artesanales, pescadores deportivos, familias y la comunidad en general a la ciudad capital de San José para protestar las continuas contaminaciones tóxicas del recurso hídrico del país.

La noticia del 14 de agosto sobre otra gran matanza de peces intoxicados en la vertiente del Caribe compartido en los medios sociales con fotos de la mortandad extensa acumulada en la Laguna Madre de Dios cerca de la Barra del Rió Pacuare nos obliga a protestar… ¡BASTA YA! ¡NO MAS CONTAMINACION!

Esta situación es y ha sido grave a través de siglos, desde la primera colonización venida con el ferrocarril hasta las grandes corporaciones bananeras y piñeras del presente. Se ha generado una degradación paulatina, continua y sistemática de las fuentes de agua dulce llegando al mar Caribe y esta degradación se evidencia en las matanzas masivas de especies de agua dulce, tales como peces, camarones y otros organismos que sufren el embate de los agroquímicos, el mal manejo de desechos y la fumigación en general. Todos estos factores de contaminación van afectando a la salud pública de las comunidades que tristemente van acompañados por un descuido y una negligencia de las autoridades estatales.

Por lo tanto, nuestro Movimiento NOMCON exige el día de hoy:

  1. Acciones inmediatas de control y fiscalización por parte de las autoridades estatales pertinentes de manera interinstitucional y coordinada para erradicar la contaminación en las afluentes de agua de la región Huetar Atlántica y en todas las regiones del país.
  2. La paralización inmediata del vertido y la filtración de agroquímicos, herbicidas y insecticidas en las afluentes de aguas.
  3. El reconocimiento y apertura a las comunidades de la región para el desarrollo de las actividades pesqueras y eco-turísticas que vayan en pro de la conservación del recurso hídrico y la vida acuática.
  4. La investigación y sanciones pertinentes para los responsables de la contaminación de la laguna Madre de Dios observado el pasado 14 de agosto.
  5. El establecimiento de un Protocolo de Actuaciones Obligatorias para las entidades estatales responsables de controlar, mitigar y prevenir dicha contaminación con deberes y acciones claras y contundentes para cumplir con nuestra Constitución Política así como las leyes ambientales nacionales e internacionales vigentes.

 

Contactos: Harold Aguilera, tel. 8509-5949 // Julio Knight, tel. 8725-4119 // Rafael, tel. 8878-2179 // Bernal, tel. 8483-8938.

 

Enviado por Alejandro García Valerio.

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El cambio climático ya tiene un impacto en el Parque Nacional Marino Ballena

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Fabiola Pomareda García

Fotografías:

Henry Picado, Luis Monge, Vicente Vargas, Fabiola Pomareda

El cambio climatico ya tiene un impacto en el Parque Nacional Marino Ballena
Vista desde la playa hacia el Tómobolo (por cierto, esa palmera que se ve ya desapareció con la última marea alta). Foto: Luis Monge.

Uvita, Zona Sur.- Pasadas las siete de la mañana recorremos el sendero del Parque Nacional Marino Ballena para encontrar las olas lamiendo la playa llena de troncos, pequeños cangrejos y semillas de almendros. El parque Marino Ballena, ubicado en el Pacífico Sur, y las comunidades costeras de esta zona, ya están siendo impactadas por varios fenómenos derivados del cambio climático.

La pérdida de costa y el aumento en el nivel del mar afectarán las actividades turísticas, la pesca y también a la flora y fauna del parque, como los arrecifes y humedales, aseguran expertos. Pero las personas que viven y trabajan en esta zona desde hace años, ya son testigos de los cambios y su impacto.

El cambio climatico ya tiene un impacto en el Parque Nacional Marino Ballena2
Dentro del Parque Nacional Marino Ballena. Foto: Fabiola Pomareda.

Don Vicente Vargas usa un sombrero negro y varios anillos colgados de su cuello en cadenas. Vende pipas a la entrada del Parque, en Uvita, y nació en este pueblo en 1964.

