¡Qué carajo! Este metro cuadrado es mío, y no me importa nada más. Hoy, 12 de diciembre de 2024, a las 21:30, me pegué con pared.
¿Por qué hoy y a esta hora? La verdad, no sé.
Si tuviera las imágenes de un pequeño dron volando a tan solo un metro de altura, vería que el día es absolutamente hermoso. Comencé mi día con una esposa perfecta, una familia perfecta, salud, en una casa perfecta, en un barrio perfecto en Santa Ana, con un sol radiante, y con un negocio que marcha bien. En este momento, perfectamente podría irme a dormir y sentir que «debería» estar satisfecho. Mañana podría ser un día igual, y muchos de nosotros seguiríamos adelante sin ningún cambio.
Pero si subimos el dron a 10 metros de altura, ahora mi visibilidad abarca 11 kilómetros a la redonda. Desde esta nueva perspectiva, no veo muchas diferencias. Aún vería a personas enfermas, algunos que han perdido seres queridos, otros que no tienen qué comer, pero en general, la mayoría de las personas podría acostarse y levantarse mañana con un día muy similar al de hoy, encontrando satisfacción en sus vidas.
Si subimos a 100 metros de altura, la perspectiva comienza a cambiar. Vemos más realidades: indigentes, pobreza, personas sin oportunidades. Aún hay belleza y prosperidad, pero es evidente que no todos tendrían la certeza de que mañana seguirán un camino claro hacia la prosperidad.
Lleguemos a 500 metros. Ahora vemos algo completamente diferente. A esa altura, podríamos ver a personas que han sufrido recientemente en lugares como el Pacífico Central, pero que hoy pueden estar disfrutando de la vida. También podríamos ver grandes desarrollos urbanos en zonas como Barrio Escalante, Rohrmoser o el Valle Occidental, impulsados por quienes tienen la suerte de estar en el lugar correcto y disponer de los recursos necesarios. Sin embargo, en otro lado, vemos a familias en Sarapiquí, durmiendo en refugios y hasta en los techos de sus casas tras devastadoras inundaciones. Es esta la altura en la que las imágenes que hoy no me dejan dormir se vuelven abrumadoras.
Si subimos aún más, a 3,000 metros, la visión de Costa Rica cambia por completo. Desde aquí, vemos un país dividido en dos: uno lleno de gente educada y próspera, con un futuro prometedor, y otro que lamentablemente vive una realidad completamente diferente. Sí, los ticos somos privilegiados en comparación con nuestros vecinos, pero… ¿hacia dónde vamos? ¿Qué camino estamos tomando? ¿Tenemos un camino claro hacia la prosperidad? ¿Estamos dejando hombres/mujeres atrás?
Ahora bien, si la Tierra fuera plana, ¡algunos todavía lo creen!, según una visión simplificada de las leyes de la física, bastaría con estar a 100 km de altura para ver toda la superficie de la Tierra. Y al hacerlo, veríamos una realidad de riqueza obscena, pobreza extrema, guerras, paz, diferentes religiones, injusticias extremas, y mucho más. Me pregunto, ¡qué difícil debe ser para Dios tener esa visión!
Elegir la altura es un arte: encontrar el balance entre la sensibilidad hacia los demás y no volverse loco en el intento.
Hoy yo elijo quedarme a 500 metros de altura, perturbado por las imágenes de mis hermanos de Sarapiquí, sufriendo lo que para mí, en mi pequeño metro cuadrado, es inimaginable. Tal vez mañana suba a 3,000 metros para tratar de entender mejor la realidad de Costa Rica, pero lo que definitivamente no haré es quedarme aquí, encerrado en mi metro cuadrado. Simplemente no puedo. ¿Y usted, qué altura elige?
La Guerra Fría nos dejó lecciones útiles para la interpretación de los conflictos internacionales. El de entonces y el de ahora tienen una característica común: tratan, ambos, del fin de una época, marcada por una confrontación de las grandes potencias.
El final de la Guerra Fría estuvo marcado por la reafirmación de la potencia dominante, los Estados Unidos, que había salido fortalecido de la II Guerra Mundial. Fue la reafirmación del mundo capitalista cuyos recursos superaban en mucho las capacidades del mundo soviético cuyas debilidades económicas decidieron su derrota.
Es una historia que está contada de forma convincente en un libro al que ya he hecho referencia otras veces: The triumph of broken promises, de Fritz Bartel. Fue el último gran triunfo del capitalismo y de su potencia más desarrollada: los Estados Unidos. Con su triunfo en la Guerra Fría se transformó en la única gran potencia mundial.
El texto de Bartel nos sugiere una clave de este proceso: la política de la FED, de aumentar las tasas de interés hasta niveles inimaginables entonces, permitió inundar Estados Unidos de recursos. Fue un factor decisivo para derrotar un mundo soviético no solo cada vez más endeudado, sino expuesto a la debilidad de un orden económico sustentado en la energía barata que les suministraba la Unión Soviética. Pero ese éxito fue también la clave del descenso, expresado hoy en una deuda imparable, que consume cada vez más recursos de una potencia en declive: 3.000 millones de dólares diarios en intereses.
Entre el final de la Guerra Fría y el escenario internacional actual lo que ha ocurrido es que la potencia ganadora había llegado a la cúspide de su poder. Desde ahí, y desde entonces, ha venido bajando por el otro lado de la ladera.
Fueron las condiciones internas de cada país la clave para el desenlace de la Guerra Fría. Y no se corre gran riesgo en afirmar que lo serán también en el desenlace de la confrontación actual (a menos que lleguemos a una inimaginable guerra nuclear).
Como dijo Rush Doshi, director de la Iniciativa sobre Estrategia China en el Council on Foreign Relations y subdirector para los asuntos de China y Taiwán en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden, algunas de las cuestiones más urgentes para la definición de la política hacia China son de orden doméstico, base de la fortaleza norteamericana. “Pero los fundamentos de esa fortaleza se han atrofiado, especialmente desde el fin de la Guerra Fría”, agregó, en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, el 29 de noviembre.
Naturalmente, la Unión Soviética no era una gran potencia capitalista, ni tenía condiciones de enfrentar con éxito a los Estados Unidos. Su capacidad militar fue fundamental para la derrota alemana en la II Guerra Mundial y esto ayudó a enturbiar la naturaleza del conflicto entre las grandes potencias durante la Guerra Fría, a hacer pensar que eran dos potencias con capacidades parecidas. El resultado mostró que no lo eran.
