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Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

Escrito en . Publicado en Análisis.

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Cómo se fabrica una noticia?, asunto Nicaragua

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero no terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que personas o grupos que, según el Gobierno, reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país puedan llegar al poder mediante elecciones.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente?

El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, lleva décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación, su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó enseguida que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que, según su Gobierno, actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen, cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente, consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero, no hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.

Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. Es como entrar al cine cuando la película ya lleva una hora, veremos peleas, discusiones y disparos, pero no entenderemos por qué están ocurriendo, esto pasa cuando una noticia elimina los antecedentes.

En gran parte de la cobertura internacional, apenas se recordó que el Gobierno nicaragüense sostiene que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países para regular el financiamiento político extranjero.

Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice, sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando un medio lleva años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida.

Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia.

También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante horas, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

América Latina conoce muy bien este libreto. Lo ocurrido con Nicaragua no es un caso aislado, en nuestra región existen varios ejemplos en los que grandes medios internacionales han sido acusados de construir relatos parecidos.

En Venezuela, durante años muchas noticias hablaron sobre todo de la crisis económica, el desabastecimiento y la migración, mientras dedicaban mucho menos espacio al impacto de las sanciones económicas impuestas por EEUU y sus aliados. No se trata de negar los problemas internos del país, sino de señalar que el panorama quedaba incompleto cuando uno de sus factores más importantes apenas aparecía mencionado.

En Bolivia, tras la salida de Evo Morales en 2019, buena parte de la prensa internacional habló durante semanas de una “renuncia” provocada por protestas ciudadanas. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, estudios académicos e incluso algunos organismos internacionales, comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el término “golpe de Estado” o reconocieron el papel decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía en aquellos hechos. Sin embargo, la primera versión ya había dado la vuelta al mundo.

Algo parecido ocurrió con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas de 2019. Durante meses fue presentado como una prueba definitiva de fraude electoral, después, investigaciones independientes de universidades y centros especializados cuestionaron seriamente las conclusiones estadísticas del informe, pero esas rectificaciones nunca tuvieron una difusión comparable a la acusación inicial.

En Brasil, durante el proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, numerosos medios presentaban cada nueva acusación como si la corrupción ya estuviera demostrada; años después, varias sentencias fueron anuladas y el juez Sergio Moro fue duramente cuestionado por su actuación, sin embargo, el daño político ya estaba hecho.

En Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 fue presentado por muchos medios como una “sucesión constitucional” o una “crisis institucional”, evitando durante bastante tiempo utilizar la expresión “golpe de Estado”, pese a que un presidente había sido detenido por militares y expulsado del país.

En Cuba, buena parte de la prensa internacional informa constantemente sobre las limitaciones económicas y políticas de la isla, pero muchas veces dedica mucha menos atención al efecto acumulado de más de seis décadas de bloqueo económico por parte de EEUU; una vez más, el problema no es hablar de las dificultades internas, sino hacerlo como si el bloqueo no existiera.

También podrían mencionarse otros casos, como el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el papel del diario El Mercurio, o la cobertura del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002.

La tarea del periodismo debería ser ayudar a los ciudadanos/as a comprender la realidad, no conducirlos hacia una conclusión ya decidida. No hace falta inventar una noticia falsa, basta con cortar una frase, ocultar un dato importante, empezar la historia por la mitad, repetir siempre el mismo enfoque o dar mucho más espacio a unas voces que a otras; y, sobre todo, conseguir que el público crea que ya conoce toda la verdad cuando, en realidad, solo le han mostrado una parte del cuadro.

El caso de Nicaragua sirve para entender cómo funciona este mecanismo. Más allá de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener con el Gobierno sandinista, cualquier ciudadano merece conocer el discurso completo antes de sacar sus propias conclusiones; porque una democracia necesita ciudadanos/as informados, y un ciudadano/a realmente informado nunca se conforma con el primer titular que aparece en su pantalla.

Lo que provoca la envidia y la mala fe: caso de alias Diablo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Antes de adentrarnos en este análisis, debo aclarar una vez más: no soy abogado. Mis conocimientos, apenas básicos, en materia de derecho provienen de cursos parte de mis estudios formales en Administración Pública y Politología — en Derecho Constitucional y Derecho Público—, materias de las cuales he procurado actualizar constantemente, pero siguen siendo, reitero, de carácter básico.

No pretendo, por tanto, erigirme como un erudito, a diferencia de lo que ocurre con cierto “todólogo” de Monterán quien, siendo lego en la materia, imparte “clases magistrales” todos los miércoles acompañado de la señora presidenta Fernández Delgado, para que nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jerarcas del Poder Judicial “aprendan” y agarren volados.

Ante esta realidad, consulté con diversos profesionales en derecho para corroborar si mi interpretación de los hechos recientes era acertada. A partir de esas conversaciones, y tras filtrar el ruido político, comparto las siguientes conclusiones.

El mito de la “liberación por descuido”

Ambos personajes insisten en afirmar que a alias “Diablo” “lo soltaron” hace 10 años debido a una supuesta negligencia, mala intención o un “error grave” de la Fiscalía por “no pedir la ampliación de la prisión preventiva a tiempo”.

Como ya demostramos en publicaciones anteriores, tal afirmación es categóricamente falsa. El imputado no fue liberado por un descuido administrativo; se fugó tras el cambio legítimo de su situación jurídica de prisión preventiva a medidas cautelares alternativas.

La evidente animadversión hacia la institucionalidad los lleva a repetir los discursos presidenciales con un único fin: demeritar y continuar erosionando el prestigio y la labor del Poder Judicial.

Aclarando conceptos jurídicos

Para disipar las confusiones que se intentan posicionar en la opinión pública, es necesario puntualizar tres aspectos fundamentales:

El tope constitucional es inflexible: La prisión preventiva no es una pena anticipada; es una medida cautelar excepcional sujeta a plazos máximos improrrogables fijados por ley. Por más que el Ministerio Público solicite la prórroga oportunamente, nuestro ordenamiento jurídico —en estricto apego a los derechos fundamentales— impide mantener a una persona en prisión preventiva de manera indefinida si el proceso se prolonga más allá del límite legal. Al cumplirse dicho plazo, la imposición de medidas alternas es un mandato imperativo para el tribunal, no un capricho ni un error subsanable.

La distinción entre proceso y ejecución: Una vez que el tribunal modifica la medida por el vencimiento del plazo legal, si el imputado evade la justicia, jurídicamente se configura una fuga. Su recaptura operativa en la vía pública corresponde a los cuerpos policiales (Fuerza Pública y OIJ), y no constituye un error procesal de origen del sistema judicial.

La realidad de los debates complejos: Pretender achacar la evasión de un imputado a un supuesto retraso administrativo ignora tanto los topes máximos del encierro preventivo como la naturaleza misma de los juicios complejos.

Tema jurídicamente zanjado. Dejen de inventar el agua tibia.

La ética como arquitectura del poder: China propone una nueva gobernanza mundial para la IA

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Claudia Aranda / pressenza

El nuevo Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial, presentado en Shanghái durante la Conferencia Mundial de IA 2026, trasciende ampliamente el ámbito tecnológico. Constituye una propuesta para definir quién establecerá las normas del desarrollo de la inteligencia artificial durante las próximas décadas y refleja una concepción distinta del orden internacional, del papel del Estado y del lugar que deben ocupar los países en desarrollo en la revolución tecnológica.

