En los años setenta, el dramaturgo chileno Oscar Castro escribió la pieza teatral La Guerra, referida con un poco de humor y sorna a los eventos que predominaron en buena parte de países latinoamericanos en aquel tiempo. Escrita en tiempos de dictadura chilena, en reclusión y bajo acoso, el dramaturgo haría de la puesta en escena un acto de resistencia contra la barbarie y la represión.
Tiempo después, en mi querido Conservatorio de Castella, semillero de artistas a escala mundial, montaríamos esa obra bajo otro nombre: ¿Y dónde está el enemigo? El espectáculo incluía música, coreografía, interacción con el público, en una verdadera maniobra desde el arte para desnudar el sinsentido de los conflictos y la guerra como su máxima expresión.
He pensado todos estos días, a propósito del escenario de crispación social construido por el actual gobierno en Costa Rica, sobre las formas en las que se produce el enemigo, se le nombra y se le ataca.
Particularmente, me ha llamado la atención dos ejes discursivos que con fuerza producen ese enemigo, en especial en redes sociales: la denominación de “zurdo”, idea que fue colocada justamente por algunos representantes del Poder Ejecutivo en alocuciones públicas, para hacer referencia a adversarios o personas distantes de las ideas del gobierno y la utilización del insulto con tintes homofóbicos, proferidos también desde las más altas vocerías gubernamentales. Sobre esto último, no se me ocurre pensar en otra denominación que no sea la de las masculinidades tóxicas que predominan hoy el entorno político que lidera hoy los destinos (¿destinos?) del país.
Ahí está el enemigo. En esas ideas vanas y superficiales a través de las cuales se ha construido esa otredad política, en un peligroso juego narrativo que podría desencadenar en acciones de violencia que lesionen la integridad de las personas, solo por definirse contrarias al pensamiento hegemónico instalado desde hace más de cuatro años.
Lo vimos este 14 de setiembre en Cartago, lugar donde año con año se realizan las celebraciones oficiales vinculadas con la llegada de la antorcha de la independencia al país. La movilización extrema de fuerzas de seguridad, el anillado perimetral para separar al público asistente de las autoridades, la revisión de “material peligroso” como faroles y pancartas, la solicitud de identificación y otros desvaríos, complementaron lo que denominaría como “La Reinvención de Cartago” ahora convertida en esa espacialidad simbólica en la que el gobierno de la república (ahora con minúscula) hizo una demostración de fuerza, prepotencia y autoritarismo.
Las peligrosas acciones en contra de manifestantes, producidas por simpatizantes del oficialismo, no deben ser leídas como parte del calor del momento. La escalada de violencia podría llevarnos a otro nivel en esto que pareciera ser, sin lugar a dudas, el momento del fin de la excepcionalidad en Costa Rica. Así parece y así fuimos leídos por la prensa internacional que cubrió los bochornosos actos del gobierno costarricense esa noche.
¿Dónde está el enemigo? ¿Contra quién es la guerra? Pareciera que ya fueron dadas las condiciones discursivas y ahora podrían empezar a presentarse, esperemos que no, acciones de otra naturaleza. Ya varias personas que han sido abiertamente perseguidas por su desafección política con el oficialismo han tenido que salir del país en busca de refugio. Esto no es ni más ni menos que un escenario de excepcionales rasgos que debemos mirar con atención. Que la reinvención de Cartago no termine siendo un modelo para implementar en el resto del país. Quienes creemos en la libertad, la democracia y el diálogo, aún podemos impedirlo.
Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1º de octubre de 1946, en la ciudad de Núremberg, Alemania, se llevó a cabo el proceso judicial más relevante del siglo XX. Por vez primera en la Historia, se sentó en el banquillo de los acusados a jerarcas de un Estado, por sus conductas individuales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Esta empresa judicial no estuvo exenta de dificultades y cuestionamientos. Hubo que improvisarlo prácticamente todo. Por medio de los llamados Acuerdos de Londres (agosto de 1945) fue preciso redactar un Estatuto rector; constituir el Tribunal Militar Internacional que se encargaría del juzgamiento; designar a los cuatro jueces titulares y sus respectivos suplentes, uno por cada una de las potencias vencedoras (Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, la Unión Soviética y Francia); se estableció asimismo el sistema procesal a emplear (acusatorio anglosajón); se definieron cuatro figuras penales a aplicar: Plan Concreto o Conspiración para la Guerra, Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra y Crímenes contra la humanidad, y por último se levantó la lista de líderes del nacional-socialismo capturados, donde figuraron militares, ideólogos, jefes claves del Partido y del Estado, ejecutores responsables de programas de exterminio, e incluso diplomáticos y economistas con responsabilidades especiales. Por último se enlistaron también las organizaciones, entidades estatales, de seguridad y militares que debían rendir cuentas.
El juicio duró aproximadamente un año. En total se celebraron 403 audiencias, se incorporaron más de 4.000 documentos (informes, actas, memorandos, fotografías y documentales cinematográficos), se escuchó a 33 testigos de la acusación y a 61 de la defensa, y 19 de los acusados decidieron declarar sobre los cargos que soportaban.
En las etapas previas al inicio del Juicio, hubo cuestionamientos que superar. El primero consistió en la pertinencia de llevar a cabo un proceso penal formal. Se discutió por parte de los Aliados vencedores si simplemente se debía identificar e interrogar a los acusados para de inmediato fusilarlos o ahorcarlos, conforme los protocolos tradicionales militares y de guerra; o bien, se conducía el juicio formal, conforme principios y normas del debido proceso legal. Esta segunda tesis fue la que finalmente se impuso por insistencia de la delegación soviética y aceptación final de las otras potencias aliadas.
Otro cuestionamiento que hubo que superar, resuelto de hecho, fue de orden ético. Se cuestionaba si el bando vencedor tenía autoridad moral para juzgar a los vencidos, dado que se habían perpetrado abusos y crímenes de guerra por parte de los Aliados, tanto como por parte de los nazis. Se cuestionaba la presencia de la Unión Soviética en el tribunal juzgador, cuando en su momento había firmado un Pacto de No-agresión con Hitler y había participado en el hecho generador de la guerra al repartirse el territorio de Polonia con Hitler. Se acusaba a los soviéticos también de haber perpetrado la matanza de quince mil oficiales polacos detenidos en la localidad de Katyn. Y se señalaba que el juez titular soviético (Nikitchenko) había fungido como juez en las parodias judiciales mediante las cuales Stalin llevó a cabo las purgas de sus oponentes internos. A los Aliados se les reclamaba el haber tolerado los avances de Hitler antes de iniciarse la guerra, además de haber bombardeado ciudades indefensas, como Dresde, en las que murieron miles de civiles, amén de los entonces recientes lanzamientos de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de víctimas, también civiles.
Estas importantes objeciones fueron contestadas argumentándose que la Alemania nazi fue, sin duda alguna, la responsable del inicio y desarrollo del conflicto bélico, en especial por las agresiones militares para invadir y anexarse territorios extranjeros. Además, no podían compararse moralmente, las campañas deliberadas de odio racial y exterminio contra poblaciones enteras, como la judía, la gitana, los eslavos y las minorías identitarias, con las acciones propias de la guerra como bombardeos y estrategias militares defensivas. Por último, se alegó que no era admisible dejar en impunidad las atrocidades cometidas por el nacionalsocialismo alemán, debiéndose pedir cuentas y sentar responsabilidades por los crímenes contra la humanidad. Se trataba en consecuencia de una reivindicación ética, espiritual y pedagógica para que lo ocurrido no volviera a suceder. En resumen, había que sentar un precedente y al menos prevenir a futuro situaciones semejantes.
El último gran cuestionamiento fue de naturaleza jurídica. Al tenerse que improvisar prácticamente todo, se pusieron en entredicho los principios rectores del derecho procesal penal moderno. Empezando por la creación de un Tribunal Militar Internacional ad-hoc, para el caso de Núremberg, y en contradicción con el principio de juez previo o juez natural. De igual manera se tuvieron que confeccionar las figuras penales contra el mandato clásico de Nullum crimen sine lege, y por supuesto, prever las penas a contrapelo del presupuesto Nulla poena sine lege. Es decir, se percibía un quebranto del principio de legalidad en su conjunto y todo parecía contradecir la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal.
La respuesta a estas cuestiones capitales se levantó con bastante solvencia. Se alegó que se procuraba conducir un juicio reglado, conforme los principios del debido proceso con el propósito de responder con legalidad a quienes se habían comportado con brutal arbitrariedad. Se trataba también esclarecer los hechos para que luego no fueran a minimizarse o negarse del todo. Se contestó la crítica de violación al principio de legalidad argumentándose que sí existía normativa internacional previa que condenaba las principales acciones emprendidas por la Alemania nacionalsocialista, tales como el Convenio de la Haya (1899) para la solución arbitrada de los conflictos; el Tratado de Versalles (1919) que creó la Sociedad de Naciones; la VI Conferencia Panamericana (1928) en la que se califica la guerra de agresión como un crimen contra la especie humana; el Tratado General de Renuncia a la Guerra o Pacto de París (1928) en el que se reiteraba el peligro mortal de una nueva conflagración mundial. En la mayoría de estos acuerdos internacionales participó y se comprometió Alemania, razón por la cual podía pedírsele cuentas por lo ocurrido.
La defensa de los acusados esgrimió argumentos de distinta índole: ninguno de los imputados aceptó su culpa; ninguno aceptó haber conocido los crímenes atroces –sobre todo matanzas masivas en centros de exterminio-; y por el contrario alegaron haber actuado siempre por honor y lealtad al pueblo alemán y su Führer; incluso alegaron haberlo hecho por Dios y por amor a la Patria. Desde una perspectiva más técnica, algunos de ellos intentaron defenderse alegando que estaban amparados a una especie de “legítima defensa putativa” por cumplirse los supuestos de esta causa justificante, a saber, el haber respondido a agresiones previas; o bien alegaron haber actuado sólo por órdenes superiores, lo que conformaba la “obediencia debida” puesto que estaban sometidos a enormes presiones y hubiera sido mucho peor desobedecer y arrastrar a sus tropas y a sí mismo a disciplinas letales. Un último argumento defensivo esgrimió razones de “seguridad militar”, tratando de explicar que los grupos operativos móviles (Einsatzgruppen), verdaderos comandos de exterminio, lo que hicieron en la retaguardia, conforme el ejército alemán avanzaba, fue eliminar todo riesgo de revuelta, razón por la cual fue necesario acabar con judíos, comunistas, eslavos y otros.
