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UNA respalda medida cautelar contra tala de árboles en playa Panamá

En el marco de la medida cautelar relacionada con la corta de más de 700 árboles, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) se pronuncia sobre la gobernanza forestal, ambiente sano y decisiones técnicas.

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 50, establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Partiendo de este mandato constitucional, la Universidad Nacional manifiesta su posición ante la discusión pública generada por la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional (Sala IV), en relación con la corta de más de 700 árboles en Playa Panamá, Guanacaste.

El artículo 50 no plantea una contradicción entre ambiente y producción; por el contrario, establece una visión integral del desarrollo nacional, donde el bienestar, la producción, la distribución de la riqueza, el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano deben armonizarse bajo criterios de legalidad, sostenibilidad y responsabilidad pública. El país, reconoce en este artículo la base del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Costa Rica ha construido históricamente una gobernanza forestal basada en reglas, instituciones, conocimiento técnico, participación social y control jurisdiccional. Esa gobernanza permite ordenar el uso, la conservación, el aprovechamiento y la protección de los recursos forestales. Este no es un debate entre ambiente y desarrollo; es un debate sobre la calidad de las decisiones públicas en Costa Rica. Cuando se debilita el criterio técnico especializado, se debilita el Estado de Derecho. Ahora bien, no se trata de impedir todo uso del recurso forestal, sino de asegurar que cualquier intervención se realice conforme a la ley, con fundamento técnico, con transparencia y con plena garantía del interés público ambiental.

La Ley Forestal n.° 7575 establece “como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales, así como por la producción, aprovechamiento, industrialización y fomento de los recursos forestales, bajo el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables”. Este equilibrio es fundamental, pues la sostenibilidad no se alcanza negando la producción, ni debilitando la protección ambiental, sino mediante decisiones técnicas rigurosas, control institucional efectivo y respeto al ordenamiento jurídico.

En ese marco, resulta indispensable diferenciar técnicamente entre bosque, bosque secundario, árboles en terrenos agropecuarios sin bosque, patrimonio natural del Estado, plantaciones forestales u otras coberturas arbóreas. La propia normativa forestal define el bosque a partir de criterios ecológicos y estructurales e incluye superficie mínima, composición, dosel y densidad de árboles. Asimismo, la normativa aplicable reconoce el bosque secundario como vegetación leñosa de carácter sucesional que se desarrolla después de la eliminación de la vegetación original por actividades humanas o fenómenos naturales.

La pregunta central no es política ni emocional: es técnica. Clasificar incorrectamente un ecosistema puede conducir a decisiones irreversibles. Por ello, consideramos que cualquier decisión relacionada con la corta de árboles debe partir de una pregunta técnica y jurídica esencial: ¿Se está ante un bosque primario, un bosque secundario sujeto a manejo, árboles aislados en terreno sin bosque o una condición especial autorizada por el ordenamiento jurídico? La respuesta a esa pregunta no puede ser política ni meramente mediática; debe ser técnica, documentada, verificable y sometida a control público.

En este sentido, respaldamos la medida cautelar como un instrumento legítimo de prudencia institucional cuando existen dudas razonables sobre posibles impactos ambientales irreversibles, suficiencia de estudios técnicos, legalidad de permisos, capacidad de carga ambiental, consulta pública o correcta aplicación de la normativa. Una medida cautelar no detiene el desarrollo; protege al país de errores irreversibles, pues la prudencia institucional no es debilidad: es responsabilidad pública.

Al mismo tiempo, afirmamos que el país debe defender las decisiones técnicas cuando estas han sido elaboradas por profesionales competentes, con información de campo, inventarios forestales, georreferenciación, evaluación de especies, condición fitosanitaria, trazabilidad, regencia forestal y cumplimiento de los requisitos establecidos. Los procedimientos de aprovechamiento maderable, permisos pequeños, inventarios forestales, permisos especiales y corta por seguridad humana forman parte de una arquitectura institucional que exige requisitos técnicos y legales para autorizar intervenciones forestales.

Desde una perspectiva de gobernanza, sería inconveniente reducir este debate a posiciones extremas. Ni toda autorización administrativa es incuestionable, ni toda crítica puede ignorar la evidencia técnica y especializada. El verdadero riesgo no está en decidir, sino en decidir mal. No toda corta autorizada representa por sí misma una agresión ambiental; pero tampoco toda autorización administrativa debe asumirse automáticamente como suficiente cuando existen cuestionamientos jurídicos, ecológicos o sociales relevantes. Una mala decisión pública puede surgir tanto de ignorar los criterios técnicos como de aplicarlos sin una visión integral del territorio, del ambiente, del agua, de la biodiversidad y del interés público.

El Poder Judicial y, particularmente, la jurisdicción constitucional cumple un papel esencial dentro de esta gobernanza. El control constitucional no es un obstáculo, es una garantía democrática y su intervención no debe verse como una ruptura del sistema, sino como parte del sistema democrático de pesos y contrapesos. Cuando existe controversia sobre la aplicación de normas ambientales, permisos, competencias institucionales o posibles daños irreversibles, la revisión judicial contribuye a fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas.