Durante décadas, la geopolítica estuvo determinada por el control de territorios, recursos naturales, rutas marítimas o capacidad militar. En el siglo XXI, esos factores continúan siendo decisivos, pero sobre ellos emerge una nueva dimensión del poder: la capacidad para desarrollar, entrenar, regular y gobernar la inteligencia artificial.

No se trata únicamente de quién construye los modelos más avanzados o fabrica los chips más sofisticados. La disputa también gira en torno a quién escribirá las reglas que definirán el funcionamiento de esa tecnología para el resto del planeta.

Con ese propósito, China presentó el 17 de julio de 2026, durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái, un Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial. El documento fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática y se enmarca explícitamente en el Pacto para el Futuro y el Pacto Digital Global aprobados por las Naciones Unidas.

La decisión no es casual. Mientras buena parte del debate internacional continúa concentrándose en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, Pekín intenta situar otra discusión en el centro del escenario: la construcción de una arquitectura internacional para gobernar la inteligencia artificial antes de que su desarrollo supere definitivamente la capacidad de regulación de los Estados.

La diferencia es profunda. Para China, la inteligencia artificial no constituye únicamente una industria estratégica ni un mercado de enorme valor económico. Es una infraestructura civilizatoria destinada a transformar la producción, la educación, la medicina, la investigación científica, la administración pública, las finanzas, el transporte, la seguridad y prácticamente todas las actividades humanas. Precisamente por ello sostiene que su desarrollo no puede quedar determinado exclusivamente por intereses comerciales o por la competencia entre empresas, sino que requiere una gobernanza capaz de proteger el bien público global.

Desde esta perspectiva, la ética deja de ser un conjunto de principios abstractos y se convierte en una tecnología política. Gobernar éticamente la inteligencia artificial significa decidir cómo será diseñada, quién asumirá responsabilidades cuando produzca daños, qué riesgos serán aceptables y quién participará en la definición de esas reglas.

Uno de los conceptos centrales del plan consiste en establecer una gobernanza durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. La expresión puede parecer técnica, pero representa un cambio importante respecto de los enfoques tradicionales. En lugar de supervisar únicamente los productos terminados, la propuesta plantea incorporar mecanismos de evaluación desde el origen mismo de cada sistema. Ello comprende la obtención de datos, los procesos de entrenamiento, el diseño de los modelos, las pruebas de seguridad, su implementación, las actualizaciones posteriores e incluso su eventual retiro cuando un sistema genere riesgos que ya no puedan ser controlados.

En la práctica, ello supone que la responsabilidad deja de concentrarse exclusivamente en el usuario final. Los desarrolladores, los proveedores de datos, las empresas tecnológicas, las instituciones de investigación y los organismos reguladores comparten obligaciones durante todo el proceso de construcción tecnológica. La inteligencia artificial deja así de entenderse como un simple producto comercial para convertirse en una cadena completa de responsabilidades.

Otro eje fundamental consiste en clasificar los riesgos según categorías y niveles. La lógica es relativamente sencilla: no toda inteligencia artificial posee el mismo potencial de daño. Un modelo utilizado para traducir documentos no presenta los mismos riesgos que un sistema capaz de intervenir en infraestructuras energéticas, procesos financieros, diagnósticos médicos o decisiones militares. En consecuencia, el plan propone que las obligaciones regulatorias sean proporcionales al impacto potencial de cada aplicación, evitando tanto la ausencia de controles como prohibiciones generales que podrían obstaculizar la innovación.

El documento también introduce la idea de una gobernanza ágil. China reconoce que la velocidad del desarrollo tecnológico supera ampliamente los tiempos tradicionales de producción legislativa. Una ley puede requerir años de discusión parlamentaria, mientras que un modelo de inteligencia artificial puede evolucionar en cuestión de meses o incluso semanas. Frente a esa realidad, propone mecanismos regulatorios capaces de actualizarse continuamente mediante normas técnicas, evaluación permanente y coordinación institucional. La regulación deja de concebirse como un texto inmóvil para transformarse en un proceso dinámico.

Otro aspecto especialmente significativo es el fortalecimiento de un ecosistema colaborativo. En el enfoque chino, la inteligencia artificial no constituye una actividad exclusiva de grandes corporaciones tecnológicas. Universidades, laboratorios públicos, centros de investigación, industrias manufactureras, desarrolladores de código abierto, organismos internacionales y gobiernos forman parte de una misma cadena de innovación. Esa visión responde a una característica histórica del modelo chino de desarrollo, donde la planificación estatal busca coordinar capacidades provenientes de distintos sectores para acelerar la innovación tecnológica.

En este contexto adquiere especial relevancia el impulso a la investigación sobre explicabilidad, privacidad y mitigación de sesgos. La llamada «explicabilidad» intenta responder una de las preguntas más complejas de la inteligencia artificial contemporánea: ¿es posible comprender cómo un modelo llegó a una determinada conclusión? A medida que los sistemas adquieren mayor complejidad, muchas de sus decisiones funcionan como una auténtica «caja negra». El plan considera prioritario desarrollar tecnologías capaces de hacer comprensibles esos procesos internos, fortaleciendo simultáneamente la protección de datos personales y la reducción de discriminaciones algorítmicas.

Llama igualmente la atención el respaldo explícito al intercambio tecnológico y al desarrollo de código abierto en aquellas áreas relacionadas con la seguridad, la transparencia y la explicabilidad. En un contexto internacional marcado por restricciones comerciales, controles de exportación y creciente competencia tecnológica, esta posición busca proyectar una imagen de cooperación científica internacional y facilitar que países con menores capacidades tecnológicas puedan participar en el desarrollo de herramientas avanzadas.

El plan también incorpora un componente social que trasciende la ingeniería. Propone integrar la educación ética científica y tecnológica dentro del sistema educativo nacional, proteger específicamente a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y reducir la brecha digital. Desde la perspectiva china, la inteligencia artificial no debe profundizar desigualdades existentes, sino convertirse en una herramienta para ampliar las capacidades de desarrollo humano.

Quizás el elemento más relevante desde una perspectiva geopolítica sea la insistencia en fortalecer la cooperación con los países en desarrollo. El documento plantea ampliar capacidades regulatorias, compartir experiencias institucionales y facilitar el acceso a conocimientos técnicos para que la gobernanza de la inteligencia artificial no quede concentrada en un reducido número de economías avanzadas. Esa orientación se encuentra estrechamente vinculada con otras iniciativas impulsadas por China durante la última década, como la Franja y la Ruta, la Iniciativa para el Desarrollo Global y la creciente cooperación tecnológica con Asia, África y América Latina.

Este enfoque contrasta con la trayectoria seguida por Estados Unidos. Aunque Washington también ha desarrollado iniciativas regulatorias y reconoce la necesidad de abordar riesgos asociados a la inteligencia artificial, históricamente ha otorgado un papel predominante al dinamismo del sector privado y a la preservación de su liderazgo tecnológico. Las grandes empresas han desempeñado un papel central en el desarrollo de los modelos más avanzados, mientras que las políticas públicas han combinado regulación, incentivos a la innovación y medidas orientadas a proteger capacidades estratégicas, como los controles a la exportación de semiconductores de alto rendimiento.

