El pasado sábado 23 de febrero se realizó una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos, Pavas con el lema: ¡No a una guerra de EEUU contra Venezuela!
Enviado por Marcela Zamora-Cruz.
Sea parte de SURCOS:
Las personas abajo firmantes, costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, animadas por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.
Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.
Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
Guadalupe Urbina Juárez, cantante y compositora.
Dionisio Cabal Antillón, cantautor y compositor.
Rubén Pagura Alegría, actor y músico.
Esteban Monge Flores, cantautor.
Manuel Monestel Ramírez, músico y compositor.
José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio.
Elizabeth Cook, teóloga, rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana.
Javier Francisco Cambronero Arguedas, educador, ex diputado de la República.
Francisco Enríquez Solano, catedrático emérito UCR.
Margarita Bolaños Arquín, antropóloga, profesora UCR pensionada.
Elsa Tamez, teóloga y biblista.
Juan Stam, teólogo, catedrático pensionado de la UNA.
Franz Hinkelammert, economista, escritor e investigador, Doctor Honoris Causa UNA.
Pablo Richard, teólogo.
Plutarco Bonilla, catedrático pensionado UCR.
Miguel Picado, historiador.
Manuel Araya Incera, historiador.
German Chacón, investigador y académico UNA.
Juan Boza, catedrático pensionado UCR.
Francisco Camacho, ex diputado.
Luis Guillermo Herrera, catedrático pensionado UCR.
Leonardo Perucci, actor.
Rocío Alfaro, filósofa y científica social.
Nieves Martínez, profesora universitaria UNA.
Daniel Camacho Monge, sociólogo, catedrático, profesor emérito UCR.
Walter Antillón, abogado, profesor emérito universitario, catedrático UCR.
Rafael Cuevas Molina, catedrático UNA.
Marcela Dumani Echandi, nutricionista, docente universitaria.
Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.
Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical.
Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista.
Yadira Calvo Fajardo, escritora, filóloga y feminista.
Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora jubilada, ex diputada del PAC.
Claudio Enrique Monge Pereira, catedrático UCR pensionado, ex diputado del PAC.
Arabella Salaverry Pardo, escritora y actriz.
Edvan Córdoba Vega, especialista en género y desarrollo.
Yendri Martínez Rivera, fisioterapeuta.
Gerardo Contreras Álvarez, historiador UCR, asesor sindical.
Célimo Guido Cruz, agricultor, ex diputado de Fuerza Democrática.
Sergio Erick Ardón Ramírez, arquitecto, ex diputado de Pueblo Unido.
Arturo Gudiño Briceño, periodista.
Sergio Reuben, catedrático UCR
Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario, presidente del Movimiento Diversidad.
Edgardo Araya Sibaja, abogado, ex diputado y ex candidato presidencial del Frente Amplio.
Diego Miranda Méndez, regidor en San José.
Mario Grant Sáenz, ingeniero civil, regidor en San José.
Susan Campos Ortega, contadora, regidora en Desamparados.
Mario Ruiz Salas, regidor en Montes de Oca.
José Alberto Castro Porras, regidor en Aserrí.
Paquita Cruz Villalobos, pintora, feminista.
Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada.
Wilson Arroyo Oconitrillo, cantautor.
Oscar Jara Holliday, director CEP Alforja, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL.
Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario.
Asdrúbal Marín Murillo, filósofo, profesor universitario.
Luis Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo ANEP.
Virginia María Acuña Montero, coordinación Justicia Paz e Integridad de la Creación. JPIC C.R.
María Eugenia Román Mora, abogada, asesora parlamentaria.
Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático jubilado UCR.
Gerardo Hernández Naranjo, politólogo, profesor universitario UCR.
Gustavo Oremanuno Vignet, luchador social.
Alejandro Delgadillo Solano, educador y abogado.
Juan Félix Montero Aguilar, educador pensionado.
Marcela Sánchez Cortés, payasa y actriz, regidora en Montes de Oca.
Ronald Arrieta Calvo, profesor universitario, regidor en Goicoechea.
Geovanna Sandoval Cambronero, técnica en servicio al cliente, regidora en La Unión.
Kattia Rodríguez Brenes, docente, regidora en Turrialba.
Oscar F. Boschini Sáenz, Comité Costarricense de Solidaridad con Venezuela y la Revolución Bolivariana.
Xiomara Esquivel Vargas, actriz y productora de artes escénicas.
Oscar Leiva Cerrato, consultor.
María Rocío Céspedes Rodríguez, profesora pensionada.
Sonia Solís Umaña, antropóloga, profesora pensionada UCR.
Dita Montiel González, estudiante universitaria.
Ana Isabel Robles Cascante, socióloga.
Rafael Angel Ugalde Quirós, periodista y notario público.
Fabio Cerdas Obando, escultor, pintor.
Oscar Barrantes Rodríguez, historiador.
Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático pensionado, UCR.
Álvaro Fernández González, sociólogo.
Oscar Salas León, profesor jubilado UNA.
Luis Ángel Salazar Osés, sociólogo, profesor jubilado, UNA y UNED.
Circulo Bolivariano Yamileth Lopez – Costa Rica.
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Jaime Lobo Segura, matemático UCR.
Orlando Barrantes Cartín, dirigente Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
Ariel Robles Barrantes, académico UNA.
César López Dávila, psicólogo, asesor sindical.
Álvaro Rojas Valverde, comunicador e historiador popular.
Saúl Umaña Barquero, abogado laboralista.
Adriana Laclé Murray, médica pensionada.
Jorge Lobo Segura, biólogo, catedrático UCR.
Vicky Borbón Pineda, Humanista.
Jesús Campos Méndez, dirigente sindical, presidente de la CTCR.
Walter Quesada Fernández, coplero, dirigente sindical.
Marielos Castro Umaña, educadora jubilada.
Alcides Monge Mora, cc: Gaus, comerciante.