Pero el énfasis en la capacidad militar nubla también la visión de quienes sugieren que Washington puede replicar lo ocurrido entonces para enfrentar los desafíos actuales. No ven el escenario interno, ni la importancia de la capacidad económica en el desenlace de la Guerra Fría. Piensan que con la amenaza militar (peace through strength) pueden repetir la hazaña que atribuyen a las agresivas políticas del entonces presidente Ronald Reagan. Una ilusión que recorre también el patético balance de Josep Borrell, de sus cinco años a cargo de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, para quien le queda todavía mucho trabajo por hacer “para hablar eficazmente el lenguaje del poder”.
“Si Europa no logra unirse en este momento de cambios tormentosos, no tendrá una segunda oportunidad”, dice el líder de los verdes alemanes y exministro de relaciones exteriores (1998-2005), Joschka Fisher. Su única opción, agregó, es “transformarse en un poder militar capaz de proteger sus intereses y garantizar la paz y el orden en el escenario mundial. La alternativa es la fragmentación, la impotencia y la irrelevancia”.
El peligro es, naturalmente, que lo intenten. Toda apuesta a un triunfo militar en el escenario actual peca de ingenuidad o mala fe, pues todos sabemos que una guerra, con las capacidades nucleares modernas, significará una derrota para todos.
Hoy el escenario de la confrontación es distinto al de la Guerra Fría en un aspecto fundamental. Se trata de la decadencia de la que ha sido la cabeza del orden capitalista mundial y el resurgimiento de antiguas potencias, una historia que tiene en el académico y diplomático singapurense, Kishore Mahbubani, uno de sus principales estudiosos, entre otros, en su libro “El nuevo hemisferio asiático”.
Entre las potencias que resurgen, evidentemente la más importante es China. Pero cuando una potencia como Estados Unidos ha extendido su influencia por todo el mundo de una forma no conocida anteriormente, con su economía capitalista (de creciente concentración de la propiedad privada) y con la ideología liberal que la ha sustentado (fundamento de prácticamente todas las dictaduras, especialmente en América Latina), su decadencia no puede ocurrir sin confrontaciones diversas, en los más variados escenarios en los que ha estado presente.
En particular, en Asia, sede de la potencia que surge, y en Europa, la retaguardia de la verdadera guerra –entre EEUU-China–, donde los intereses de Washington están intermediados por sus aliados en una confrontación con Rusia.
En todo caso el más poderoso, Alemania, ya no está en condiciones de amenazar a ninguna otra potencia, como ha hecho en dos guerras mundiales. Con costo le ha alcanzado por exprimir los recursos de una Europa que ve su influencia en el mundo cada vez más reducida.
Doshi resume los diferentes escenarios de las tensiones en Asia, donde la fortaleza de Estados Unidos deriva de una amplia red de alianzas. Para detener la agresión en el estrecho de Taiwán, o en el mar del Sur de China, Trump deberá sostener las que ya ha construido Biden: Aukus, orientada a proveer a Australia de submarinos de capacidades nucleares; Quad, conformada por Estados Unidos, Australia, India y Japón; y otras iniciativas, de la que participan, entre otros, Corea del Sur, Filipinas y Papúa Nueva Guinea.
Distintos son los escenarios en África y América Latina. En África, la dominación fue colonial, ejercida de manera brutal por las potencias europeas. En América Latina, la dominación norteamericana fue prácticamente total, vinculada a las clases dominantes de los países de la región. De modo que las luchas políticas en esos dos continentes, en esta fase de transición, están condicionadas por las características de la dominación a que han estado sometidas.
Arreglar la casa
La idea se repite de forma reiterada en los análisis de los más variados analistas norteamericanos. Ya citamos a Doshi, cuando afirma que son el arreglo de cuestiones domésticas lo más urgente para la definición de la política hacia China.
También lo trata Robert C. O’Brien, exasesor de Seguridad Nacional (2019-2021), en el primer gobierno de Trump, en un artículo sobre su política exterior, sobre la de “paz basada en la fortaleza”.
En los años 90’s del siglo pasado (o sea, al terminar la Guerra Fría), el mundo parecía alistarse para el segundo siglo norteamericano. Pero las cosas no se han desarrollado así. Las expectativas surgidas entonces contrastan con la realidad de hoy, dice O’Brian: “China se transformó en un formidable adversario militar y económico”. Con Estados Unidos atrapado en “un pantano de debilidades y fracasos”, O’Brian apuesta por una restauración de las capacidades norteamericanas, que le permita seguir siendo “el mejor lugar del mundo para invertir, innovar y hacer negocios”.
Nos recuerda que Trump inició una política de desacoplamiento de la economía norteamericana de la china, elevando los aranceles sobre aproximadamente la mitad de las exportaciones chinas a Estados Unidos. Ahora –afirma– “es el momento de presionar aún más, con un arancel del 60% sobre los productos chinos”.
Por otro lado, propone renovar el arsenal norteamericano. Se lamenta de que la marina tiene hoy menos de 300 barcos, comparados con los 592 que tenía durante la administración Reagan; que el proyecto de desarrollar misiles hipersónicos fue desfinanciado durante la administración Obama.
Pero estos cambios fundamentales deben tomar en cuenta los niveles de la deuda, y la necesidad de reducir el déficit fiscal. “¿Puede Estados Unidos resurgir con una nación dividida, donde las encuestas indican que una amplia mayoría de ciudadanos cree que el país va por el camino equivocado?”, se pregunta.
No hay una respuesta para esta pregunta. Hay muchas. Para el diario francés Le Monde, el camino que Trump deberá recorrer en este segunda mandato es radicalmente distinto al que el país ha recorrido desde el fin de la II Guerra Mundial. “Es el fin de la era norteamericana, la de una superpotencia comprometida con el mundo, ansiosa de mostrase a sí misma como un modelo democrático”.
A Le Monde le preocupa, como es natural, el destino de Europa en ese nuevo mundo. Presiente en fin de la era norteamericana, de una superpotencia comprometida con el mundo. Es una forma de ver las cosas. Pero no es la única. Quizás no es solo Estados Unidos el que ha cambiado sino, principalmente, el mundo. Un cambio que obliga también a Washington cambiar. Lo obliga a buscar nuevas formas de adaptarse.