China propone una aproximación diferente. Considera que la gobernanza internacional no debe construirse únicamente alrededor de la competencia tecnológica, sino mediante mecanismos multilaterales que permitan establecer normas compartidas para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, la regulación no constituye un obstáculo para la innovación, sino una condición necesaria para que ésta pueda sostenerse de manera estable y generar beneficios distribuidos de forma más amplia.

En el fondo, el debate excede ampliamente la tecnología. Lo que comienza a definirse es la arquitectura normativa del siglo XXI. Las reglas que hoy se establezcan determinarán quién controla los datos, quién fija los estándares internacionales, quién asume responsabilidades frente a los riesgos y quién participa en la distribución de los beneficios derivados de la inteligencia artificial.

El plan presentado en Shanghái refleja la voluntad de China de intervenir activamente en esa construcción. Más que responder a la competencia tecnológica inmediata, busca ocupar un espacio en la definición de las reglas del nuevo orden digital internacional. La discusión ya no gira únicamente en torno a quién desarrolla la inteligencia artificial más poderosa. La pregunta decisiva pasa a ser quién tendrá la capacidad de definir las normas bajo las cuales esa inteligencia transformará el mundo.

Fuentes:

Ministerio de Industria y Tecnología Informática de la República Popular China (MIIT). Comunicados oficiales sobre la Conferencia Mundial de IA 2026.

Xinhua News Agency. «Action Plan on International AI Ethical Governance», 17 de julio de 2026.

Naciones Unidas. Pacto para el Futuro y Pacto Digital Global, 2024.

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Global AI Governance Action Plan, 2025.

World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026. Discursos oficiales y documentos de la conferencia.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2026/07/la-etica-como-arquitectura-del-poder-china-propone-una-nueva-gobernanza-mundial-para-la-ia/

Imagen de IISI.

Nicoya: memoria compartida, identidad viva

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Frank Ulloa Royo

«La tierra no se divide con fronteras, se multiplica con memorias.» — Laureano Albán, poeta guanacasteco

Cada 25 de julio, Costa Rica celebra lo que llama la “Anexión del Partido de Nicoya”. Pero las palabras, como las memorias, tienen historia. En los documentos originales de 1824 nunca aparece el término anexión. Se habló de unión, de agregación, de incorporación (Rodríguez Espinoza, 2015). El vocablo llegó después, importado por diplomáticos como Felipe Molina, influido por la moda política de Estados Unidos tras la anexión de Texas en 1845 (Pizarro Zelaya, 2024). Llamar “anexión” a lo que fue un proceso de incorporación pacífica es una contradicción que revela cómo el relato oficial se construyó en oposición a Nicaragua, invisibilizando los vínculos que nos unen (Sibaja, citado en Pizarro Zelaya, 2024).

Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste fueron durante siglos parte de la Intendencia de Nicaragua, bajo el Obispado de León (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). Sus poblaciones, sus fiestas, sus cantos y sus comidas son testimonio vivo de esa raíz nicaragüense que aún late en la cultura guanacasteca. Costa Rica misma fue colonizada en parte por migraciones de criollos nicaragüenses, que trajeron trabajo y esperanza (Rodríguez Espinoza, 2015). El oro de los montes del Aguacate permitió la acumulación originaria de capital, que luego se consolidó en los cafetales del Valle Central. La sangre que dio forma a la nación costarricense es también sangre nicaragüense.

El acta del 25 de julio de 1824 fue firmada por 25 personas, casi la mitad de ellas pertenecientes a la familia Viales Briceño. Representaban a unos 4.500 habitantes del Partido de Nicoya (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). No fue un acto único ni definitivo: el proceso se ratificó en varias ocasiones entre 1825 y 1838, se reafirmó en el Tratado Cañas–Jerez de 1858 y culminó con la delimitación fronteriza de 1900 (Rodríguez Espinoza, 2015; Pizarro Zelaya, 2024). Siete décadas de negociaciones y disputas que hoy se reducen a una palabra que nunca existió en los documentos originales.

La identidad nacional costarricense se ha narrado muchas veces en oposición a Nicaragua. Felipe Molina describía a Nicaragua como un territorio “anarquista”, mientras exaltaba a Costa Rica como tierra pacífica (Molina, 1851). Esa visión permeó discursos oficiales y libros escolares durante más de un siglo. Pero la memoria histórica nos recuerda que Nicoya sí pertenecía a Nicaragua, y que negar esos vínculos es negar parte de nuestra propia raíz (Rodríguez Espinoza, 2015).

Hoy, cuando los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua parecen profundizar sus confrontaciones políticas, es más necesario que nunca recordar que los pueblos no son enemigos. La memoria compartida de Nicoya nos recuerda que la frontera no es un muro, sino un puente. Que las familias, las tradiciones y las luchas sociales han estado siempre entrelazadas. La resistencia en las calles —las celebraciones, las marchas, las voces que reclaman dignidad— debe acompañarse de una resistencia ideológica que reivindique que la justicia y la integración regional no son amenazas, sino caminos posibles. Frente a los zarpazos antisocialistas que buscan deslegitimar estas ideas llamándolas “terroristas”, debemos afirmar que lo que se persigue es una verdadera liberación económica y social (Albán, 1990).

El 25 de julio no debe ser solo una fecha de orgullo regional, de fiestas y gritos de alegría, sino también un recordatorio de la hermandad histórica entre Costa Rica y Nicaragua. Nicoya, esa Nicaragüita es memoria compartida, raíz nicaragüense y corazón costarricense. Celebrar su incorporación es celebrar la posibilidad de que los pueblos, más allá de las fronteras y de las disputas políticas, puedan reconocerse en su historia común y construir juntos un futuro de justicia y dignidad.

El gallo pinto y la cuajada son más que alimentos: son símbolos de una raíz compartida que no reconoce fronteras. En las mesas de Guanacaste y de Rivas, en las cocinas de Nicoya y de León, el mismo aroma de frijoles y arroz mezclados con manteca y culantro se levanta como un canto cotidiano de unidad. La cuajada fresca, moldeada en manos campesinas, es la misma en Costa Rica y en Nicaragua, y su sabor recuerda que la leche y la tierra no entienden de límites políticos.

Estas comidas son memoria viva, ética de lo sencillo y humanidad que se transmite desde la raíz: pueblos originarios que habitaban la región como uno solo, compartiendo maíz, cacao y sal, mucho antes de que existieran fronteras. Así, cada bocado de gallo pinto es también un acto de resistencia contra la división, un recordatorio de que la cultura se multiplica en la mesa y que la dignidad de los pueblos se alimenta de lo que comparten.

Referencias

  • Albán, L. (1990). Poemas de la tierra compartida. San José: Editorial Costa Rica.
  • Archivo Nacional de Costa Rica. (1824). Actas del Partido de Nicoya. San José.
  • Molina, F. (1851). Bosquejo histórico de Costa Rica. San José: Imprenta Nacional.
  • Pizarro Zelaya, A. (2024). La palabra “anexión” y la construcción de la identidad nacional. Universidad de Costa Rica.
  • Rodríguez Espinoza, A. (2015). La incorporación del Partido de Nicoya: revisión de fuentes primarias. Universidad Estatal a Distancia.
  • Sibaja, L. F. (2024). Entrevista citada en Pizarro Zelaya, A. La palabra “anexión”. UCR.