Por tanto, la Universidad Nacional manifiesta su absoluto respaldo a:

1. El principio constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al deber del Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.

2. La producción sostenible, entendida como aquella que respeta los límites ecológicos, el ordenamiento jurídico, la protección del agua, la biodiversidad y el bienestar social.

3. Las decisiones técnicas debidamente fundamentadas, emitidas por profesionales competentes y por instituciones responsables, siempre que sean transparentes, verificables, trazables y conformes con la normativa vigente.

4. La medida cautelar como una decisión responsable ante la posibilidad de daños irreversibles.

Además, hace un llamado a lo siguiente:

Las autoridades competentes para que revisen integralmente los permisos, inventarios, estudios, criterios de clasificación de la cobertura forestal, eventuales áreas de protección, impactos acumulativos y capacidad de carga del territorio.

Evitar la polarización. La discusión ambiental del país requiere rigor técnico, respeto institucional, participación informada y claridad normativa.

Fortalecer la gobernanza forestal costarricense, de manera que la ciudadanía pueda confiar en que las decisiones sobre los recursos forestales responden al interés público, a la ciencia, a la ley y a una visión de país.

Costa Rica no puede permitirse decisiones ambientales basadas en presión mediática ni en simplificaciones del debate público. No debe escoger entre ambiente y desarrollo. Debe escoger siempre la sostenibilidad, que exige producir mejor, conservar con mayor responsabilidad, aplicar la ley con firmeza y tomar decisiones públicas con base en evidencia técnica, transparencia y respeto al Estado de Derecho. El país necesita más ciencia en la toma de decisiones y menos polarización en la discusión.

En consecuencia, nos pronunciamos en favor de una salida institucional, técnica y ambientalmente responsable mediante la cual se mantengan las garantías necesarias para prevenir daños irreversibles, de revisar a profundidad la legalidad y el sustento técnico de las autorizaciones, y que toda decisión final responda al mandato constitucional de bienestar, producción sostenible, ambiente sano y protección del patrimonio natural del país.

Por tanto, defender el ambiente no significa negar la producción, y defender la técnica no significa renunciar al control constitucional. La verdadera gobernanza forestal consiste en garantizar que cada decisión pública sea legal, técnica, transparente y ambientalmente responsable.

Cordialmente,
Braulio Sánchez
Presidente

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Organizaciones costarricenses logran suspensión de importación de perezosos a Florida tras muerte de más de 50 animales en atracción turística

Organizaciones conservacionistas de Costa Rica impulsan iniciativa internacional para prohibir la importación de perezosos a Estados Unidos tras la muerte de más de 50 animales en atracción turística.

Comunicado

Tras la muerte de más de 50 perezosos vinculados a la atracción turística Sloth World Orlando, en Florida, autoridades estadounidenses anunciaron recientemente una suspensión temporal de la importación de perezosos al estado mientras continúan las investigaciones sobre el caso. La decisión ocurre pocos días después de reuniones entre representantes de The Sloth Conservation Foundation (SloCo), The Sloth Institute (TSI) y autoridades de Florida, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el comercio y uso de perezosos en cautiverio para fines comerciales en Estados Unidos.

Desde enero de 2026, The Sloth Conservation Foundation (SloCo), organización con sede en Puerto Viejo de Talamanca, y The Sloth Institute (TSI), con sede en Quepos, han encabezado esfuerzos para exponer la realidad detrás de Sloth World Orlando, una fallida atracción turística que prometía al público la exhibición de perezosos de forma cercana. Ambas organizaciones son reconocidas internacionalmente por su trabajo en investigación, rehabilitación y conservación de perezosos.

A partir de ese momento, SloCo y TSI comenzaron a trabajar detrás de cámaras junto a periodistas de investigación y ex empleados de la instalación, recopilando información y ayudando a documentar lo que ocurría. Durante ese proceso, confirmaron que la mayoría de los perezosos que iban a formar parte de la exhibición habían sido capturados en vida silvestre e importados desde Guyana y Perú para ser utilizados en la atracción turística.

Meses después, las preocupaciones se confirmaron: actualmente, más de 50 perezosos vinculados a Sloth World Orlando han muerto. Las investigaciones periodísticas y reportes posteriores revelaron graves problemas relacionados con el bienestar animal, la mortalidad, las condiciones de manejo y las consecuencias de mantener perezosos en ambientes comerciales incompatibles con sus necesidades biológicas.

“El caso de Sloth World Orlando no es un incidente aislado. Expuso un problema mucho más grande: un sistema que continúa permitiendo la importación y explotación comercial de perezosos, pese a la evidencia científica que demuestra que estos animales no son aptos para este tipo de ambientes”, explicó la Dra. Rebecca Cliffe, fundadora y directora ejecutiva de The Sloth Conservation Foundation.

La semana pasada, la Dra. Rebecca Cliffe y Sam Trull, fundadora de The Sloth Institute, viajaron a Orlando, Florida, donde mantuvieron reuniones con representantes, legisladores, comisionados, autoridades locales y funcionarios relacionados con el caso. Además, ambas expertas se reunieron directamente con la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) para discutir la necesidad urgente de fortalecer las medidas de protección legal para los perezosos en Estados Unidos.