En sentencia todas estas argumentaciones fueron rechazadas. Destaca el establecimiento de las responsabilidades individuales de cada acusado, así como la inadmisión de la supuesta “obediencia debida” en vista de que los hechos consumados fueron gravísimos, todos los acusados conocían y querían voluntariamente participar de ellos, y en ningún caso podía aceptarse una excusa exculpatoria.
La sentencia condenó a 12 acusados a la pena de muerte (Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Streicher, Jodl, Frank, Frick, Sauckel, Seyss-Inquart y Bormann en ausencia). Se pronunciaron 3 cadenas perpetuas (Hess, Funk y Raeder). Además, sobre 4 imputados recayeron condenas de prisión prolongadas entre diez y veinte años (Speer, Von Schirach, Von Neurath y Dönitz). Por último, el Tribunal absolvió a 3 acusados (Schacht; Von Papen y Fritzch).
El Juicio de Núremberg terminó siendo reconocido como un formidable precedente en el campo de la legalidad internacional. Voces autorizadas como la de René Cassin, se refirieron a él como un evento que “arrojó luz incuestionable sobre el acontecimiento bélico”. Se reconoció también que se había constituido un proceso al que se llamó “la condena de la memoria” porque serviría para no olvidar lo sucedido en materia de crímenes contra la humanidad.
A partir de su realización, se desencadenaron otros procesos y otras instituciones que conforman hoy el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los Institutos, Sistemas Regionales y Tribunales Internacionales en esta materia: (a) durante y después del Juicio de Núremberg se llevaron a cabo otros juicio en Alemania y en las zonas de ocupación; se juzgó a generales y otros militares, a miembros de los cuerpos de seguridad, a profesionales como médicos, abogados, administradores, economistas, funcionarios de campos de concentración y exterminio. Miles de personas fueron acusadas (5006), cientos condenadas a pena de muerte (794) de las cuales fueron efectivamente ejecutadas 486. En diciembre de 1945 con la Ley No. 10 del Consejo de Control, los Aliados crearon una base jurídica estandarizada para el procesamiento de los crímenes de guerra en las respectivas zonas de ocupación que de base para los posteriores juicios al de Núremberg; (b) Incluso se llegó a juzgar a líderes nazis que habían declarado como testigos en el proceso principal de Núremberg (Ohlendorf, Höss, Wisliceny) sobre los que recayeron posteriormente sentencias de muerte; (c) El proceso de Núremberg sirvió también de modelo y heredó pautas procesales y principios normativos que guiaron la realización de muchos juicios posteriores, así como inspiró la normativa internacional emitida a partir de 1946 en el seno de la Organización de Naciones Unidas (UNO); (d) Por ejemplo, la Resolución de 11 de diciembre de 1946 de la ONU confirmando los principios del derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y por la sentencia de ese Tribunal; (e) En Noviembre de 1947 se crea una Comisión especializada en Derecho Internacional de la ONU. (f) El 9 de diciembre de 1948 se produce la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; (g) el 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (III), adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; (h) el 26 de noviembre de 1968 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad (con particular mención al delito de Genocidio); (i) se crearon dos tribunales internacionales en La Haya para conocer los crímenes en la antigua Yugoslavia (TPIY), 1993-2017 y el Tribunal de Arusha, Tanzania (TPIR), 1994-2015. (j) En 1998, con el Tratado de Roma, se adoptó en principio la creación de un Tribunal Penal Internacional que comenzó a funcionar en el 2002. Los Estados Unidos de América y otras potencias se abstuvieron de apoyar su creación y, aun así, comenzó a funcionar en el 2002.
Este artículo ha sido escrito entre junio y setiembre de 2026, tiempos en que el Derecho Internacional y la Doctrina de los Derechos Humanos están siendo sometidos a prueba como nunca antes. Se vive un auge de la extrema derecha en Europa y América, una mezcla de neo-fascismo y anarco-neoliberalismos que controla gobiernos otrora democrático-liberales. Una potencia mundial, los Estados Unidos de América, inicia impunemente guerras de agresión como la de Irán; otra potencia, la Rusia de Putin, invade a Ucrania y sostiene una guerra de invasión que lleva años; el Estado de Israel sostiene una acción de exterminio genocida contra el pueblo palestino; de nuevo los Estados Unidos fulmina lanchas en altamar con el pretexto de combatir el narcotráfico e invade y secuestra a un jefe de otro Estado como ha sido en el caso de Venezuela. Hay alarmas de claros genocidios en países africanos como Sudán y el Congo, donde conflictos internos están provocando el exterminio de etnias minoritarias o en desventaja armada. Entretanto, las más importantes instituciones internacionales, llámense ONU o Corte Penal Internacional, nacidas para que este tipo de barbaries no se volvieran a repetir después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, exhiben su debilidad, incapaces de ir más allá de gestos y discursos de condena, absolutamente incapaces de hacer valer el derecho internacional vigente.
El paisaje mundial es así, por completo desolador. Cuesta creer que la memoria humana sea tan frágil, impotente para imponer la razón, el derecho y la justicia por encima de la fuerza bruta. Resulta paradójico que una potencia como USA, ayer artífice del Juicio de Núremberg, en el que pugnó por introducir el delito de Conspiración para Guerra como esencial en todo el proceso, sea hoy una nación que propicia precisamente las guerras de agresión e invasión en distintas partes del mundo.
Pero aquí hemos de estar, una vez más, recordando lo que el lado positivo de esta misma humanidad ha sido capaz de responsabilizar y construir, juzgar los crímenes más atroces, apostar por el Derecho Internacional, la defensa y garantía de los Derechos Humanos y las instituciones que las respalden. Aquí estaremos para que no se extinga la memoria y para no perder el sueño de una especie, supuestamente racional, habitando un mundo donde la ambición, el egoísmo, el odio, la mentira y la agresión, cedan ante el respeto a la dignidad de cada persona por el sólo hecho de serlo, la solidaridad y empatía para los más débiles, la conciencia de que la deshumanización de un solo individuo es la deshumanización de todos, y para que, en fin, se hagan valer los derechos fundamentales de todas y todos, a pesar de las diferencias y las disidencias.
En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.
Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.
Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.
En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.
La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.
Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.
Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.
Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?
El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.
Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.
No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.
En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.
Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.
Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.
Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.
Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.
La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.
Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.
El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.
Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.
El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.
La actuación del ministro de la presidencia —así, con minúscula— en Cartago, este lunes 14 de setiembre, durante los actos de celebración de la independencia de Costa Rica, como ha sido ampliamente señalado, fue bochornosa y emocionalmente indigerible; por lo tanto, intragable. Así de bochornosa, indigerible e intragable parece resultar, para una buena parte de la población orgullosa de su conciencia cívica, la figura del personaje que, además de ese cargo, es el titular de Hacienda.
Reconozco la importancia de referirse con respeto a un funcionario público, no solo por su persona individualmente, sino porque su investidura representa el interés público. Pero, hace tiempo que la política comenzó a escribirse con minúscula. En la era del neoliberalismo, el interés público fue cooptado por los intereses privados -espurios y dudosos- y la política devino cada vez menos en el espacio de todos. Las pasiones fueron ocupando el lugar de la deliberación madura, democrática y cívica. De allí fuimos decayendo en los bajos instintos del poder.
Sí, ciudadanos del mundo, me refiero al comportamiento vergonzoso de un ministro de Estado en Costa Rica, quien, en verdad, ostenta el poder real en el actual gobierno, por encima de la presidenta que solo protocolariamente ejerce el cargo. No se trata de cualquier saltimbanqui callejero. Tampoco tengo pruebas su dependencia de sustancias que causen la pérdida de control de sus emociones. Si ese fuera el caso, eso sería un problema de salud que no tendría por qué convertirse en un asunto público. Salvo porque la sola metáfora de la enfermedad en el ejercicio del poder pregona la tragedia y no la comedia del espectáculo del borrachito que produce vergüenzas ajenas. Ese peligroso coctel de política y alcohol, que no es nuevo, nos amenaza como sociedad civilizada y, por eso, el asunto deja de ser solo un tema de salud.
La actuación a la cual me refiero no solo fue deshonrosa por la bajeza de los gestos y porque estos fueron dirigidos contra un ciudadano que planteaba una legítima reivindicación en defensa de las libertades de reunión y participación cívica mancilladas esa tarde y noche. Fue vergonzosamente pendenciera y cobarde porque muestra una falsa valentía escudada no solo en esa condición adictiva a las peores emociones, sino en su séquito de guardaespaldas. Fue un desbordamiento de poder autoritario y de radicalización del lenguaje violento propio de las extremas neofascistas.
El contexto estuvo empañado, desde antes, por el acuartelamiento policial de la ciudad de Cartago y el cierre de un perímetro en el cual no se permitió el ingreso a la plaza donde se celebraban los actos a la ciudadanía como tradicionalmente se ha acostumbrado. Se hizo la excepción a los partidarios políticos del gobierno. Por lo tanto, el acto se transformó de una celebración cívica a uno más de los mítines políticos del grupo en el poder. Para ello, la patria valió poco: una porción de arroz con pollo en un vaso plástico. No podría haber mayor afrenta a la pobreza y a la dignidad de los pobres por fieles partidarios que estos fueran.
Ese comportamiento bufo ensució una celebración nacional que, para los costarricenses, sigue representando uno de los símbolos de su identidad colectiva: recibir la antorcha de la independencia llevada en manos de estudiantes y no de soldados. Se burló de todos los costarricenses; pero más de uno de sus fanáticos -de los cuales también se burlaba- reía sus desgracias y disfrutaba de esa defecación en público.