Las propuestas hechas por Trump son, de cierta forma, un intento original, como explica Branko Milanovic en su artículo “The ideology of Donald J. Trump”. Para Trump –dice Milanovic– Estados Unidos es una nación rica y poderosa, pero no una “nación indispensable”, como le gustaba decir a la exSecretaria de Estado, Madelaine Albright. Es una visión distinta, pero sus propuestas no despiertan certezas, sino renovadas inquietudes.
Los partidos políticos que llamamos tradicionales en Costa Rica, que son a la vez los históricos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, los que han dominado el escenario nacional, ganando las campañas electorales presidenciales, y dominando la mayoría parlamentaria de diputados hasta el 2014, cuando emergió otro partido con carácter gobernante, Acción Ciudadana, al haber abandonado sus banderas sociales y sus banderas alrededor de la construcción de un Estado benefactor, asistencialista, protector y desarrollador de las clases medias urbanas y rurales, entre otros aspectos y haberse plegado a las políticas neoliberales, lenta y rápidamente, desde la década de los 80s y 90s, sin estar estos partidos con voz opositora política, ni controladora política, son los que han contribuido, en medio de las crisis internacionales de este período, a no perfilar el futuro del país, a no darle rumbo certero y a crear los sustentos fundamentales que han dado origen a las tendencias populistas que están emergiendo desde el 2014 en Costa Rica.
Todavía no se ha hecho un buen balance político de los ocho años del gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, especialmente del segundo de sus gobiernos, el de Carlos Alvarado, que fue el que precipitó el ascenso del actual presidente y de crearle la base legislativa e institucional de sus políticas, y de quedarse Acción Ciudadana sin representación parlamentaria, después de haber gobernado y dirigido el país en dos gobiernos seguidos.
Recientemente, los dirigentes del Partido Acción Ciudadana, Elizabeth Fonseca y Eduardo Trejos, como editores, han publicado un libro, “Partido Acción Ciudadana: 20 años de Historia”, que recoge una historia política de este partido, en 21 puntos de vista de sus principales dirigentes y activistas públicos del PAC. Es un gran esfuerzo, bien escrito, cuidadoso, bien concebido en la temática que aborda para ver la trayectoria del partido y de sus gobiernos, sin que se haga una revisión crítica a fondo de su organización partidaria ni de los factores que impidieron su desarrollo para mantenerse como la tercera opción política alternativa al PLN y al PUSC, y haber ellos tres marcado los derroteros futuros del país, que parecen estar hoy en manos de fuerzas populistas de nuevo tipo, encabezadas por el presidente Chaves, aunque él carezca de partido político propio, aunque no tenga organización política territorial, ni sea por ahora el principal líder político nacional, salvo que lo que hace como Presidente en ejercicio, lo coloca en ese nivel principal no por su liderazgo conductor político y visionario del país, sino por su arrogancia, desplantes, enfrentamientos destructivos hacia los poderes e instituciones públicas, ocurrencias deslegitimadoras y por sus fracasos gubernativos en la gestación de las leyes que le son propias.
El libro de la Historia del PAC termina con un apartado sobre el III Congreso Ciudadano que convocaron el 30 de julio del 2023, que llevó el nombre de una querida amiga mía y familiar, de muchos años, desde las luchas estudiantiles en la década de 1970, Olga Marta Sánchez Oviedo. Sería interesante que el esfuerzo de este Congreso se concretara en la publicación de sus actas, ponencias y discusiones si existen recogidas, para mejor valorar al PAC y sus eventuales posibilidades próximas, frente a la crisis que tienen Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que hoy carecen justamente de esta elaboración de pensamiento político, tan necesario para motivar más pensamiento político, más conocimiento del pensamiento y planteamientos políticos de los partidos existentes, de cara a las elecciones próximas.
Sin estas elaboraciones partidarias, y otras que pudieran gestar otros partidos, al menos los que tienen representación parlamentaria, que seguramente todos ellos irán tras las elecciones del 2026, el electorado costarricense, los ciudadanos, el pueblo electoral está ayuno de visiones políticas sobre el futuro del país, y estará más a las puertas de caer en las visiones esperanzadoras, de humo, que puedan llamar la atención de los votantes, con nuevos candidatos populistas peores que el actual gobernante, algunos de ellos haciéndose abanderados del continuismo presidencial actual y otros quizá, enfrentando al actual gobernante y su errado gobierno, levanten banderas más peligrosas y explosivas para el proceso democrático nacional y el futuro de la democracia costarricense.
Estos nuevos populistas ya están sonando cornetas y clarines, siguen siendo los llamados outsiders, los que están o vienen de afuera de las fuerzas políticas conocidas y tradicionales, que no trabajan bajo consensos políticos, ni con compromisos porque se montan en sus mensajes personales exacerbando las bajas pasiones, las frustraciones ciudadanas y populares, impulsando tensiones, como las que realiza cotidianamente el presidente Chaves, convocando a los ciudadanos para que le den el poder, de forma autoritaria, que dice le niegan para poder resolver los problemas de las gentes, del pueblo.
Todavía el animal de Zapote, el Jaguar, no ha dicho que quiere fundar una nueva República, la Tercera. No plantea la refundación de la Nación costarricense. Tal vez masculla, hablando entre dientes, gruñendo, mascando mal, rezongando, que la única Nación en posibilidad de “refundarla” es un periódico homónimo, lo que se verá en los siguientes meses electorales, de su éxito en ese sentido después de doblegar algunos brazos de sus accionistas e intereses publicitarios. En corrillos se dice que está feliz por los cambios en ese periódico.
Los nuevos candidatos populistas que se avecinan probablemente se montarán en este discurso, de nuevo gobierno, nueva república, nueva Costa Rica, con lo cual estarán enfrentando al inquilino de Zapote, salvo que el Jaguar logre llevar su jaguarcito político bien envuelto para continuar la destrucción y desmantelamiento del Estado Social de Derecho y del Estado de Derecho costarricense, como la está realizando.
La campaña electoral próxima tiene, por ahora, como escenario enfrentar al Jaguar, sus jaguarcitos, sus tendencias populistas extremas, su autoritarismo y sus pretensiones militaristas de la sociedad costarricense.
A la vista, los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana no están figurando como las principales fuerzas electorales hacia las elecciones del 2026. Participarán en las elecciones luchando por mantener en primer lugar el número de diputados que ya tienen, y, en segundo lugar, tratar de aumentar sus diputados. Por ahora no le veo más perspectivas que éstas. Esos diputados dependerán de lo que lleven en propuestas de candidatos.