“El mar obvio que tiene que venir caminando porque, diay, para nadie es un secreto que con el calentamiento global, el hielo que se está deshaciendo en otros países fríos está llenando el mar y eso conlleva a que el mar venga hacia acá”, dijo don Vicente.

El cambio climatico ya tiene un impacto en el Parque Nacional Marino Ballena3
Foto: Fabiola Pomareda.

“De hecho aquí había una pescadería que por ahí todavía están en Estero Negro los muros donde fue construida y esa pescadería se hizo respetando los 50 metros públicos. Si usted pasa por ahí ahora usted ve que el mar, la playa, está por encima de lo que fue la pescadería”, contó.

“En la punta, por eso le decíamos la punta, la playa se llama Punta Uvita, porque ahí se hacía una islita entre Estero Negro y el tómbolo, se metía una punta que hoy ya no existe. Diay, [el mar] ha caminado demasiado. De lo que yo tengo noción de que venía muy pequeño, creo que se ha venido entre unos 75 y 100 metros hacia acá”, calculó el hombre.

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Don Vicente Vargas en la entrada del parque en Uvita. Foto: Henry Picado.
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Don Vicente Vargas vende pipas en la entrada del parque. Foto: Henry Picado.

Varios fenómenos derivados del cambio climático como la pérdida de costa, el incremento en la temperatura del agua y el aumento en el nivel del mar, están cortando metros a las playas del país y poniendo en riesgo a las comunidades costeras. Se espera que en los próximos años estos efectos tendrán cada vez más impacto en la disponibilidad de agua potable, caminos, actividades agrícolas, turismo y pesca.

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Mojón de demarcación de la zona marítimo terrestre, arrancado por la subida del mar, ubicado en el Parque Nacional Marino Ballena, en el sector comprendido entre el Tómbolo y Estero Negro. Foto: Luis Monge.

Doña Grethy Vazquez Zamora tiene 11 años de trabajar como guardaparque en Marino Ballena. Pero ella y su esposo llegaron a la zona en 1984. En esa época tenían recibidores de pescado. A los pescadores de la zona les recibían langosta, cambute, moluscos y variedades de pescado, que luego vendían a una planta procesadora. Después de eso trabajó en el Consejo Nacional de Producción, en el Ministerio de Ambiente y ahora en el parque.

Encontramos a doña Grethy en playa Piñuelas, una de las playas del Parque Nacional Marino Ballena.

“La erosión en el mar ha sido muy grande. Un ejemplo es Colonia, y otro es Uvita. La extensión de los 50 metros era más grande y había más vegetación, habían más palmeras, más arboles. Usted lo que encuentra ahora son las raíces volcadas de alguna pipa ahí entre la playa y la pleamar. Eso significa que toda esa pleamar llegaba hasta allá. Ahora no. Todo esto se ha ido comiendo”, narró la guardaparque.

“Si usted le toma una foto a esta playa ahorita, vea donde están esas piedras allá”, dijo señalando. “Todas las mareas altas que han habido estos días han arrastrado la piedra. Todo el tajamar está bajo. Los árboles, seguro de tanta humedad se pudren y se caen”, añadió.

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Doña Gretty Vázquez, guardaparques en Playa Piñuelas. Foto: Henry Picado.
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Doña Gretty Vázquez señala el avance de la pleamar en Playa Piñuelas. Foto: Henry Picado.

Posible impacto económico, en el turismo

El Parque Marino Ballena se ubica entre el tómbolo de Punta Uvita y Punta Piñuela. Abarca 110 hectáreas terrestres y 5 mil 375 hectáreas marinas. Protege variados ambientes como son playas arenosas, playas pedregosas, acantilados, islas y arrecifes. En sus aguas suelen encontrarse delfines y ballenas.

Varios habitantes de Uvita trabajar como tour operadores de los avistamientos de delfines, ballenas y tortugas. Uno de ellos es Fernando Monge Godínez. La primera vez que visitó Uvita corría el año de 1981. Llegó a pie desde Dominical. Luego compró una parcelita y empezó a trabajar en una finca. Posteriormente empezó a pescar y estuvo 15 años como pescador artesanal. Hoy vive de llevar turistas nacionales y extranjeros en recorridos en bote, para que puedan ver los delfines y las ballenas.

