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Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

La efectividad de la estrategia de continuidad del gobierno de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

Mientras muchos todavía nos preguntábamos por las razones del ascenso al poder del Partido Progreso Social Democrático y luego en los meses y años siguientes íbamos tratando de asimilar un estilo de gobierno del presidente agresivo y confrontativo, el grupo político en el poder iba tejiendo su estrategia para convertir la Administración actual en la plataforma para garantizar el triunfo en las elecciones del 2026 y consecuentemente la continuidad de este grupo en otro período gubernamental.

Si atendemos al pasado reciente, podemos identificar algunas posiciones y argumentos del Presidente y su equipo de gobierno, que iban en la dirección, de no sólo gobernar en el período 2022-2026, si no proyectar lo que sería una estrategia de continuidad, que fue anunciada prácticamente desde la primeras semanas de ésta Administración y en especial en el informe de los 100 días y en los informes anuales del Ejecutivo, en la que afirmaban la dificultad de gestionar el gobierno y la necesidad de un período más amplio para concretar la reestructuración del Estado para hacerlo “más efectivo y más ligado a las necesidades del pueblo”, según lo enunciaba el Presidente en cada acto político y en sus discursos semanales.

Entre los argumentos esgrimidos frecuentemente por el presidente, su asesora Cisneros y los delfines formados en el proceso, entre ellos la presidente electa, se encuentran algunos que eran estratégicos para los intereses de ese grupo y los cuales fueron muy efectivos para estructurar la propuesta de continuidad que fueron consolidando durante los 4 años, entre ellos están:

El primer argumento, fue que los proyectos que no se podían concretar en el período 2022-2026, como el de la Ciudad-Gobierno, el de la marina y el puerto de cruceros de Limón, el del aeropuerto de la zona Sur, el de la carretera de San Carlos y las reformas institucionales a Ministerios como el MOPT, el MAG y el MINAE, así como las instituciones autónomas, como el ICE, Recope, el INA, JAPDEVA, INAMU, el PANI y radio nacional y canal 13 (que debían ser los canales de propaganda gubernamental), se podían alcanzar si el pueblo les daba un período más en el poder, a lo que posteriormente agregaron que también se necesitarían 40 diputados para lograr todos los cambios mencionados.

El segundo fue que la oposición tiene tomada la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República y no los deja gobernar, bloquea sus iniciativas y hace una oposición negativa frente a los intereses del pueblo que el gobierno representa, por lo que se requeriría de un período amplio de gobierno, para reformar esas instancias y ponerlas a funcionar de manera eficiente y fluida según sus necesidades y demandas.

El tercero, sería que de los mayores errores de los gobiernos de los partidos tradicionales, el más perjudicial es el abandono por parte de las instituciones estatales, tanto centralizadas como autónomas, que incluye las universidades, de la población que vive en las zonas costeras y fronterizas en términos de prestación de servicios, infraestructura y beneficios sociales, dicha población se encuentra marginada del desarrollo y de las oportunidades, de ahí que la posibilidad de revertir esa condición, está ligada a extender el período de gobierno a otros 4 años más.

El cuarto argumento es que el país está muy bien bajo este gobierno, la economía funciona muy bien, la pobreza se ha reducido, se está generando empleo, los indicadores macroeconómicos son excelentes, que hay crecimiento y prosperidad.

Los argumentos sociopolíticos y hasta psicológicos, de tenemos un proyecto de cambio que va a mejorar la situación de todas las personas, pero que no lo podemos realizar en 4 años, que somos víctimas de las instituciones del sistema político controladas por la oposición(los malos) que no nos dejan gobernar (a los buenos), que la situación del país es muy buena, por lo que no hay que hacer caso a los que señalan problemas que no existen (entre ellos las universidades y el Estado de la Nación), que sólo quieren desprestigiar la labor del Gobierno y que en el país los más perjudicados por los gobiernos de los partidos tradicionales han sido las personas pobres y marginadas de las zonas costeras, fronterizas y urbano marginales del Valle Central a los que este gobierno quiere ayudar, han sido argumentos que han calado fuertemente en las poblaciones populares que tienen mayores limitaciones de recursos e información (los “Básicos” como diría la diputada Cisneros), pero que habían apostado a un gobierno fuerte, directo, de mano dura, sin importar si eso implica un estilo autoritario y de concentración de poder.

Por su parte con respecto a las posiciones tácticas que el gobierno de turno tomó y le resultaron efectivas durante el período de gobierno, para crear las condiciones para la continuidad y como preparación para las elecciones del 2026, fueron las siguientes:

1. Promover e impulsar desde el primer día de gobierno, una campaña política a favor de la continuidad, que se reproducía semanalmente en las conferencias de prensa, en las visitas a las regiones y comunidades y en los discursos durante actos públicos diversos y el encuentro con miembros de otros poderes, que en los últimos meses del 2025, se constituyó en una campaña abierta y beligerante a favor de la candidata oficialista, que ni el TSE, ni la Asamblea legislativa lograron detener.

2. La cooptación de dirigentes locales y alcaldes de gobiernos locales, por lo general de cantones de las regiones periféricas, mediante una acción directa de la Casa Presidencial y de autoridades de instituciones del gobierno Central, para ofrecer recursos y obras para las comunidades de referencia de éstos, que generó un apoyo y un vínculo de al menos 15 alcaldías, en una labor que en el pasado era realizada por delegados presidenciales que tenían los gobiernos de los partidos tradicionales.

3. La descalificación constante de los partidos de oposición y de sus dirigentes, utilizando todo tipo de mecanismos directos e indirectos, de burla, ofensa o vocabulario “pachotero”, que el presidente y sus seguidores adoptaron, reproduciendo según ellos la forma de comunicación del pueblo y la que es de más fácil comprensión para estar en sintonía con los sectores populares.