Óscar Aguilar Bulgarelli exalta captura de alias «Diablo» y reta a Nogui Acosta a renunciar a su inmunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».

El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.

Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.

El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».

Colombia: desobediencia civil en tiempos de disputa geopolítica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González
Julio de 2026

El llamado de Iván Cepeda a promover un proceso de desobediencia civil pacífica marca uno de los momentos más delicados de la política colombiana desde la Constitución de 1991.

Más allá de las simpatías o discrepancias que pueda generar, la importancia del anuncio radica en que introduce una discusión de fondo: ¿qué puede hacer una oposición cuando considera que existen graves dudas sobre la legitimidad política de un nuevo gobierno, aunque reconozca la legalidad formal del resultado electoral? Esa es la pregunta que Cepeda intenta responder al invocar una tradición histórica de resistencia no violenta.

La desobediencia civil desde Henry David Thoreau hasta Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela es una forma extraordinaria de acción colectiva cuando los mecanismos institucionales son insuficientes para proteger principios fundamentales.

No constituye una invitación a la violencia ni una ruptura del orden constitucional, sino un recurso propio de las democracias cuando sectores significativos de la ciudadanía consideran que las instituciones han dejado de ofrecer garantías suficientes para la defensa de derechos y principios compartidos.

Es patente que América Latina atraviesa una nueva fase de confrontación internacional caracterizada por la creciente competencia entre grandes potencias, la Doctrina Monroe y su Corolario Trump de nueva imposición política a mano armada, el uso intensivo de tecnologías digitales en los procesos electorales, campañas de desinformación y renovadas formas de influencia externa sobre las democracias latinoamericanas.

Desde esta perspectiva, Colombia se convierte también en escenario de disputa geopolítica, como Bolivia, Venezuela y Cuba dramáticamente.

Pero el debate no es solo quién tenga razón en la coyuntura inmediata. También es necesario preguntarnos cómo responden las democracias cuando la ciudadanía pierde confianza en la legitimidad política de sus instituciones.

En Colombia, el 30,7% de la votación se expresó por el Pacto Histórico de Cepeda, frente al 31,3% del derechista y ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, y una proporción aún mayor del electorado, el 36%, se abstuvo.

Está claro que la historia latinoamericana demuestra así que estamos ante una polarización cada vez más difícil de contener.

La apuesta por formas explícitamente no violentas de movilización adquiere entonces una relevancia particular.

La tradición de la desobediencia civil pretende trasladar el conflicto desde la confrontación física hacia la deliberación pública, los tribunales, la organización social y la presión ciudadana.

Colombia enfrenta así un desafío que trasciende a sus protagonistas inmediatos.

La capacidad de procesar desacuerdos profundos dentro de las reglas constitucionales será decisiva no solo para el futuro político del país, sino también para una región donde las disputas geopolíticas internacionales vuelven a entrelazarse con las tensiones propias de democracias intensamente polarizadas.

Referencias:

“Colombia y el mundo: ¿qué sigue?” Por Juan Carlos Monedero, Canal SinEmbargo Al Aire, 8 de julio 2026.
https://youtu.be/dmN1CVHwbaY?si=7VkIjIFLe6efErDk

“¡Iván Cepeda llama a la desobediencia civil! ¿qué significa y por qué lo hace?”, en Canal Magenta Radio con William López, 1 de julio de 2026.
https://youtu.be/8DEdLqVZFLA?si=jvKLDC0-N6HEUJHX

Los diputados sediciosos del partido Pueblo Soberano

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano tiene, necesaria y obligatoriamente, que someterse al mandato constitucional de ratificar o no la lista de candidatos a magistrados suplentes que remitió la Corte Suprema de Justicia, para que así procedieran. No tienen otro camino.

La Constitución Política que regula este nombramiento no da márgenes para que la presidenta de la Asamblea Legislativa rechace la lista que la Corte envía.

Tampoco da margen para que ellos, como fracción parlamentaria de un partido político, aunque sea el que ganó las elecciones nacionales a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, pueda proponer una lista alterna, o sugerir algunos nombres para que se les considere como elegibles. Sencillamente se debe someter la lista de los candidatos a magistrados suplentes a los diputados para que la ratifiquen.

Esto se debe al procedimiento interno, que para este caso, de la elección de los magistrados suplentes, solamente la Corte Suprema de Justicia, puede proponer esa lista. Para su elaboración la Corte Suprema de Justicia, ha evaluado y valorado los atestados personales, profesionales, académicos, laborales, a las personas, abogados y notarios, juristas, para proponerlos como magistrados suplentes y presentarlos para el trámite legislativo de su “ratificación” la lista de candidatos propuestos por el Poder Judicial.

Para elegir un Magistrado Propietario o Suplente se requieren 38 votos de diputados a favor. Técnicamente para elegir a los magistrados suplentes que propone la Corte se requieren los mismos 38 votos de diputados. En el conjunto legislativo el Partido de gobierno Pueblo Soberano tiene 31 y los otros partidos en su conjunto 27. Para no elegir un magistrado que ya lo es pero que se presenta para su reelección igualmente se requieren 38 diputados que lo rechacen o voten en contra de su reelección.

Los Poderes Públicos, como es el caso del Poder Judicial, deben trabajar a derecho, con todos los funcionarios que la Constitución Política establece que deben dirigirlos. Su trabajo no puede ser obstaculizado, obstruido ni impedido de ejecución porque un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa, como es el caso del grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, entorpecen su trabajo, lo sabotean, lo obstaculizan, lo lesionan, lo impiden y traban en la práctica.

Con esta actitud y comportamiento político los diputados del partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, están cometiendo el delito de sedición, el acto criminal de rebelarse contra la autoridad establecida y constituida en el orden público costarricense que tiene el Poder Judicial.

El grupo de diputados del partido Pueblo Soberano actúa como una banda delictiva, que actúa colectivamente, en grupo, en forma tumultuosa, alterando el orden público, impidiendo por la fuerza de su comportamiento la ratificación de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que sin su ratificación se impide y entraba el funcionamiento del Poder Judicial. Con ese acto de esos diputados se está alterando el orden público, sin buscar el derrocamiento del gobierno ni incitando, por ahora, a una rebelión, pero sí creando las condiciones de anomia política en el país, de caos institucional y de los poderes públicos, que permita justificar al Poder Ejecutivo lo que ha venido proclamando de impulsar un estado de excepción, un estado de sitio, una suspensión de garantías individuales, y de provocar a la vez la posibilidad de poder gobernar a la fuerza, sin controles administrativos, políticos y judiciales.

El acto de sedición que están provocando es el de impedir por la fuerza de ese comportamiento legislativo la aplicación de las leyes y entorpecer el trabajo y funcionamiento del Poder Judicial.