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Entrada al Parque Nacional Marino Ballena, en Uvita. Foto Henry Picado.

Para don Fernando, el cambio climático definitivamente está teniendo un impacto en sus labores. “Para nadie es un un secreto, la cantidad de agua que ha llegado de los glaciares, la cantidad de hielo que se derrite. La parte marina costera esta super erosionada, los oleajes han salido mas seguidamente, tenemos que luchar contra olas y contra el clima con mucha gente”, señaló.

Y aunque está consciente de que existen medidas que se podrían poner en práctica para revertir sus efectos, como combatir la contaminación del aire, sabe que es complejo.

“Eso ya es irreversible, ya es muy difícil que la capa de ozono que esta muy dañada se vuelva a componer”.

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Fernando Monge tour operador de la zona. Foto: Henry Picado.

La dificultad para entrar y salir del mar en sus botes es una de las dificultades que ya empiezan a experimentar los tour operadores de la zona. Fernando Guerrero Chavarría es otro tour operador, que explicó su experiencia.

“Sí bueno, en los últimos 18 años, que es lo que tengo yo de estar por acá, el cambio se ha notado muy muy fuerte. Sobretodo hemos perdido alrededor de 60 metros o más de playa. El mar ha venido comiendo y ha ido erosionando la playa un montón. Uno cada año uno ve que se comió tal cosa, que se comió tal otra y uno va corriéndose conforme el mar se va metiendo. Pero, diay, la playa ya no era lo que era antes, un lugar bonito para venir a disfrutar. Ahora es medio complicado en marea alta. Antes había playa y se sentaba uno por ahí a asolearse, ahora no se puede”, destacó Guerrero.

“Parte del pedido que se ha hecho a varios ministros de Estado, y al SINAC [Sistema Nacional de Áreas de Conservación] es tener un lugar donde tener más seguridad para que salgan las embarcaciones, porque acá ya se está complicando demasiado”, indicó.

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Fernando Guerrero, tour operador de la zona. Foto: Henry Picado.

Impacto en las playas, corales y otras especies marinas y terrestres

¿Qué es el cambio climático y cómo está impactando al Parque Marino Ballena? El fenómeno del cambio climático genera un aumento anormal de las temperaturas del planeta, provocado por una concentración desmedida de ciertos gases en la atmósfera. Estos son dióxido de carbono,metano, óxido nitroso y otros, producidos exclusivamente por actividades humanas.

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Foto aérea del río Uvita. Foto: Cortesía del Luis Monge.

Cristina Sánchez, bióloga marina de la Fundación Keto y profesora de la Universidad de Costa Rica, confirmó que el cambio climático tendrá un gran impacto en las zonas costeras debido al aumento en las temperaturas. También explicó en detalle algunas de las consecuencias que ya se están dando.

“Ahí en el parque, el aumento en la temperatura en el agua ha causado que los corales se mueran o lleguen los periodos de blanqueamiento en que se ponen muy vulnerables a enfermedades, sedimentación y a competir con otras especies. Los pone en una situación muy complicada en cuanto a la sobrevivencia. Los corales actualmente se están muriendo, no sabemos si se van a adaptar o a hacerse más fuertes Con el tema de los corales hay otra consecuencia: el aumento del CO2 o del dióxido de carbono en la atmósfera, está provocando que el agua de mar se acidifique; entonces eso también causa que los corales puedan morir”, señaló Sánchez.

“Existen otras consecuencias con respecto al aumento de la temperatura que es por ejemplo, que las especies marinas y terrestres empiecen a desplazarse a zonas más altas, donde la temperatura va a ser menor, o en el caso de las marinas, que se desplacen mar adentro para lograr temperaturas más óptimas o de mejor condición para ellos. En la parte terrestre lo que se espera es que muchos árboles, lo que son semillas y eso, también se empiecen a desplazar según va cambiando la temperatura. En este momento se están estudiando cómo se van a dar esos desplazamientos. Se tiene información de que se van a dar pero no se sabe exactamente cuánto va a tardar en darse ni tampoco cuáles especies van a ser las primeras en desplazarse”, aclaró la bióloga.