Vera Sancho Mora, docente.
Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor jubilado UCR.
Ana Georgina Ulate Chaves, trabajadora social.
Catalina Miranda Matamoros, técnica en masaje terapéutico.
Javier José Prada Ortiz, taxista.
Erika Maritza Álvarez Sandí, educadora.
Eduardo Guillén Gardela, regidor en Desamparados.
Oscar Madrigal Jiménez, abogado.
Marco Tulio Araya Barboza, periodista.
Marcela Naranjo Segura, regidora en Sarapiquí
Ricardo Araya Piedra, abogado.
Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical CTRN.
José Gabriel Rivas-Ducca, biólogo.
Jaime Cerdas Solano, docente.
Luis Antonio Ulloa Bonilla, empresario.
Olman Varela Durán, consultor en medio ambiente.
Gerardo Badilla Álvarez, técnico especializado química – farmacia.
Marlon Quesada Medina, ingeniero topógrafo.
Kattia Murillo Jiménez, ingeniera ambiental.
Daniel Torres Sandí, regidor en Moravia.
Erica Guevara Reyes, psicóloga.
Virginia Ramírez Cascante, docente universitaria.
Melania Monge Rodríguez, educadora jubilada.
Lupita Chaves Salas, educadora jubilada.
Erika Henchoz Castro, periodista.
Yadira Martita Brenes, traductora.
Rosa Alvarado Avellán, profesora jubilada.
Iris Zumbado Zumbado, periodista.
Rubieth Jaén Angulo, docente jubilada.
Ileana Monge Serrano, educadora y empresaria.
Elisa Donato Monge, socióloga.
Alicia Eugenia Vargas Porras, educadora jubilada UCR.
María Eugenia Rojas Rodríguez, docente jubilada.
Mirta González Suárez, psicóloga y escritora, catedrática emérita UCR.
Sofía Alejandra Guillén Pérez, economista, asesora.
Bruno Merino Martínez, empresario.
Marcony Lacayo Elizondo, indígena Maleku de Guatuso, conciliador titulado por Los Mayores.
Reinier Canales Medina, dirigente campesino.
Claudio Ansorena Montero, economista.
María Pérez Iglesias, escritora.
José Luis Callaci Leguizamo, consultor, analista político.
Dulce Umanzor Alvarado, abogada.
Violeta Duarte Fonseca, pensionada.
María Elia Rodríguez, filóloga pensionada.
Ivonne Lepe Jorquera, ingeniera.
Rafael Angel Rivas Ducca, consultor de negocios.
Adriano Corrales Arias, escritor.
Hannia Mora Zamora, microbióloga.
Alejandra Espinoza Arias, corredora de seguros.
Luis Guillermo Serracín Fuentes, maestro de obras.
Ignacio Dobles Oropeza, psicólogo, profesor UCR.
Flor de Lis Monestel Corrales, trabajadora social.
Ernesto Luna Palma, sociólogo.
Italo Fera Fallas, sociólogo.
María Ignes Monestel Corrales, abogada.
Laura Gómez Vázquez, decoradora de interiores, regidora en Tibás.
Ricardo Hernández Mora, profesor de química en secundaria.
Aristides Mena Mena, pensionado.
Roy Jiménez Oreamuno, politólogo y economista.
Eliohonay Arias Valverde, médico emergenciólogo.
Lidieth Uribe Loría, microbióloga.
Damaris Rodríguez Lara, ingeniera agrónoma, docente jubilada.
Osvaldo Calvo Rodríguez, agricultor.
Laura Hall Moore, educadora.
Milton Guerrero Poveda, profesor ciencias económicas.
Natalia Solano Vargas, técnica en ciencias médicas – laboratorista.
Jonatán González Díaz, educador.
Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, consultor ambiental.
Saúl Castañeda Salazar, director del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.
María Bejarano Monge, administradora de empresas.
Celina Beatriz Castro Zúñiga, Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas.
Fernando Martínez Montoya, oficinista.
Carlos Luis Aguilar Garro, ingeniero agroquímico y agrónomo.
Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social.
Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.
Edison Valverde Araya, Movimiento Buen Vivir CR, CaminantedelSur.Com
Fernando Francia, comunicador.
Sandra Paniagua Paniagua, médica.
Grace Prada Ortiz, historiadora, docente pensionada.
José Valverde Fuentes, oficinista.
Ismael Salas Cortés, artesano.
Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.
Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.
Enrique Sandoval Núñez, abogado.
Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.
Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.
Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.
Jorge Martínez Díaz, agricultor.
Marielos Giralt Bermúdez, filósofa, profesora universitaria.
Ricardo Ascanio Sánchez, empresario librero.
Flory María Montoya Hernández, docente.
Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.
Carlos Cruz Chavez, profesor universitario.
Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora social.
Carmen Brenes Sáenz, administradora pública, pensionada.
Rodrigo Quesada Solís, ingeniero.
Natalia Fernández Román, médica.
Oscar Morera Madrigal, médico.
José Daniel Fernández Román, estudiante.
Daniel Guillermo Fernández Morales, abogado.
Sonja Amarú Schumacher Fernández, estudiante.
Vladimir Quesada Santamaría, arquitecto.
Daniela Oca Varela, médica.
Margarita Varela Quesada, comerciante.
Alejandra Oca Varela, educadora.
Rashida Shajide Farah Guzmán, médica.
Karen Adriana Carranza Blanco, médica.
Alexis Oca Ramírez, técnico electrónica.
Ismael Salas Cortés, artesano.
Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.
Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.
Enrique Sandoval Núñez, abogado.
Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.
Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.
Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.
Jorge Martínez Díaz, agricultor.
Flory María Montoya Hernández, docente.
Ana Tristán Sánchez, jubilada.
María Magdalena Cano Valle, docente.
Marcos Chinchilla Montes, profesor UCR
Dan Abner Barrera Rivera, académico de la UNA
José Eduardo Medina Guevara, ciudadano.