4. La sustitución del espacio comunal y político que tenían las iglesias evangélicas ligadas al partido Renovación y luego Nueva República, en las zonas costeras y fronterizas, a través de un enfoque de oferta y ejecución permanente de obras y asistencia desde el gobierno a las comunidades, frente a las ayudas puntuales a las familias de los fieles que aquellas les ofrecen.

La táctica del grupo en el poder para procurar la continuidad, no ha sido casual, ha sido bien orquestada, tanto para mantener la popularidad del Presidente como para montar la plataforma de apoyo a la candidata oficialista, que se resume en: hacer una campaña permanente desde el gobierno hacia la continuidad, captar el apoyo local y de los gobiernos locales en las zonas costeras, fronterizas y marginales, desprestigiar constantemente a los partidos y dirigentes de oposición y desplazar los simpatizantes del partido evangélico en esas zonas. Parece maquiavélico, pero definitivamente que la estrategia funcionó.

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

Construir hacia adelante, no perder el tiempo intentando recuperar el pasado

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

Necesitamos construir Esperanza.

Necesitamos construir Rebeldía.

Necesitamos construir Humilde sabiduría.

¿Qué dejamos de hacer y, qué hicimos, que ha impedido construir un Movimiento popular?

¿Cómo es que hay divorcio entre intelectuales y movimientos sociales? ¿Entre dirigentes, políticos y afiliados, bases sociales?

¿Qué cambios en actitudes, conductas personales del tico llevan al aislamiento, a la evasión?

¿Por qué se hace difícil comprender que se está en una encrucijada que, o nos lleva a una economía de mayor concentración de riqueza y expansión de pobreza con un Estado más autoritario o, a una economía justa, solidaria, con un Estado plenamente democrático?

En Costa Rica, así como en el mundo, un modelo económico y político está llegando a su fin. No tiene sentido histórico luchar por algo que está dejando de existir. Construir otro camino pasa por el trabajo laborioso, paciente, humilde, de construir un Movimiento popular en donde, esa misma acción es la razón, el proyecto para integrar fuerzas, recursos.

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

Incendiar la casa para luego “salvarla”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juliana Martínez Franzoni

En agosto de 2025, luego de varios años de recortes presupuestarios que se tradujeron en desabastecimiento de medicamentos, denuncias de más de 300 especialistas y un crecimiento sostenido de las listas de espera, el presidente Bukele anunció “la medicina”. No era una reforma al sistema existente, sino algo distinto: una Red Nacional de Hospitales completamente separada de las instituciones públicas tradicionales, bajo control directo de la Presidencia. Esta nueva red tendría dos facultades particularmente llamativas: concesiones y asocios con el sector privado, por un lado, y la capacidad de requerir apoyo inmediato del sector público cuando así se mandatara, por el otro lado.

La promesa fue presentada como modernización, eficiencia, ruptura con la burocracia y la “ineficiencia histórica”. Sin embargo, el anuncio llegó después de años de deterioro documentado del sistema público: escasez crónica de medicamentos, tensiones laborales, migración de especialistas, y una creciente desesperación de pacientes atrapados en listas de espera cada vez más largas, todo ocurrido bajo el propio gobierno de Bukele, el administrador de la medicina.

Varios cientos de kilómetros al sur, en Costa Rica, el guion no es idéntico, pero suena inquietantemente familiar.

En mayo de 2023, el presidente Rodrigo Chaves anunció que la seguridad social estaba “quebrada”. El mensaje fue dramático: el sistema estaba al borde del colapso. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), históricamente una de las instituciones más robustas del Estado costarricense adonde cualquier persona asegurada, pague o no pague, puede recibir desde una vacuna hasta un trasplante, fue presentada como un gigante ineficiente, fiscalmente insostenible y capturado por intereses corporativos. La seguridad social había sido una bonita idea… pero de otro tiempo. Y ello a pesar de que el Presidente Ejecutivo de la Seguridad Social nombrado por el propio Cháves, el economista Álvaro Ramos, había mostrado con claridad y evidencia, que la Caja gozaba de buena salud y que estaba completamente al alcance del gobierno mediante un plan que él mismo propuso, ampliar los servicios, reducir las listas de espera, y efectivamente llegar a cada hogar costarricense.

Estas buenas noticias a Ramos le valieron el despido. Para la seguridad social, sin embargo, lo peor estaba aún por venir porque tras el anuncio vino algo más complejo. El Estado, no contento con que la Caja no estuviera quebrada, tomó medidas para… quebrarla. Así, en solo 3 años incrementó en un 63% su deuda con la CCSS, de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025. Es una deuda de 850 mil colones por parte de cada una de las 5.2 millones de personas que habitan en el país. Esa deuda, en 2023 era de 500 mil colones por habitante.

Las listas de espera crecieron. Cientos de especialistas renunciaron o migraron hacia el sector privado. La narrativa del colapso comenzó a convertirse en realidad. Y mientras tanto, la proporción del dinero que destinan los hogares costarricenses a la salud privada se duplicó: de 3,3% en 2018 a 6.5% en 2024.

¿Suena familiar?

La historia en común no es solo la de dos presidentes con estilos confrontativos sino la historia de una estrategia política que se repite en distintas latitudes: permitir —o acelerar— el deterioro de un sistema público hasta que la frustración social alcance un punto crítico. Cuando la casa parece incendiada, cualquier propuesta de “cambio radical” luce razonable, incluso inevitable.