La decisión representa un paso histórico, especialmente considerando que aproximadamente el 98% de los perezosos importados a Estados Unidos ingresan por Miami, lo que convierte a Florida en el principal punto de entrada para el comercio de perezosos en el país.

Tanto SloCo como TSI celebraron el anuncio, pero recalcaron que su objetivo va mucho más allá de una suspensión temporal.

Ambas organizaciones trabajan ahora para impulsar cambios permanentes en la legislación estadounidense que prohíban la importación de perezosos silvestres tanto a nivel estatal como a nivel federal. Además, se impulsará la creación de una nueva categoría de “especie sensible” dentro de los permisos y licencias, que permita restringir o incluso prohibir la propiedad comercial y privada de especies cuya sensibilidad y necesidades biológicas han sido ampliamente demostradas científicamente, como es el caso de los perezosos. Esto implicaría regulaciones mucho más estrictas para la tenencia de este tipo de animales.

“Los perezosos son animales altamente especializados, extremadamente sensibles al estrés, al manejo constante y a ambientes artificiales. No son animales domesticados ni aptos para entretenimiento turístico”, explicó Sam Trull, fundadora de The Sloth Institute.

SloCO y TSI representan en conjunto décadas de experiencia científica y práctica trabajando directamente con perezosos tanto en ambientes silvestres como de rehabilitación.

“Esto demuestra lo que puede ocurrir cuando científicos, expertos, periodistas y ciudadanos trabajan juntos para exigir cambios reales”, concluyó Cliffe. “Y nuestro trabajo apenas comienza.”

Ambas organizaciones hacen un llamado a la ciudadanía costarricense a continuar protegiendo a los perezosos, uno de los símbolos más reconocidos y queridos del país.

“Costa Rica ha demostrado al mundo que la conservación sí funciona cuando ciencia, educación y comunidad trabajan juntas. Los perezosos forman parte de la identidad nacional y protegerlos también significa proteger nuestros bosques, nuestra biodiversidad y la imagen del país ante el mundo”, señalaron las organizaciones.

Tanto SloCo como TSI recalcaron la importancia de seguir apoyando los esfuerzos de investigación, conservación, rehabilitación y educación ambiental que permiten asegurar un futuro para estas especies y los ecosistemas de los que dependen.

Denuncia señala destrucción sistemática del Humedal Río Carbón en Playa Negra y cuestiona omisión institucional

El ambientalista limonense Marco Levy Virgo presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y el Concejo Municipal de Talamanca, en la que acusa una “destrucción sistemática, deliberada, acelerada e irreversible” del Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra de Puerto Viejo, en el Caribe Sur.

La denuncia, identificada como MLV-00164-2026 y fechada el 9 de mayo de 2026, sostiene que desde el año 2005 existe un expediente penal abierto por presuntas afectaciones al humedal, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución alguna. Según el documento, durante más de dos décadas se habría consolidado una urbanización progresiva del ecosistema mediante rellenos, tala, drenajes y construcciones vinculadas a desarrollos inmobiliarios.

Levy Virgo afirma que en los últimos años la situación se ha intensificado y denuncia el ingreso cotidiano de camiones con escombros y materiales de relleno al humedal, así como la utilización de maquinaria para modificar el ecosistema. También cuestiona la actuación de instituciones públicas, particularmente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de la Municipalidad de Talamanca.

Uno de los principales señalamientos del denunciante es que el informe técnico oficial “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, elaborado por el SINAC en junio de 2021, habría permanecido fuera del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) mientras continuaban otorgándose permisos de construcción dentro del ecosistema.

El estudio técnico citado, elaborado por el Área de Conservación Central del SINAC, concluye que en la Zona Marítimo Terrestre del litoral de Talamanca existen 13 polígonos identificados como humedales palustrinos, que abarcan aproximadamente 165 hectáreas, equivalentes al 34% de la superficie total de la ZMT analizada.

En particular, el informe describe la llanura costera Río Carbón–Puerto Viejo como un sector de humedales con más de 42 hectáreas distribuidas en varios polígonos. El documento señala la presencia de suelos hidromórficos, drenaje lento o nulo, riesgo severo de inundación y vegetación hidrófila característica de ecosistemas de humedal.

La investigación técnica también documenta observaciones de campo relacionadas con construcciones, lotificaciones, caminos y rellenos en sectores identificados como humedal. Entre las anotaciones se mencionan “construcción ilegal”, “camino en construcción”, “relleno”, “lotificación” y “construcciones y lotificación en humedal”.

Según el informe del SINAC, estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas esenciales relacionadas con el control de inundaciones, filtración y retención de agua, estabilidad costera y conservación de biodiversidad. El documento destaca además la importancia del área para especies de flora y fauna propias de humedales del Caribe Sur, incluyendo yolillo, sangrillo, cativo, aves acuáticas, reptiles y mamíferos.

En respuesta a una denuncia anterior presentada por Levy Virgo, el Programa Nacional de Humedales del SINAC confirmó mediante la carta oficial CARTA-SINAC-SE-DE-PNH-0017-2026 que existe una causa penal abierta desde 2005 por presuntas afectaciones al Humedal Río Carbón, expediente que se tramita bajo el número 05-001155-0597-PE.