Nidia Fonseca Rivera, profesora de secundaria.
Dagmar Facio Fernandez, ciudadana.
José Amesty, ciudadano.
Laura Arias Cabrera, ciudadana.
Leda Méndez Arias, abogada.
Sonia Salazar Quirós, ciudadana.
Paulo Barrera Rivera, sociólogo
Marianela Espinoza Vega, docente MEP.
Marco Antonio Umaña Vargas, agricultor.
Jiddu Rojas Jiménez, profesor de filosofía y master en estudios latinoamericanos.
Rudolf Wedel Schweichler, fotógrafo, profesor, UTN.
Marlin Oscar Ávila, ciudadano.
Antonieta Fernández Quirós, abogada.
Víctor Madrigal Sánchez, profesor Escuela Ecuménica UNA.
José Varela Arguedas, técnico en telecomunicaciones.
Hernán Alvarado Ugarte, jubilado.
Ana Isabel Gardela Ramírez, periodista.
Hernán Tasies Guido, ciudadano.
Ana Lucía Cabal Antillón, docente jubilada.
Marta Eugenia López Subirós, socióloga.
José Francisco Alfaro Carvajal, ciudadano.
Suy Wong Ugalde, traductora, activista por los derechos humanos.
Allan Guzmán Delgado, ciudadano.
Luis Del Valle Carazo, médico jubilado.
Isabel Calvo González, académica.
Giovanni Beluche Velásquez, sociólogo.
Carlos Humberto Herrera, trabajador de la construcción.
Gustavo Campos Alfaro, Frente Amplio.
German Urbina Pastora, ingeniero en computación.
Gerardo Vargas Varela, sacerdote católico, ex diputado del Frente Amplio.
Ulises Araya Chaves, estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales.
Otto Ureña Badilla, pensionado.
Juan Carlos Bermúdez, administrador.
José Rafael Jiménez, administrador de empresas.
Víctor Madrigal Sánchez, UNA, EECR.
Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social, profesora universitaria jubilada.
Sergio Rodriguez, ciudadano.
Luis Fernando Astorga Gatjens, periodista y educador.
María Elena Fournier Solano, extensionista universitaria, presidenta y fundadora de la Asociación Conservacionista YISKI.
Axel Hernández Fajardo, catedrático jubilado de la Universidad Nacional.
Marta Chacón Mora, ciudadana.
Isabel Ducca Durán, socióloga y filóloga.
Alejandra Ducca Durán, socióloga.
Ana Franzen, defensora de Derechos Humanos Internacional, miembro de honor de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
Álvaro Vega, sociólogo.
Andrés Mora Ramírez, coordinador de la maestría en Estudios Latinoamericanos, UNA.
Marino Marozzi Rojas, economista.
Oscar Mario Solano Aguilar, médico, profesor universitario.
Dr. Jaime Delgado, catedrático UNA
Edgar Mora Guerrero, ciudadano cédula 202901140
José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor universitario catedrático
Alejandra Cartín Leiva, psicóloga
Cristóbal Montoya, profesor UCR jubilado, expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos
Carlos Luis Chacón Salas, luchador social
Daniel Acuña Lizano, ciudadano
Antonio Ortega Gutiérrez, secretario general del Frente Amplio
Mauricio Jiménez Alvarado, educador, dirigente sindical
Marielos Álvarez Fernández, catedrática UNA. Jubilada
Carlos Alberto Ulloa Bonilla, ciudadano
Ana Virginia Ortiz Ortiz, administradora de empresas turísticas
Juan Guillermo Ortiz Ortiz. ciudadano pensionado
Eugenia Salazar Aguilar, abogada
Walter Benavides Hernández, compositor, productor y cantautor
E. Danilo Pérez Zumbado, académico pensionado UNA
Dr. Celso Vargas, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica
Gilberth Salas Hidalgo, ciudadano
Lic. Antonio Cabal Trejos, abogado independiente
Aurelia Trejos París, artista, compositora, actriz emérita
Andro Zeledón Castro, artista audiovisual
Marielos Azofeifa Víquez, educadora y administradora jubilada
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo, catedrático UNA
Olga Prieto Cruz, socióloga
Carlos Jaime Soley
Si desea suscribir el documento puede comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com
Enviado por Rodolfo Ulloa Bonilla.
Sea parte de SURCOS:
Las personas abajo firmantes, ciudadanos costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, pero animadas tan sólo por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.
Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.
Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
Si está de acuerdo en suscribir este pronunciamiento favor enviar su nombre completo y profesión, oficio o puesto a: mora_arnoldo@hotmail.com
*Quienes deseen suscribir el documento puedo comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com
Imagen ilustrativa.
Información enviada a SURCOS por Rodolfo Ulloa.
Sea parte de SURCOS:
El 7 de febrero pasado, el denominado «Grupo de Contacto Internacional (GCI)» adoptó una primera declaración sobre Venezuela. Pocamente divulgado en medios de prensa internacional, su contenido evidencia un nuevo esfuerzo diplomático, promovido esta vez por la Unión Europea (UE), en aras de encontrar alguna salida al impasse en el que pareciera mantenerse la profunda crisis política en Venezuela. El tono de esta declaración conjunta difiere sensiblemente del de otros comunicados conjuntos o resoluciones sobre Venezuela leídos en los últimos meses.
Se trata de una iniciativa desplegada por la diplomacia europea a la que se han sumado Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México en América Latina, en aras de encontrar algun mecanismo de acompañamiento en Venezuela que permita una salida negociada a la crisis que ahí se vive: como bien es sabido, el mes de enero del 2019 ha visto agudizarse significativamente la crisis política que azota a Venezuela desde varios años, al haber iniciado formalmente su segundo mandato por 6 años el Presidente Nicolás Maduro (10 de enero) y al haberse proclamado «Presidente encargado de Venezuela» Juan Guaidó, actual Presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 23 de enero.