La sedición aquí está caracterizada por el entorpecimiento del orden y del funcionamiento de las autoridades judiciales para que ejerzan su función. Así están provocando una subversión del funcionamiento de la institucionalidad judicial. Los diputados del partido Pueblo Soberano están realizando un alzamiento colectivo, encabezado por ellos, de forma violenta, contra la autoridad Judicial, contra el orden político del país, contra la estructura e independencia de los Poderes Públicos.

Con su actitud están tratando de fortalecer la imagen pública, resquebrajada y el irrespeto institucional que el Poder Ejecutivo, desde el gobierno anterior y con el actual, han impulsado contra el Poder Judicial, contra la Corte Suprema de Justicia, contra sus presidente y sus magistrados.

El comportamiento delictuoso de los diputados de Pueblo Soberano se orienta a quebrar toda la institucionalidad política nacional y de crear las condiciones subjetivas y objetivas para imponer un gobierno de facto, de hecho, al margen de toda la constitucionalidad y legalidad posible.

El comportamiento político de los diputados de Pueblo Soberano, y de los desplantes autoritarios de la presidenta Legislativa, se orientan a provocar el desorden público, se mueve a la convocatoria de personas que propicien un levantamiento público, en su favor obviamente, contra la institucionalidad democrática nacional.

Impulsan que las autoridades judiciales no puedan tomar decisiones, no puedan trabajar. Impulsan obstaculizar su trabajo, que no se apliquen norman, que se paralicen servicios públicos, como el Judicial.

El comportamiento de los diputados del partido Pueblo Soberano está llamando al caos, a las acciones violentas, físicas y verbales. Está convocando subliminalmente a la sublevación de la población contra el Poder Judicial, contra las autoridades judiciales y la paz social, y con ello contra el equilibrio e independencia de los Poderes Públicos.

La sedición en marcha de estos diputados es el acto criminal de su rebelión al rechazar ad-portas, y negarse a presentar al Plenario Legislativo, la nómina de candidatos propuesta por la Corte Suprema de Justicia, para que sean ratificadas las magistraturas suplentes que se están poniendo al trámite legislativo para su aprobación, y asegurar el buen funcionamiento del Poder Judicial. Es un acto claro y directo contra la autoridad establecida constitucionalmente del Poder Judicial. Si se quiere también es un acto sedicioso contra el Gobierno Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso sedicioso de estos diputados está entorpeciendo el funcionamiento del orden público.

De continuar en su actitud los diputados sediciosos de tratar de arrogarse la soberanía, que reside en la Nación, en el Pueblo, se acercan a cometer el delito de traición a la Patria, y si asumen o se arrogan esa representación popular realizan el acto de la sedición.

Una prueba de fuego le ha sido puesta en bandeja de plata a toda la Asamblea Legislativa. La excelente Magistrada de la Sala Segunda, la Dra. Julia Varela, por razón de vencimiento de su nombramiento en setiembre, ha puesto su nombre para la reelección en el cargo de Magistrada.

Tiene constitucionalmente el derecho de reelección. Así lo ha solicitado a la Asamblea Legislativa., con orgullo profesional y laboral ampliamente reconocido.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa no puede rechazar su solicitud. Tiene que darle trámite para su posible reelección. En su caso pueden presentarse otros candidatos, incluidos candidatos del partido Pueblo Soberano, entre los cuales se escogería al Magistrado Propietario por un nuevo plazo de ocho años. Para nombrar un nuevo magistrado se necesitan 38 votos y para impedir la reelección también se necesitan 38 votos.

La elección de los magistrados suplentes y la de los propietarios son dos tipos diferentes de elección. ¿El comportamiento sedicioso de los diputados se manifestará contra la Magistrada Julia Varela?

El más fatídico error de la política estadounidense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 22 julio 2026

Un arma inútil

En la Navidad de 1991, disuelta la Unión Soviética, la bandera tricolor reemplazaba, por primera vez, la de la hoz y el martillo en el mástil del Kremlin. Un estremecimiento político recorría el mundo. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios cambios políticos del siglo pasado acababa de ocurrir. Desaparecida la Unión Soviética, Mijail Gorbachov entregaba a Boris Yeltsin la conducción del Estado. Era difícil –imposible, diría yo–, vislumbrar los detalles, las consecuencias, de las transformaciones que venían ocurriendo desde hacía ya por lo menos un par de años en el mundo. El fin mismo de la Unión Soviética parecía, hasta hacía muy poco, algo inconcebible.

Del otro lado del Atlántico, un viejo diplomático, George Kennan, que había sido embajador de Estados Unidos en la URSS por un corto período en 1952, al final del gobierno de Stalin, una mente profundamente vinculada al mundo de la Guerra Fría, particularmente aguda en su visión sobre el mundo que nacía, hacía graves advertencias.

Kennan era crítico del gobierno ruso, pero tenía una gran simpatía por el pueblo ruso. Hablaba el idioma, vivió en el país en más de una oportunidad antes de ser embajador.

Dos grandes alianzas sobrevivían al final de la Guerra Fría, decía Kennan: el Tratado del Atlántico Norte y el Tratado de Seguridad con Japón. La mayor parte de los objetivos de esos tratados dejaron de tener sentido con la desaparición de la Unión Soviética. Deben ser revisados, afirmaba Kennan en Around the Cragged Hill (Nota 1), publicado en Nueva York en 1993, dos años después de ese evento.

Kennan reflexionaba sobre la posibilidad de un conflicto nuclear, sobre una eventual guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Advertía que cualquier guerra entre las grandes potencias sería suicida. ¿Cuál sería el propósito de esa guerra, o el propósito de prepararse para ella?

El arma nuclear es, en realidad, un arma inútil, por lo menos para cualquier propósito racional, incapaz de servir para cualquier propósito militar coherente. Sin embargo, es una amenaza para la civilización, en general, decía.

Estaba esperanzado de que la decisión del presidente George Bush, de reducir de manera significativa el arsenal norteamericano, anunciada en septiembre de 1991, respondida de igual manera por Gorbachov, fuera solo el inicio de un proceso de desarme. Abogaba por una estructura de seguridad que respondiera a esa nueva realidad. Una estructura que debía ser europea.

No era una posición nueva. Ya en 1948, al crearse la OTAN, Kennan se manifestó contrario a la participación de Estados Unidos. Con el fin de la Unión Soviética insistía en que Estados Unidos no solo no debería ser miembro de esa nueva estructura, sino que debería retirar sus fuerzas estacionadas en Europa.

Pero reconocía que la nueva realidad no implicaba necesariamente la disolución de la OTAN. Que, eventualmente, el tratado que la creó seguiría vigente y Estados Unidos seguiría siendo miembro. Expresó, sin embargo, su esperanza de que “no fuera una alianza contra ningún país determinado, sino la expresión de un interés por la seguridad y prosperidad de todos los países de Europa”.

El mayor error de todo el período posterior a la Guerra Fría

En su diario, editado en 2014 por Frank Costigliola (Nota 2), Kennan vuelve sobre el tema. Es un libro de más de 700 páginas, organizado desde 1916 hasta 2004, cuando Kennan cumplió cien años.

El 4 de enero de 1997 escribía desde Princeton: no acostumbro a hacer predicciones. Pero en esa oportunidad se atreve a hacer una. Clinton iniciaría su segundo mandato, con la agresiva Madelaine Albright como Secretaria de Estado, cuando aprueba la expansión de la OTAN hacia el este, contradiciendo lo conversado, menos de una década antes, con Gorbachov.