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Estero en Playa Ventanas. Foto: Fabiola Pomareda.

“En el caso de peces, al moverse el plancton, que es de lo que se alimentan, también se moverían todo lo que son los peces y otras especies. A nivel de pesca puede pasar que las especies se desplacen, entonces cada vez estén mas lejos de la costa y los pescadores van a tener que salir más y también ahora justo está pasando en el Pacífico que algunos fenómenos como la marea roja están afectando varias zonas del Pacífico, tanto el Pacífico norte como el Pacífico sur y todo eso es por el cambio climático y el mal manejo de desechos, aguas negras y aguas jabonosas, y fertilizantes usados en la agricultura. Todo esto provoca que haya este tipo de fenómenos cada vez más frecuente y eso puede hacer que los peces mueran por falta de oxígeno o que haya cierta intoxicación por haber estado expuestos”, finalizó.

 

Proyecto para atender efectos vinculados al cambio climático

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Catalina Molina, directora de la Fundación Keto. Foto: Henry Picado.

Desde la Fundación Keto se está desarrollando un proyecto con el Fondo de Adaptación de la Dirección de Cambio Climático para atender aquellos efectos vinculados al cambio climático, en la zona costera del Parque Marino Ballena. Catalina Molina, directora de la Fundación Keto, explicó en qué consiste.

“Este proyecto tiene un componente muy fuerte de sensibilización. Primero, entendemos que mucha de la vulnerabilidad al cambio climático está dada por las condiciones con que cuenta la comunidad para hacer frente a los efectos que hemos estado viendo”, manifestó.

“El primer paso es sembrar en la comunidad la preocupación, el análisis de que están ocurriendo eventos, hechos, efectos, que están asociados al cambio climático, y entender que hay otras situaciones a nivel del área geográfica, de la comunidad, que hacen que esos efectos sean aún más críticos y más drásticos. Por ejemplo, hablemos de contaminación, basura, sedimentación por áreas que se deforestan y mal manejo de las cuencas. Todas estas cosas también se agregan a lo que globalmente ya está ocurriendo en el planeta. Entonces, es primera línea y quizás la más fuerte es crear capacidades a nivel de la gente que vive ahí, para que sean capaces de identificar qué es lo que está pasando y cómo podemos abordarlo”, enfatizó.

Segundo, están trabajando problemáticas específicas como. “Por ejemplo, en el tema de erosión de la playa, que es uno de los efectos más evidentes y drásticos de la zona, estamos trabajando el tema de reforestación de costa con socios locales, apoyando iniciativas que ya están en curso para hacer esos programas más sólidos y que puedan tener mejor sostenibilidad en el tiempo”.

Otro ejemplo es que están promoviendo el uso de dispositivos de colecta de agua de lluvia. “Ya hemos instalado dos pilotos. Diseñamos unos modelos que puedan ser replicables. Ya hemos instalado uno en una vivienda popular local y otro en un pequeño hotel. Ya están en funcionamiento. A partir de eso generamos resultados de cómo están funcionando, ajustes, y pueden estar disponibles para que cualquier otra persona pueda instalarlos en sus viviendas o negocios”, detalló Molina.

En la segunda parte de este reportaje abordaremos las iniciativas de mitigación, desde la comunidad de Uvita y Ballena.

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Casa que se ubica al lado del estero Negro (trayecto entre la entrada al Parque y el tómbolo). Foto antigua, proporcionada por el señor Vicente Vargas, vecino de Uvita.

Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con apoyo de la Fundación Keto.

 

Enviado por Fabiola Pomareda, Periodista, Voces Nuestras.

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Habitantes de Refugio Gandoca Manzanillo tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Según la Ley N°9223 en su artículo 50 “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.

A continuación la carta dirigida al Concejo Municipal de Talamanca, del SINAC y ACLAC, donde el Sr. Marco Levy Virgo, Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, hace referencia a este tema.

