Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR, 14 feb 2019 (IPS) – Como un pulpo que lo abarca todo, la minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo a pobladores afectados, activistas y un nuevo informe sobre el problema.

“Donde está la empresa minera eran terrenos que arrendaban los campesinos para sembrar maíz y frijol, la base fundamental de nuestra agricultura, pero con la llegada de la compañía no hay tierras donde cultivar”, explicó Lesbia Villagrán, residente en el municipio de San Rafael Las Flores, en el este de Guatemala.

En esa localidad rural con algo más de 9.000 habitantes se instaló en 2007 la Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, y desde entonces los residentes en diferentes asentamientos esparcidos por ese municipio y otros vecinos se organizaron para detener sus operaciones.

La lucha de los pobladores contra el yacimiento de plata El Escobal obedeció a que consideran que sus actividades afectan sus medios de vida, como la agricultura, el agua y la biodiversidad de la zona.

“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”: Julio González.

“Cuando yo estaba pequeña, mi papá arrendaba cuatro o seis manzanas (algo más de cuatro hectáreas) de tierra y para nosotros era alegría trabajar en la cosecha, abundante, pero cuando los dueños de esos terrenos los vendieron a la empresa, mi papá ya no pudo cosechar nuestros granos básico”, agregó Villagrán, de 28 años, en entrevista con IPS desde San Rafael.

El yacimiento cambió de dueño en enero, y ahora la empresa se llama Minera San Rafael El Escobal, subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver, que según su portal de Internet es el segundo productor mundial de plata. Es propietaria y opera seis minas en México, Perú, Argentina, Bolivia y ahora en Guatemala.

“La situación agrícola es complicada debido a las operaciones de la empresa”, señaló Alex Reynoso, un caficultor de un municipio vecino a San Rafael.

De acuerdo a Reynoso, los mercados del país no quieren los productos cosechados cerca al yacimiento, porque temen que estén contaminados con los metales pesados utilizados en el proceso de extracción.

“Los mercados más importantes del país evitan comprar nuestros productos, así de sencillo”, subrayó a IPS desde su localidad.

IPS intentó obtener comentarios tanto de Tahoe Resources como de Pan American Silver, sobre las críticas de los residentes en San Rafael Las Flores en contra del yacimiento, sin lograr respuesta hasta el momento de publicar este reportaje.

Las operaciones de la mina se mantienen suspendidas desde julio 2017, debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que asumió el alegato de organizaciones de pobladores de la zona, pertenecientes al pueblo amerindio xinca, de que no fueron consultados sobre el proyecto.

El alto tribunal ratificó la medida de paralización en septiembre de 2018.

Este caso en Guatemala es un ejemplo de las tensiones que provoca en América Central la extracción de metales, una actividad que ha estado presente en el área, aunque en forma rudimentaria, desde los tiempos de la colonia española, en el siglo XVI.

Pero ha sido en las últimas décadas que ha mostrado una amplia expansión con la llegada de consorcios internacionales dedicados al sector.

El arribo de compañías extranjeras ha generado un conflicto social a partir de la oposición de residentes de los poblados donde se asientan las actividades mineras, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Por medio de las licencias ganadas, los consorcios han ido acaparando tierras de tradición agrícola o forestal, así como a los recursos hídricos vitales para la vida en las comunidades, sobre todo indígenas, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

El estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”, hecho público el 11 de febrero en San Salvador, da cuenta de esa expansión y sus impactos.

En Honduras, hasta enero de 2017 se habían otorgado 172 concesiones de minería metálica, que en una extensión total de 7.275 kilómetros cuadrados, equivalentes a 6,47 del territorio del país.

En Guatemala, hasta la misma fecha, se habían otorgado 55 concesiones, con una superficie de 4.143 kilómetros cuadrados, un 3,81 por ciento de la superficie nacional.

Nicaragua, para mayo de 2017 había otorgado concesiones para 146 operaciones extractivistas, y aún procesa 20 solicitudes más. En conjunto, incluyendo las solicitudes pendientes, engloban 11.143 kilómetros cuadrados, es decir, 8,55 por ciento de su superficie total.

El Salvador hizo historia a nivel internacional, al ser el primer país en el mundo en prohibir de tajo toda forma de minería, en marzo del 2017.

Pero hasta 2006 se registraban 31 concesiones metálicas, que cubrían un área de 1.088 kilómetros cuadrados, 5,17 por ciento de su territorio.

América Central es una región de grandes carencias sociales, con una población de 48 millones de habitantes y una extensión de 524.000 kilómetros cuadrados, y de la que forman parte también Costa Rica y Panamá.

Es además, una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, con pérdidas anuales en cosechas, ya sea por exceso de agua, en el periodo de lluvias, o por sequías, en el seco.

Siguiendo el ejemplo salvadoreño, “hay casos de movimientos que están solicitando territorios libres de minería” en países vecinos, explicó a IPS la investigadora nicaragüense Angélica Alfaro, una de las responsables del nuevo estudio.

“Pero la realidad es que en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua se han creado leyes orientadas directamente a promover al sector minero”, dijo Alfaro, que trabajó en el documento en su calidad de consultora de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador.

El informe fue publicado por la Alianza Centroamericana frente a la Minería, un conglomerado de organizaciones ambientalistas de la región.

El sector minero pone en riesgo la seguridad alimentaria del istmo porque impacta directamente la agricultura, pues afecta varias cuencas, aseguró a IPS el activista Julio González, del colectivo guatemalteco Madre Selva.

Por ejemplo la mina Cerro Blanco, localizada en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, limítrofe con el occidente salvadoreño, es parte de la cuenca Ostua- Güija-Lempa.

La contaminación producida por el yacimiento pasa al lago Guija, en El Salvador, y de ahí al río Lempa, que serpentea por este país y cuya agua es aprovechada para el riego y para el consumo humano, luego de ser purificada.

“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”, destacó González, quien participó en la presentación del estudio en San Salvador.

Agregó que las tierras usadas por el sector no son precisamente las enormes extensiones propiedad de terratenientes, sino las zonas usadas para la agricultura de subsistencia, sobre todo en territorios indígenas, expulsados históricamente de sus tierras y asentados en zonas boscosas.

“Pero esa es la agricultura que sostiene la seguridad alimentaria”, subrayó.

El informe “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”, publicado en 2011, advertía ya que “el acceso al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el dedicado a la producción de granos básicos, es decir, por cada kilómetro cuadrado que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen dos kilómetros cuadrados sobre los cuales la industria minera ejerce control”.

 

Información publicada por IPS Noticias.

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