“Al admitir a Polonia, Hungría y la República Checa en la OTAN –dijo entonces el presidente Clinton– “estamos más cerca que nunca de hacer realidad el sueño de una generación: una Europa unida, democrática y segura por primera vez desde el surgimiento de los Estados-nación en el continente europeo”.

Los rusos no van a reaccionar de manera sabia, ni moderada, a la extensión de la OTAN hacia sus fronteras, dijo Kennan en su diario. “El decidido compromiso de nuestro gobierno para empujar la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas es el mayor error de todo el período posterior a la Guerra Fría”, aseguró.

“He tratado, por todos los medios, de encontrar una razón para ese colosal error y no he podido encontrar ninguna”. Esto traerá una trágica e innecesaria división entre el Este y el Oeste, desatando una nueva forma de Guerra Fría. Además, Rusia desarrollará sus relaciones hacia el Oeste, especialmente con Irán y China, para formar un sólido bloque militar antioccidental y enfrentar las aspiraciones de la OTAN de dominar el mundo. ¡Eso dicho hace 30 años!

Finalmente, se lamenta: “En la insistencia de hacer esa cosa tan insensata he visto el fracaso definitivo del esfuerzo al que he dedicado gran parte de mi vida: encontrar un espacio razonable de entendimiento y simpatía entre el gran pueblo ruso y el nuestro. Pero ¡cuán viejo estoy! ¡Cuán débil! ¡Cuán impotente!”

Volvió a advertir sobre el grave error que se estaba cometiendo en un artículo –A fateful error– publicado en el New York Times, el 5 de febrero de 1997. “Aquí está en juego algo de la mayor importancia. Y quizá no sea demasiado tarde para plantear una opinión que, creo, no es solo mía, sino que la comparten otras muchas personas con una amplia experiencia –y, en la mayoría de los casos, más recientes– en asuntos rusos. Dicha opinión, dicho sin rodeos, es que la ampliación de la OTAN sería el más fatídico error de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría”.

Cabe esperar –agregó– “que una decisión de este tipo avive las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión pública rusa; que tenga un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa; que restablezca la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones entre Oriente y Occidente; y que empuje la política exterior rusa en direcciones que decididamente no nos agradan”.

En julio del 97 Kennan viajaba por Europa y publica en su diario su desacuerdo con la decisión de la OTAN, en una reunión en Madrid, de aceptar a Polonia, la República Checa y Hungría en la organización.

¿Cómo tomarán esto los rusos?, se pregunta. ¿Para qué misión esos nuevos miembros de la OTAN tienen que estar tan bien armados? ¿Cómo se puede acomodar eso a las seguridades dadas a los rusos de que no debían preocuparse, de que la extensión de las fronteras de la OTAN hacia el este no tenían implicaciones militares?

“Estoy desolado por lo que está pasando. No veo otra cosa que una nueva Guerra Fría que probablemente terminará en una caliente y el fin del esfuerzo por lograr una democracia funcional en Rusia. Veo un total, trágico y absolutamente innecesario fin de una relación aceptable de ese país con el resto de Europa”.

El artículo tuvo enorme repercusión y sigue siendo objeto de reflexión hasta hoy. En abril del año pasado, Ian Proud, exdiplomático británico, consejero económico en la embajada británica en Moscú entre julio de 2014 y febrero de 2019, publicó un largo comentario sobre el texto de Kennan: “Errores fatídicos. Porque los líderes de la OTAN debían haber oído a George Kennan en 1997”.

Proud hace referencia al discurso de Putin en la Conferencia de Seguridad de Munich (a la cual Rusia ya no es invitada), el 10 de febrero de 2007. “Es obvio que la ampliación de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la alianza, ni con garantizar la seguridad en Europa. Al contrario, representa una grave provocación, que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntarnos: ¿contra quién va dirigida esta ampliación?”, se preguntó entonces Putin.

Proud recuerda que, al año siguiente, en 2008, en la cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest, se discutió la idea de incorporar, algún día, a Georgia y Ucrania.

La OTAN siguió expandiéndose hacia el este: Bulgaria, Romania, Eslovaquia, Eslovenia, los países bálticos, Finlandia, Suecia.

Prepararse para la guerra

¿Sabrá Mark Rutte, secretario general de la OTAN, quién era Kennan? ¿Lo sabrán el presidente Macron, el canciller Merz, o el mismo Marco Rubio?

Volvamos a las ideas de ese notable diplomático norteamericano, muerto hace ya 21 años, en marzo del 2005, nacido en Milwaukee en febrero de 1904. Ayudan a pensar el presente, cuando la OTAN está empeñada en una guerra contra Rusia, cuyas consecuencias no se pueden minimizar.

Kennan proponía la reorganización de la seguridad europea sin Estados Unidos, una nueva alianza que no estuviera dirigida contra ningún país, sino que fuera la expresión de un interés por la seguridad y prosperidad de todos los países de Europa. Me parece que estaba pensando en una Europa del Atlántico a los Urales. Una idea de la que ya había hablado Charles de Gaule, retomada en 1989 por Gorbachov, cuando habló de la “casa común europea”, en un discurso ante el Consejo de Europa.

El mundo tomó otro rumbo y hoy, 35 años después, está tan lejos de lo que proponían que se hace difícil imaginar cómo sería una Europa que hubiese avanzado en la dirección sugerida por Kennan.

Ausente toda iniciativa diplomática, las relaciones de Occidente con Rusia están hoy casi exclusivamente en manos de un organismo militar como la OTAN. Es el único lugar donde Estados Unidos, Canadá y Europa hacen frente a las cuestiones más apremiantes de nuestra seguridad, dijo Rutte, en un artículo publicado en la víspera de la cumbre celebrada por la OTAN en Ankara, el 7 y 8 de julio pasados. ¿Cuáles son esas cuestiones? ¿Quiénes son sus enemigos? El único país mencionado en la Declaración de Ankara es Rusia.

El año pasado la OTAN gastó cerca de 20 por ciento más en defensa que el año anterior. 258 mil millones de dólares, en 2025 y 2026. Trump ha presionado a los europeos para que aumenten sus gastos militares hasta un cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Una verdadera fortuna, que la mayor parte de los países europeos no está en condiciones de invertir, aun recortando los gastos sociales, sin pagar un costo político.

¿Atacar Europa?

En Ankara, los líderes de la OTAN anunciaron decenas de miles de millones de dólares de nuevos contratos con empresas de Europa y Norteamérica para financiar el rearme europeo.

Una OTAN 3.0 –como la definen ahora–, no tan dependiente de los Estados Unidos. La idea es que parte de la producción y mantenimiento del armamento de origen norteamericano sea traslada a Europa.

Supone que Europa asuma una mayor parte de la carga de su defensa convencional y que Estados Unidos se haga cargo de las operaciones de “rescate”, cuando haga falta, dijeron Steven Erlanger y Lara Jakes en un artículo publicado en el NYT, el pasado 7 de julio.

La Alemania conservadora de Merz ha puesto el rearme en el centro de los gastos del gobierno. Está previsto que, al final de la década, alcanzará cerca de un tercio del gasto federal. “No podemos defendernos de Putin con un presupuesto balanceado”, dijo el canciller.