Así estamos. La semiótica de la civilidad costarricense, hasta hace poco, señal de identidad ante buena parte del mundo, viene siendo arrinconada por lenguajes turbios y de incitación a la violencia. No es la primera vez que la bandera tricolor, querida y admirada como signo de pertenencia nacional, es escupida bajo la rabia del etanol. En otro episodio político, casi un siglo atrás, borrachos con armas masacraban a sus adversarios. Hoy en día, el escenario donde se planta la bandera, se parece cada vez menos a los parajes idílicos de los himnos patrios, y se disuelve en un ambiente político incoloro, penetrado por el resentimiento, la desconfianza y el miedo. Por eso, como el etanol, ese lenguaje político resulta peligrosamente inflamable.
Esa degradación del poder avanza como una bacteria que carcome la sociedad. Pero esto tampoco nos refiere a ningún fenómeno biológico. Es un proceso que hace combustión con el progresivo debilitamiento de la cultura cívica entre la población. No es un atributo negativo del pueblo o de la gente ni, por lo tanto, una simple devaluación individual de la persona como ciudadana. El problema no es la gente que le dio los votos a este esperpento político en el poder o ríe de su tragedia. Es el resultado de un proceso estructural que se remonta a décadas atrás, asociado a un ejercicio perverso y errado de la política que, mientras prodigaba privilegios a empresarios voraces y capitales transnacionales, restringía la autonomía de la sociedad, la libertad de organización y la defensa de los derechos económicos y sociales. Se impuso una política de caridad, basada en medidas focalizadas hacia la pobreza, sin lograr contenerla y mucho menos, cerrar las desigualdades. En apariencia, avanzábamos hacia una educación cada vez más tecnificada, con tecnologías sofisticadas para medir los aprendizajes que nunca dieron cuenta del empobrecimiento, no solo de sus contenidos, sino también de su dimensión afectiva.
El problema no es solo que los estudiantes abandonaran el afecto y entusiasmo por las disciplinas del conocimiento: matemáticas, el cálculo, las ciencias y humanidades y con ellas, la lectura y el uso del razonamiento. El problema fue que fallaron los claustros de formación de maestros y profesores, metidos cada vez en el negocio de la titulación académica. También, se impuso una banalización de los métodos para desarrollar una educación sustentada en bases epistemológicas sólidas y en dispositivos científicos y para incentivar no la retención de contenidos sino el ejercicio del saber. Todo eso redundó en detrimento de la formación para la ciudadanía. Y así fueron apareciendo los monstruos, en guerra contra instituciones, derechos y libertades para respuesta y resistencia social. El viejo régimen en declive también es responsable de eso.
Así, entonces, los gestos del ministro -así con minúscula- y su gradería de sol política resumen buena parte de ese proceso. Finalmente, además de poca educación son el resultado del olvido de las buenas costumbres aprendidas en un entorno familiar sano y lleno de afecto. Ese es su problema -la falta de afecto, de empatía, de sensibilidad y, finalmente, de capacidad para encajar social y culturalmente en ambientes sanos-. Lamentablemente, ese actuar puede estar encontrando resonancia en una parte de la sociedad que también parece sufrir una pérdida de autoestima y de inteligencia emocional colectivas.
Su figura no viene sola. Se acompaña de una camarilla de facinerosos e incendiarios. Si no tomamos conciencia y no comenzamos poner frenos cívicos a ese proceso: esto es defender y fortalecer la sociedad civil, la capacidad de respuesta, la libertad de organización, expresión y de protesta social, pronto estaremos lamentando el fin de la poca independencia y libertad que conservamos. Hay que comenzar ya porque ayer ya se hizo tarde.
Y aconteció en aquellos días de septiembre que el pueblo de Costa Rica caminaba confundido entre banderas, vallas, cédulas de identidad, arroz con pollo y publicaciones de Facebook.
Muchos habían perdido la esperanza. Otros habían perdido la paciencia. Algunos habían perdido hasta las ganas de discutir. Y hubo quienes, después de leer los comentarios en las redes sociales, estuvieron a punto de perder también la fe en la especie humana.
Pero entonces ocurrió la revelación.
Tres figuras aparecieron en el horizonte político y hubo quienes dieron gracias porque finalmente alguien les había abierto los ojos.
Había nacido la Santísima Trinidad Jaguar: Rodrigo, el Padre Fundador; Pilar, portadora de la palabra; y Laura, depositaria del espíritu de la Nueva Costa Rica.
Y muchos creyeron. No porque fueran ignorantes. No porque no hubieran ido a la escuela. No porque carecieran de capacidad para pensar. Creyeron porque toda revelación necesita primero un mundo que parezca necesitar ser revelado. Y aquel mundo tenía nombre: los mismos de siempre.
Entonces aparecieron también los Cuatro Jinetes del Apocalipsis:
El primero cabalgaba bajo las siglas PLN.
El segundo llevaba sobre su caballo las del PUSC.
El tercero vestía de Frente Amplio.
Y el cuarto, recién incorporado a las escrituras, respondía al nombre de CAC.
Detrás avanzaban sindicatos, universidades públicas, periodistas, magistrados, burócratas, comunistas, progresistas, zurdos, intelectuales y todo aquel que por razones todavía no completamente esclarecidas hubiese incurrido en el pecado de hacer demasiadas preguntas.
Y vio el pueblo aquello.
Y algunos dijeron:
—¡Ahora sí entendemos!
Porque la primera bienaventuranza de toda revelación política es sencilla:
Bienaventurados aquellos a quienes les fueron abiertos los ojos, porque finalmente conocerán quién tuvo la culpa.
El libro de los mandamientos
Y fueron entregadas al pueblo unas nuevas tablas. Y en ellas podía leerse:
Primero: Amarás a la Nueva Costa Rica sobre todas las cosas.
Segundo: No tomarás el nombre del Gobierno en vano.
Tercero: Santificarás las fiestas patrias, siempre que las celebres de la manera debidamente autorizada.
Cuarto: Honrarás la valla y portarás tu cédula.
Quinto: No protestarás durante el cumpleaños de la Patria.
Sexto: No cuestionarás innecesariamente las medidas de seguridad, porque quien nada debe nada teme y quien pregunta demasiado algo estará tramando.
Séptimo: No codiciarás las instituciones ajenas.
Octavo: No levantarás falsos testimonios, salvo que hayan sido debidamente compartidos quinientas veces en Facebook.
Noveno: No confundirás libertad con hacer lo que te dé la gana.
Y décimo: Cuando ninguna argumentación resulte suficiente, recurrirás a la doctrina definitiva: Lero lero, calzón de cuero.
Palabra del Señor. Te alabamos, Jaguar.
Las bienaventuranzas de Plaza Mayor
Bienaventurados quienes llevaron la cédula, porque de ellos será la Plaza Mayor.
Bienaventurados quienes respetaron la valla, porque serán llamados ciudadanos ordenados.
Bienaventurados quienes no preguntaron demasiado, porque no retrasarán la fila.
Bienaventurados quienes comieron arroz con pollo, porque serán saciados.
Bienaventurados quienes descubrieron a los mismos de siempre, porque jamás volverán a necesitar explicaciones demasiado complicadas.
Bienaventurados quienes encontraron un enemigo para cada problema, porque suyo será el Reino de la Certeza.
Y bienaventurados, finalmente, quienes comprendieron el profundo significado filosófico del lero lero, porque habrán alcanzado un estado epistemológico al que ni Morin se atrevió jamás.
La pasión de San Farol
Llegó entonces el 14 de septiembre. Y un humilde farol salió de su casa. No sabía nada de neoliberalismo. No había leído a Montesquieu. Desconocía la separación de poderes. No tenía cuenta en X. Jamás había participado en una conferencia de prensa. Era simplemente una cajita de cartón con papel celofán y una luz adentro. Pobre inocente. No sabía lo que le esperaba.
Primera estación: San Farol es condenado a ser politizado
Apenas llegó a la celebración, alguien decidió que representaba el civismo.
Otro afirmó que representaba la resistencia.
Otro sostuvo que simbolizaba el orden.
Otro que simbolizaba la libertad.
San Farol quiso explicar que había sido construido la noche anterior por un niño con goma, cartulina y ayuda de la mamá. Nadie lo escuchó.
Segunda estación: San Farol carga con la democracia
Le colocaron sobre los hombros la institucionalidad costarricense completa.
Separación de poderes.
Libertad de expresión.
Derecho a manifestarse.
Seguridad ciudadana.
Identidad nacional.
Patriotismo.
Gobernabilidad.
Setenta y tantos años de Segunda República.
San Farol comenzó a doblarse.
Tercera estación: San Farol cae por primera vez
Inmediatamente alguien culpó al Gobierno.
Otro culpó al Frente Amplio.
Otro al PLN.
Otro a los sindicatos.
Otro a las universidades públicas.
Alguien preguntó si todo aquello no sería culpa de Carlos Alvarado.
La hipótesis no pudo descartarse inmediatamente.
Cuarta estación: San Farol encuentra a su madre, la Patria
La Patria lo miró desconcertada.
—Hijito, ¿cómo terminó una celebración escolar convertida en una disputa sobre el futuro de la civilización occidental?
San Farol tampoco sabía.
Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a San Farol
Un ciudadano se acercó para ayudarlo a cargar.
Fue inmediatamente identificado como sindicalista.
Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de San Farol
Una mujer se aproximó con un pañuelo.
Antes de llegar le solicitaron la cédula.
Séptima estación: San Farol cae por segunda vez
Desde un extremo alguien gritó:
—¡Dictadura!
Desde el otro respondieron:
—¡Comunistas!
San Farol permaneció en el suelo preguntándose si alguien podría levantarlo antes de continuar con el debate.
Octava estación: San Farol consuela a las mujeres de Jerusalén
—No lloren por mí —les dijo—. Según Facebook, todo salió perfectamente.
Novena estación: San Farol cae por tercera vez
Y alguien proclamó:
—¡Esta caída demuestra hasta dónde son capaces de llegar los mismos de siempre!
Otro respondió:
—¡Esta caída demuestra el avance del autoritarismo!
San Farol comenzó a sospechar que su caída tenía una capacidad explicativa verdaderamente extraordinaria.
Décima estación: San Farol es despojado de sus vestiduras
Le quitaron el papel celofán rojo.