En El Salvador, “La medicina” administrada por Bukele propone hospitales concesionados, alianzas público-privadas, personal de salud contratado por servicios profesionales, todo bajo una estructura paralela a las instituciones existentes. En Costa Rica, el planteo de concesionar hospitales públicos a manos privadas laborales está a la vuelta de la esquina.

En ambos países, la pregunta no es si el sector privado puede gestionar un hospital con eficiencia administrativa y lucrar con ello. Ya existen montones de hospitales privados que lo muestran. La pregunta central es otra: ¿qué ocurre con el principio que sostiene a la seguridad social cuando los servicios dejan de financiarse desde una gran “caja común” solidaria y pasan a depender de contratos, concesiones y pagos por servicio?

La Caja funciona porque todas las personas aportan según su capacidad y reciben según su necesidad. Ese es el corazón del modelo. La persona joven y sana financia hoy a la mayor que necesita un trasplante. Quien nunca usará un servicio de alta complejidad contribuye a que alguien más pueda recibirlo mañana. Esa es la lógica del seguro social: una gran bolsa común que redistribuye riesgos y recursos.

Cuando los hospitales se concesionan o se fragmentan en asocios público-privados, esa lógica comienza a erosionarse. El financiamiento deja de ser plenamente colectivo y se vuelve contractual. El riesgo deja de compartirse de manera integral y se distribuye por servicios, por paquetes, por convenios. Y tarde o temprano aparece la constatación inevitable: es del bolsillo que hay que sacar diferencia.

Un sistema concesionado funciona más como un peaje que como un seguro solidario. Se paga por pasar. Se paga por servicio. Se paga por cada oportunidad. Incluso si el pago no es inmediato porque hay un seguro privado, termina trasladándose al bolsillo de las personas y debilitando cobertura universal. La “gran caja” pierde tamaño y capacidad redistributiva. Y cuando la caja se hace pequeña, también se hace pequeña la solidaridad.

No se trata de demonizar al sector privado sino de entender que la seguridad social es mucho más que un proveedor de servicios: es un mecanismo de redistribución de oportunidades. Si esa caja común se fragmenta, el sistema deja de poder garantizar que cada persona reciba atención independientemente de cuánto dinero aporte individualmente.

El riesgo es de principios con enormes efectos prácticos en el bolsillo y en las posibilidades reales de acceder a servicios por parte de la mayoría de la población: pasar de la solidaridad colectiva a un esquema en el que cada persona depende, directa o indirectamente, de cuándo puede pagar.

Por eso, antes de incendiar la casa para luego ofrecer el extintor, conviene preguntarse si la solución no termina desmantelando precisamente aquello que hizo posible que la casa existiera: una gran caja común que financia la salud como derecho y no como transacción.

Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.

Costa Rica y su historia. Una, Dos, ¿Tres Repúblicas?

Escrito en . Publicado en Formación.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Al concluir la guerra civil de 1948, la junta militar que ascendió al poder se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República. ¿Cuáles serían las razones para asumir ese título tan glorioso, según los vencedores?

Uno de los pasos siguientes, por parte de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, fue hacer una convocatoria a elecciones para nombrar los diputados que integrarían una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución política que le devolviera al país su condición como un Estado de Derecho.

En el seno de aquella histórica Asamblea se discutieron dos propuestas. La primera contenía un nuevo proyecto de constitución elaborado por una minoría de diputados de pensamiento socialdemócrata. Este sería el marco jurídico encargado de darle forma a lo que ellos comenzaban a denominar la Segunda República de Costa Rica. La otra propuesta, impulsada por los sectores políticos más conservadores, especialmente por parte de los seguidores del presidente electo en los comicios de febrero de 1948, don Otilio Ulate Blanco, solamente pretendía retomar la constitución liberal de 1871 para restablecer el orden constitucional y, en última instancia, esta fue la propuesta que en definitiva triunfó. En consecuencia, la Segunda República nunca llegó a plasmarse formalmente en el seno de aquella Asamblea Constitucional.

Desde nuestro punto de vista, el origen de la utopía de una Segunda República en Costa Rica tiene sus raíces fuera de nuestras fronteras, lo cual paso a explicar a continuación. Durante la década del treinta, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española acaparó gran atención internacional por su relevancia histórica, pues en 1931 se había declarado la creación de la Segunda República Española en la madre tierra. Cincuenta años antes, ya la monarquía española había sufrido un primer golpe de parte del movimiento republicano que quería seguir el ejemplo de los revolucionarios franceses de 1789. En 1873 se había proclamado la abolición de la monarquía borbónica y por un corto período esta había sido desplazada. Aquella fue conocida, por entonces, como la Primera República Española.

Las aspiraciones republicanas de buena parte de la sociedad española sobrevivieron durante la primera mitad del siglo XX. Así, en 1931 y en el marco de una nueva crisis institucional, se proclamó la Segunda República Española, experiencia que se extendió hasta el año de 1939 cuando, definitivamente, triunfó la restauración del viejo régimen por medio de una sangrienta guerra encabezada por el General Francisco Franco. Este general, de pensamiento fascista, se había levantado en 1936 en contra de los sectores republicanos y socialistas, con el apoyo de los dictadores Adolfo Hitler y Benito Musolini.

Según el testimonio del dirigente comunista costarricense Álvaro Montero Vega -cuyas memorias tuvimos el privilegio de recuperarle poco antes de su muerte- en los años treinta, siendo él estudiante del Liceo de Costa Rica junto a muchos otros jóvenes simpatizantes con las nuevas corrientes de pensamiento socialista, entre ellos Eduardo Mora Valverde, fundaron el Comité Pro República Española, en cuyo seno se gestaron muchas actividades en solidaridad con las fuerzas republicanas que se enfrentaban con las tropas del fascismo español dirigidas por el General Franco y apoyadas por sus vecinos nazi-fascistas (*).