Diversos servicios de inteligencia alemanes y de otros países europeos han fijado 2029 como el año en que Rusia estará lista para atacar Europa. Es un escenario que no solo Putin ha rechazado, sino poco probable, conociendo la realidad política y militar europea. Un ataque a Europa significa una guerra con la OTAN, involucrando potencias nucleares. ¿Cuáles serían los objetivos de Rusia en una guerra así? Con la guerra en Ucrania en pleno desarrollo, ¿estaría Rusia en condiciones militares de atacar Europa dentro de tres años? Los estadounidenses y los europeos saben que no.

No estamos en guerra

¿De dónde sale entonces esa fecha para una guerra con Rusia? La única explicación posible es que sale del cálculo de cuando los países europeos estarán listos para esa guerra que, por ahora, se libra mediante el creciente apoyo militar, financiero y político a Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió más armas a la OTAN, sobre todo misiles de defensa antiaérea. El presidente francés anunció la creación de una “coalición de misiles antibalísticos” para armar a Ucrania. Berlín anunció la compra de 50 mil drones de ataque para Kiev.

“No estamos en guerra con Rusia”, dijo el primer ministro checo, Andrej Babis, después de la cumbre de la OTAN en Ankara. Junto a Eslovaquia y otros países decidieron no contribuir al nuevo paquete de 70 mil millones de euros de ayuda militar a Ucrania. El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, criticó que la cumbre de la OTAN se haya dedicado, casi exclusivamente, al aspecto militar del conflicto, dejando de lado las iniciativas diplomáticas.

Ucrania depende de la inteligencia europea y norteamericana para sus ataques contra objetivos en Rusia, además del financiamiento de su presupuesto estatal y de los gastos de guerra.

En la medida en que esta se extiende, el escenario ha ido cambiando. La guerra se libra ahora en dos escenarios. En las últimas semanas –se podía leer en un balance de Foreign Policy el 19 de julio– Ucrania ha escalado sus ataques a Rusia, golpeando infraestructura energética clave, fábricas de armas, terminales de embarque, provocando una crisis de combustible en el país.

Rusia, por su parte, ha intensificado los ataques a objetivos ucranianos, incluyendo puertos y navíos en el mar Negro y diversas instalaciones en Kiev. Pero sus mayores logros están en la línea de frente, con sus tropas acercándose a las dos principales fortificaciones de Ucrania en el Donbás: Slavianski y Kramatorsk. No parece imposible que alcanzara, antes de fin de año o a principios del próximo, las fronteras de las antiguas regiones ucranianas hoy reivindicadas por Rusia.

¿Pondría eso fin a la guerra? Quizás no. Ucrania podría seguir hostigando en la nueva frontera, manteniendo sus ataques con drones a territorio ruso, mientras Europa la siga sosteniendo con la esperanza de derrotar a Rusia e impedir la consolidación de su control sobre el antiguo territorio ucraniano.

¿Sería ese el escenario que la inteligencia alemana vislumbra como fecha para una guerra de Europa contra Moscú? El eventual control ruso sobre todo el Donbás implicaría un escenario político nuevo, de consecuencias difíciles de imaginar. ¿Provocaría cambios políticos en Ucrania? ¿Abriría puertas a las negociaciones? ¿O daría paso a la intensificación de la guerra contra Rusia, que Europa anuncia?

Esa no sería una guerra rusa contra Europa, sino la continuidad de una guerra europea contra Rusia, ya no a través de Ucrania, sino de forma directa. “No vamos a atacar e Europa”, reiteró el 22 de julio en canciller ruso, Serguei Lavrov. “Pero si Europa intenta atacarnos ya no será una guerra convencional”. ¿Puede alguien sensato imaginar algo así?

El mundo estaba observando…

Vale la pena recordar aquí la propuesta de Zbigniew Brzezinski, politólogo estadounidense de origen polaco, consejero de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, que Jeffrey Sachs, economista y académico norteamericano, cita en artículo publicado el pasado 21 de julio. El control de Eurasia es clave para la dominación norteamericana del mundo. No son Estados importantes para Estados Unidos, pero son importantes para debilitar otras potencias, afirmó. En el caso de Eurasia, la referencia es, naturalmente, a Ucrania y a Rusia. Brzezinski citaba, además, el caso de Irán, en Medio Oriente.

La OTAN redobla su apuesta por el gasto militar, por la producción de armas y la disuasión mediante una potencia de fuego superior. ¿Qué tipo de seguridad estamos comprando realmente?, se preguntó el profesor de Derecho Curtis F.J. Doebbler, de la Universidad de Makeni, en Sierra Leona, en una carta abierta a la OTAN titulada “La falsa promesa de la seguridad militarizada”.

Doebbler recordaba la reiterada violación del derecho internacional por los miembros de la OTAN. Citaba los casos de Irán, Irak, Venezuela, Libia, Siria, la guerra contra el terrorismo, de duración indefinida.

Occidente se hizo una civilización narcisista, señaló el diplomático y académico singapurense, Kishore Mahbubani, en una presentación hecha a principios de este mes sobre el ascenso y la caída de la hegemonía de Occidente. Ese narcisismo no le dejó ver los errores que cometió en sus relaciones con el resto del mundo.

Podemos comenzar este relato al final de la Guerra Fría, en 1990, señaló. ¡Cómo Occidente celebraba, cómo estaba feliz por haber derrotado la Unión Soviética sin disparar un tiro. Hemos logrado sociedades democráticas liberales, que son las mejores sociedades del mundo!, decían.

“Creo que ustedes estarán de acuerdo en que eso fue algo arrogante”, dijo Mahbubani. Pensaron que podían hacer lo que querían. Invadieron países y declararon guerras ilegales. Pero el mundo estaba observando…

Como ya vimos, la OTAN decidió avanzar hacia el este, hasta las fronteras rusas. Avanzaron sin preguntarse nunca si no hacía falta considerar las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia, que Putin ya había señalado en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Munich, en 2007.

Hoy vuelven a hablar de la seguridad de Europa, de Ucrania, sin considerar, en absoluto, las reivindicaciones rusas. ¿Será posible lograr la paz sin considerar las legítimas preocupaciones rusas por su seguridad?

No parece probable, entre otras cosas porque, de ese modo, Rusia solo podría garantizar su seguridad con armas atómicas. El “arma inútil”, como las clasificó Kennan, “incapaz de servir para cualquier propósito militar coherente”.

¡Cuán lejos estamos de la casa común europea, de la que habló Gorbachov en el Consejo de Europa, en 1989! La arrogancia de Occidente fue un error estratégico, en opinión de Mahbubani. Ya lo había advertido Kennan.

Pero en Ankara solo se oyó una misma voz, que el resto del mundo no debe seguir oyendo sin prestarle mucha atención. Los mismos que ya nos llevaron a dos guerras mundiales sueñan ahora con ganar una tercera. ¿Tiene esto algún sentido? Como dijo Kennan, son una amenaza para la civilización, en general.