Desde el punto de vista diplomático, puede resultar extremadamente aventurado intentar mediar en una crisis en la que algunos se han inclinado por reconocer como legítima a una u otra autoridad venezolana. Este nuevo esfuerzo busca encaminar un proceso pese a este delicado escollo, incorporando, además de la UE, a varios Estados de América Latina que mantienen incólumes sus vínculos oficiales con las autoridades lideradas por el Presidente Nicolás Maduro, o que han optado recientemente por replantear su posición con relación a Venezuela (caso de México).
Nótese que el «Mecanismo de Montevideo sobre Venezuela» (véase comunicado oficial de México sobre esta propuesta en 4 etapas) inicialmente ideado por México, Uruguay y varios Estados caribeños también coincidió pocas horas antes de la reunión del GCI en la capital uruguaya: véase nota de El Pais (Uruguay) sobre esta iniciativa que dio lugar a una conferencia de prensa de los cancilleres de México y Uruguay el pasado 6 de febrero. Se trata de un mecanismo que posiblemente mantenga vigencia, en particular si el proceso iniciado por el GCI encuentra algún tipo de dificultad y se debe afianzar. Solicitada con relación a este otro esfuerzo impulsado por México y Uruguay durante una conferencia de prensa, la vocera de la UE expresó con respecto al Mecanismo de Montevideo que:
«They are not incompatible with each other. On the contrary, we have discussed ways in which the two can converge towards the aim of having a peaceful, democratic outcome of this crisis, but the composition, the objective and the life of the two initiatives is different. Uruguay is the link – Montevideo is the physical link – to these two initiatives that remain distinct«
(véase texto completo de sus declaraciones a la prensa con fecha del mismo 7 de febrero del 2019).
Esta primera declaración conjunta del GCI fue precedida por otra declaración del denominado «Grupo de Lima«, adoptada el 4 de febrero en Ottawa (véase nota nuestra al respecto). Como bien se sabe, este grupo reúne desde el 2017 a Estados del hemisferio americano partidarios de mantener un tono confrontativo con el Presidente venezolano Nicolás Maduro: entre sus más entusiastas integrantes figuran Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En la reunión de Ottawa, los integrantes del «Grupo de Lima» consideraron útil (y oportuno) integrar en sus futuras reuniones a las autoridades venezolanas que consideran legítimas, al acordar que:
«2. Acogen con gran satisfacción la solicitud del Presidente Encargado Juan Guaidó de incorporar al legítimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la bienvenida«.
(punto 2 de la Declaración de Ottawa adoptada el 4 de febrero por los siguientes Estados miembros del «Grupo de Lima«: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú).
Es preciso recordar que el 26 de enero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una larga sesión sabatina sobre Venezuela, por más de 4 horas y media, en la que se pudo apreciar cuán dividida se mantiene la comunidad internacional sobre la crisis institucional que se vive en Venezuela. La inusual duración de esta sesión se debió al hecho que, además de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, 21 Estados del hemisferio quisieron participar para dar a conocer su parecer: véase al respecto breve nota nuestra publicada en el sitio especializado de DIPúblico.
En América Latina como tal, las divisiones también son evidentes y la región ha quedado desdibujada como pocas veces en su historia reciente. Cabe precisar que, desde diciembre del 2018, México ya no suscribe las declaraciones del «Grupo de Lima» y se puede considerar que ya no es parte del mismo: se trata de una importante baja, al tratarse de uno de sus principales impulsores desde su creación en el 2017, a raíz precisamente de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Cancún en la que la diplomacia de Venezuela logró evitar la adopción de una resolución en su contra por parte de este órgano interamericano (obligando a México a retirar la resolución en la tarde del 21 de junio: véase breve nota nuestra sobre este epidosio pocamente analizado). El hecho que los dos integrantes del Caribe anglófono (Guyana y Santa Lucía) que integran el «Grupo de Lima» no suscribieran la declaración de Ottawa del pasado 4 de febrero también puede reflejar algún tipo de divergencias en el seno de este grupo.
En el marco interamericano, cabe señalar la adopción de una resolución por parte del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela el pasado 10 de enero del 2019, con 19 votos a favor (de 34 votos) y la abstención de El Salvador, México y Uruguay: véase breve nota nuestra al respecto, que reproduce el texto de dicha resolución y el detalle del voto obtenido.
El texto de la declaración final adoptada por el GCI en Montevideo el pasado 7 de febrero no contó con el apoyo de Bolivia… ni de México. Su contenido se reproduce a continuación tal como difundido por la diplomacia española (véase enlace oficial) se lee como sigue:
07/02/2019
«Conscientes de la severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región y profundamente preocupados por la difícil situación de su pueblo, el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela mantuvo su primera reunión en Montevideo el día 7 de febrero de 2019.
El GCI apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana.
Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional.
El GCI destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos deben ser respetadas. Deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución.
En su primera reunión, el Grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución, como fuera establecido en los términos de referencia del GCI.
El GCI también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día tras día, afectando a millones de venezolanos. El Grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el Representante Especial de la ACNUR/OIM, Sr. Eduardo Stein.
Para dicho fin, el GCI, a través de sus co-presidentes de esta reunión, procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes así como con los socios regionales e internacionales con el objetivo de: I) establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble, en el menor tiempo posible, II) permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria.
A efectos de implementar ambas metas, el Grupo enviará una misión técnica al país.
El GCI convocará nuevamente una reunión a nivel ministerial a comienzos del mes de marzo para analizar el desarrollo.
La declaración ha sido acordada por los siguientes miembros del Grupo Internacional de Contacto: Uruguay, Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido«.