De manera que, en el imaginario colectivo nacional de aquella época, la derrota de la Segunda República Española también había quedado como uno de los traumas más profundos de la juventud progresista y revolucionaria de nuestro país.

Tómese en cuenta, además, que José Figueres Ferrer, el líder de las fuerzas de la oposición al caldero-comunismo, era hijo de padres españoles provenientes de Cataluña, una de las regiones más golpeadas por las fuerzas franquistas durante los hechos de aquella sangrienta guerra civil.

Incluso, a un comunista español-costarricense, de grata memoria, el insigne militante Adolfo Braña, le tocó luchar con las fuerzas republicanas en contra del ejército franquista en tierras catalanas. Y, años después, también le tocó luchar durante la guerra civil en Costa Rica al lado de las milicias caldero-comunistas. ¡Coincidencias de la historia!

Todo lo anterior lo traemos a colación para invitar a reflexionar sobre el papel de los mitos en la construcción de nuestra historia. No hay que ahondar mucho más para concluir que en Costa Rica, República solo ha habido una, la que se fundó en 1848 durante la administración de José María Castro Madriz, quien fuera el último jefe de Estado y el primer presidente de la República.

En la realidad nacional de los años cuarenta, la Segunda República tan solo fue una consigna de guerra por parte de las fuerzas de oposición al caldero-comunismo, inspirada en la reciente historia político- militar española. Y por qué no suponerlo, la familia Figueres Ferrer también era de origen español, seguramente identificada con la causa republicana de su patria. En verdad, tenían muchas razones para experimentar aquella nostalgia republicana, la cual se plasmó en la consigna de guerra del Caudillo Figueres Ferrer.

En consecuencia, que al chavismo se le ocurra anunciar una Tercera República en nuestro país, solamente demuestra la falta de estudio y conocimiento de nuestra historia patria. De ahí la importancia de que nuestro sistema educativo se proponga retomar una buena formación cívica para sus estudiantes, inclusive, para sus gobernantes.

No olvidemos, como lo señaló el filósofo español-estadounidense Georges Santayana ¡El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla!

(*). Aguilar H. Marielos (2013) ÁLVARO MONTERO VEGA: MEMORIAS DE UNA VIDA Y UN TIEMPO DE LUCHAS Y ESPERANZAS. Editorial UCR. Pp. 32

El “Conejo Malo” Rebelde

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mg. José A. Amesty Rivera

Al margen de las siguientes consideraciones, en torno a la figura del reguetonero puertorriqueño “Bad Bunny”: que no canta muy bien, que sus canciones son vulgares al igual que sus shows, que no se entienden sus palabras, es decir no vocaliza bien, que no sea del agrado de muchas personas, en este sentido, como decía el teólogo puertorriqueño Carmelo Álvarez: “esto es otro tema”, que no abordaremos aquí.

No obstante, vamos a resaltar algunos aspectos valiosos de sus últimas actuaciones. Veamos cuál fue su aparición y actuación en la entrega de los premios Grammy, cuando hace alrededor de una semana a “Bad Bunny” le fue entregado el premio, por vez primera, al mejor álbum totalmente en español, en la categoría del reguetón titulado: “Debí tirar más fotos”.

Al momento de la entrega y sus primeras palabras, una ceremonia marcada por mensajes en contra de las redadas del ICE y las medidas de mano dura promovidas por Donald Trump hacia los migrantes en EEUU, el cantante señalo: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: Fuera ICE”, enfatizando además que: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos y somos estadounidenses”.

Luego, veamos que paso en el escenario del Super Bowl 2026 en el Estadio Levi’s. Tenemos que acentuar que el presidente Trump no deseaba que los organizadores del segundo tiempo en el juego entre los Seattle Seahawk y el New England Patriots, hubieran invitado al conejo malo de Puerto Rico y presionó para que no estuviera allí.

Ya mencionamos que Bad Bunny ya había hecho críticas y denuncias anteriores ante el actuar del ICE hacia los migrantes, además de otros artistas, así mencionamos que antes iniciar el juego, el jugador de New England Patriots, Mack Hollins, llegó descalzo y esposado al Super Bowl 2026, como protesta contra ICE y las agresiones criminales a migrantes y ciudadanos estadounidenses, que ya han dejado varios muertos.

Al llegar el segundo tiempo del juego, entra en escena Bad Bunny, que por cierto su verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio (un nombre muy común en los sectores populares de las barriadas y pueblos de América Latina); recuerdo que en un Municipio de Maracaibo-Estado Zulia, Venezuela, se venera un santo llamado San Benito, un santo negro.

La puesta en escena de Benito tomó por sorpresa a muchos; entra con un enjambre de personas con las banderas de los países de A.L., grita Dios bendiga a América en inglés y de inmediato, pasa a nombrar a todos los países del continente americano. Luego tira el balón que traía en sus manos que decía “Juntos somos América”, finalmente señala aquí estamos.

La escenografía resalta con dos elementos importantes, una recreación de su pueblo natal en Puerto Rico, con cañaverales, árboles de plátano, (que nos recuerda a Cuba, Haití, Venezuela) así como una representación casi idéntica con los elementos pueblerinos y urbanos, como parte de la identidad latina, tales como: un niño durmiendo en una boda con reguetón de fondo, tienditas, peluquerías, personas jugando dominó, una boda en pleno acontecimiento, los quinceañeros, el boxeo, el barrio, el tender la ropa, niños y niñas jugando, el pitorro (un ron aguardiente artesanal de alto grado alcohólico, tradicional de Puerto Rico, a menudo elaborado ilegalmente y conocido como “ron caña”, entre muchos otros. En fin, danzas, bailes y alegría.