Lamentablemente estos partidos han caído en las redes de las 84 tribus cantonales que los han invadido sin liderazgos nacionales, algunas de esas tribus actuando como verdaderas mafias políticas, de manera oportunista buscando y medrando poder en las estructuras partidarias, anulando y devaluando las dirigencias nacionales e históricas de esos partidos, enredándose en sus propios mecates.
Es triste el panorama que se nos avecina. En ausencia de fuerzas políticas en capacidad de actuar unitariamente, de alianzas reales y efectivas, con una plataforma común, con la certeza de que quienes la suscriban se atenderán a ella, sin rechazar los orígenes partidarios o ideológicos de quienes puedan compactarse, las posibilidades electorales, para la mayoría nacional, es confuso. En esta confusión caótica el discurso populista continuador del gobierno o neopopulista, alterno y confrontativo al gobierno, serán los ejes de la campaña.
No estamos atravesando una época tranquila ni sencilla. Es compleja. A nivel internacional, para América Latina, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y del senador Marco Rubio, como su jefe de política exterior, va a ser de tiempos difíciles. Los populistas, tipo Rodrigo Chaves, y sus congéneres, empatarán más con las directrices del Departamento de Estado. Ya Chaves se ha alineado dócilmente, alejándose de la Soberanía nacional, con relación a lo que Washington dicta respecto a las relaciones económicas con China. Políticamente no está muy alejado tampoco.
Estados Unidos, en sus estertores de potencia en declive, puede arrastrarnos a una guerra mundial de carácter nuclear de baja intensidad, con sus guerras regionales en Ucrania y en el encendido Medio Oriente, con eje en la situación de palanca que tiene Israel en la proyección de sus conflictos con Hamas y la aniquilación e intento de desaparición de Palestina, y sus ataques en Siria e Irán. El Mar de la China, Mar de Japón, Taiwán, Coreas, son escenarios que atender en este panorama.
El populismo y el neopopulismo en la Comunidad Europea y el péndulo populista en América Latina son igualmente preocupantes. En Centroamérica el eje Bukele-Chaves se articula hacia un nuevo proyecto de centroamericanización autoritarista. El triángulo norte, Guatemala, el Salvador y Honduras sigue funcionando en sus aspectos migratorios y económico comerciales.
En la visión de Bukele hay una nueva visión morazánica como él la ve. Chaves, falderillo de Bukele, no tiene idea de lo que es esto. No casualmente se han desarrollado partidos, en procesos de inscripción electoral en el país, que tienen vínculos con Bukele o el bukelismo. No sería nada raro que el mismo Chaves se aproveche de una estas opciones para sus aspiraciones electorales en el 2026. No hay que negar ni ocultar, ni engañarse, de que el presidente Chaves está en campaña electoral permanente, para quienes él llegue a apoyar o para impulsar su propia candidatura y las de los diputados que él quiere llevar a la Asamblea Legislativa de manera mayoritaria.
Igual que en la época de Morazán las contradicciones internas en cada país centroamericano impiden la realización de un proyecto regional. Bukele, sin embargo, cultiva esa posibilidad viéndose él como el líder regional.
Los organismos regionales como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana no funcionan, ni tienen carácter vinculante importante. Solo gastos a sus países les generan. El Sistema de Integración Centroamericano, SICA, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sí funcionan en el campo de apoyos económicos para todos los países miembros. El gobierno de Chaves ha sacado provecho de esa pertenencia.
Honduras con debilidad política y Guatemala con graves contradicciones que pueden tumbar, si se agudizan, al gobierno de Bernardo Arévalo. La no aceptación del candidato de Nicaragua a la dirección del SICA es una contradicción importante, de todos los demás países centroamericanos, con el gobierno de la dinastía dictatorial que se ha establecido en Nicaragua, dando margen para que trascurra el breve período que falta sin ese nombramiento para que en su lugar lo asuma Costa Rica, como corresponde en el trámite protocolario que existe.
Nicaragua y Venezuela se mueven en la afirmación de dictaduras no deseadas en el continente, sin que se pueda actuar, por ahora, diplomáticamente con ellas. Lo de Venezuela sigue pendiente hasta el 10 de enero, cuando Maduro tenga que asumir su ilegítima presidencia.
Brasil con Luiz Inácio Lula, Colombia con Gustavo Petro y México con la presidente Claudia Sheinbaum se perfilan como el eje más democrático y progresista del continente. Uruguay con su reciente electo presidente, Yamandú Orsi, se sumará a este trío. En Bolivia hay una situación confusa. El presidente de Paraguay Santiago Peña, de paso el más joven presidente del continente y el presidente de Panamá José Raül Mulino, calzan entre los neoliberales y populistas del continente.
Así se visualiza el término del 2024 y el inicio del 2025. Pero, no pierdo la esperanza.
Vivimos momentos álgidos alrededor de la institucionalidad de Costa Rica, de tan profundas raíces históricas. Al revisar acciones reiteradas del cogobierno Chaves-Cisneros, vemos que intencionalmente, con perversas intenciones, han arriado los símbolos patrios, y, con ellos, caros valores característicos del ser costarricense. Ante ello, y cuando todavía estamos a tiempo de rescatar la nación que ellos desprecian, sentimos la necesidad de nutrirnos del pensamiento y la acción, de grandes compatriotas.
Por ello, rescatamos un mensaje brotado de su corazón, de gran sentido, que el expresidente don Rodrigo Carazo, enviara por correo-e, dos años antes de fallecer, dirigido a los cientos de miles de compatriotas, que se habían “atrevido” a enfrentar la ola neoliberal que, desde entonces, permeaba la dirigencia política nacional, y que, se expresaba como parte de un TLC negociado a espaldas del pueblo.
Hoy, aunque la emergencia tiene matices diferentes, demanda de voces como la del querido gran patriota, que desde cualquier posición en que se encontrara, siempre fue ejemplo de entereza. Su amor por Costa Rica, siempre estuvo por encima de cualquier calculillo partidista, y por ello, se ganó, aunque todavía a algunos les duela, el cariño y agradecimiento de su pueblo. No está con nosotros, pero sí su mensaje oportuno, que, esperamos, sea una invitación a reflexionar, acerca del presente y el mañana de Costa Rica.