Tal y como se puede apreciar, el tono de esta declaración difiere sensiblemente del que usualmente se aprecia en las del autodenominado «Grupo de Lima» desde mediados del 2017, priorizando el GCI entre sus objetivos el establecimiento de garantías para un futuro «proceso electoral creíble» en Venezuela. La ausencia de toda mención explícita al carácter legítimo o ilegítimo de las autoridades en Venezuela es otro aspecto a tomar en cuenta: posiblemente explique la ausencia de reacción formal por parte del aparato diplomático venezolano (mediante algún comunicado de prensa) a esta declaración del GCI. Una primera forma de señal que pasó desapercibida para muchos y que, en nuestra opinión, merece mención.
Nótese que el único Estado que participa en el «Grupo de Lima» y a la vez en el GCI es Costa Rica.
Esta primera declaración del GCI permite canalizar los esfuerzos internacionales en aras de intentar mediar en la crisis venezolana, y abrir un espacio para la diplomacia, el cual pareciera haberse cerrado en el marco de la OEA: una organización regional a la que Venezuela dejará oficialmente de ser Estado Miembro en abril del 2019 (al materializarse la denuncia de la Carta de la OEA presentada formalmente por Venezuela en abril del 2017). Cabe destacar que, a diferencia de su homólogo en la OEA, el Secretario General de Naciones Unidas mantiene de igual forma, pero de manera separada al GCI, su disposición ofreciendo sus buenos oficios para lograr resolver la crisis que se vive en Venezuela (véase comunicado oficial del 4 de febrero del 2019).
En el marco subregional, la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) también se expresó en términos similares desde Nueva York (véase declaracion oficial del 31 de enero del 2019).
Con relación a la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC), desde que inició este 2019 no se ha pronunciado sobre la crisis en Venezuela. Bolivia asumió la Presidencia Pro Tempore de esta entidad a mediados del mes de enero.
Por su parte, el Estado del Vaticano, cuyo delegado asistió a la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, también está intensificando sus esfuerzos diplomáticos en aras de lograr una salida negociada en Venezuela.
Tal y como se puede observar, son varios los intentos diplomáticos desplegados y es muy posible que la UE deba aceptar coordinar sus esfuerzos con el de otras entidades regionales para lograr sus objetivos en Venezuela.
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
Organizaciones gremiales, estudiantiles y personalidades diversas reclamaron independencia y paz regional y advirtieron al gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, que desconocer el principio de no injerencia en la República Bolivariana de Venezuela es violar la Carta de las Naciones Unidas.
“Hacemos un llamado respetuoso a nuestro gobierno para que encause sus esfuerzos hacia el rescate de una política exterior de paz, que nos garantice trabajo a todos, independiente y sea apegada a los principios democráticos y del Derecho Internacional”, señalan en un amplio documento divulgado entre medios de comunicación.
El pronunciamiento en el que pide respeto por la soberanía y la autodeterminación de los venezolanos está firmado por profesionales de distintas ramas, jubilados, dirigentes estudiantiles, políticos y municipales, entre otros.
De hecho, el documento contiene un análisis en que demuestra jurídicamente que el llamado grupo de Lima carece de asidero legal para desconocer el orden institucional en Venezuela.
Es solamente las Naciones Unidas con fundamento en su Carta constitutiva la que puede conocer o desconocer otro Estado, indican al gobierno de Alvarado.
Mañana bajo esta equivocada óptica, añaden, cualquiera desconoce el artículo 33 de la Carta de la ONU violando los mecanismos para una solución civilizada de los problemas en los países.
Los firmantes son del criterio que Costa Rica, al plegarse a una visión estrecha de un mundo unilateral y unipolar, que se escuda en valores de la democracia, no solo “amenazan nuestra neutralidad desarmada, sino que con un injerencismo pasmoso y propio del siglo XVI” pone en peligro el desarrollo socioeconómico.
El pronunciamiento indica que quienes intentan imponer a Venezuela la “democracia” del grupo de Lima ni siquiera han resuelto internamente los problemas del desempleo, la falta de vivienda y la erradicación de la corrupción y la impunidad entre otros.
La experiencia ha demostrado que ninguna de las naciones donde se han desarrollado conflictos bélicos escudándose en la democracia y los asuntos de seguridad, para controlar pasos estratégicos o recursos naturales, como Irak, Libia, Siria, Yemen, etc., salieron bien libradas económica y socialmente, enfatizan.
Llaman a redoblar esfuerzos por la paz y piden exigir al gobierno del presidente Alvarado una política exterior independiente, y paz y trabajo.
Es urgente, enfatizan, llamar al gobierno de Costa Rica a rectificar ilegales y peligrosas decisiones recientemente adoptadas en torno a asuntos internos de Venezuela, que fuerzas oscuras instrumentalizan para «justificar» medidas de guerra económica y militar.