Parecía demasiado comunista.
Undécima estación: San Farol es clavado a la valla
Y allí quedó.
La pequeña fiesta que alguna vez pretendió reunir a la comunidad terminó simbólicamente clavada sobre aquello que la separaba.
Por primera vez nadie se rio.
Duodécima estación: San Farol muere
Antes de apagarse levantó débilmente su luz y murmuró:
—Padre, perdónalos, porque no saben qué interpretación de los acontecimientos están compartiendo en Facebook.
Y expiró.
Decimotercera estación: San Farol es bajado de la valla
Unos denunciaron represión.
Otros celebraron que el orden había prevalecido.
Ambos compartieron fotografías que demostraban inequívocamente sus respectivas interpretaciones.
Decimocuarta estación: San Farol es llevado al sepulcro
El gran pretor alcalde de Cartago, tomó cuidadosamente el cuerpo maltrecho. Lo envolvió en una bandera costarricense. Y antes de depositarlo en el sepulcro, lo ungió generosamente con crema de rosas, santo bálsamo nacional para faroleados, golpeados, escaldados y ciudadanos expuestos a dosis excesivas de realidad costarricense.
Y así estaba escrito:
Bienaventurados los faroleados, porque de ellos será el Reino del Santo Balsamo.
Y al tercer día…
San Farol resucitó.
Salió del sepulcro todavía pegajoso por la crema de rosas y descubrió horrorizado que durante su breve ausencia había sido declarado chavista, comunista, sindicalista, autoritario, demócrata, opositor, patriota, antipatriota y, según una publicación particularmente imaginativa, posiblemente funcionario de la Universidad de Costa Rica.
Entonces San Farol preguntó:
—Mae… ¿yo no era una cajita con una candela?
Nadie respondió.
Miró hacia un lado.
Allí estaban quienes anunciaban la llegada de la Nueva Costa Rica.
—¿Y qué tiene de nueva? —preguntó.
Silencio.
Miró hacia el otro.
Allí estaban quienes pedían recuperar la Costa Rica de nuestros abuelos: aquella de respeto, cortesía, instituciones fuertes, concordia y ríos por los que aparentemente alguna vez circularon leche y miel.
—¿Y todos vivían bien en aquel paraíso?
Silencio.
—¿No había desigualdad?
Silencio.
—¿No había exclusión?
Silencio.
—¿No hubo precarización ni concentración de riqueza?
Alguien carraspeó.
—Hijo —respondió finalmente una voz solemne—, estamos hablando de democracia.
—Ah, bueno —contestó San Farol.
Se puso un poquito más de crema de rosas.
Y entonces formuló la pregunta que ninguna de las dos congregaciones esperaba:
—¿Y si los dos están contando solamente la parte de la historia que necesitan creer?
Hasta aquí podemos reír.
El problema comienza cuando descubrimos que detrás de los disparates de San Farol hay preguntas que no desaparecen cuando termina la parodia.
II. Después de la risa
¿Qué estamos viendo?
Una de las tentaciones más cómodas frente a una sociedad polarizada consiste en pensar que el problema está en los ojos del otro.
¿Cómo no se dan cuenta?
¿Cómo pueden interpretar de esa manera lo que para mí resulta evidente?
¿Qué realidad están mirando?
La pregunta es legítima hasta que aparece otra mucho más incómoda:
¿Y si hay algo que yo tampoco estoy viendo?
Reconocer esa posibilidad no significa caer en un relativismo donde todos tienen razón y nadie la tiene.
Todos miramos desde algún marco, pero eso no significa que todas las miradas sean igualmente verdaderas. Y tampoco significa que sean igualmente falsas.
Hay acontecimientos que pueden comprobarse. Hay decisiones que dejan documentos. Hay normas jurídicas. Hay presupuestos. Hay estadísticas. Hay discursos registrados. Hay resoluciones judiciales. Hay políticas públicas cuyos efectos pueden estudiarse. La realidad no desaparece porque nuestras interpretaciones sean parciales.
Por eso quizá el problema no sea encontrar a alguien capaz de mirar sin filtros. Ese ser humano probablemente no exista. El desafío consiste en construir procedimientos que permitan contrastar nuestras miradas con aquello que ocurrió, y especialmente con aquello que podría demostrar que estamos equivocados. Pero inmediatamente aparece otra pregunta. ¿Quién decide qué debemos preguntar?
El poder de formular la pregunta
Preguntar nunca es completamente inocente. Cuando alguien pregunta si Costa Rica se está convirtiendo en Venezuela, Nicaragua o El Salvador, la comparación puede ser legítima si identifica instituciones, procesos y mecanismos concretos. Pero puede resultar engañosa si las diferencias históricas, institucionales y sociales desaparecen y la analogía termina sustituyendo al análisis.
Costa Rica no es Venezuela.
Costa Rica no es Nicaragua.
Costa Rica no es El Salvador.
Eso no significa que la experiencia de esos países no pueda ofrecer categorías comparativas. Significa que encontrar una semejanza no demuestra una trayectoria inevitable.
Si queremos examinar tendencias autoritarias, la pregunta debería ser mucho más exigente: ¿qué comportamientos concretos muestran debilitamiento de controles?, ¿qué instituciones conservan autonomía?, ¿cuáles la pierden?, ¿qué ocurre con la libertad de expresión?, ¿con la independencia judicial?, ¿con la fiscalización?, ¿con el pluralismo?, ¿con el respeto a los límites constitucionales del poder?
Existen investigaciones costarricenses recientes que han identificado confrontación institucional, componentes antisistema, rasgos autoritarios y riesgos para el pluralismo en el discurso y ejercicio político de Rodrigo Chaves. También existen trabajos que interpretan ese fenómeno en relación con problemas estructurales anteriores de la democracia liberal costarricense.
Eso es muy diferente de anunciar que mañana despertaremos convertidos en Nicaragua.
El miedo tampoco debería convertirse en método.
Pero evitar el alarmismo tampoco puede significar cerrar los ojos frente a hechos verificables.
¿Y si el chavismo no fuera solamente causa?
Aquí aparece una posibilidad que resulta particularmente incómoda para quienes hemos concentrado nuestra atención en los riesgos que representan determinadas prácticas políticas recientes.
¿Y si el chavismo no fuera únicamente una causa de la crisis democrática?
¿Y si fuera también un síntoma?
¿Y si determinadas tendencias políticas hubieran encontrado terreno fértil porque existía previamente un malestar que la institucionalidad tradicional no supo comprender o resolver?
La democracia costarricense posee conquistas extraordinarias. Sería intelectualmente absurdo negarlas. Su estabilidad electoral, la abolición del ejército, la construcción del Estado social, la educación pública, la seguridad social y una extensa arquitectura institucional forman parte de una historia que merece ser defendida.
Pero ninguna historia merece convertirse en estampita.
Costa Rica también ha experimentado durante décadas transformaciones económicas, desigualdades persistentes, debilitamiento de vínculos partidarios y frustraciones respecto de la capacidad estatal para responder a las necesidades sociales.
El propio sistema de partidos cambió profundamente. El bipartidismo que durante décadas estructuró la competencia entre PLN y PUSC comenzó a deteriorarse antes de la aparición del chavismo. También existe abundante literatura sobre la adopción de políticas de liberalización y ajuste económico desde las últimas décadas del siglo XX.
Entonces la frase «los mismos de siempre» puede ser utilizada como instrumento populista, pero su eficacia política no puede explicarse únicamente diciendo que alguien engañó a la población.
Hay que preguntar por qué tanta gente estuvo dispuesta a escucharla.
La otra iglesia: el paraíso perdido
Aquí la crítica debe dirigirse también hacia nosotros.
Frente al discurso de la Nueva Costa Rica ha comenzado a aparecer otro relato: la añoranza por la Costa Rica que supuestamente perdimos: La democracia de nuestros abuelos.
El respeto.
La cortesía.
La moderación.
La convivencia.
Las instituciones respetadas.
Una sociedad donde las diferencias se resolvían conversando y donde, si exageramos apenas un poco la imagen, por las acequias corrían leche y miel. Pero ¿existió realmente esa Costa Rica?
Existió una Costa Rica con importantes logros democráticos y sociales. Eso es históricamente defendible.
Lo que resulta más difícil es convertirla en un paraíso perdido.
Porque aquella democracia convivió también con desigualdades, exclusiones, pobreza y conflictos distributivos. Y durante las últimas décadas la propia estructura partidaria que administró buena parte de esa institucionalidad atravesó transformaciones profundas.
Por eso defender la institucionalidad democrática no debería exigirnos idealizar el pasado. La nostalgia puede ser también una forma de ideología.
Dos paraísos
Y de pronto descubrimos que las dos grandes narrativas aparentemente enfrentadas realizan una operación sorprendentemente parecida.
Una coloca el paraíso adelante: la Nueva Costa Rica.
La otra lo coloca atrás: la Costa Rica que perdimos.
Una ofrece la Tierra Prometida.
La otra añora el Jardín del Edén.
Una dice: Antes de nosotros todo estaba podrido.
La otra responde: Antes de ustedes vivíamos en democracia.
Ambas afirmaciones pueden contener fragmentos de verdad.
Y precisamente por eso resultan poderosas.
El problema comienza cuando el fragmento pretende convertirse en totalidad.
¿Qué une entonces a quienes hoy se oponen?
También merece ser interrogada la coincidencia entre fuerzas políticas históricamente diferentes.
Frente Amplio, PLN, PUSC y CAC pueden coincidir en determinadas coyunturas parlamentarias o en la defensa de reglas institucionales sin que eso convierta sus programas políticos en equivalentes. Esto es perfectamente posible dentro de una democracia.
Una izquierda socialista y una derecha liberal pueden defender simultáneamente elecciones competitivas, separación de poderes o independencia judicial. Pero reconocerlo no cancela otra pregunta: ¿qué sucede con las contradicciones sociales y económicas que existen entre esos proyectos?
Si la defensa de la democracia termina reducida a la defensa de las instituciones existentes, podemos perder de vista las razones por las cuales una parte de la ciudadanía dejó de sentirse representada por quienes históricamente las administraron.