Nos dice don Rodrigo, lo siguiente:
“Queridas mujeres y hombres dignos de la Costa Rica de siempre.
Amigas y amigos que saben respetar los valores cívicos que engalanan a esta Patria madre de todos aquellos que realmente la honran.
¡Ustedes han escrito historia!
Ya sabemos bien quiénes la aman y respetan y cuáles son los que realmente desean aprovechar en su exclusivo beneficio lo que es Costa Rica.
¡Cómo han llorado nuestros cielos después del 7 de octubre, el dolor de esta tierra desgarrada por el trago amargo producido por el miedo y la avaricia! Llorado tanto o más, que como nos duelen a todos, los males causados por un clima inclemente que golpeó a nuestros suelos.
Pero bien lo sabemos: Costa Rica es eterna y jamás será doblegada. Esclavos, de nadie.
Nadie en particular ganó el referendo. El triunfo ha sido del pueblo de Costa Rica, puesto que, en esta consulta popular, vimos claramente que estamos a punto de perder la Patria.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es un poder en Costa Rica, por lo tanto, tiene deberes y responsabilidades que afrontar; hay reglas claras y precisas que no puede ignorar. El TSE ha confundido su misión: no fue creado sólo para contar votos. Su misión es enmarcar las elecciones populares dentro de la legalidad y la paz, debe ser objetivo y neutral y no permitir el más mínimo desacato a la Constitución y las leyes.
Mi posición como Expresidente me permite no pertenecer a ningún partido político, sino más bien, apoyar libremente todo lo bueno que cualquiera de ellos pueda aportar para el bien de los costarricenses y el progreso del país. Con esa libertad, es que hoy vengo a recordar que es la segunda vez – y en un lapso muy corto, 20 meses apenas – que el TSE ha sido indolente y descuidado, haciendo a un lado las leyes y las normas que deben regir un proceso electoral.
Conocedor del tristemente conocido “memorando del miedo”, el TSE permitió que se violara la tregua electoral, dejando que un embajador extranjero se metiera en el proceso y permitiendo que altas autoridades del gobierno, usaran todos los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión) para asustar y propalar las amenazas que un gobierno extranjero le hacía a Costa Rica.
De esto que les digo, somos testigos todos en Costa Rica, por las declaraciones dadas por el propio Embajador desde el TSE, felicitándose por haber sido él mismo, el que había traído el comunicado de la secretaria de Comercio Exterior de su país, oficiosamente, ya que no fue un comunicado oficial de gobierno a gobierno. Esto es inadmisible y no podemos dejarlo pasar sin una firme protesta, no contra el país extranjero, sino contra un Embajador inescrupuloso.
La gesta valiente de los costarricenses que se expresaron de una manera contundente contra el TLC “vende patria”, a pesar de los enormes obstáculos que se les pusieron enfrente – El Poder del Dinero, el Poder del Gobierno y el Poder de la Prensa – debe ser recordada en nuestra historia. A pesar de todo eso sacamos el 48% – lo que indica que el resultado de ese referendo está parejo; que las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, deben medir muy bien esta circunstancia, especialmente porque en este referendo, no se votó por un candidato ni por un partido, lo que se “votó” fue la suerte de Costa Rica y de su pueblo y con eso no se puede jugar tan fácilmente.
Un candidato puede ganar por un voto de diferencia, pero la suerte de un pueblo entero no es posible definirla por un tan escaso margen, como el que se dio a pesar de la inequidad de la lucha, de la presión ejercida y de la debilidad del TSE. Y menciono de nuevo el dinero, porque bien sabemos que a Costa Rica no la puede comprar nadie. El dinero compra a los corruptos y a los necesitados. La gente con miedo desnaturaliza la razón de ser de la democracia.
Aprendimos que el interés de un pequeño grupo, logra la ausencia de una agenda social que podría ser instrumento histórico para enfrentar los efectos nocivos de este TLC. Debemos estar alerta y trabajar muy duro para mantenernos independientes.
Lo más importante: vimos a un pueblo valiente, decidido, poderoso, enfrentarse con un civismo digno de lo mejor de nuestra historia al Poder del Dinero, de la avaricia y de la sumisión al dominio político de las transnacionales, al que vimos hacer gala de posesión por medio de la corrupción que transforma la amistad y el respeto entre los pueblos en obediencia y servilismo.
Los grupos cívicos, los sindicatos, las organizaciones agrícolas y tantas gentes organizadas, dieron un ejemplo histórico.
Los comités patrióticos nos hicieron y hacen ver que la vitalidad de este pueblo es inagotable. ¡Benditos sean!
Aprendimos una lección que debe seguir dando frutos, en beneficio del bienestar popular y la democracia. Aprendimos que la Patria vale más que los partidos y los grupos. Aprendimos que el Poder del Pueblo nos hará recuperar los valores nacionales y que nada se agota mientras haya civismo. Aprendimos que podemos recordar los triunfos de nuestra historia y nos convencimos de que juntos seremos capaces de que todos los ciudadanos, recuperen la vergüenza como arma cívica y que de nuevo, por amor a las generaciones futuras, levantemos lo mejor de los valores nacionales como estandarte.
Sí, reafirmemos una realidad: la de que sabemos respetar y seguir la hora de Juanito Mora.
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados en 1994 fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Imagen internacional vs. agenda descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este 10 de diciembre del 2024, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Es de señalar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales y no convencionales a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
“El genocidio como supresión colonial” es el título del sobrecogedor informe de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Fue presentado a la Asamblea General el pasado 28 de octubre.
Al día siguiente se volvía a hablar de genocidio en la Asamblea General, que inició su debate sobre el impacto del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde hace más de seis décadas contra Cuba. Era la 32ª vez que se votaba sobre el tema.
Para el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra su país califica como otro genocidio.
Estados conoce perfectamente que viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional con esas medidas que, según el gobierno cubano, representó pérdidas por 5.056,8 millones de dólares, solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024.
La destrucción del enemigo
George Kennan (1904-2005), notable diplomático norteamericano, fue un escritor prolífico. En “Around the Cragged Hill”, un libro sobre su visión personal de la filosofía y la política trata de diversos aspectos del mundo en que le tocó vivir. Entre ellos la relación entre la política exterior y los militares.