Nosotros, miembros de movimiento sociales de diversos signos políticos, hacemos un llamado respetuoso a nuestro gobierno para que encause sus esfuerzos hacia el rescate de una política exterior de paz, que nos garantice trabajo a todos, independiente y sea apegada a los principios democráticos y del Derecho Internacional. Sostenemos que solo la Organización de Naciones Unidas (ONU), conforme a su declaración matriz, tiene asidero en el Derecho Internacional para desconocer en grupo un gobierno como sucedió con la República Bolivariana de Venezuela – mañana bajo esta equivocada óptica puede ocurrir a cualquiera otro-, violándose, a nuestro parecer, el Artículo 33 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. Artículo 34 El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Artículo 35 1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta. 3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12. Somos del criterio de que, nuestro país, al plegarse a una visión estrecha de un mundo unilateral y unipolar, que se escuda en valores de la democracia que ni siquiera cumplen quienes apuestan a la confrontación regional, no solo amenazan nuestra neutralidad desarmada sino que con un injerencismo pasmoso y propio del siglo XVI sobre los asuntos internos de otros Estados, nos hacen creer que las metas alcanzadas en la economía, en seguridad social y en el desarrollo general del país, quedará al margen de una eventual confrontación bélica regional. La experiencia ha demostrado que ninguna de las naciones donde se han desarrollado conflictos bélicos escudándose en la democracia y los asuntos de seguridad, para controlar pasos estratégicos o recursos naturales, como Irak, Libia, Siria, Yemen, etc., salieron bien libradas económica y socialmente hablando. Ni siquiera los mismos países que promovieron estos conflictos con el silencio o el doble discurso, como los europeos, salieron ilesos, pues al día de hoy siguen sin resolver el hambre y las masivas migraciones que ellos mismo provocaron. Costarricenses: Toda paz por endeble que sea es mejor que cualquiera buena guerra. Exijamos con respeto a nuestro gobierno del Presidente Alvarado una política exterior independiente, paz y trabajo. Urgente llamado al Gobierno de Costa Rica a rectificar ilegales y peligrosas decisiones recientemente adoptadas en torno a asuntos internos de Venezuela, que fuerzas oscuras instrumentalizan para «justificar» medidas de guerra económica y militar que vienen imponiendo, con gravísimas consecuencias para ese país y, seguramente, para toda la región. Fuera injerencismos en América Latina. No a la guerra entre hermanos.
2 de febrero, 2019
Isabel Ducca Durán. Profesional Marcela Naranjo Segura. Regidora municipal, Frente Amplio Ariel Foster. Miembro Frente Amplio de Heredia Fabbio Serdas Alvarado. Pintor y escultor. Oscar Leiva Cerrato. Promotor social Ulises Araya Chaves. Estudiante de la Universidad de Costa Rica, Enseñanza de Estudios Sociales y Cívica. Leda Méndez. Abogada, pensionada Germán Guardiola Solís. Profesional independiente Francisco Avendaño Herrera Sonia Solís. Trabajadora Social, profesora pensionada Universidad de Costa Rica José Zelaya. Líder juvenil y músico Ms. Axel Hernández Fajardo. Catedrático jubilado de la Universidad Nacional Eva Carazo Vargas. Ecologista, consultora independiente Jimmy Arroyo Arrieta. Directivo Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Heredia Silvia Rodríguez Cervantes. Profesora Emérita Universidad Nacional. Ecologista Xiomara Esquivel. Actriz y activista Antonio Chaves. Maestro de serigrafía y activista Haydee Blanco Fitori, activista Guillermo Morales Montoya. Abogado Sonia Zamora Chavarría. Pensionada Carlos Cabezas Mora. Administrador María Magdalena Cano Valle. Profesora de Español Rosa María Muñoz Varela. Docente Patricio Arenas. Actor Ana Lucía Cabal Antillón. Educadora pensionada Ana Isabel Robles Cascante. Socióloga Vilma Pacheco Rodríguez, activista derechos humanos Carlos Díaz. Pensionado, activista y trabajador de las artes gráficas Ximena Araneda Fornachiari. Economista Luis Arturo Chaves Alvarado. Economista Lino Rodríguez Sandoval, miembro del Círculo Socialista Bolivariano Nicolás Maduro de Costa Rica. José Luis Callaci, Abogado José Gerardo Riba Lazo, Abogado Eduardo Álvarez, Abogado Trino Barrantes Araya, Poeta Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (FUNDEHUCA) Grupo Semilla Ramonense Círculo Bolivariano Yamileth López Comité Costarricense de Solidaridad con Nicaragua Soberana.
Enviado a SURCOS por Rafael Ángel Ugalde Quirós.
Sea parte de SURCOS:
Costa Rica ha sido por largos años un pueblo respetuoso y pacífico, libre de acciones militares, respetuoso de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos del mundo, así nos queremos mantener.
Hechos acaecidos recientemente nos ponen en estado de alerta y preocupación.
Primero: Que Estados Unidos se encuentra en un juego geopolítico peligroso para la paz de la región Latinoamericana y Caribeña en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo: Que el presidente en ejercicio Carlos Alvarado Quezada ha utilizado su investidura para seguir el juego a Estados Unidos, sin consultar a su pueblo y sin observar si se están violentando los tratados internacionales y principio de neutralidad, poniendo en riesgo la democracia costarricense.
Tercero: Que en ese peligroso juego se ha estado permitiendo el ingreso de personas no deseables y peligrosas a suelo costarricense a vista y paciencia de las autoridades y representantes de gobierno, como es el caso de Lorent Saleh quien fue expulsado por el Ex presidente colombiano Juan Manuel Santos por organizar actos terroristas contra el pueblo venezolano en territorio colombiano.
Cuarto: Que muchos ciudadanos costarricenses no están de acuerdo con la aceptación del poder ejecutivo costarricense, de aceptar a un ciudadano venezolano de apellido Guaidó que se auto nombró como presidente espurio sin legitimidad alguna, violentando así todas las normas del derecho internacional, los Convenios de Viena, los valores costarricenses, la carta de la Organización de las naciones Unidas, nuestra propia institucionalidad.
Quinto: Por lo tanto exigimos como pueblo soberano que somos:
-Al presidente Carlos Alvarado que deje de estar sirviendo al juego injerencista de la administración Trump y de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos
– Que la presidencia, cuerpo diplomático, parlamento de la República, cumplan con su trabajo respetando la autonomía y autodeterminación de los pueblos del mundo, la no injerencia en los asuntos internos de los países, que se respete el principio de neutralidad y que se promueva la paz de la región como siempre ha sido el actuar del pueblo costarricense.
– Que el poder ejecutivo la cancillería, y autoridades competentes, detengan el ingreso de personas peligrosas al país como es el caso del sujeto Lorent Saleh.