Y entonces aparece la pregunta que quizá deberíamos habernos hecho desde mucho antes.
¿Y si la crisis democrática costarricense no consistiera solamente en la aparición de tendencias autoritarias, sino también en la incapacidad histórica de la propia democracia para cumplir suficientemente algunas de sus promesas sociales?
Tal vez ahí esté el centro del problema. No se trata de justificar ninguna tendencia autoritaria mediante la desigualdad.
La desigualdad no vuelve innecesaria la separación de poderes.
La pobreza no vuelve prescindible la independencia judicial.
La exclusión no justifica deslegitimar controles constitucionales.
Pero tampoco podemos invertir el razonamiento.
La existencia de elecciones libres no elimina la desigualdad.
La división de poderes no alimenta a una familia.
La libertad de expresión no garantiza movilidad social.
Una institucionalidad democrática puede ser jurídicamente robusta y, simultáneamente, resultar materialmente insuficiente para sectores importantes de la población.
Costa Rica continúa enfrentando desafíos relevantes de desigualdad y pobreza pese a mejoras recientes. Y la transformación económica de las últimas décadas ha distribuido de manera desigual algunos de sus beneficios.
Entonces quizás deberíamos abandonar una dicotomía demasiado sencilla: democracia versus autoritarismo.
Porque podría haber simultáneamente erosión institucional, crisis de representación, desigualdad, desafección partidaria, concentración económica, frustración social y emergencia de liderazgos personalistas.
Ninguno de esos fenómenos necesita explicar por sí solo todos los demás. Pero tampoco deberían estudiarse como si no tuvieran relación.
La democracia de las buenas maneras
Aquí aparece una última incomodidad. Es posible añorar un tiempo en que los presidentes hablaban con mayor cortesía, los conflictos institucionales parecían menos estridentes y el lenguaje público resultaba menos agresivo.
Las formas importan.
La democracia necesita límites también en el lenguaje porque el adversario debe continuar siendo un ciudadano legítimo después de terminada la discusión.
Pero las buenas maneras no constituyen por sí solas justicia social.
Una sociedad puede ser extraordinariamente cortés mientras reproduce desigualdades.
Puede respetar escrupulosamente el protocolo mientras determinadas personas permanecen excluidas.
Puede hablar en voz baja mientras distribuye muy desigualmente oportunidades y recursos.
Por eso quizá no sea suficiente preguntarnos cómo recuperar las buenas formas. La pregunta debería ser: ¿qué había detrás de aquellas buenas formas? Y también: ¿qué existe detrás de las malas formas actuales?
¿Qué democracia estamos defendiendo?
Quizá esta sea finalmente la pregunta.
No qué partido.
No qué líder.
No qué bando.
Qué democracia.
Una democracia donde los límites al poder sean reales. Donde ninguna victoria electoral entregue un cheque en blanco. Donde jueces, prensa, universidades, órganos de control, organizaciones sociales y oposición puedan cumplir sus funciones sin convertirse automáticamente en enemigos del pueblo. Pero también una democracia que no considere cumplida su misión porque cada cuatro años celebramos elecciones.
Una democracia capaz de preguntarse por desigualdad, exclusión, educación, trabajo, movilidad social y distribución efectiva de oportunidades. Una democracia política y también social.
No necesitamos escoger entre derechos y justicia social. Precisamente el desafío consiste en evitar que cualquiera de ellos sea utilizado para sacrificar al otro.
No necesitamos bandos para conocer
Después de todo este recorrido podemos regresar al problema inicial.
¿Cómo saber quién está viendo correctamente la realidad?
Quizá la pregunta esté mal formulada. No necesitamos encontrar al observador puro. Necesitamos un método que permita discutir nuestras interpretaciones. Y para eso no necesitamos bandos.
Necesitamos contradicción.
El bando busca evidencias que confirmen aquello que ya cree.
La contradicción busca también aquello que podría demostrar que está equivocado.
Si pensamos que existe una deriva autoritaria, debemos estudiar seriamente las evidencias que respaldan esa hipótesis. Pero también debemos buscar aquello que la contradice.
Si pensamos que el chavismo representa simplemente manipulación, debemos examinar las críticas legítimas que formula contra el sistema anterior.
Si pensamos que la institucionalidad costarricense debe ser defendida, debemos preguntarnos qué problemas produjo, toleró o no consiguió resolver.
Y si alguien anuncia una Nueva Costa Rica, debemos preguntarle concretamente qué tiene de nueva.
Nadie posee la verdad completa.
Pero de ahí no se sigue que todas las afirmaciones sean asimismo verdaderas o igualmente falsas.
La verdad no desaparece porque tengamos perspectivas.
Lo que desaparece es nuestro derecho a declararnos sus propietarios.
Epílogo según San Farol
San Farol continúa sentado sobre la valla.
Mira hacia la derecha.
Alguien predica la llegada de la Nueva Costa Rica.
Mira hacia la izquierda.
Alguien recuerda emocionado la Costa Rica de nuestros abuelos.
San Farol escucha pacientemente.
Ya ha aprendido bastante sobre democracia para ser una cajita de cartón.
Finalmente pregunta:
—¿Y si en lugar de escoger entre un paraíso que nunca existió y una tierra prometida que todavía nadie ha visto, construimos una democracia que no necesite inventarse ninguno de los dos?
Nadie responde.
San Farol se encoge de hombros.
Se acomoda sobre la valla.
Saca del bolsillo el tarrito.
Se pone un poquito más de crema de rosas.
Y espera, porque al fin y al cabo si existe una “tierra prometida” oficialista y un “paraíso perdido” opositor, quizá el verdadero problema democrático esté precisamente en aquello que ambos relatos necesitan olvidar.
La humanidad se prepara para un nuevo llamado global. Este año se celebrará la IV Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia «En Mi Ciudad», una movilización internacional ciudadana que busca que el mayor número posible de comunidades alrededor del planeta realice actividades diversas para fortalecer la cultura de la paz y la noviolencia.
La iniciativa es impulsada por el movimiento social y la Asociación Humanista Internacional Mundo sin Guerras y sin Violencia, y se centra en promover el diálogo, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. La convocatoria reúne a personas de distintas edades, credos y nacionalidades en torno a valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la justicia, y coincide con dos fechas emblemáticas: el Día Internacional de la Paz y el Día Internacional de la Noviolencia, conmemoradas en ciudades de los seis continentes.
Un recorrido histórico
La primera Marcha Mundial se realizó en 2009, con salida desde Wellington, Nueva Zelanda. Recorrió más de 80 países durante 93 días, con un centenar de activistas que avanzaron por distintas rutas antes de converger en Punta de Vacas, Argentina, en un paraje donde existe un centro de estudio y reflexión del mensaje de Silo.
Diez años después, en 2019, la segunda Marcha Mundial partió desde Madrid, España, y se extendió durante 159 días, del 2 de octubre de 2019 (Día Internacional de la No Violencia) al 8 de marzo de 2020 (Día Internacional de la Mujer), convocando a colectivos humanistas, organizaciones sociales e instituciones de distintos países.
En 2024, Costa Rica fue país anfitrión de la tercera Marcha Mundial, que inició su recorrido el 2 de octubre desde la Universidad para la Paz y concluyó el 5 de enero de 2025, tras 95 días de recorrido por decenas de países de América, Oceanía, Asia, Europa y África, con participación de personas activistas de España, Italia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Surinam y Costa Rica. La UNED declaró entonces la Marcha de Interés Institucional por medio de su Consejo de Rectoría, y su rector, Rodrigo Arias Camacho, participó activamente en las actividades.
La IV Marcha: «En Mi Ciudad»
Este año la dinámica cambia: no habrá un equipo base recorriendo distintas ciudades del mundo, sino que cada comunidad que se adhiera a los objetivos de la paz se organiza localmente como promotora de la Marcha. Según explicó Irma Romera, de Córdoba, integrante del equipo base de la Marcha en Argentina, esta modalidad responde a la urgencia de los tiempos actuales: «La violencia crece desmedidamente, por eso debemos acelerar el paso. Lo ideal es que haya marchas todos los años».
El mensaje central de la iniciativa es impulsar el desarme nuclear, oponerse a las guerras y redirigir el gasto militar hacia necesidades urgentes como el hambre, la salud y la educación, además de promover la cultura de la noviolencia como pauta de convivencia entre personas y naciones.
La Marcha organiza su acción en tres ejes: uno personal, orientado a fomentar la paz interior y la coherencia en los actos; uno social, centrado en principios como la regla de oro («tratar a los demás como uno quisiera ser tratado»); y uno internacional, enfocado en impulsar la ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y una reforma de la ONU que permita crear un Consejo Mundial de Paz.
Actividades en Costa Rica
Entre el 21 de setiembre y el 4 de octubre se realizarán actividades en diversas sedes de la UNED y en comunidades como Montes de Oca, Liberia, Tilarán, La Cruz, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Golfito, San Ramón y Mora. Las iniciativas incluyen festivales de poesía, talleres de arte infantil y juvenil, conversatorios y seminarios, siembra de árboles, vigilias, caminatas y entrevistas radiofónicas.
El Programa de Gestión Local de la UNED apoyó la tercera Marcha y respalda también esta cuarta edición, junto con otras organizaciones y colectivos como Colores por la Paz y el Festival Viva la Paz. El vicerrector de Extensión y Vinculación Territorial de la UNED, Javier Ureña Picado, destacó la importancia de la Marcha frente al aumento de la violencia a nivel mundial y ante la situación que atraviesa actualmente Costa Rica.
La UNED, junto con múltiples organizaciones y colectivos sociales, hace un llamado a todas las personas e instituciones públicas y privadas a sumarse y demostrar con acciones su compromiso con la paz y la noviolencia.
Los actos cívicos realizados el pasado lunes 14 de setiembre en la noche en todo el país no pueden pasar desapercibidos. Hubo dos actos.
El oficial que siempre se hace con el recorrido de la antorcha que viene desde Guatemala hasta Cartago, con el que se recuerda la traída de la noticia de la Independencia proclamada por Guatemala, que dejaba en libertad a las provincias centroamericanas, que eran parte constitutiva de la Capitanía General de Guatemala, para que cada una de las provincias decidiera lo que le correspondiera, si continuaban dependientes de España o se independizaban de España.