El otro elemento importante fue como telón de fondo un aviso grande, escrito en inglés, que decía: “The only thing more powerful than hate is love” (“Lo único más poderoso que el odio es el amor”). Ya antes cuando recibía el Grammy había dicho: “El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor”.

Estas palabras no sabemos si son propias de él, o de algún personaje histórico. Pero lo cierto es que cuando leemos o escuchamos estas palabras, pensamos que son familiares, suenan como un versículo bíblico, suena como una sentencia bíblica.

Hubo otros personajes en este relato, en este juego, en este escenario que muestran como Benito Antonio deseaba resaltar la identidad latina, la confluencia de países, que son un continente, no un país, a saber:

-La presencia de Cuba fue una de las naciones que se mencionó, no solo por el paseo de la bandera de la estrella solitaria en el estadio, sino por la invitación directa a un hijo de La Habana. Hablamos de Juan Carlos Piñeiro, basquetbolista profesional y dueño de un carrito de piraguas en San Juan, quien le sirvió un raspado (granizado para los cubanos) a Bad Bunny al inicio del show, cuando la estrella boricua cantaba “Tití me preguntó”.

-El esquinero de origen colombiano, Christian González, debutó en el Super Bowl LX con los New England Patriots. Se convirtió en el primer jugador de raíces colombianas en disputar el Super Bowl, siendo titular indiscutido en la defensiva.

-Además, el ala cerrada el novato Elijah Arroyo, formado en Cancún-México, también tuvo su debut con los Seattle Seahawks en esta misma edición.

-A su vez, Andrés Borregales hizo historia al convertirse en el primer venezolano en participar en el evento más grande del deporte estadounidense. El novato pateador de los New England Patriots es importante, ya que su presencia en el Super Bowl importa más allá del resultado deportivo, consolida la creciente representación latina en la NFL y coloca a la comunidad venezolana en el escenario más grande del futbol americano profesional.

Un hecho notorio e inusual es que la boda durante el show de medio tiempo de Benito fue real. Al parecer la pareja había invitado a Bad Bunny a su boda y en lugar él los invitó a casarse en el Super Bowl.

Otro momento muy comentado fue cuando conejo malo le hace entrega un Grammy en pleno escenario a un niño una escena cargada de simbolismo y emoción. Hay dos especulaciones de quien fue el niño galardonado. Una es que fue el niño Liam Conejo Ramos, el menor detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota; cuando en realidad era un actor de ascendencia argentina llamado Lincoln Fox, en las redes sociales del joven, su familia agradeció al cantante.

¿Cuáles fueron las reacciones de sectores políticos y religiosos?

Luego del show de Benito Antonio el presidente norteamericano Donald Trump escribe en su red social “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este ‘espectáculo‘ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO”.

Resulta irónico que un presidente acusado por delitos sexuales con menores de edad, publicados en la lista Epstein, hable de ética.

Así mismo, está claro que Trump haya reaccionado de esta manera, ya que el espectáculo de Bad Bunny va en contra de su MAGA, que es el acrónimo de “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo), el lema de campaña y movimiento político de Donald Trump que representa un nacionalismo populista, proteccionista y conservador. Busca restaurar un pasado idealizado, con un enfoque en “America First” (América Primero), reduciendo regulaciones y promoviendo una lealtad absoluta a Trump.

Otra reacción fue la del excongresista de EEUU Anthony Sabatini, quien arremete contra Bud Bunny, y exige deportarlo “inmediatamente”.

En el campo religioso veamos las declaraciones del arzobispo católico José Manuel Guerrero Noyola quien señalo que “En los pueblos latinoamericanos, hay mucha riqueza cultural, y también, una profunda unidad familiar. Hay muchas personas dignas y trabajadoras, que migran desde sus lugares de origen, buscando un futuro mejor. Se llevan su fe y su esperanza para compartir; por eso, aunque no entienda lo que canta Bad Bunny, sin embargo, creo que me interpela la unidad latinoamericana, frente al capitalismo neoliberal, que está empobreciendo los pueblos, y quitándoles dignidad. Que siga creciendo entre nosotros la comunión latinoamericana, que nuestras lenguas traspasen fronteras, y que más allá de las diferencias religiosas y políticas, podamos encontrarnos como hermanas y hermanos, hijos de Dios, y habitantes del mundo”.

El Arzobispo Ronald Hicks, en su reciente instalación como arzobispo de Nueva York, sorprendió al citar la canción “NUEVAYoL” de Bad Bunny en la Catedral de San Patricio, usándola como un llamado a la unidad y la alegría en la diversidad.

El Obispo Ángel Luis Ríos Matos, el obispo de Aguadilla (Puerto Rico) elogió públicamente la canción “Lo que le pasó a Hawái” del álbum de Bad Bunny, destacando su mensaje sobre la defensa de la identidad puertorriqueña. El Padre Jorge Rodríguez, recordó en una entrevista que Bad Bunny fue monaguillo en su parroquia de Vega Baja-Puerto Rico cuando era niño.

En el campo protestante evangélico el sitio en Facebook llamado Mis tiliches teológicos indica: “El Medio Tiempo de Bad Bunny, ni hablar, fue un desplante de TEOLOGÍA POPULAR. Ni siquiera “teología de la liberación” en su sentido académico. Ya hay reacciones de Trump que no está soportando, pues se hizo un posicionamiento “latino” (como constructo político) en medio de una de las peores épocas de xenofobia y violencia migrante. Fue una exhibición simbólica, sí, bajo los esquemas económicos del multiculturalismo, pero que justo con ello amplifica el mensaje. Se utilizaron “estereotipos latinos” sobre el parrillado (un niño durmiendo en una boda con reguetón de fondo, tienditas, peluquerías) para afirmar una presencia. Lo musical queda a gusto de cada quien, pero el acto de reclamo territorial y visibilización social es innegable.