En dicha respuesta, el SINAC indicó que continuará colaborando con la Fiscalía Ambiental y otras autoridades judiciales mediante peritajes técnicos, inspecciones y aportes de información institucional cuando sean requeridos formalmente. Asimismo, señaló que la información disponible sobre el humedal puede consultarse en el Registro Nacional de Humedales y el visor del SNIT.

En su más reciente denuncia, Levy Virgo solicita medidas cautelares inmediatas para detener toda actividad dentro del humedal, así como la realización de una pericia ambiental integral y georreferenciada por parte del Departamento de Biología Forense del OIJ. También pide investigar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y coordinar acciones para la recuperación ecológica del ecosistema.

Costa Rica ante el cambio climático: entre la excepcionalidad y sus límites

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Costa Rica ha sido durante décadas presentada —y celebrada— como una excepción en el contexto centroamericano: un país pequeño que, a contracorriente de las tendencias regionales, apostó a partir de la segunda mitad del siglo XX, por la conservación de la naturaleza, la institucionalidad ambiental y un modelo energético relativamente limpio. Esta imagen no es una simple construcción discursiva: descansa sobre decisiones históricas concretas, políticas públicas sostenidas y sustentables, con resultados verificables. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la crisis climática, y un desarrollo extractivo y neoliberal, esa excepcionalidad aparece cada vez más menguada, con lo que se ha producido un equilibrio inestable, atravesado por tensiones estructurales que cuestionan su alcance y su sostenibilidad.

I. La construcción de una excepcionalidad: políticas, instituciones y territorio

El origen de esta trayectoria singular puede situarse en la segunda mitad del siglo XX, cuando Costa Rica comenzó a institucionalizar la protección de sus recursos naturales. La aprobación de la Ley Forestal de 1969 y la creación del sistema de parques nacionales en los años setenta marcaron un punto de inflexión, impulsado por figuras como Mario Boza Loría y Álvaro Ugalde Víquez.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha expresado que, Costa Rica es uno de los pocos países tropicales que ha logrado revertir la deforestación a gran escala mediante políticas públicas sostenidas.

Esta afirmación sintetiza uno de los pilares del modelo costarricense, al menos en la segunda mitad del siglo anterior. En efecto, la cobertura forestal, que había caído a cerca del 25% en los años ochenta, supera hoy el 50%, gracias a políticas como el Pago por Servicios Ambientales (Banco Mundial, 2008).

El entramado institucional se consolidó originalmente mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al cual se le asignó la tarea de administrar más de una cuarta parte del territorio nacional bajo diversas categorías de protección.

Ejemplos emblemáticos de este proceso son la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Corcovado, que han adquirido reconocimiento internacional tanto por su biodiversidad como por su papel en el desarrollo del ecoturismo. No obstante, en las dos décadas y media que llevamos del siglo XXI, la labor del SINAC se debilitó sustancialmente, dejando mucho que desear respecto de sus objetivos originales.

A este conjunto se suma un logro ampliamente documentado:

“Costa Rica genera casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas” (Agencia Internacional de Energía, 2023).

Este desempeño refuerza la percepción de una transición energética exitosa. Sin embargo, es aquí donde emerge la paradoja.

II. Una excepcionalidad sectorial: avances reales, límites estructurales

La fortaleza del modelo costarricense consistió en las últimas tres décadas del siglo pasado, en su capacidad para producir resultados concretos, pero concentrados en sectores específicos. No obstante, estos avances no se tradujeron automáticamente en una transformación integral del sistema económico.

Como lo advirtió el mismo Banco Mundial: el crecimiento económico de Costa Rica ha estado acompañado, por un lado, por el aumento en la demanda energética, pero por el otro, se sustentó en el uso de combustibles fósiles, especialmente en el transporte.

En efecto, el sector transporte se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernadero del país. La expansión del parque vehicular y la falta de sistemas integrados de transporte público han limitado el impacto positivo de la matriz eléctrica limpia. A ello contribuyó decisivamente la eliminación del tren eléctrico, con el objeto de hacer una concesión a los transportistas durante la administración de José María Figueres (1994-1998).

Este fenómeno se vincula con el crecimiento urbano desordenado, particularmente en la Gran Área Metropolitana. Estudios del Programa Estado de la Nación han señalado que, la expansión urbana ha ocurrido sin una adecuada planificación territorial, generando presiones sobre los recursos naturales y aumentando la desigualdad espacial, principalmente rural-urbana.

Así, la excepcionalidad costarricense retrocedió, revelándose como parcial: fuerte en ciertos ámbitos, pero muy limitada en otros.

III. Presiones sobre la biodiversidad: entre la protección y la erosión

A pesar de la solidez que alcanzó en un inicio el sistema de áreas protegidas, hoy, la conservación enfrenta desafíos crecientes; persisten dinámicas de tala ilegal, una expansión agrícola desordenada, acompañada de la ocupación de zonas de amortiguamiento. Concretamente, esas ocupaciones pueden incluir, expansión de la agricultura o la ganadería, construcción de viviendas o urbanizaciones, apertura de caminos, tala y extracción de madera, actividades turísticas desordenadas o, invasiones de tierras donde se han establecido asentamientos humanos.