Este recorrido se inició en 1964, en su celebración, cuando el Profesor y Director General de Deportes, en aquellos años, Alfredo Cruz Bolaños, lo propuso a la reunión de presidentes de Centroamérica, en marzo de 1963 cuando se reunieron en Costa Rica con el Presidente Kennedy, con lo que empezó también la Integración Económica Centroamericana, como un elemento que contribuyera a forjar y estrechar más los lazos de las comunidades, de los pueblos centroamericanos, y como recordación de la Memoria histórica de la hermandad que habíamos tenido, antes de la proclamación de la Independencia en 1821, y de los intentos que se impulsaron por restablecer la unidad de los pueblos centroamericanos, que en ese momento estaban impulsando un proyecto de unidad regional con la integración económica.
Desde entonces se ha realizado esa celebración del recorrido de la Antorcha, recordándonos la luz de la Independencia frente a la oscuridad de la dependencia; la luz de la Libertad, frente a la Oscuridad de la opresión; la luz de la Soberanía, frente a la oscuridad de la imposición política gubernativa, la luz la ciudadanía frente a la oscuridad del vasallaje, de la servidumbre y de la esclavitud; la luz de los Poderes Públicos independientes entre sí frente a la oscuridad del Absolutismo y el Autoritarismo político.
Si de faroles vespertinos o nocturnos se trata, se puede recordar como los días 12, 13, 14 y 15 de setiembre de 1821, en Guatemala, conociendo los hechos de la Independencia proclamada por las comunidades de la Provincia de Chiapas y por sus Alcaldías Mayores de Ciudad Real, Tuxtla, Comitán y la Gobernación del Soconusco, que presionaron a las autoridades de Guatemala para que declarara la Independencia. Dolores Bedoya, esposa del Dr. Pedro Molina, prócer de la Independencia, presionaba en las calles, con movilización de mujeres y del pueblo, con faroles en mano para que se realizara esa Declaración, que se produjo el 15 de setiembre. Esto, en parte justificó que la celebración del 15 de setiembre se haga con faroles. En 1953 se institucionalizó en el Ministerio de Educación Pública el uso de faroles para esta celebración, por iniciativa del director provincial de escuelas de San José, Víctor Manuel Ureña Arguedas, estableciéndose de manera obligatoria en 1965, en armonía con lo que había impulsado Alfredo Cruz Bolaños.
El recorrido de la Antorcha, en el suelo patrio, desde que inicia en la Frontera Norte hasta que llega a Cartago, no es una expresión solo de los niños y jóvenes que se movilizan con fervor patriótico en ese acto. Es una movilización de maestros, profesores, padres y madres de familia, abuelos y abuelas, tíos y tías, que también se movilizan, acompañando a sus hijos, pero también integrándose a la celebración Patria que en esa fecha se vive. A las 6 p.m. el país se paraliza para entonar el Himno Nacional.
A la par del acto oficial, de carácter familiar nacional, también se realizan actos paralelos de ciudadanos organizados, de sindicatos, asociaciones de distintos tipos, cooperativas, empresas, partidos políticos, asociaciones religiosas y culturales, que por su parte se suman a este festejo.
Todo el acto de la celebración del 15 de setiembre, realizado popularmente el 14 con el recorrido de la Antorcha, el concepto que más se contiene, por sus diversas significancias, es el de festejar y exaltar la libertad del pueblo costarricense, en el Aula Magna de las Calles y Plazas por donde la Antorcha hace su recorrido, y en las Calles y Plazas donde la gente y el pueblo, se reúne y se concentra para celebrar con igual sentido patriótico y emoción, la libertad, entonando con todo el resto del pueblo, el Himno Nacional.
Las concentraciones populares del 14 de setiembre han permitido que también sectores del pueblo se movilicen críticamente, frente a los gobernantes, y autoridades políticas, que asisten a los actos, con pancartas, consignas y con peticiones políticas o sociales.
Estas protestas ciudadanas nunca se han catalogado como erosión de la democracia nacional. Al contrario, son viva expresión de ella.
No se han calificado negativamente contra la festividad del acto de celebración de la Independencia. Al contrario, se han visto como parte del derecho de los ciudadanos a manifestar sus opiniones y pensamientos.
No se han visto como actos sediciosos contra las autoridades públicas. Se han entendido como parte de la tolerancia política que se expresa en el desacuerdo de cómo el gobierno conduce políticamente el país.
Protestas contra gobernantes, en estos actos, las ha habido contra los presidentes Mario Echandi Jiménez, en 1958, contra José Figueres Ferrer, en 1972, contra Rodrigo Carazo Odio, en 1981, contra Rafael Ángel Calderón Fournier, en 1990, contra José María Figueres Olsen, en 1995, contra Oscar Arias Sánchez, en el 2006. En todos esos eventos hubo distintas formas de expresar el descontento ciudadano, críticas en pancartas, gritos contra el presidente, abucheos y silbidos contra el presidente. En una ocasión la reacción popular hizo suspender el discurso presidencial, en 1981, sin que ello provocara represión policial contra las personas que protestaban.
En ninguno de los actos anteriores se sometió a la población a registros y cateos personales, a pedir cédula a los ciudadanos que protestaban, a establecer cercos de varias cuadras alrededor del sitio oficial del acto para impedir la cercanía de las personas.
En ninguno de esos actos se trajeron autobuses con personas, prácticamente detenidas, para hacerle bulto al gobernante en su discurso, prácticamente raptados cuando no alquilados, con arroz con pollo servido en vaso, un refresco y un pago de ¢10.000 colones por montarse en el bus, y en algunos casos sin conciencia de saber hacia dónde los llevaban.
¿Qué sentido tiene para los copresidentes Rodrigo Chaves y Laura Fernández, llevar de esa manera a sus actos, personas que no saben a qué van y que ni siquiera se identifican con sus contenidos? ¿O, que van engañadas, como la señora que el pasado lunes la trajeron de Guápiles con la creencia que podía visitar la Basílica de los Ángeles y la tenían encerrada entre las vallas de seguridad que puso el gobierno, sin poder salir de ellas? ¿Qué sentido tiene para ellos, y sus ministros, hacerse acompañar, como hicieron el lunes en Cartago, con recogidos a la fuerza de las calles de San José, y posiblemente de otros lugares, montarlos en un bus, con ofrecimiento de comida y pago, sin saber a dónde los llevan? ¿Qué sentido tiene echarse encima a la población de Cartago que no la dejaron entrar a la Plaza Mayor, que es el sitio emblemático de la ciudad de Cartago? ¿Qué sentido tiene mostrar garras y dientes de agresión exigiendo presentar cédula a ciudadanos que llegan al acto cívico? ¿Por qué catear personas, revisarles sus carteras o bolsos a las mujeres, documentos personales, que consideran opositores, mientras a otros no los intervenían de esa manera? ¿Desde cuándo vestir una camiseta con las siglas de ANEP, ANDE o APSE es motivo para no dejarlo participar de un acto cívico o impedirle transitar por una zona de la ciudad de Cartago? ¿Por qué impedir que llevaran o portaran faroles por el mensaje que tenían o con motivos de protesta política contra el gobierno, o contra el concubinato político de Rodrigo y Laura? ¿Por qué enlistaban a algunas personas que llegaban a la Plaza Mayor y a otras no? ¿Por qué exhibir tanto temor frente al pueblo por parte de los chupasangres del Gobierno, que tienen congelados los salarios, las pensiones, que quieren rebajarlas en un 5%, que quieren establecer jornadas de 12 horas sin pagos extras? ¿Por qué reprimir periodistas y camarógrafos de La Nación y del Semanario Universidad? ¿Por qué impedir la presencia de grupos sindicales organizados?
¿El acto del 14 de setiembre en Cartago fue bochornoso para la Municipalidad de Cartago, que no tuvo ningún papel importante en la celebración, que de alguna manera era simbólicamente el receptáculo de la noticia de la Independencia que era enviada desde Guatemala?
El Alcalde de Cartago fue una simple caricatura en todo el evento. Vergonzosa actuación tuvo. Pudo haber tenido por lo menos, en su discurso, si no le fue censurado, la dignidad y el decoro de haber protestado por el aparataje policial, militar y represivo que impuso el Gobierno. Se presentó como un alcalde sin dignidad alguna ante su pueblo cartaginés y ante la ciudadanía nacional. El alcalde fue disminuido en su investidura y lo presentaron no como un ciudadano libre, resultado de la Independencia que se recibía en el acto, sino como simple vasallo, como un simple siervo de la Autoridad Superior, casi esclavo político. Lo siento mucho por el alcalde, Mario Redondo.
El alcalde pudo haber asegurado una parte de la Plaza Mayor para que la ciudadanía no gobiernista hubiera tenido una presencia cercana a los actos oficiales.
Hubo una exagerada presencia policial militar, como la que exhibe la pareja política concubinal de Zapote cuando se movilizan por las calles de las ciudades, con exageradas unidades policiales, militares, de tránsito, de Cruz Rojas y Bomberos, que pasan a veces de 20 unidades en caravanas. ¿Por qué exhibir tanto temor al pueblo? ¿Por qué exhibir tal desplante policial militar, para infundir miedo a la gente y para irla acostumbrando al autoritarismo gubernamental, al militarismo que quieren entronizar y fortalecer como pasos hacia la dictadura, la tiranía y el gobierno absolutista?
La soberbia de la pareja presidencial no se va a imponer sobre la ciudadanía. Nadie se va a rendir ante sus actitudes y poses circenses. La burla institucional de los ciudadanos tiene límite. El poder público no se muestra ridiculizando al que pregunta, al que critica o al libre pensador, ni proponiendo usar cremitas de color.
Por ese camino, bien podría ofrecérsele hacer exámenes de alcoholemia al Jaguar zapoteño cuando exhala, abre su hocico, cuando así se comporta, o cuando no hila bien sus palabras con su afectado cerebro, para ver si se mantiene diariamente en el ranking menor a 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre.