¿POR QUÉ ES “TEOLOGIA”? Porque son creencias, códigos sagrados y, vimos a gente compartiendo la mesa, el sillón, la pista de baile. Sí, los de Un Corazón van a celebrar la Santa Cena en el Auditorio (otro acto de reclamo identitario del espacio) Pero esto fue una Eucaristía Ecuménica Masiva, con pleno derecho: Un acto multitudinario de “acción de gracias” por las raíces”.

Para ir concluyendo este artículo, deseamos resaltar que el Super Bowl no es solo un juego. Es el ritual anual del capitalismo estadounidense, un megaproducto que fusiona deporte, publicidad (a US$10 millones por 30 segundos) y espectáculo para promover un estilo de vida basado en el consumo.

No en balde, este 2026 algo cambió, la audiencia ya no es un bloque unificado. Con Bad Bunny en el show oficial y un evento “patriótico” paralelo, vimos cómo el capitalismo de identidades reemplaza al de masas. La polarización no debilita el sistema; lo hace más astuto. Segmenta el mercado y nos vende, incluso, nuestra propia rebeldía.

Bad Bunny llevó su cultura y su mensaje a millones. Sin embargo, ese gesto de inclusión, dentro de este marco, termina legitimando la misma maquinaria que comercializa la identidad latina. Es la paradoja: una aparente transgresión que, al final, refuerza el statu quo mercantil. Solo preguntémonos ¿qué patrones de consumo nos están vendiendo? ¿Qué estilo de vida alienante nos hacen desear? ¿Y cómo se nos convence de que “pertenecer” significa, sobre todo, comprar?

Hubo un evento paralelo llamado “patriótico” que fue el All-American Halftime Show, un concierto alternativo de temática patriótica y conservadora organizado por la organización Turning Point USA.

Este show se realizó para contraprogramar la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, bajo el argumento de ofrecer una opción “tradicional” frente al artista puertorriqueño.

Fue impulsado por el grupo conservador estadounidense Turning Point USA, afín a sectores de derecha. Contó con la participación de figuras como Kid Rock y Brantley Gilbert. Se centró en símbolos patrióticos de Estados Unidos y un mensaje político explícito como contrapropuesta cultural. La transmisión en YouTube alcanzó un pico de 6.1 millones de espectadores simultáneos.

No obstante, la figura de Benito Antonio le dio un Touchdown (anotación) a Donald Trump. El artista puertorriqueño puso a bailar al mundo entero en una actuación que fue mucho más que música, fue un homenaje a Puerto Rico, a Latinoamérica entera. Su mensaje fue claro, América es mucho más que la apropiación que hace el país más rico de todo un continente.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 9 de febrero como el “Día de Bad Bunny”, consagrando simbólicamente la irreverencia caribeña en el corazón del imperio.

Nos guste o no su música, “El Conejo Malo” mandó un mensaje al mundo de unidad y amor en el momento que el planeta más lo necesita. Y esa es su verdadera trascendencia. El mensaje fue claro, el futuro de los Estados Unidos ya no suena en inglés puro, sino en español con acento de resistencia, de rebeldía.

Y es que Benito Antonio es independentista, ya que alzar la bandera de Puerto Rico en palos de madera (como la usan los activistas puertorriqueños) fue un momento clave en el show de Bad Bunny en el Super Bowl.

Su canción “La Mudanza” recuerda que “mataron gente por sacar la bandera”, refiriéndose a los independentistas puertorriqueños que han muerto luchando. Y él la sacó. En un evento que, históricamente, ha presentado “valores estadounidenses”, Bad Bunny interpuso el valor de la independencia de su isla, aún colonizada.

En estos momentos la cultura latina está recibiendo la atención y el respeto que tanto se merece, y todo eso es gracias al conejo malo. Qué rebeldía. Rechaza la apropiación del término “América” para referirse solo a EEUU y reclama una identidad continental compartida, desde Alaska hasta la Patagonia.

En un momento donde se intenta aislar y asfixiar a Cuba, a Venezuela y a otros países, este mensaje de unidad continental resuena como un recordatorio político, América es una, plural y solidaria. La cultura, como la dignidad, no conoce bloqueos. Se amplifica un mensaje de integración y resistencia cultural, un acto de descolonización simbólica.

Costa Rica: el desafío de reconstruir su democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Su Formación Humanista, La Participación ciudadana y la Justicia Social

1.Una democracia fatigada

Costa Rica atraviesa una etapa de fatiga democrática. No porque haya perdido sus instituciones fundamentales, sino porque una parte significativa de su ciudadanía ha dejado de sentirse representada, escuchada y protegida por ellas. La desigualdad persistente, el desempleo, la inseguridad, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción profunda, el advenimiento del narcotráfico y la lentitud institucional han erosionado la confianza pública.

En este contexto emergen discursos personalistas, confrontativos y autoritarios que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos. Cuando estos discursos prosperan, no es porque haya ignorancia popular, sino, sobre todo, porque hay frustración social acumulada. Allí donde la política democrática se deterioró profundamente y dejó de ofrecer respuestas creíbles a los ciudadanos, en especial a los más pobres, ha surgido el caudillismo populista y autoritario.

La historia reciente de América Latina muestra con claridad que el debilitamiento de la participación ciudadana y de la formación cívica abre la puerta a proyectos que concentran aún más el poder y deterioran la convivencia democrática. Costa Rica no está inmunizada contra esa deriva.