Con ello, se crea un grave desafío para los espacios naturales protegidos, porque en lugar de reducirse los impactos humanos desordenados, se ocupan intensivamente, por lo cual el parque o reserva termina sufriendo efectos tales como: pérdida de biodiversidad, fragmentación del bosque, contaminación de ríos, presión sobre la fauna silvestre, aumento de incendios y cacería y erosión y degradación de los suelos.

En las zonas costeras, la presión del turismo ha impactado ecosistemas clave como los manglares. La misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha afirmado que los ecosistemas costeros en Centroamérica, incluidos los manglares, están bajo creciente presión por el desarrollo turístico y urbano. Costa Rica es en este sentido un ejemplo muy connotado de como el turismo ha amenazado y diezmado el desarrollo sostenible del agro costarricense, espoleando la concentración de la riqueza y un crecimiento anárquico y desordenado.

La fauna silvestre también enfrenta amenazas. La fragmentación del hábitat y la infraestructura vial han incrementado la mortalidad por atropello de animales silvestres, especialmente en corredores biológicos. Casos como las rutas que atraviesan el Parque Nacional Braulio Carrillo evidencian la dificultad de armonizar desarrollo e integridad ecológica.

IV. Cambio climático y nuevas vulnerabilidades

El cambio climático introduce una dimensión crítica. Costa Rica, pese a sus avances, es altamente vulnerable a eventos extremos.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha señalado que, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático debido a su exposición a eventos extremos y su limitada capacidad adaptativa.

En Costa Rica, esto se traduce en sequías más intensas en el Pacífico norte —especialmente en Guanacaste— y lluvias más extremas en el Caribe y el sur.

Además, fenómenos como El Niño y La Niña amplifican estas variaciones. Según el IPCC, existe creciente evidencia de que el calentamiento global altera la variabilidad climática asociada al ENSO y amplifica algunos de sus impactos regionales. En efecto, la variabilidad climática asociada a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) se intensifica en un contexto de calentamiento global. Así, en Centroamérica estas “oscilaciones del sur” o ENSO (por sus siglas en inglés) aluden a las variaciones de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental, estudiadas originalmente por el meteorólogo Gilbert Walker. (Cfr. Climate Change 2021: the physical Science Basis. Grupo de trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2021)

En consecuencia, estas condiciones favorecen incendios forestales en zonas secas, muchas veces asociados a prácticas agrícolas y sequías prolongadas, así como procesos de degradación ambiental que, en regiones como Guanacaste, se aproximan a formas incipientes de desertificación.

V. ¿Un modelo post-extractivo? Tensiones contemporáneas

Aunque Costa Rica había proyectado una imagen de sostenibilidad, mantiene actividades intensivas en recursos naturales; de tal manera que, la agroindustria y el turismo continúan ejerciendo presión sobre los ecosistemas.

Más aún, el debate reciente sobre la posible exploración de hidrocarburos revela tensiones estructurales. Como advierte la OCDE (parafraseando):

Costa Rica enfrenta crecientes presiones económicas, urbanas y climáticas que desafían la sostenibilidad de sus logros ambientales. (Cfr. OCDE Environmental Performance Reviews: Costa Rica, 2023. Evaluaciones del Desempeño Ambiental, CR 2023). La OCDE misma recomienda que el país debe mejorar la articulación entre sostenibilidad ambiental, infraestructura y desarrollo económico.

Esto plantea una pregunta central: ¿ha superado realmente el país el modelo extractivista y neoliberal o simplemente le ha introducido un “maquillaje” superficial?

VI. Costa Rica en el contexto centroamericano: convergencias y divergencias

Comparada con Guatemala, Honduras o Nicaragua, Costa Rica presenta ventajas claras en cobertura forestal e institucionalidad ambiental.

Sin embargo, comparte con la región:

• alta vulnerabilidad climática

• presión sobre recursos naturales

• desigualdades territoriales

En este sentido, la CEPAL ha señalado que, los países centroamericanos enfrentan desafíos comunes en la gestión sostenible de sus recursos naturales en un contexto de cambio climático.

De modo que, Costa Rica aparece menos como una excepción absoluta y más como un caso avanzado dentro de una problemática regional compartida.

VII. Conclusión: una excepcionalidad en disputa

La imagen de Costa Rica como “país verde” tiene fundamentos reales, pero resulta insuficiente para describir su complejidad actual.

Sus logros son innegables. Pero también lo son sus contradicciones.

Podríamos sintetizar afirmando que, Costa Rica representó hasta cierto punto, una excepcionalidad histórica respecto de los países centroamericanos en conservación y energía limpia en la segunda mitad del siglo XX, pero, no logró una ruptura estructural con el modelo extractivista y neoliberal de crecimiento económico dominante. De modo que, su experiencia revela tanto las posibilidades, como fundamentalmente, los límites de una transición ecológica en el mundo contemporáneo.

Bibliografía breve

• Banco Mundial (2008). Payment for Environmental Services in Costa Rica (Stefano Pagiola).