 

Limón, 9 de setiembre de 2017

AEL-069-2017

 

Señoras(es) Regidoras(es)

Concejo Municipal de Talamanca

 

Señores Consejo Nacional de Áreas de Conservación

(CONAC-SINAC)

 

Señores Consejo Regional

Área de Conservación La Amistad Caribe

CORAC–ACLAC

 

Ref.: Nota s/n de 5/9/17, suscrita unilateralmente por Emily Yozzel, a nombre del Consejo Local de Manzanillo

 

Estimadas señoras y señores:

En relación con la disconformidad de la señora Emily Yozzel expresada en la nota en referencia, debemos manifestar en primera instancia, muy respetuosamente, que mediante oficio AL-DEST-OFI-010-2016 de 21/1/2016, suscrito por el M.Sc. Fernando Campos Martínez, en su condición de director del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, traslada oficio ST-086-2012 del 24 de abril de 2012, que es informe en el cual se afirma que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur (que a la postre fue aprobada por el Plenario Legislativo como Ley N°9223), violenta el artículo 50 de la Constitución Política.

Además, nos permitimos adjuntar copia del documento UNA-EDECA-D-OFIC-262-2017 de 24/7/2017, suscrito por la M.Sc. Virya Bravo Durán, Directora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), mediante el cual traslada “Peritaje para determinar reducción de área y biodiversidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM)”, que es informe científico–técnico en el cual se afirma que la Ley de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (Ley N°9223 que el informe cita erróneamente como Ley 9323), violenta el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política.

A mayor abundamiento y en relación con la Ley N°9223, el documento UNA-EDECA-D-OFIC-262-2017 citado, fue solicitado a la Universidad por la Sala Constitucional como prueba para mejor resolver. Además, debemos señalar y reiterar que el día 20 de enero de 2016, leímos un preocupante artículo que señala que el “nivel [del calentamiento global] del Atlántico en Costa Rica es el más alto de Centroamérica” según se señala textualmente en el reportaje en el Semanario Universidad siguiente: https://semanariouniversidad.com/pais/calentamiento-global-dispara-erosion-en-playas-de-limon/; en dicho artículo se hace énfasis en que el calentamiento global dispara el proceso de erosión en las playas de Limón.

Ahora bien, el informe de la UNA, en el punto 3.5, responde que el Informe Técnico del SINAC podría ajustarse a las exigencias del primer enunciado del artículo 50 que dice: “El estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” y luego el mismo informe continúa diciendo que, para cumplir con el segundo párrafo del artículo 50 constitucional que dice “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.

Además, de la mayor importancia para el asunto de nuestro interés, el informe de la Universidad encontró y señaló una serie de inconsistencias en el Informe Técnico aportado en su momento por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ya que entre otros, el área desafectada no guarda relación con el área censada; de ahí que el argumento de las autoridades del SINAC a través del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe (CORAC–ACLAC) no es de recibo, y por tanto no puede ser usado como justificación de un proyecto que no aporta ningún beneficio real al Refugio de Vida Silvestre Gandoca–Manzanillo ni a los habitantes ubicados en su jurisdicción.

Por otra parte, el informe UNA señala que no se puede valorar el recurso existente en el REGAMA debido a que no se aportaron estudios veraces de la biodiversidad existente y su posible afectación ante los cambios que autoriza la Ley 9223.

El desarrollo sin conservación es insostenible. No podemos desarrollarnos si no tenemos políticas claras de uso y conservación de nuestros recursos. Si hacemos uso de los recursos (aguas, suelo, minerales, bosques, playas, entre muchos otros) debemos hacerlo garantizando su uso racional y efectivo. No podemos sobreexplotar nuestras fuentes de agua, no podemos sobreexplotar nuestros bosques y recursos minerales y no podemos legislar sobre ellos sin conocer exactamente de qué estamos hablando, su cantidad, diversidad, vulnerabilidad, etc.