Ahí discute la idea de destrucción total del enemigo, objetivo de la guerra para los militares. La destrucción por sí misma, afirma Kennan, no está de acuerdo con esa idea. Piensa que el objetivo de la guerra debe ser otro. No se trata de provocar la máxima destrucción del enemigo, sino de cambiar sus políticas, su forma de pensar.
Si ese es el objetivo, no se trata de provocar el máximo daño, sino el mínimo. “Todos vivimos en el mismo mundo; y si el objetivo de la guerra no es el genocidio (¿y quién, el Occidente, puede concebir que ese sea el objetivo?, se pregunta), entonces el propósito de cualquier conflicto militar es no tanto destruir militarmente el enemigo, sino cambiar su actitud”.
Occidente después de Kennan (o la miseria humana como política)
Kennan fue el artífice de la política de contención de la Unión Soviética, en un famoso artículo –The Sources of Soviet Conducts– publicado en julio de 1947, con el seudónimo de “X”.
Fue ciertamente su mayor éxito como diplomático. Tuvo mucho menos suerte después, cuando empezó a revisar sus puntos de vista con respecto a la URSS, a la OTAN, a Ucrania o a la relación de los países bálticos con Rusia. Se lamenta, en su libro, del poco caso que le hicieron, pese a los muchos reconocimientos que recibió.
“Occidente” no está dispuesto a oír las recomendaciones de Kennan. Su visión sobre “Occidente” y el genocidio luce hoy ingenua.
“El genocidio debe considerarse un componente esencial y decisivo del objetivo de Israel de colonizar completamente la tierra palestina expulsando el mayor número posible de palestinos” … ”dentro de un proceso de expansión territorial y depuración étnica que ha durado décadas y cuyo objetivo ha sido aniquilar la presencia palestina en Palestina”, afirma Albanese en su informe sobre la situación en Gaza.
No se puede leer el informe (por lo menos yo no puedo) sin una mezcla de sensaciones que terminan por resumirse en una profunda indignación contra los niveles de miseria humana que ha alcanzado el gobierno de Israel y que el informe de Albanese expone con lucidez y coraje.
“…la conducta general de Israel tras el 7 de octubre ha provocado graves daños psicológicos a todos los palestinos, tanto a las víctimas directas como a los que son testigos desde el exilio.
“El objetivo general es humillar y degradar a los palestinos en su conjunto.
“Se desnuda a prisioneros y se los tortura cruelmente en masa; los cuerpos de adultos y niños se amontonan y descomponen en la calle; los supervivientes se ven obligados a comer alimentos para animales y hierba y a beber agua de mar, o incluso aguas residuales; se ha mutilado a miles de personas, incluidos niños pequeños que se quedaron sin extremidades incluso antes de aprender a gatear; se destruyen hogares y se viola la vida íntima; y no queda absolutamente nada a lo que regresar”.
No se trata de política reciente, sino de una sistemática. “La inquietante frecuencia y crueldad de las matanzas de personas, cuya condición de civiles es conocida, son representativas de la naturaleza sistemática de una intención de destruir. A Hind Rajab, de seis años, lo mataron de 355 disparos después de pasar horas pidiendo ayuda; Muhammed Bhar, que tenía síndrome de Down, murió como consecuencia de un ataque con perros; Atta Ibrahim Al-Muqaid, un anciano sordo, fue ejecutado en su casa, de lo que luego se jactaron en los medios sociales su asesino y otros soldados; varios bebés prematuros fueron abandonados deliberadamente en la unidad de cuidados intensivos del hospital Al -Nasr, donde sufrieron una muerte lenta y sus restos se descompusieron…”
Historias difíciles de imaginar. Estamos lejos del sueño de Kennan, o de una guerra de legítima defensa, de una lucha antiterrorista con la que el gobierno israelita pretende justificar el genocidio. “Está bien establecido que Israel no puede invocar la legítima defensa contra la población que está bajo su ocupación. La potencia ocupante debe proteger, no atacar, al pueblo ocupado”, dice el informe.
El ejército israelí ha transformado Gaza en un lugar inhabitable para el ser humano. “Cuando la polvareda se asiente en Gaza, se conocerá el verdadero alcance del horror vivido por los palestinos”, dice Albanese. Me parece justo que entonces algún otro general obligue a los ciudadanos de Israel a ver la destrucción causada por su ejército en Palestina. Como hace unos 60 años otro general obligó a una población alemana a ver la que su ejército había causado a los judíos.
Cada vez más a la derecha
Nadie puede decir que no sabía lo que está pasando. Y que ya se anunciaba después de los resultados de las elecciones del 1 de noviembre de 2022 y la conformación del nuevo gobierno israelí, el más extremista encabezado por Benjamin Netanyahu, acusado de genocidio por la Corte Penal Internacional.
Un informe de Naciones Unidas, publicado el 20 de septiembre pasado, denunciaba lo que calificó de un “éxodo sin paralelo en años recientes” en Cisjordania, donde los colonos israelíes expulsaban de sus tierras, con violencia, a los palestinos. En un editorial del 5 de octubre, el diario Haaretz denunciaba que en Cisjordania “el gobierno de Netanyahu estaba violando la ley”.
El objetivo de la ampliación de los asentamientos, considerados ilegales por la ley internacional y por la misma ley israelí, es parte de una política prioritaria para el actual gobierno, orientada a la ocupación permanente de Cisjordania, o a su anexión.
Aliado a los ultraortodoxos y al nacionalismo religioso, dos hombres representan con particular saña la orientación extremista del nuevo gobierno.
Residente en Givat Haavot, colonia enclavada en el corazón de Hebrón, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, “es un activista impenitente que multiplica las provocaciones pavoneándose por los barrios árabes de Jerusalén este y apareciendo junto a las milicias de autodefensa judías”, afirma Alain Dieckhoff, director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), la institución de investigación científicamás importante de Francia.
El otro es Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso. “Su vida está totalmente identificada con la colonización judía”, dice Dieckhoff. Nombrado ministro de Hacienda, con competencias específicas en la administración civil de Cisjordania, se ha encargado de promover la expansión de los asentamientos judíos en tierras palestina.
Estados parias
Conocidos los resultados de las últimas elecciones, el presidente norteamericano, Joe Biden, llamó a Netanyahu, para decirle que su compromiso con Israel era “incuestionable”. –¡Felicitaciones amigo!, le dijo.