2.La experiencia comunitaria como escuela democrática

Durante décadas, existieron en el país experiencias valiosas de trabajo territorial: organizaciones juveniles, comités barriales, asociaciones de desarrollo, juntas progresistas, cooperativas, sindicatos, organizaciones y emprendimientos de pequeños productores, organizaciones empresariales democráticas y grupos culturales que promovían la participación cívica activa. En esos espacios la ciudadanía aprendía a deliberar, a organizarse, a resolver conflictos y a ejercer liderazgo social.

Estas experiencias demostraron que la democracia no se aprende solo en los libros, sino, por encima de todo en la práctica cotidiana. Sin embargo, muchas de ellas se debilitaron por sectarismos ideológicos, fragmentaciones internas y, en algunos casos, por el menosprecio a la democracia liberal y pluralista.

Hoy resulta indispensable recuperar esa tradición comunitaria, pero con una visión renovada, inclusiva, plural, respetuosa de las instituciones y comprometida con los derechos humanos. La organización social no debe ser instrumento de manipulación política, sino espacio de formación ciudadana.

Hoy está pendiente una tarea que no fuimos capaces de empezar para derrotar al autoritarismo y al populismo vulgar y dicharachero. Debimos habernos avocado a la construcción de una amplia alianza de los partidos políticos democráticos y progresistas. Sin sectarismo ideológicos o políticos. Costa Rica nos necesitaba y nos necesita a todos unidos frente a quienes amenazan las bases de nuestra sociedad democrática, que puede superar sus limitaciones y avanzar por la senda de la equidad y la justicia social, del humanismo y el pluralismo, de la participación y la organización popular.

3. Formación humanista: fundamento de la ciudadanía democrática

La formación humanista está en el corazón del proyecto democrático. Cuando hablamos de formación humanista hablamos de algo que también debe estar en el centro de la educación.

Una de las principales debilidades actuales es el debilitamiento de la formación humanista. Durante décadas, el sistema educativo costarricense promovió valores cívicos, pensamiento crítico, sensibilidad social y conciencia histórica. Esa tradición fue clave para la estabilidad democrática del país.

En los últimos años, no obstante, ha predominado una visión y prácticas muy reducidas de la educación, acaso como simple preparación para el mercado laboral. Sin desconocer la importancia de la formación técnica, resulta evidente que una sociedad sin base humanista es vulnerable al autoritarismo, la desinformación y la polarización.

La formación humanista implica desarrollar en las personas: conciencia ética, respeto a la dignidad humana, pensamiento crítico, responsabilidad ambiental, sentido de pertenencia nacional y conciencia histórica, compromiso y sensibilidad social.

Esto requiere fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de la historia, la filosofía, la literatura, las artes, la educación cívica, el debate respetuoso y por supuesto combinado con las STEM (Carreras tecnológicas que deben llevar en sí la formación humanista). Asimismo, demanda promover espacios culturales comunitarios que fomenten el diálogo intergeneracional, el respeto por todos los seres humanos, la tolerancia y la memoria colectiva.

Una ciudadanía formada humanísticamente es menos manipulable y más capaz de defender una democracia renovada, popular y plural.

4. Participación ciudadana: democratizar el poder

Sin participación real de la ciudadanía, la democracia se acartona y se vuelve mero trámite electoral.

La democracia no puede reducirse al voto periódico. Sin participación efectiva, el sistema político se vacía de contenido y se convierte en una formalidad.

Participar significa deliberar, proponer, fiscalizar, evaluar y corregir. Significa asumir responsabilidad colectiva por el rumbo del país.

Costa Rica ha contado con múltiples estructuras participativas, que, aunque muchas se hayan debilitado, están guardadas en la memoria histórica de muchos luchadores sociales. Lo repito resumidamente: asociaciones de desarrollo, juntas educativas, consejos municipales, cooperativas y sindicatos, comités comunales y ahora diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos y ambientales.

Es necesario revitalizarlas mediante mecanismos como: presupuestos participativos municipales, cabildos abiertos cuyas resoluciones sean vinculantes, auditorías sociales ciudadanas, consultas locales digitales, consejos barriales permanentes, organizaciones ecologistas locales y territoriales.

Estos instrumentos permitirán que la ciudadanía incida realmente en las decisiones públicas y fortalezca la cultura cívica de carácter democrático.

Formación humanista y participación ciudadana son inseparables. Sin formación cívica la participación se torna manipulable. Y, sin participación la formación se vuelve estéril.

La democracia requiere de ambos, ciudadanos conscientes y participativos, críticos y organizados. Ciudadanos críticos y organizados es lo que teme cualquier populismo.

5. Justicia social y desarrollo sostenible y sustentable con rostro humano

Está visto que, el desarrollo no puede consistir exclusivamente en crecimiento económico. Cuando es así, se degrada siempre y ofrece oportunidades únicamente para los sectores más adinerados. Las oportunidades se concentran y nunca se puede abatir de forma significativa la pobreza. Los países que solo apuestan al crecimiento sin distribuir la riqueza social producida por todos terminan comiéndose los recursos de hoy y también los de las futuras generaciones. No habrá nunca desarrollo sostenible ni tampoco sustentable. La desigualdad continuará siendo un “karma” facilitando que nos invada el narcotráfico y todos los demás flagelos de las sociedades pobres.

La reconstrucción democrática exige una agenda social sólida. El empleo local, el crédito productivo para pequeños emprendimientos, el alivio al costo de la vida, la inversión en infraestructura básica, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible con inversión en energías limpias buscando el carbono neutralidad son prioridades ineludibles.