-Que se solicite la salida inmediata Lorent Saleh y de otros delincuentes y criminales de guerra requeridos por las leyes internacionales
Exigimos también el retiro inmediato de Costa Rica del “Grupo de Lima”
Exigimos de la misma manera la renuncia del actual ministro de relaciones exteriores Manuel Ventura
Los abajo firmantes nos unimos a este llamado y advertimos que de no tomarse las acciones que correspondan al derecho internacional e institucionalidad costarricenses además de los principios de autodeterminación, no intervencionismo y paz, hacemos responsables al gobierno de Carlos Alvarado Quesada del derramamiento de sangre que se podría ocasionar en la república Bolivariana de Venezuela y la región latinoamericana y del caribe.
San José Febrero 2019
Ingrese en el siguiente enlace para firmar la petición:
Enviado por Hernán Alvarado Ugarte.
Sea parte de SURCOS:
El pasado 26 de enero, el Consejo de Seguridad se reunió para intercambiar opiniones sobre la situación imperante en Venezuela, a solicitud de Estados Unidos. No se aprobó ninguna resolución sobre el tema objeto de dicha reunión sabatina.
Al inicio de la sesión, se solicitó un voto, al considerar Rusia que la situación interna en Venezuela no es tema de agenda ni califica como «amenaza para la paz y la seguridad internacional«: el resultado fue de 9 votos en favor de mantener el orden del día, 4 votos en contra y 2 abstenciones.
En el acta de esta sesión (disponible en este enlace, versión en español), se puede apreciar la diversidad de las posiciones de los Estados que participaron a esta cita, a lo largo de sus extensas 45 páginas.
El video de más de 4 horas y media está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas (versión en inglés).
La inusual duración de esta sesión del máximo órgano de Naciones Unidas se debe al hecho que, además de los 15 Estados que integran formalmente el Consejo de Seguridad, participaron los delegados de otros 21 Estados del hemisferio americano que desearon hacerse presentes a la cita para exponer su posición sobre la situación interna prevaleciente en Venezuela.
Cabe precisar que Colombia, Estados Unidos y Venezuela optaron por enviar a sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores a esta sesión.
Un análisis pormenorizado de estas 45 páginas puede ciertamente resultar de interés, pero se recomienda una lectura integral del acta en aras de hacerse una idea del tono, de las valoraciones y del tipo de acusaciones realizadas por algunos Estados: en particular un grupo que ha optado por mantener un tono extremadamente confrontativo con Venezuela. Desde el punto de vista diplomático, varios Estados mantuvieron un tono mesurado, posiblemente en razón de intentos colectivos de mediación futura (Grupo de contacto u otra modalidad) que propondrá la comunidad internacional en aras de encontrar una salida negociada a la crisis política que se vive en Venezuela.
Varios de los Estados que participaron a la cita no reconocen como legítimo al Presidente Nicolas Maduro en Venezuela cuyo segundo mandato inició formalmente el pasado 10 de enero del 2019. Tuvimos la oportunidad hace unas semanas de analizar la declaración del denominado «Grupo de Lima» hecha al respecto el 9 de enero del 2019 (véase nuestra breve nota sobre el particular). En una declaración del 23 de enero suscrita por sus integrantes, el mismo «Grupo de Lima» reconoció como autoridad legítima en Venezuela a Juan Guaidó (véase texto de la declaración circulada desde la cancillería brasileña).
Siempre en América Latina, cabe señalar que el pasado 30 de enero, México y Uruguay convocaron a una conferencia internacional a celebrarse en Montevideo este próximo 7 de febrero para intentar acordar un mecanismo de mediación internacional en Venezuela (véase comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México).
La Unión Europea: en busca de una delicada mediación internacional sobre Venezuela
Este llamado de México y Uruguay podría en parte coincidir con el realizado por la Unión Europea (UE) el mismo 26 de enero, fecha en la que se reunía el Consejo de Seguridad, en el que se lee que «La UE se mantiene preparada para apoyar un proceso inmediato y creíble de colaboración, inclusive a través del establecimiento inmediato de un Grupo Internacional de Contacto. Continúan los contactos y coordinación con los socios regionales e internacionales y se intensificaran en las próximas horas» (véase comunicado de prensa de la portavoz de la UE).
Dicho comunicado responde al que emitieron 6 Estados, incluyendo a España, Francia y Portugal, el pasado 22 de enero, invitando expresamente a la UE a involucrarse en la creación de un grupo de contacto internacional sobre Venezuela (véase comunicado conjunto divulgado por el sitio oficial de la diplomacia española).
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), reafirma sus objetivos de lucha por la autodeterminación de los pueblos; la acción contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo; el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos; la defensa y promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia; y la movilización de los juristas de los países americanos, a fin de desarrollar una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia jurídica participe activamente en sus respectivos países en el proceso de cambios socio económicos.
Le invitamos a leer el comunicado recibido por SURCOS aquí:
Enviado por Carlos Meneses.
Sea parte de SURCOS:
El Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) expresa su más profunda preocupación por la escalada de violencia e intervención extranjera que está viviendo Venezuela y manifiesta su voluntad de contribuir a una solución pacífica, consensuada y democrática que involucre a todos los sectores en conflicto y tenga como prioridad el bienestar del pueblo venezolano escuchando atentamente las necesidades y la voluntad popular.
El país atraviesa una profunda crisis política, económica y social. Estamos seguros que la superación de esta crisis no vendrá de la mano de la intervención extranjera, de sanciones económicas o políticas ni de la vulneración del orden institucional, sino de un diálogo inclusivo, plural y democrático que parta del respeto de los derechos humanos y del reconocimiento de los problemas que Venezuela atraviesa.
Es indispensable retomar el diálogo sin aceptar injerencias que generen mayores tensiones para las y los venezolanos y degraden sus condiciones de vida. Venezuela no necesita la intervención extranjera ni la vulneración de su soberanía, sino solidaridad y apoyo para superar la crisis con sus propias herramientas y mecanismos constitucionales vigentes.