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informes sobre desarrollo humano y sostenibilidad.

• Agencia Internacional de Energía (2023). Costa Rica Energy Profile.

• Programa Estado de la Nación. Informes anuales.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informes ambientales regionales.

• Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (AR6).

• OCDE. Environmental Performance Reviews: Costa Rica.

Sala Constitucional pide informes por construcción de carretera en zona protegida de Barva

La Sala Constitucional acogió para trámite un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Barva de Heredia por la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, dentro de una zona inalienable protegida por la Ley 65 de 1888 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso fue interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, quienes señalan que las obras se realizan sobre un antiguo camino rústico sin que se hayan efectuado estudios ambientales integrales ni contemplado medidas de mitigación para la fauna silvestre, pese a tratarse de un ecosistema de alta fragilidad ecológica.

Según el expediente, las personas recurrentes sostienen que el proyecto financiado mediante un convenio entre el INDER y la Municipalidad de Barva fue tramitado ante SETENA como una obra de bajo impacto ambiental, mediante una evaluación simplificada, cuando por las características ambientales y jurídicas de la zona debía requerirse un Estudio de Impacto Ambiental completo.

El recurso señala además que la intervención implica ensanchamiento del camino, remoción de vegetación y posibles afectaciones sobre corredores biológicos utilizados por especies como quetzales, dantas, pumas, ocelotes, monos carablanca y numerosas aves y reptiles.

Entre los cuestionamientos también se menciona la ausencia de pasos de fauna y la falta de autorización expresa del MINAE o del SINAC para intervenir el patrimonio natural del Estado en esa zona protegida.

La Sala Constitucional ordenó solicitar informes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Municipalidad de Barva, otorgando un plazo de tres días hábiles para responder sobre los hechos denunciados.

El caso se relaciona con preocupaciones ambientales, que diversos sectores han venido planteando, sobre el impacto de obras viales y desarrollos en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo y otros territorios protegidos del norte de Heredia, particularmente en áreas vinculadas con la recarga hídrica y corredores biológicos estratégicos para el Valle Central.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo de la resolución judicial:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Concierto por los Tiburones de Costa Rica

Los Tiburones Son Vida Silvestre es nuestro lema en pro de la defensa de los tiburones como especie vulnerable de nuestro país.

Este próximo viernes 8 de mayo a las 7:30 pm en el Amón Solar, un grupo de ciudadanos y organizaciones como programa Geografía y Diálogo de saberes de la UCR, Fundación Paul Watson, Operation Rich Coast, Costa Rica por el Océano, Green Wolf y Bloque Verde en conjunto al Centro de rescate de especies marinas amenazadas CREMA tendremos un concierto para hacer un llamado urgente a la protección de los tiburones en Costa Rica.

El concierto es gratuito, con la posibilidad de realizar una contribución voluntaria. Además, durante la actividad se estarán recolectando firmas en apoyo a la causa. Disfrutaremos del talento nacional de cantautoras y músicos que defienden la naturaleza a través de propuestas artísticas comprometidas con la conservación. Nos acompañarán Luz Romero, Maf É Tulá, Fabián Pacheco, Francesco Bracci y Snowkap.

Será una noche armoniosa donde compartiremos sobre la vulnerable situación de los tiburones en Costa Rica en un espacio lleno de arte y buena compañía.

Situación crítica de los tiburones en Costa Rica: Un llamado urgente a la coherencia ambiental:

La situación de los tiburones en Costa Rica atraviesa un momento crítico que evidencia una profunda contradicción entre el discurso ambiental del país y la realidad de sus prácticas pesqueras y políticas públicas.

Costa Rica alberga cerca de treinta especies de tiburones, muchas de ellas en peligro de extinción, incluyendo el tiburón martillo, el tiburón zorro y el tiburón sedoso. Estas especies, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas marinos, representan hasta el 40% de las capturas de la flota pesquera nacional, lo que evidencia una fuerte presión sobre sus poblaciones.

Según datos y denuncias de organizaciones como CREMA, entre 2015 y 2019 se descargaron más de un millón de tiburones en el país, muchos pertenecientes a especies amenazadas. Esta situación responde a un modelo pesquero que, lejos de reducir la mortalidad, ha intensificado la explotación de estas especies, acercándose peligrosamente a la extinción.

Estas especies no pueden sostener niveles altos de explotación debido a su baja tasa reproductiva. “Si no hacemos algo ya, el tiburón martillo podría estar extinto en 20 años”, advierte el biólogo marino especialista Randall Arauz.

Aunque la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia determinó en 2023 que los tiburones son vida silvestre y no deben ser tratados como especies comerciales, en la práctica continúan siendo capturados, comercializados e incluso exportados. En 2023, Costa Rica exportó más de 12 toneladas de tiburón martillo, lo que representa un posible desacato a la legislación vigente.

El impacto de esta problemática trasciende lo ambiental. Los tiburones cumplen un rol clave como depredadores topes, regulando las cadenas alimenticias marinas. Su desaparición podría desencadenar desequilibrios ecológicos con efectos directos en la pesca artesanal, el turismo y la seguridad alimentaria de comunidades costeras.