Costa Rica debe encontrar un equilibrio que le permita lograr un balance entre conservación y desarrollo. Debemos tomar como punto de partida a las personas y sus necesidades. En el centro del tema ambiental están las personas: sin tomar en cuenta a las personas, la naturaleza, su protección, preservación y defensa, no tiene sentido. De igual forma, el hombre si no respeta al ambiente, no podrá subsistir y ya lo estamos viendo dramáticamente con los perniciosos efectos del cambio climático que algunos insensatos se empecinan en negar.

En consideración a todo lo expuesto en el peritaje de la Universidad Nacional, por existir evidente violación a principios constitucionales y principios generales del derecho, que están comprendidos en tratados y convenios internacionales, tenemos que se violentan los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, así como el Principio de no regresión en materia ambiental y la regla o requisito constitucional de compensación, que establece principios consagrados a nivel de Derechos Humanos, los cuales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Por todo lo anterior, les manifestamos con todo respeto que consideramos necesario que ustedes analicen, determinen y ejerzan las acciones legales que procedan y le correspondan realizar a esa Municipalidad, al Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (CORAC) y al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), dentro del marco de sus respectivas competencias, con el propósito de proteger y conservar nuestro patrimonio, tal y como en derecho corresponde, ante la evidente inconstitucionalidad de la Ley Nº9223 citada, y los efectos del Reglamento Transitorio para la regulación de los usos de suelo y permisos de construcción dentro de la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a la Ley N°6043 (La Gaceta N°102 del 28/5/2015).

Igual reflexión y acción ameritarían la promulgación de reglamentos, Plan de manejo (oficio SINAC-CONAC-SA-104 de 2/5/2017), y consecuentemente, el otorgamiento de permisos dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Si la Sala declarase que la Ley 9223 es inconstitucional, todos esos actos de otorgamiento de permisos de construcción realizados en la jurisdicción del Refugio Gandoca–Manzanillo (REGAMA), violentarían el bloque de legalidad, tal y como resolvió el Concejo Municipal de Talamanca mediante Sesión ordinaria Nº53 de 28/5/2017, solicitando al Alcalde Municipal no autorizar obras ni construcciones en el área comprendida por la Ley Nº9223, que se refiere al establecimiento de los límites del REGAMA, hasta tanto no se cuente con el Plan de Ordenamiento Territorial respectivo.

De conformidad a los artículos 199 y siguientes de la Ley general de la Administración Pública, respetuosamente solicitamos se realicen las investigaciones correspondientes.

Adicionalmente, dado que estamos ante presuntos vicios de constitucionalidad en la aprobación de la Ley Nº9223, solicitamos con todo respeto, se sirvan considerar la suspensión de los efectos de dicha ley y del oficio SINAC-CONAC-SA-104 de 2/5/2017), aplicando así el inciso 3 del artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública que reza: “3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.”

Les rogamos igualmente, se sirvan respondernos dentro de los próximos diez días hábiles, informándonos de lo resuelto.

 

Oiremos notificaciones en el correo machore@gmail.com

Con toda consideración,

Marco Levy Virgo

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

Nota Emily Yossell

 

Lea también:

Informe de la UNA confirma reducción de Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy Virgo.

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Pescadores a la calle por contaminación de ríos

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

  • Marcharan este próximo domingo 10 de setiembre, 9 a.m. Plaza de la Cultura

Pescadores a la calle por contaminacion de rios

La matanza de peces por agroquímicos tiene indignados a pescadores deportivos y operadores turístico asociado a esta actividad, solo este año denunciaron dos grandes matanzas en río Pacuare (FECON, 9-5-2017) y el mes pasado en Laguna Madre de Dios (FECON, 16-8-2017).

Este sector desarrolla su actividad en ríos, lagunas y desembocaduras donde son testigos de grandes crímenes contra los ecosistemas y por ello conformaron el movimiento No Más Contaminación (NOMCOM) que agrupa a la mayoría de grupos organizados de pesca deportiva y recreativa de nuestro país. La marcha es para “hacerle saber al gobierno que ya estamos cansados de las malas prácticas de ciertas empresas que están matando y envenenando nuestros ríos o flora y fauna” (ver más del evento).