FIN

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NOTAS

1 Around the Cragged Hill
Kennan, George
272 pags..
W.W. Norton & Company
New York / London 1993

2 The Kennan Diaries
Edited by Frank Costigliola
712 pags..
W.W. Norton & Company
New York / London 2014

Quien no puede cerrar la Sala IV por ley no debe cerrarla por omisión

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francisco Guevara Matarrita

Las propuestas de Francisco Dall’Anese y Manrique Jiménez obligan a la Corte Suprema a decidir cómo preservar la justicia constitucional frente a un bloqueo legislativo deliberado.

Si la Corte llegara a adoptar una medida de emergencia, tendría que ser excepcional y rigurosamente delimitada.

Ante las extraordinarias propuestas formuladas por el exfiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz y el jurista Manrique Jiménez Meza, en torno a la negativa de la mayoría legislativa oficialista de Pueblo Soberano a elegir las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, Costa Rica se encuentra obligada a discutir algo mucho más grave que una nómina de candidatos: si una mayoría política puede utilizar su poder parlamentario para impedir el funcionamiento del tribunal encargado, precisamente, de controlar los abusos del poder.

Las propuestas son extraordinarias porque extraordinaria es la situación que pretenden resolver. No porque se encuentren libres de objeciones jurídicas, sino porque intentan responder a una conducta institucional que el ordenamiento costarricense nunca debió considerar normal: que un Poder de la República se niegue, de manera sostenida, a cumplir una competencia indispensable para el funcionamiento de otro.

Pueblo Soberano dispone de 31 de las 57 curules legislativas. No reúne por sí solo los 38 votos requeridos para elegir a las magistraturas, pero sí posee la fuerza necesaria para impedir que cualquier candidatura los alcance. Después de once rondas de votación, sus diputados mantuvieron la decisión de votar en blanco y promovieron nuevamente la devolución de la nómina remitida por la Corte.

Mientras tanto, como informó Delfino.cr el pasado 15 de julio, la Sala Constitucional registra 123 expedientes pendientes de resolución definitiva por la ausencia de magistraturas suplentes. No son simples números: detrás de cada expediente existen personas y derechos fundamentales que esperan una respuesta.

Cada diputado conserva, naturalmente, el derecho de rechazar una candidatura. Ninguna persona propuesta tiene un derecho adquirido a ser elegida. Pero la libertad de votar no puede transformarse en una licencia para incumplir indefinidamente la obligación constitucional de realizar la elección.

Una cosa es objetar razonadamente a determinados candidatos. Otra muy distinta es rechazar la nómina en bloque, votar reiteradamente en blanco y exigir que el procedimiento vuelva a comenzar hasta que aparezcan nombres aceptables para la mayoría gobernante. En ese punto, el ejercicio legítimo del voto comienza a convertirse en un mecanismo de parálisis.

La mayoría calificada fue concebida para obligar al diálogo y producir acuerdos amplios. Utilizarla como instrumento de veto permanente desnaturaliza su finalidad. Lo que debía promover consenso termina convertido en una autorización práctica para no elegir.

Frente a ese escenario, Dall’Anese ha recordado la reacción institucional adoptada durante el secuestro de los magistrados de la Corte Suprema en abril de 1993. Ante la imposibilidad material de integrar la Corte Plena, los magistrados que permanecieron en libertad convocaron suplentes y conformaron transitoriamente el órgano, garantizando la continuidad de la administración de justicia. Su tesis es directa: cuando una situación no prevista amenaza el funcionamiento constitucional, los jueces deben construir una solución que preserve el sistema.

Jiménez Meza, por su parte, plantea acudir a las fuentes no escritas del ordenamiento —los principios generales del Derecho, la jurisprudencia y la continuidad del Estado— para incorporar temporalmente magistraturas suplentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera en auxilio de la Sala Constitucional. Ambas propuestas coinciden en un punto esencial: una omisión política no puede producir, como resultado aceptado por el Derecho, la desaparición práctica del control de constitucionalidad (Semanario Universidad, 17 de julio de 2026).

Sin embargo, la gravedad del bloqueo no vuelve automáticamente legal cualquier remedio.

El precedente de 1993 demuestra la capacidad de la Corte para reaccionar ante una emergencia, pero no resuelve por sí solo el problema actual. En aquella ocasión se trataba de integrar provisionalmente la Corte Plena frente al impedimento físico de sus miembros. Ahora se pretende incorporar magistraturas pertenecientes a otras Salas dentro de un tribunal especializado cuya composición, número de integrantes y sistema de nombramiento están expresamente regulados.

Tampoco el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial constituye una autorización ilimitada. Esa norma permite a la Corte resolver, en ausencia de ley aplicable, problemas relacionados con la distribución del trabajo o la competencia entre las Salas. No dice expresamente que la Corte pueda modificar la adscripción legal de las magistraturas o alterar la integración de la Sala Constitucional.

Los jueces pueden y deben integrar el ordenamiento cuando exista una verdadera laguna. Lo que no pueden hacer es sustituir al poder constituyente ni atribuirse competencias que la Constitución reservó a la Asamblea Legislativa. Crear una solución jurídica no significa crear poder donde la Constitución no lo concedió.

Por ello, la opción más jurídicamente defendible no sería trasladar indiscriminadamente magistrados titulares de otras Salas. Si la Corte llegara a adoptar una medida de emergencia, tendría que ser excepcional y rigurosamente delimitada: recurrir únicamente a magistraturas suplentes debidamente elegidas y vigentes; realizar su designación mediante un procedimiento objetivo, preferiblemente por sorteo; utilizarla solamente cuando exista una imposibilidad real de integrar el tribunal; limitarla temporalmente, y justificarla mediante un acuerdo público y ampliamente motivado.

Sería un torniquete institucional, no una solución definitiva.

La obligación principal continúa correspondiendo a la Asamblea Legislativa. Ninguna respuesta provisional de la Corte puede absolver al Congreso ni permitir que el oficialismo convierta la emergencia en una nueva normalidad. La Constitución Política atribuye a la Asamblea la elección de las magistraturas suplentes; no le confiere el derecho de mantenerlas vacantes hasta obtener una integración políticamente conveniente.

La Sala Constitucional no existe para complacer a las mayorías. Existe, entre otras razones, para recordarles que su poder tiene límites. Por eso, impedir su funcionamiento constituye una forma particularmente grave de deterioro institucional: ya no sería necesario eliminar el tribunal, reformar sus competencias o destituir a sus integrantes. Bastaría con dejar vacías sus sillas.

La Corte Suprema debe estudiar y resolver públicamente las propuestas presentadas. Si encuentra una vía constitucional de emergencia, debe aplicarla con cautela, transparencia y estricta temporalidad. Si concluye que carece de esa potestad, debe explicar con igual claridad las consecuencias del bloqueo y exigir el cumplimiento inmediato de la obligación legislativa.

Pero no puede limitarse a contemplar cómo la omisión prolongada de otro Poder convierte en letra muerta el derecho de los ciudadanos a obtener justicia constitucional.

La Asamblea debe elegir. La Corte debe preservar la continuidad del servicio judicial. Y la ciudadanía debe exigir el cumplimiento de ambos deberes.

Porque ninguna mayoría, por amplia que sea, posee un título de propiedad sobre la Constitución. Y quien no puede cerrar la Sala Constitucional mediante una ley tampoco debe poder cerrarla dejando vacías sus sillas.