A Rodrigo Chaves le quedó grande el traje de presidente. Le sigue quedando grande el de copresidente fáctico que tiene. No aprendió ningún modal, ni buena conducta de la investidura que tuvo, y que mantiene y quiere seguir teniendo. No tiene ningún respeto por los ciudadanos, por sus críticos, por la libertad de prensa y de pensamiento. La burla, la agresión gestual, las muecas, sacar la lengua, usar sus manos para agrandar sus orejas en muecas desabridas, en ofender a ciudadanos que le interrogan es su desplante.
Rodrigo Chaves se sigue comportando a lo tico como un pachuco, vulgar, agresor, que le gusta estimular las broncas y los pleitos para exhibir su mal aliento y sus palabrotas.
En su inglés es un simple Hooligan, un gamberro. Es una persona grosera, incivil, patán, falto de cultura, de educación, de respeto por la convivencia social y de civismo. La falta de civismo la mostró en todo el acto de Cartago. Le encanta provocar disturbios, interpretaciones vandálicas, alterando el orden público, porque si hay alguien que lo altera es Rodrigo Chaves Robles, con sus desplantes y decires.
En la Inglaterra de finales del siglo XIX los Hooligans se desarrollaron como pandillas callejeras violentas, inspiradas en la figura de Edward Hooligan, considerado un personaje pendenciero. Rodrigo Chaves ha desarrollado sus pandillas de troles y de personas físicas que ya están actuando pandilleramente, agrediendo a personas que se manifiestan como antichavistas. ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿A las camisas pardas de Hitler, que era su milicia paramilitar, como la está formando Chaves desde el gobierno anterior, o a las camisas negras de Mussolini, que fueron los grupos que organizó para intimidar y actuar con violencia contra sus opositores?
Mientras en Cartago hubo un deslucido y bochornoso acto ceremonial y festivo alusivo a recordar la fecha de Independencia de Guatemala que nos llegó a Costa Rica, en el resto del país, en todos los pueblos y ciudades donde los ciudadanos libremente, pudieron manifestarse y celebrarla, con faroles, con las consignas y carteles que quisieran, en calles, parques y plazas, reuniéndose maestros, educadores, padres, madres y familias, niños y jóvenes, fue altamente exitoso, patriótico, sin heridas en el corazón de la Patria, sin espacios cerrados, vigilados, sin represión ni matonismo institucional, donde la luz de la Libertad verdaderamente brilló.
La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:
1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.
2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.
3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.
4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.
5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.
El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.
La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.
Quizá dentro de algunos años, cuando intentemos recordar este extraño momento de la historia costarricense, no sean los grandes discursos políticos los que primero regresen a nuestra memoria. Tal vez recordemos una frase infantil:
“Lero, lero, calzón de cuero”.
Pronunciada por Rodrigo Chaves ante un ciudadano que cuestionaba por qué debía mostrar su cédula para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago durante los actos de celebración de la Independencia, la expresión provocó indignación, risas, memes y comentarios de toda naturaleza.
Podríamos quedarnos allí. Podríamos responder a la burla con otra burla, fabricar el meme correspondiente y continuar la interminable batalla de las redes sociales.
Pero también podemos hacer algo diferente.
Podemos queerizar el lero lero.
Queerizar, en este caso, significa tomar aquello que pretendía ridiculizar, desplazarlo de su lugar original y devolverlo convertido en pregunta. Quitarle a la burla su capacidad de humillar y utilizarla para mirar críticamente las relaciones de poder que hicieron posible aquella escena.
Entonces el “lero lero” deja de ser una simple ocurrencia presidencial y comienza a preguntarnos cosas.
¿Cuándo dejamos de escucharnos?
La escena es sencilla.
Un ciudadano interpela a una autoridad pública. Pregunta por qué debe presentar su identificación para ingresar a un espacio donde se desarrolla una celebración nacional. La respuesta termina convertida en sarcasmo.
Podemos discutir si la pregunta era adecuada, si el ciudadano estaba molesto, si existían razones de seguridad para los controles o quién había tomado la decisión.
Pero queda una cuestión anterior a todas ellas:
¿qué sucede con la conversación democrática cuando quien pregunta deja de ser interlocutor y se convierte en objeto de burla?
La pregunta importa porque el episodio no ocurrió aisladamente.
Llegó después de meses de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, cuestionamientos al Poder Judicial, conflictos presupuestarios, acusaciones cruzadas, manifestaciones, discursos sobre seguridad, criminalidad y enemigos políticos.
Y ocurrió precisamente durante la celebración de la Independencia.
La fotografía de Cartago
Quizá la imagen más poderosa de aquella noche no sea ninguna declaración.
Es una valla.
De un lado estaban autoridades y simpatizantes gubernamentales dentro de la Plaza Mayor. Del otro, manifestantes contrarios al Gobierno que habían participado en la llamada faroleada por la democracia.
Hubo policías, controles, revisiones y restricciones de acceso.
También hubo autobuses que trasladaron simpatizantes gubernamentales desde diferentes regiones del país y distribución de alimentos, capas y banderas.
Las redes hicieron inmediatamente su trabajo y apareció uno de esos productos inevitables del humor político costarricense: el “escuadrón arroz con pollo”.
Podemos reírnos.
Pero después de la risa queda la fotografía:
unos adentro, otros afuera y una valla en medio.
No necesitamos afirmar que alguien diseñó deliberadamente aquella imagen para reconocer su enorme potencia simbólica.
Era Cartago.
Era la Plaza Mayor.
Era la Antorcha.
Era la víspera del 15 de septiembre.
Era una celebración que supuestamente nos recordaba aquello que compartimos.
Y aparecimos separados físicamente.
La escenografía del poder
Hay otro elemento que merece atención.
La política no solamente habla.
También se viste, camina, gesticula, organiza espacios, construye escenarios y produce imágenes.
Erlin Rojas llamó recientemente la atención sobre la vestimenta presidencial y recuperó una provocadora categoría contemporánea: el fascismo-core. Partiendo de la conocida reflexión de Walter Benjamin sobre la estetización de la política, la categoría permite preguntarnos cómo determinadas imágenes de autoridad, disciplina, seguridad y orden pueden circular culturalmente antes incluso de convertirse en formulaciones ideológicas explícitas.
Conviene ser prudentes.
Una capa azul no convierte a nadie en fascista.
Un despliegue policial tampoco demuestra por sí mismo la existencia de un régimen autoritario.
Y atribuir intenciones políticas precisas a una elección de vestuario sin evidencia sería sustituir análisis por especulación.
Pero observar la escena completa sí resulta legítimo.
Vestimenta presidencial austera. Policía. Vallas. Controles. Autoridades protegidas. Símbolos patrios. Discursos sobre seguridad. Ciudadanos separados.
El objeto de análisis deja entonces de ser una prenda.
Es la escenografía del poder.
La pedagogía de la excepcionalidad
Durante los últimos meses hemos utilizado una expresión para intentar comprender algunos de estos acontecimientos: pedagogía de la excepcionalidad.
No significa que Costa Rica viva necesariamente bajo un régimen de excepción.
Significa algo más sencillo y quizá más difícil de percibir: la posibilidad de que determinadas prácticas inicialmente extraordinarias vayan incorporándose paulatinamente a nuestra experiencia cotidiana.
Primero sorprenden.
Después se repiten.
Finalmente dejan de sorprender.
La pedagogía puede operar mediante discursos: inseguridad, amenazas, enemigos, crisis.
Puede materializarse mediante prácticas: escoltas, barreras, controles, dispositivos policiales.
Y ahora advertimos una tercera dimensión:
la estética.
También aprendemos mediante imágenes.
Aprendemos cómo luce la autoridad.
Cómo luce el peligro.
Quién debe ser protegido.
Quién debe ser vigilado.
Quién ocupa el centro.
Quién permanece afuera.
Pero aquí aparece una cuarta dimensión todavía más preocupante:
aprender quién merece ser escuchado.
Cuando al adversario político se le responde mediante la ridiculización, la lección puede ser sencilla: con determinadas personas ya no hace falta discutir.
Basta reírse.
Pero cuidado: el miedo también puede enseñarse desde la oposición
Aquí necesitamos detenernos.
Sería demasiado cómodo observar exclusivamente al Gobierno.
Durante meses, sectores opositores han advertido sobre autoritarismo, deterioro institucional, amenazas a la división de poderes y eventualmente tendencias fascistas.
Algunas advertencias se apoyan en acontecimientos concretos que merecen escrutinio.
Pero también debemos preguntarnos qué ocurre cuando cada nuevo acontecimiento es interpretado como confirmación definitiva de que la democracia está a punto de desaparecer.
Una hipótesis que explica absolutamente todo corre el riesgo de volverse imposible de refutar.
Si el Gobierno confronta, confirma el autoritarismo.
Si retrocede, fue porque la resistencia lo obligó.
Si aumenta la seguridad, confirma la excepcionalidad.
Si modera el discurso, podría interpretarse como estrategia.
Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:
¿qué evidencia nos haría cambiar de opinión?
La pregunta vale para todos.
También para nosotros.
Nosotros también sentimos el miedo
Esta reflexión no nace desde una supuesta neutralidad exterior.
Quienes observamos críticamente estos acontecimientos también podemos experimentar indignación, cansancio y temor.
Después de Cartago resulta comprensible que algunas personas piensen:
“Hasta aquí. Hay que hacer algo más fuerte”.
Pero precisamente ahí debemos observarnos.
Porque del otro lado puede estar ocurriendo exactamente el mismo proceso.
Algunos simpatizantes gubernamentales consideran que el Gobierno intenta transformar el país y que determinados sectores institucionales y políticos impiden hacerlo.
En redes sociales aparecen entonces palabras como “antipatriotas”, “traidores”, “zurdos” o “enemigos”.
Mientras tanto, desde sectores opositores aparecen “fascistas”, “dictadores” y otras categorías igualmente absolutas.
Las posiciones son distintas y sus fundamentos deben examinarse por separado. Pero pueden producir una emoción semejante:
miedo al otro.
Y cuando cada grupo comienza a considerar al otro una amenaza existencial, la política cambia.