Jorge Chaverri pescador de Cartago motivo a la participación de todas las personas en la marcha afirmando: “hay que hacerlo por Costa Rica, por toda la gente que vive en los ríos y lagunas, por el recurso pesquero, por la salud de todas y todos los costarricenses”. También llamo a “proteger los ríos, lagunas de la fumigación indiscriminada de las piñeras”.

Mientras Cristian Pescod del grupo de los Pescadores de la Vieja Metropoli llamo a llevar a toda la familia pues “de manera muy pacifica queremos quejarnos de todos los problemas que tenemos en los ríos y mares de nuestro país, por problemas de los agro tóxicos que no queremos más para poder seguir practicando nuestra actividad”.

El movimiento está convocado a la marcha mediante videos y redes sociales, pero además se está organizando para monitorear más de cerca la contaminación por agro tóxicos mediante material educativo para poder tomar las muestras de peces y agua contaminada que ven constantemente en su actividad.

Más información con Harold Aguilera: 85095949

Pescadores a la calle por contaminacion de rios2

Enviado por FECON.

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15 municipalidades y 2 universidades contra herbicidas

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

15 municipalidades y 2 universidades contra herbicidas
Foto del 31 agosto en el cantón de Mora donde el Ing. Fabián Pacheco expone en a los regidores, síndicos y público del cantón los impactos y alternativas a los agro venenos así como los alcances de la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica”.

Las municipalidades de La Unión y Mora se declararon libres del uso de herbicidas en sus áreas de administración públicas.

Siguiendo a la municipalidades de: Alajuela, Esparza , Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Belén y Pérez Zeledón. Mientras otras que tomaron acuerdos para prohibir el uso del herbicida glifosato son: Corredores, Quepos ,Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca, Talamanca y las instituciones de la UNED y UCR.

¡Municipalidad de Mora la primera! Cuando iniciamos la campaña, en abril pasado, con la declaratoria de Pérez Zeledón creímos que era el primer cantón, pero según nos informaron en Mora tenían 2 años de aplicar esta medida para protección de la salud ambiental del cantón. Esta acción demuestra que tanto municipios urbanos o rurales pueden manejar sus áreas públicas sin recurrir al uso de estos peligrosos venenos.

Según Roger Madrigal encargado de los servicios municipales: “esta municipalidad tiene en sus políticas el no uso de herbicidas, hace dos años que no se usan, es muy grato saber que el cantón toma un acuerdo que lo sustenta”.

Nuria Quirós presidenta de la Comisión Ambiental del cantón de Mora aseguro que “después de ver las otras declaratorias, hicimos un dictamen de comisión y decidimos unánimemente decláranos a favor de un ambiente más sano libre de pesticidas y herbicidas que intoxiquen el ambiente, pero además decidimos motivar a los agricultores para un cambio que promuevan otras formas de producir”.

La Municipalidad de La Unión asegura en su acuerdo que “posee una Política Ambiental, la cual cita: En la Municipalidad de La Unión, nos comprometemos a liderar de manera solidaria, responsable y consciente, los esfuerzos, estrategias y proyectos para promover la conservación de los recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación” Por lo tanto: “declárese el Cantón de La Unión, Cartago, territorio libre de aplicación de agroquímicos o agrotóxicos en áreas públicas como son: caminos vecinales y carreteras, parques, jardines públicos, campos de deporte, áreas de recreo, cementerios, recintos escolares, aceras, caños, y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria”.

Además, la Municipalidad aseguró que en apego a esta declaratoria “se promueva la adopción de formas más sustentables para el manejo y control de las áreas verdes municipales, con formas que excluyan el uso de este tipo de plaguicidas de comprobada o presunta toxicidad para los seres humanos y todas las formas de vida, causantes de daños a la salud y al ambiente principalmente el recurso hídrico, de manera que comprometen la calidad y disponibilidad de recursos para las generaciones futuras”.

La Unión definió que “se permita el uso adecuado y regulado, de las sustancias químicas de esta naturaleza que se mantienen como parte del inventario en las bodegas municipales. Una vez agotadas las existencias, entrará en vigor esta propuesta”.

La campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON, 2-8-2017).

El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.

 

Enviado por FECON.

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