Costa Rica enfrenta hoy una decisión clave: continuar con prácticas que comprometen su biodiversidad o asumir un liderazgo real y coherente en la protección de sus recursos marinos.

Arauz, R. (comunicaciones públicas, entrevistas y conferencias).

CREMA. (s.f.). Especies amenazadas de tiburones: el objetivo principal de la pesquería costarricense. Recuperado de https://www.cremacr.org

CREMA. (s.f.). Los tiburones de vuelta al plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Recuperado de https://www.cremacr.org

Mongabay. (2025). Exportación y comercio de tiburones en Costa Rica.

Radio UCR. (2025). Situación de los tiburones en Costa Rica.

Denuncian amenaza irreversible a bosque primario en Playa Panamá por proyecto inmobiliario en Papagayo

Un comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca advierte sobre el riesgo de destrucción de un bosque primario en Playa Panamá, Bahía Papagayo, ante la intención de talar más de 700 árboles para un proyecto que, según se señala, no corresponde a desarrollo turístico sino inmobiliario residencial. El texto subraya el carácter irreparable del daño ecológico, expone el respaldo jurídico que protege estos bosques como patrimonio natural del Estado y cuestiona la falta de claridad de las autoridades sobre la legalidad del proyecto. Asimismo, llama a la intervención urgente de instancias judiciales y reafirma la defensa del Estado de derecho ambiental y el derecho ciudadano a la información.

Comunicado Asociación Confraternidad Guanacasteca

¿Turismo o qué?
Sereno Reserve — Bahía Papagayo, Playa Panamá

I- El bosque que está en juego

En la finca inscrita bajo el plano de catastro 5-1155786-2007, ubicada en Playa Panamá, Bahía Papagayo, existe un bosque que pericias técnicas oficiales han certificado como Bosque Primario. No es una denominación menor: el Bosque Primario es la categoría de máxima integridad ecológica, aquel que jamás ha sido objeto de perturbación humana significativa y que ha alcanzado su estado de desarrollo pleno.

En ese bosque viven árboles de entre 15 y 30 metros de altura. Sus copas albergan fauna silvestre, insectos, aves, reptiles y mamíferos que dependen de esa estructura para sobrevivir. Sus raíces sostienen suelos, regulan el ciclo del agua y fijan carbono. Es un ecosistema completo, funcional y activo.

La empresa Enjoy Hotels & Resort pretende cortar más de 700 de esos árboles para iniciar obras. Frente a eso, es indispensable ser absolutamente claros:

Sembrar 700, 1.000, 5.000 o 10.000 arbolitos pequeños hoy no restituye lo que se destruiría. Un árbol recién plantado no alberga la fauna que vive en una copa de 25 metros. No cumple las funciones ecosistémicas de un árbol centenario. La pérdida de un bosque primario es, en toda escala de tiempo humana, absolutamente irreversible. Ningún monto de dinero, ninguna compensación ambiental y ninguna resolución posterior puede devolver lo que se destruye.

Cortar ese bosque no es solo una afrenta al patrimonio forestal del Estado costarricense: es un daño ecológico permanente, sin posibilidad de reparación real.

II- El respaldo jurídico: patrimonio natural del Estado

La Ley Forestal N.° 7575, en sus artículos 13 y 14, establece que los bosques ubicados en terrenos del Estado integran el patrimonio natural del Estado, con independencia del título registral que figure en el folio real. Se trata de bienes de dominio público: inembargables, inalienables e imprescriptibles.

La simple constatación pericial de bosque primario activa esta afectación legal de manera automática e inmediata.

La Sala Constitucional ha sido consistente en aplicar el principio de irreductibilidad ecológica sin distinción entre tipos de bosque. Bosque es bosque: la ley no establece categorías de protección diferenciada.

Existen dos fuentes de prueba técnica oficial, independientes entre sí y separadas por cuatro años, que convergen en acreditar la presencia de cobertura forestal significativa en el área del proyecto. Esas pruebas hacen jurídicamente inviable cualquier intervención sin las autorizaciones del SINAC y de SETENA, autorizaciones que, hasta la fecha, no constan.

En el marco del expediente penal activo, se ha solicitado a la autoridad competente que dicte, con carácter de urgencia extrema, una medida cautelar que suspenda de manera inmediata toda actividad de tala, descapote o remoción de vegetación en dicha finca, mientras no se demuestre ante el juez penal que ninguna fase del proyecto afecta el bosque primario certificado.

III- El Proyecto Papagayo: ¿turismo o negocio inmobiliario?

El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo es el proyecto estatal de desarrollo turístico más grande de Costa Rica, administrado por el ICT. Sus tierras son propiedad del Estado, otorgadas en concesión por períodos determinados, y la ley establece con claridad que su destino es exclusivamente el desarrollo turístico.

Turismo implica visitantes temporales: personas que viajan con fechas de inicio y fin, que utilizan servicios de hospedaje, transporte, gastronomía y recreación, y que regresan a su lugar de origen. Es una actividad importante, temporal, rotatoria, que genera empleo local y derrama económica en la comunidad.