Asimismo, manifestamos nuestra defensa irrestricta del derecho a la protesta y a la manifestación pública sin que eso genere el uso de la fuerza desde ningún sector. Garantizar la vida de todas y todos los venezolanos debe ser la prioridad.
Estamos con la paz. Rechazamos la injerencia externa. Estamos con el diálogo, con la vida y con la democracia. Con una democracia que se nutre y alimenta de la diversidad y de la divergencia política y que cobra sentido cuando posibilita la lucha por la igualdad y la garantía de todos los derechos.
Ante la ausencia de la negociación, los riesgos de escaladas de violencia se incrementan. El camino debe ser el de la paz y el del respeto a los principios de no intervención, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Hoy, más que nunca, estamos con el diálogo, el bienestar y la paz para el pueblo venezolano.
Comité Directivo
Secretaría Ejecutiva
CLACSO
24 de enero de 2019
Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Sea parte de SURCOS:
SURCOS recibió de la Asociación Americana de Juristas la siguiente declaración en torno al llamado Grupo de Lima y su posición respecto al gobierno de Venezuela.
La Asociación Americana de Juristas es una Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra.
DECLARACIÓN DE LA AAJ EN RECHAZO A LA DECLARACIÓN DEL LLAMADO “GRUPO DE LIMA”
Ya No Es Tiempo de Imperios, Ni Colonias. Es Tiempo de Pueblo y Dignidad.
La Asociación Americana de Juristas, que tiene entre sus objetivos la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo, la defensa de una paz efectiva basada en el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos, y la defensa y promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, expresa su más firme rechazo a la reciente declaración del denominado “Grupo de Lima”, con la oposición de México, que promueve el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela.
Este grupo de gobiernos, surgió tras el fracaso de la tentativa impulsada por los Estados Unidos de activar en la OEA la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, argumentando una supuesta ruptura del orden constitucional del mencionado país. En esa línea injerencista, en abril del año pasado, rechazaron la convocatoria de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, y la canciller peruana Cayetana Aljovín omitió la invitación al presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2018, manifestando que no sería bienvenido.
En esta oportunidad, y bajo la clara conducción del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien a pesar de no integrar formalmente el “grupo”, participó en el mismo, luego de su visita a varios países de América Latina, requiriendo a sus gobiernos, aumentar la presión contra el presidente Nicolás Maduro; emiten una declaración que pretende desconocer la legitimidad de la elecciones realizadas bajo argumentos mendaces[1]; exhorta al Presidente Nicolás Maduro a no asumir el cargo para el cual lo ha elegido su pueblo, requiriéndole que transfiera provisoriamente el poder a la Asamblea Nacional, con total desconocimiento de lo resuelto por la Asamblea Constituyente y arrogándose la facultad de negar los resultados de dos actos electorales, con amplia participación popular y varios partidos políticos, y el orden dispuesto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana.
Estos gobiernos incurren en ostensibles contradicciones, cuando se manifiestan preocupados por la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país atribuyéndola a la supuesta “ruptura del orden democrático y el estado de derecho”, pero en la lista de medidas que acuerdan, consignan:
Lo acordado refleja una profundización del bloqueo económico y aislamiento de la República Bolivariana de Venezuela, ya aplicado desde hace casi 60 años a Cuba, por la misma potencia imperial, con el objetivo de propiciar un golpe de estado y el derrocamiento del Presidente Maduro. Para ello, agudizan las dificultades económicas, mediante un bloqueo comercial y político, causando daños irreparables al pueblo que las sufre y creando una crisis migratoria.
La vergonzosa conducta de estos gobiernos constituye una grave amenaza a la paz de la región y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, organización basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, que establece: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. … arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”
Además, el artículo 19 de la Carta de la OEA, determina que «Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.»
Llamativamente hipócrita es el abordaje de la Declaración Lima respecto de la crisis de migrantes y humanitaria saludando su inclusión en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR, teniendo en cuenta que sus integrantes han mantenido un vergonzoso silencio respecto de las crisis humanitarias sufridas por otros países de la región. Como ejemplos, nos referimos a la grave realidad haitiana; la caravana de migrantes hondureños; la situación de casi 15,000 mil niños y niñas migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, detenidos y bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos; y la crítica ´situación en Colombia después de la firma de los Acuerdos de Paz, que hasta hace poco registraba más de cinco millones de colombianos residiendo en Venezuela y varios millones en otros países. No se ha sabido de pedidos de intervenciones o medidas de bloqueo contra esos países, similares a las ahora propiciadas, revelando claramente que responden únicamente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que, a través de sus funcionarios, se han manifestado claramente a favor de una intervención militar a la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Destacamos la posición del nuevo gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se manifestó en contra de las amenazas, reconociendo la legitimidad del gobierno del Presidente Maduro, fundamentado en la defensa de los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no intervención. López Obrador solicitó al Grupo de Lima velar por la vocación multilateralista y la creencia en que el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos será la única vía posible para solucionar los problemas que atraviesa el país. En términos similares se ha expresado el Papa Francisco.
Por todo lo expuesto, la AAJ llama a las organizaciones de juristas, como también a los movimientos y organizaciones sociales, culturales y profesionales, y a las fuerzas políticas progresistas a repudiar las amenazas golpistas del gobierno de los Estados Unidos y los entes en el llamado “Grupo de Lima”, a reclamar a sus respectivos gobiernos que respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
[1] Afirman: “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”, cuando en realidad compitieron diversas listas y candidaturas, tuvo una amplia participación popular que alcanzó un porcentaje igual al de las elecciones estadounidenses, y contó con la presencia de más de doscientos acompañantes nacionales e internacionales. La misma ha sido objeto de las auditorias correspondientes, y no ha recibido impugnaciones internas.
A 11 de enero de 2019
Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro, Secretario General
Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
Enviado a SURCOS por Carlos Meneses Reyes. Foto con fines ilustrativos tomada de http://aajramaargentina.blogspot.com