Ya no discutimos sobre cuál Costa Rica queremos.
Comenzamos a discutir sobre quién tiene derecho a pertenecer a Costa Rica.
La ternera
Existe una expresión popular bastante menos académica que quizá explique mejor el problema:
tanto se le jala el rabo a la ternera que termina pateando.
Y cuando patea, poco importa hacia dónde.
Patea.
Una sociedad sometida permanentemente a tensión puede llegar a un punto donde un acontecimiento relativamente pequeño produzca consecuencias enormes.
Una provocación.
Una detención.
Un empujón.
Una actuación policial equivocada.
Una imagen difundida fuera de contexto.
Un video viral.
Después cada grupo podría decir:
“¿Ven? Nosotros teníamos razón”.
Y atribuir al otro toda responsabilidad.
Por eso quizá deberíamos preguntarnos si la principal amenaza inmediata no reside únicamente en determinadas acciones gubernamentales, sino también en la pérdida progresiva de nuestra capacidad colectiva para procesar democráticamente el conflicto.
¿Se rompió la excepcionalidad costarricense?
Durante décadas nos contamos una historia.
Costa Rica era diferente.
La Suiza centroamericana.
El país sin ejército.
El país del diálogo.
El país donde los conflictos se resolvían institucionalmente.
Esa representación siempre fue parcialmente mítica. Nuestra historia contiene desigualdad, exclusión, violencia y enfrentamientos sociales.
Pero los mitos nacionales también cumplen funciones sociales.
Quizá lo que se está quebrando no sea necesariamente la democracia costarricense, sino la representación que teníamos de nosotros mismos.
Nos miramos y ya no reconocemos aquella fotografía.
El 14 de septiembre Cartago ofreció otra:
dos grupos de costarricenses separados por una valla.
Y al día siguiente, durante otra ceremonia de Independencia, volvimos a observar enfrentamientos verbales entre autoridades nacionales y municipales.
Algo está ocurriendo.
Reconocerlo no exige anunciar una dictadura.
Pero negarlo tampoco parece sensato.
¿Pacifismo o blandenguería?
Entonces aparece otra vieja pregunta costarricense.
¿Nuestro pacifismo constituye una fortaleza democrática o simplemente hemos aprendido a soportarlo todo?
Probablemente pueda ser ambas cosas.
Existe un pacifismo que significa:
“Mejor no meterse”.
Eso puede convertirse en pasividad.
Pero existe otro:
“Estoy profundamente en desacuerdo con usted, protestaré contra usted y utilizaré todos los mecanismos democráticos disponibles, pero no necesito destruirlo para hacerlo”.
Eso no es debilidad.
Es una forma exigente de fortaleza democrática.
Protestar no contradice la paz.
Fiscalizar tampoco.
Denunciar abusos no destruye la convivencia.
Recurrir ante tribunales, organizarse, marchar, investigar, escribir, cuestionar y exigir explicaciones forman parte de una democracia viva.
La pregunta es cómo hacerlo sin reproducir aquello mismo que denunciamos.
Quizá no necesitamos unidad
Durante mucho tiempo hemos repetido otra expresión hermosa:
unidad en la diversidad.
Pero quizá estamos pidiéndole demasiado a la democracia.
No necesitamos estar unidos.
No necesitamos pensar parecido.
Ni siquiera necesitamos caernos bien.
Podemos sostener proyectos de país profundamente incompatibles.
Lo indispensable es algo anterior:
reconocimiento mutuo de legitimidad.
Yo acepto que usted pertenece legítimamente a esta comunidad política aunque quiera una Costa Rica distinta de la que deseo.
Y usted reconoce exactamente lo mismo en mí.
Mientras eso exista, tenemos adversarios.
Cuando desaparece, comenzamos a fabricar enemigos.
Quitar la valla
Al principio parecía sencillo decir:
hay que quitar la valla.
Ahora sabemos que no basta.
Primero debemos preguntarnos si quienes están a ambos lados desean quitarla.
Porque ninguna convivencia democrática puede reconstruirse unilateralmente.
Tampoco significa tolerarlo todo.
Diálogo no significa sometimiento.
Pacifismo no significa pasividad.
Pluralismo no significa aceptar la destrucción del pluralismo.
Esperanza no significa ingenuidad.
Quizá necesitamos algo bastante más difícil:
vigilancia democrática sin pánico; resistencia sin odio; movilización sin violencia; denuncia sin exageración; esperanza sin ingenuidad.
No porque exista una vía correcta perfectamente trazada.
Precisamente porque no existe.
Volvamos al “lero lero”
Y entonces regresamos al comienzo.
Lero, lero, calzón de cuero.
Queericemos la frase.
Quitemos al insulto su capacidad de cerrar la conversación y obliguémoslo a abrirla.
Que ya no signifique:
“No merezco responderle”.
Que nos obligue, por el contrario, a preguntar:
¿cuándo dejamos de escucharnos?
¿En qué momento convertimos al adversario en enemigo?
¿Qué estamos aprendiendo a considerar normal?
¿Qué límites democráticos no estamos dispuestos a abandonar?
¿Qué tendría que ocurrir para que cambiáramos nuestra interpretación de los acontecimientos?
¿Podemos protestar sin odiarnos?
¿Podemos defender nuestras instituciones sin convertir el miedo en nuestra principal herramienta política?
¿Podemos disentir radicalmente y continuar reconociéndonos como costarricenses igualmente legítimos?
Quizá la democracia no dependa de encontrar respuestas idénticas.
Tal vez dependa de conservar el espacio donde todavía podamos formularnos juntos esas preguntas.
Porque el verdadero problema no comenzará cuando desaparezca la valla de la Plaza Mayor.
Comenzará si algún día descubrimos que la valla ya no necesita estar allí porque la llevamos instalada dentro de nosotros.
«La excepcionalidad democrática no es un objeto de vitrina que se hereda intacto; es un pacto social vivo que se destruye silenciosamente cuando el crecimiento económico se divorcia de la justicia social y la redistribución»
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
A propósito del reciente análisis de la politóloga Alicia Lissidini en la prensa internacional; una mirada al espejo de nuestra degradación institucional y el peligro de habituarnos al odio selectivo y la desconexión democrática en Costa Rica.
Alicia Lissidini
Resulta profundamente doloroso mirarse en el espejo cuando el reflejo muestra el rostro de la decadencia. Durante décadas, los costarricenses nos jactamos ante el mundo de nuestra «excepcionalidad democrática». Nos autoproclamamos la «Suiza de América», orgullosos de un Estado social de derecho robusto, una estabilidad republicana envidiable y la histórica abolición del Ejército en 1948.
Hoy, sin embargo, esa etiqueta de prestigio se ha desvanecido en la prensa internacional. En su lugar, prestigiosos análisis académicos del Cono Sur, como el publicado recientemente por la politóloga Alicia Lissidini en La Diaria de Uruguay, nos retratan de una manera radicalmente distinta: Costa Rica es hoy el gran laboratorio latinoamericano del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical de rasgos autoritarios.
¿Cómo perdimos nuestra excepcionalidad? La respuesta que la comunidad internacional observa con preocupación no radica en un accidente político, sino en el quiebre sistemático de nuestro pacto social. Costa Rica dejó de ser la excepción igualitaria de la región para convertirse en una de las economías más desiguales del planeta. El desmantelamiento y castigo presupuestario a la educación y la salud públicas terminaron por triturar la movilidad social.
Los informes del Estado de la Nación confirman que el estancamiento de la inversión social por habitante incubó un descontento estructural legítimo. En ese caldo de cultivo, los discursos que prometen «poner orden» y castigar a las élites se vuelven sumamente atractivos, abriendo las puertas a liderazgos personalistas que juegan dentro de la democracia, pero recortan sus componentes liberales.
La gran paradoja costarricense es que la bonanza macroeconómica se ha vuelto un espejismo lejano para las mayorías. En los últimos años, el país registró tasas de crecimiento admirables ante la OCDE, logrando incluso reducir algunos indicadores de pobreza por puros efectos de rebote e inflación baja. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que este repunte es frágil, desigual y territorialmente concentrado.
El crecimiento sin redistribución no genera empleo formal y deja intacta la precariedad estructural. Cuando la ciudadanía percibe que «la política no llega» y que la opulencia de unos pocos coexiste con el endeudamiento de los hogares, el avance del crimen organizado y el deterioro ambiental, los partidos tradicionales pierden credibilidad y las urnas se vacían. El auge del «partido abstencionista» —que ya supera el 40% en los balotajes— refleja una peligrosa retirada silenciosa de la competencia electoral.
El vacío dejado por la desafección ciudadana ha sido ocupado de forma agresiva por la polarización afectiva y la instrumentalización dogmática. Costa Rica atraviesa una alarmante escalada de discursos de odio y discriminación en redes sociales que han crecido más de un 1000% en temas de realidad nacional, dirigidos a demoler la legitimidad de la Asamblea Legislativa, las universidades públicas, el Poder Judicial y la prensa independiente.
A este fenómeno se suma la peligrosa confluencia de redes religiosas conservadoras que pretenden trasladar sus dogmas al aparato estatal. Cuando las políticas de derechos humanos o la laicidad se transforman en guerras morales exclusivas, la igualdad ante la ley se dinamita. La laicidad no es un adorno técnico; es la única garantía republicana de que ninguna moral particular capture los recursos y el poder de la colectividad.
El espejo que nos devuelve la mirada desde el exterior no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia severa para nuestra propia supervivencia cívica. Si la población costarricense asume con resignación que la protesta social no genera cambios y que las urnas tampoco, terminaremos validando a caudillos que prometen «pasar por encima de los controles» del Estado de derecho.
El gran desafío de nuestra sociedad es recomponer urgentemente el contrato social y rescatar la ejemplaridad de las instituciones. Necesitamos una narrativa de porvenir que vuelva a hacer deseable, defendible y habitable una democracia inclusiva.
Costa Rica debe apagar de una vez por todas la estridencia del agravio y entender que la paz pública no se sostiene con consignas publicitarias, sino con justicia social, equidad distributiva y el respeto absoluto a la dignidad humana.
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