Lo que Enjoy Hotels & Resort pretende construir son condominios residenciales de lujo, cada uno con piscina privada, destinados a la venta a compradores extranjeros. Eso es un proyecto inmobiliario residencial. Es legal en muchos contextos del país. Pero no es turismo.

No todo extranjero que compra una propiedad en Costa Rica es turista. Hay residentes, inversionistas, migrantes, jubilados que se trasladan definitivamente. Eso no activa la definición de valor turístico que la ley exige y que el Estado estableció para Papagayo.

Ante esta pregunta central —¿es esto turismo o un negocio inmobiliario en tierras del Estado? — no hemos obtenido respuesta del Gobierno, del ICT ni de la empresa. El silencio, en este caso, es también una respuesta.

Continuamos en defensa del bosque de Playa Panamá y en defensa del Estado de derecho ambiental costarricense. Los casos abiertos —penales, constitucionales y administrativos— siguen su curso.

La ciudadanía tiene derecho a saber lo que ocurre en sus tierras.

¿Qué dice la normativa sobre el “collareo” de árboles? Claves legales y responsabilidades en Costa Rica

La reciente denuncia sobre el posible “collareo” o anillado de un árbol en Escazú vuelve a poner sobre la mesa una práctica poco visible pero de alto impacto ambiental. Este método, que consiste en remover la corteza alrededor del tronco para provocar la muerte del árbol, no suele estar regulado de forma explícita con ese nombre, pero sí puede encuadrarse dentro de distintas normas de protección ambiental y urbana.

Una práctica que puede constituir daño ambiental

En Costa Rica, la Ley Forestal N.º 7575 establece la protección de los recursos forestales y regula la corta de árboles, especialmente en áreas protegidas o cuando se trata de especies de interés. Aunque el collareo no siempre aparece mencionado de forma directa, provocar la muerte de un árbol sin autorización puede interpretarse como una forma indirecta de tala ilegal.

Asimismo, la normativa ambiental reconoce el principio de prevención del daño, por lo que acciones que deterioren progresivamente un árbol podrían ser sujetas a investigación por parte de autoridades competentes.

Competencias municipales y gestión del arbolado urbano

En zonas urbanas, como el caso señalado en Escazú, la gestión del arbolado suele recaer en las municipalidades. Gobiernos locales como la Municipalidad de Escazú cuentan con reglamentos específicos sobre poda, corta y mantenimiento de árboles en espacios públicos y privados.

Estos reglamentos generalmente exigen permisos para intervenir árboles, especialmente si se trata de ejemplares de gran tamaño o ubicados en áreas visibles o de tránsito.

Riesgo para la seguridad y responsabilidad civil

Más allá del daño ambiental, el debilitamiento inducido de un árbol puede generar riesgos para la seguridad pública. Si un árbol intervenido de esta forma pierde estabilidad y causa daños a personas o bienes, podría derivarse responsabilidad civil para quienes realizaron o permitieron la intervención.

Este aspecto es clave en contextos urbanos, donde la caída de ramas o del árbol completo puede afectar viviendas, vehículos o peatones.

¿Qué pueden hacer las personas ante una sospecha?

Ante situaciones como el presunto collareo, la ciudadanía puede:

  • Presentar denuncias ante la municipalidad correspondiente
  • Acudir al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
  • Informar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
  • Solicitar inspecciones técnicas para valorar el estado del árbol

Estas acciones permiten activar procesos de verificación que determinen si existe una afectación ambiental o una infracción normativa.

Un tema que requiere mayor visibilidad

El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la educación ambiental y la vigilancia ciudadana en torno al arbolado urbano. Prácticas como el collareo, aunque menos visibles que la tala directa, pueden tener efectos igualmente graves sobre el entorno y la seguridad comunitaria.

Denuncian posible “collareo” de árbol en Escazú: práctica provoca muerte lenta y genera riesgos

Una persona vecina denunció la aparente aplicación de “collareo” o anillado a un árbol ubicado en Guachipelín Norte de Escazú, una práctica que consiste en remover la corteza alrededor del tronco para interrumpir el flujo de nutrientes y provocar su muerte progresiva.

Las imágenes compartidas evidencian una franja amplia sin corteza en la base del árbol, característica de este método, el cual es señalado por su impacto ambiental y por los riesgos que puede generar en zonas urbanas.

Muerte inducida y riesgo para la comunidad

De acuerdo con la denuncia, el collareo se utiliza en algunos casos para evitar procesos formales de tala, dejando que el árbol muera de forma gradual. Esta condición lo debilita estructuralmente, lo que podría derivar en la caída de ramas de gran tamaño, representando un peligro para personas, viviendas y otros bienes.

Además del riesgo físico, la práctica implica la pérdida de un elemento clave del entorno urbano, con efectos sobre la biodiversidad, la regulación térmica y la calidad ambiental del espacio.

Llamado a atención institucional y ciudadana

La persona denunciante indicó desconocer las razones específicas detrás de esta acción, pero hizo un llamado a la vigilancia comunitaria y a la intervención de las autoridades competentes, ante una práctica que podría estar ocurriendo sin control ni supervisión.

El caso abre nuevamente la discusión sobre la protección del arbolado urbano y la necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia, inspección y sanción frente a acciones que atenten contra el ambiente.