Como ya lo señalamos, al día siguiente de la presentación del informe de Albanese sobre Palestina, la Asamblea General analizó las consecuencias del bloqueo norteamericano a Cuba.
Para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la política de sanciones de Estados Unidos obstaculiza el desarrollo cubano y perjudica el bienestar de su población. La CELAC rechazó la aplicación de leyes y medidas contrarias al derecho internacional adoptadas por Washington, como la ley Helms-Burton, incluidos sus efectos extraterritoriales, así como a la creciente persecución de las transacciones financieras internacionales de Cuba.
El representante permanente de la delegación mexicana ante la ONU, Héctor Vasconcelos y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, se expresaron contra el embargo. Vieira pidió a Estados Unidos sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y fomentar un diálogo constructivo, basado en el respeto mutuo y la no injerencia.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de genocidio ese bloqueo económico. Del 18 al 23 de octubre Cuba sufrió un apagón que afectó todo el país. Los hospitales funcionaron en condiciones de emergencia, las escuelas y universidades suspendieron sus clases, la economía se detuvo.
La causa primaria de la falla del sistema eléctrico nacional fue la carencia de combustible que afectó la generación, asociada al estado precario de las plantas. «Ambas consecuencias directas de las medidas extremas de guerra económica aplicadas por el Gobierno estadounidense desde 2019», específicamente diseñadas para impedir los suministros de combustibles y de partes y piezas para sus plantas”, agregó el canciller cubano.
La Corte Penal Internacional reconoció como genocidio la política de tierra arrasada que Israel ha impuesto en Gaza. Crimen que, de acuerdo con el canciller cubano, comete también Estados Unidos con su política de bloqueo a su país. El 30 de octubre la Asamblea General condenó esa violación de la Carta de Naciones Unidas por Estados Unidos, por 187 votos a dos. Nada de eso será acatado por el actual gobierno norteamericano, ni por el que lo sustituirá a partir de enero próximo. Tampoco cesará el genocidio en Gaza, ni la ocupación de Cisjordania, ni habrá respeto por la ley internacional.
No es extraño entonces que los dos países –Estados Unidos e Israel– hayan votado juntos –y solos– contra la condena al bloqueo norteamericano, con desprecio por la voluntad unánime del mundo.
“Hay leyes injustas: ¿Nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo”? (Thoreau)
Manuel Hernández
En el marco de la mayor barbarie después de la Segunda Guerra Mundial, a merced de la cual está siendo masacrada toda una nación, el pueblo palestino, con la pasmosa pasividad y hasta obscena complicidad de los organismos internacionales, se celebra, esta vez, con más pena que gloria, el Dia de los Derechos Humanos, conmemorándose el 76° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
La Declaración contiene el catálogo de los derechos que expresan las supremas aspiraciones y los valores universales de la humanidad, radicados en la libertad, igualdad, justicia, la paz y la dignidad de las personas.
La DUDH no es una concesión gratuita, sino que es resultado de la lucha histórica de los pueblos y los trabajadores del mundo.
No obstante, el amplio elenco de derechos que reconoce la Declaración, ese primer instrumento transnacional pretirió reconocer derechos que no son menos fundamentales que los que expresamente contiene el texto, a saber: el derecho de protesta, desobediencia civil y resistencia legítima.
Estos derechos, cada uno con sus características propias, constituyen derechos de orden político, inherentes a la persona, al ciudadano, a los y las trabajadoras y a los pueblos.
La desobediencia civil y la resistencia contra la opresión de los gobernantes autoritarios y las leyes inicuas, que vulneran derechos fundamentales, forma parte del constitucionalismo que se desarrolló a finales del siglo XVIII.
La contribución filosófica de John Locke y Thomas Jefferson tuvo una extraordinaria importancia en la configuración de esos derechos.
Locke sostenía, en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1690), que el pueblo tiene el derecho de resistir la autoridad y hasta derrocar el gobierno que quebranta los derechos inalienables de las personas.
Locke señaló varios motivos que justifican la resistencia legítima: cuando el gobierno defrauda al pueblo, prometiendo una cosa y haciendo lo contrario, se vale de argucias para violentar o eludir la aplicación de la ley, y en general, utilizar el poder contra el bienestar del pueblo.
Jefferson, en una línea de pensamiento similar, agregó los siguientes agravios: no aprobar o impedir la aprobación de leyes necesarias para el bienestar general, violencia contra los órganos representativos de la voluntad popular, obstruir el funcionamiento de la administración de justicia (cfr. El derecho a la protesta. Gargarella).
Jefferson afirma que la resistencia civil o política es necesaria para contener el poder dentro de sus propios límites: “una medicina necesaria para la buena salud de la República.”
Esas ideas revolucionarias se plasmaron en la “Declaración de Independencia”, de los Estados Unidos de América (1776), que reconoce el derecho del pueblo de restablecer el orden cuando la autoridad menoscaba los derechos inalienables.
Algunos años después se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), que, en realidad fueron varias declaraciones, la cual también reconoció el derecho de “resistencia a la opresión.”
Una de las declaraciones dispuso lo siguiente: “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de sus deberes”.
Así, esas declaraciones reconocieron que la resistencia, que puede tener distintas expresiones, ya sea como protesta, desobediencia civil, y en última instancia, como rebelión, constituyen derechos irrenunciables.
Lamentablemente, las burguesías después abandonaron ese reconocimiento y se volvieron contra esos derechos fundamentales.
Aunque la Declaración Universal no haya comprendido esos derechos, la protesta cívica, la desobediencia civil y la resistencia, constituyen derechos fundamentales que, en realidad, no necesitan la positivación en la normativa internacional, porque son derechos que, por la raíz de su naturaleza, corresponden a los pueblos, derivados de la soberanía popular, con mayor razón, en cualquier sistema democrático.
Jürgen Habermas nos dice al respecto: «Todo Estado democrático de derecho que está seguro de sí mismo, considera que la desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política, precisamente porque es necesaria».
Hoy, que se conmemora la DUDH, que no sé quién que tenga un mínimo de ética y elemental humanidad, podría celebrarla al fragor de aquella barbarie del Siglo XXI, es pertinente y necesario, ahora, más que nunca, reivindicar que el derecho de protesta, la desobediencia civil y la resistencia son derechos fundamentales, por más que hayan sido omitidos en la Declaración y en otros textos supranacionales, los cuales son derechos primarios, que garantizan la satisfacción de los demás derechos.
Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.
Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.
Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.
Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.
Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.
No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.
Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.
El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.
Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.
Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.
Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.
Competencia con el Estado: Los cárteles de narcotráfico han adquirido un poder económico que les permite competir directamente con el Estado. Esto ha llevado a una erosión de la autoridad estatal, ya que los narcotraficantes pueden ofrecer recursos y servicios que el gobierno no puede proporcionar, creando así una alternativa al clientelismo tradicional.
Desplazamiento de Oligarquías: La industria del narcotráfico ha desafiado el poder de las oligarquías tradicionales, que históricamente han controlado las estructuras políticas y económicas. Al introducir una nueva dinámica de poder basada en la riqueza generada por el narcotráfico, se han abierto espacios para que actores previamente excluidos participen en la economía y la política34.
Fragmentación del Control: La estructura descentralizada y fragmentada del narcotráfico, donde múltiples grupos compiten por el control territorial y las rutas de tráfico, ha debilitado aún más la capacidad del Estado para mantener el orden. Esto ha llevado a un aumento de la violencia y a una lucha constante por el dominio entre diferentes organizaciones criminales12.
Consecuencias Sociales y Económicas
Inseguridad Ciudadana: La expansión del narcotráfico ha contribuido a un aumento significativo en la inseguridad y la violencia en muchas comunidades, lo que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y su confianza en las instituciones13.
Corrupción Institucional: La infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales ha generado casos de corrupción que socavan la efectividad de las políticas públicas. Esto crea un ciclo vicioso donde los gobiernos son incapaces de actuar eficazmente contra el crimen organizado debido a su propia corrupción interna4.
Nuevas Formas de Organización Social
El narcotráfico no solo altera las dinámicas de poder tradicionales, sino que también ha llevado a nuevas formas de organización social. Las comunidades afectadas por la violencia y la exclusión están comenzando a buscar alternativas al clientelismo, promoviendo una ciudadanía más activa y autónoma que desafía tanto al narcotráfico como al Estado en su forma actual34.
En resumen, la aparición del narcotráfico en América Latina ha transformado radicalmente las relaciones de poder, desafiando tanto al Estado como a las estructuras sociales tradicionales, lo que plantea serios retos para la construcción de democracias efectivas en la región, a menos que se prepare una reforma progresiva del Estado que habilite con organización autónoma y educación actualizada a los sectores excluidos.
SURCOS presenta una síntesis del libro América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas enviado por Miguel Sobrado, uno de los autores:
De acuerdo con el premonitorio libro «América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas» de Miguel Sobrado y Juan José Rojas, (2003 Mx y 2006 CR) no abordar los problemas estructurales asociados al clientelismo y no avanzar hacia la construcción de repúblicas ciudadanas conlleva varios riesgos graves para el desarrollo político, social y económico de América Latina.
Algunos de los principales riesgos señalados en el texto son los siguientes:
Persistencia de la corrupción sistémica
El clientelismo fomenta un sistema en el que las decisiones políticas y la asignación de recursos están motivadas por intereses personales o partidistas, en lugar del bien común. Si no se desmantelan estas prácticas, la corrupción se vuelve estructural, perpetuándose en todos los niveles de gobierno.
Esto genera desconfianza hacia las instituciones, debilitando la legitimidad de los gobiernos y alejando a los ciudadanos de los procesos democráticos.
Crisis de gobernabilidad
La incapacidad para responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas y combatir la desigualdad genera un clima de inestabilidad política y social. Esto puede derivar en protestas masivas, disturbios sociales y una mayor polarización política.
Los autores advierten que esta crisis de gobernabilidad puede llevar a ciclos de autoritarismo, donde sectores políticos buscan imponer orden mediante la represión y la limitación de derechos democráticos.
Consolidación de las desigualdades estructurales
El clientelismo tiende a beneficiar a pequeños grupos de poder, dejando de lado a los sectores más vulnerables de la población. Si no se hacen cambios, las brechas económicas, sociales y de acceso a oportunidades continuarán ampliándose.
Esta exclusión social crónica fomenta resentimientos y divisiones dentro de la sociedad, dificultando la cohesión social necesaria para el progreso.
Debilitamiento de la democracia
Los sistemas clientelistas socavan los principios democráticos al priorizar las lealtades personales sobre el voto informado y la participación ciudadana. Esto genera una cultura política basada en el oportunismo y la falta de accountability.
La permanencia de estas prácticas pone en riesgo la calidad de la democracia, abriendo paso a regímenes populistas o autoritarios que se aprovechan del descontento social.
Estancamiento económico
La corrupción y el clientelismo afectan negativamente el desarrollo económico, ya que distorsionan la asignación de recursos públicos y desincentivan la inversión extranjera y nacional. Además, generan ineficiencia en la gestión pública y la provisión de servicios esenciales.
En un entorno marcado por la corrupción y el favoritismo, las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico quedan restringidas a unos pocos, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo.
Aumento de la violencia y el crimen organizado
Los autores señalan que, en ausencia de instituciones fuertes y transparentes, el crimen organizado y la violencia pueden florecer, aprovechándose del debilitamiento del estado de derecho. Esto pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y socava aún más la confianza en las instituciones públicas.
Pérdida de la cohesión social
En una sociedad marcada por el clientelismo, las relaciones sociales tienden a basarse en la dependencia y los favores, en lugar de la igualdad y el respeto mutuo. Esto genera divisiones sociales, fragmentación comunitaria y una menor capacidad para organizarse colectivamente.
Sin cambios, los lazos comunitarios se debilitan y los ciudadanos se sienten impotentes frente al sistema, lo que perpetúa la apatía política.
Riesgo de colapso institucional
Si no se abordan las raíces del clientelismo y la corrupción, las instituciones públicas pueden entrar en un proceso de degradación progresiva, volviéndose incapaces de cumplir con sus funciones básicas.
Esto podría desembocar en el colapso de la confianza pública y en una crisis institucional de gran magnitud, que amenace la estabilidad del sistema político en su conjunto.
Conclusión:
El libro advierte que, de no implementarse los cambios necesarios, América Latina corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de subdesarrollo político, económico y social. Esto no solo limita las posibilidades de progreso, sino que también perpetúa la desigualdad, la corrupción y la violencia endógena, dificultando la construcción de sociedades más justas y democráticas. Para los autores, la superación del clientelismo es clave para garantizar la sostenibilidad de las democracias en la región.