La seguridad debe abordarse integralmente: policía profesional, inteligencia financiera contra el crimen organizado, recuperación de espacios públicos, programas de prevención social y becas para aquellos estudiantes que no pueden estudiar de otra forma. El narcotráfico no solo genera violencia; impone modelos culturales destructivos y debilita el tejido moral de la sociedad.

La educación técnica vinculada al empleo como el INA, las becas con acompañamiento, la conectividad universal y la reducción de la deserción escolar son herramientas fundamentales de movilidad social.

La salud pública y la vivienda digna constituyen derechos esenciales para los seres humanos. Rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social y promover vivienda digna integrada son tareas impostergables.

6.Transición ecológica y responsabilidad intergeneracional

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Afecta el acceso al agua, la producción agrícola, la salud de personas, animales y plantas, así como la estabilidad económica de las sociedades. Costa Rica tiene la responsabilidad histórica de liderar una transición ecológica justa.

Esta transición debe ser popular e inclusiva; debe generar empleo local mediante reforestación, energías limpias comunitarias, agricultura sostenible, transporte no contaminante como tren eléctrico y flotilla interurbana de buses también eléctricos, así como protección de los ecosistemas terrestres y marinos.

La defensa ambiental no puede ser el privilegio que favorezca a las élites urbanas. Debe ser una política de bienestar colectivo y de justicia intergeneracional. Implica aprender a trabajar los recursos marinos, sin afectar sus ecosistemas y sin que se convierta en una explotación devoradora. Las aguas de ríos y mares deben ser rescatadas e impedir que las cuencas de los ríos degeneren en cloacas y que el mar sea un basurero.

Las comunidades debe ser poblaciones eco sustentables, lo que significa educación y capacitación comunitaria para lograr una mayor autonomía de estas y participación en la tarea del desarrollo sostenible y sustentable.

7. Cultura, formación para la paz y cultura cívica, identidad y cohesión social

La cultura es un pilar de la democracia. La música, el arte, el teatro, la danza, la poesía y la memoria histórica fortalecen la identidad nacional y la convivencia. La formación para la paz y una cultura cívica, deben estar en el centro de nuestra educación y formación ciudadana.

La cultura humaniza y genera más cultura, nos enseña a convivir y respetar al otro y la otra, aprendemos también a convivir con animales y plantas sin ocasionar su exterminio. La cultura nos ayuda a entender que formamos parte de ecosistemas complejos, dentro de los cuales hemos de convivir en paz.

La cultura camina de la mano de la convivencia solidaria y de la paz.

Una red nacional de cultura comunitaria contribuye a prevenir la violencia, fortalecer el sentido de pertenencia y formar ciudadanía crítica. Invertir en cultura es invertir en estabilidad y desarrollo democrático.

8. Institucionalidad, ética y desarrollo democrático

La primera y más preciada de las instituciones debe ser una educación sólida en todos los niveles del desarrollo de la persona humana. Debe ser integral en valores, afianzar la justicia para todas las personas, equidad e igualdad de géneros, respeto al derecho de cualquier persona a disentir, a todos aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras; por ello estamos obligados a profesar respeto a las personas con diferentes creencias políticas, religiosas, debemos respetar a las personas agnósticas o sin convicciones religiosas; debemos respeto a los sexualmente diversos, para que todos y todas nos respeten a nosotros. Nuestra sociedad debe afianzar una cultura de paz, solidaridad con los más necesitados y entre todos, por medio de la educación. Una educación sólida debe saber integrar la tecnología moderna a todos los niveles etarios de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico, intelectual, social y cultural.

La democracia requiere además instituciones fuertes, autónomas y transparentes. Es menester defender la libertad de prensa, la fiscalización, la justicia independiente y la rendición de cuentas no es un formalismo jurídico. Sino una garantía de igualdad ante la ley.,

Del mismo modo, resulta imprescindible reducir los privilegios que no se deriven del merecimiento propio como los que provienen del intelecto, o de las habilidades y aprendizajes artísticos o deportivos. También la sociedad debe promover el respeto irrestricto a personas con diferentes discapacidades, debemos estar prestos a eliminar todo tipo de barreras en la educación, arquitectónicas o de cualquier naturaleza que impidan que las personas con discapacidad logren desarrollarse en medio de las limitaciones que sean propias de su discapacidad. La nuestra tiene que ser una sociedad dispuesta a combatir la corrupción con firmeza, así como la violencia o la arbitrariedad y, se debe promover en ella una cultura de servicio público.

El país no necesita “salvadores” ni caudillos. Requiere liderazgos colectivos que se basen en el potencial de cada cual, en lo intelectual, cultural, artístico, deportivo. Nuestra sociedad requiere de equipos humanos competentes en las distintas áreas, necesitamos acuerdos amplios y fomento de la vocación ética.

9. La democracia como tarea cotidiana

La reconstrucción nacional no se juega únicamente en una elección, aunque debemos fomentar siempre el resultado de las elecciones limpias que custodia el Tribunal Supremo de Elecciones y también es el deber ciudadano. La reconstrucción de la sociedad es una tarea diaria. Empieza en cada barrio, en cada aula, en cada asociación, en las zonas rurales y urbanas, en cada espacio cultural, en cada acto de respeto cívico.

Costa Rica no se construyó por azar. Lo hizo gracias a una combinación de justicia social, respeto por la solidez institucional, educación humanista y solidaria y muy particularmente participación ciudadana.

Hoy debemos renovar ese pacto histórico para reconstruir la democracia. La democracia no se hereda, se cultiva entre toda la ciudadanía. No se delega, se ejerce. No nos debemos contentar con proclamarla, debemos vivir en ella y para ella.

Solo así podrá seguir siendo el fundamento de nuestro futuro común.