Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli
Entre 1967 y 1971 me correspondió ser el primero en realizar dos estudios con exigencias académicas, sobre lo acontecido en 1948 a raíz de la presentación de mis tesis de grado en Historia en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Complutense de Madrid bajo los títulos “Costa Rica y Sus Hechos Políticos de 1948 (Problemática de una Década)” y “ El Desarrollo Constitucional de Costa Rica y La Constitución de 1949 (Antecedentes y Proyecciones)”; en ambos casos traté de explicar algunos sucesos que en la mentalidad popular se habían arraigado como verdad absoluta, sin tener una certeza histórica. Digo esto porque, en estos cincuenta años que han transcurrido, muchos mitos se han consolidado y va siendo hora de ubicarlos en su verdadera dimensión; cito solo tres ejemplos por el momento: la verdadera participación de los comunistas en la legislación social, el número de fallecidos por la guerra civil y la abolición del ejército. Llegar a aclarar estos mitos, es uno de los trabajos que tengo en cartera un poco avanzados, aunque al final, a lo mejor, me gano mi personal “Codo del Diablo”; pues la verdad no llegará a pecar, pero si a incomodar a más de uno.
Vamos al hecho concreto: dice la tradición, más no así los documentos, que el 1 de diciembre de 1948 don José Figueres Ferrer, Presidente de la Junta de Gobierno que gobernaba de facto Costa Rica, por medio de un decreto y un simbólico mazazo en la pared norte del Cuartel Bella Vista, eliminó el ejército. Si estuviéramos en un examen colegial de esos tan de moda: falso o verdadero, qué pondríamos como respuesta. Pues ¿caben las dos?, ¿ni lo uno ni lo otro?, ¿verdades a medias o manipulación política?
Estudiemos desde el principio: ¿de quién fue la idea? ¿De don José Figueres y la Junta de Gobierno?, simplemente no. Recordemos que ese gobierno de facto, había creado el 21 de mayo de 1948, una comisión de muy ilustres costarricenses como Fernando Lara Bustamante, Fernando Baurit, Eloy Morúa, Manuel Hernández Herrán, Abelardo Bonilla Baldares, Rafael Carrillo, Rodrigo Facio, Fernando Fournier y Fernando Volio S. para que redactara un proyecto de Constitución Política que sería enviado a la Asamblea Nacional Constituyente que debía elegirse el 8 de diciembre de aquel año 48, de acuerdo con los compromisos del Pacto Ulate Figueres firmado el 1 de mayo, en que inició el periodo de facto y que, ese mismo día, dio su segundo decreto con el que deroga la Constitución de 1871. En ella se regulaban diferentes aspectos del ejército, por ejemplo que estaba subordinado al poder civil, era pasivo, no podía deliberar y sobre todo era el Congreso de la República el que, anualmente, establecía su existencia al fijar su presupuesto, el máximo de hombres que componía el ejército de “ mar y tierra” en tiempos de paz o el aumento en caso de conflictos y conferir los grados militares a partir de coronel; por lo tanto, si se anulaba la Constitución, qué quedaba del ejercito sustentado en ella, nada.
Inclusive, el 25 de noviembre de 1948 el coronel Edgar Cardona quien fungía como ministro de Seguridad, propuso en el seno de la Junta de Gobierno presidida por Figueres, la idea de abolir el ejército y destinar el presupuesto que quedaba libre a educación. La propuesta fue rechazada inclusive por Figueres, y conforme lo ha narrado el propio Cardona en su libro, su propósito era salvaguardar la elección de Otilio Ulate y otros peligros para el país. Este reconocimiento histórico a él y don Fernando Lara, como veremos, ha quedado en el olvido de la historia oficial.
Sin embargo, fue en el seno de la Comisión que el Lic. Fernando Lara Bustamante presentó la idea de la abolición del ejército como INSTITUCION PERMANENTE, idea y propuesta que fue acogida por los demás miembros y plasmada en el artículo 10 del Proyecto de Constitución, en el que se abole el ejército dentro de la idea planteada; la conservación del orden público quedó supeditada a la acción de una policía sometida al poder civil y no tenía derecho a deliberar.
El proyecto de Constitución, con ésta y muchas otras ideas renovadoras, fue enviado por la Junta de Gobierno a conocimiento de la Constituyente, que con una actitud conservadora y tradicionalista propia de la mentalidad imperante en el partido que obtuvo la mayoría de las curules, rechazó el proyecto y acogió la Constitución de 1871 como base de discusión. Sin embargo, como ya lo han señalado muchos autores, don Fernando Lara buscó la colaboración de tres miembros de aquella Cámara, los diputados Juan Trejos Quirós, Enrique Montiel y Ricardo Esquivel para que presentaran la moción prácticamente con el mismo texto.
La discusión de tema tan importante se dio el día 4 de julio y según el ACTA 101 de la Asamblea Constituyente, se requirieron dos párrafos de nueve reglones cada uno, ¡para discutirlo! Solo hubo una pregunta y su respuesta que vale la pena sacarla del baúl del olvido; el diputado Everardo Gómez preguntó a los proponentes si quedaba excluida la “organización de un ejército ciudadano, como el suizo, que voluntariamente se disciplina y entrena bajo el control del Ministerio de Seguridad, para acudir en defensa de la patria eficientemente. El señor Diputado Esquivel, a nombre de los proponentes de la moción, que ella no excluye la organización ciudadana voluntaria que se indica, porque no constituía un ejército permanente de carácter militar y porque tal organización, como tendiente a la defensa nacional, tampoco excluye el artículo que se discute. El señor Gómez Rojas pidió que la duda que había formulado constara en el acta respectiva, COMO ELEMENTO PARA INTERPRETAR EL CITADO ARTICULO EN EL FUTURO…” (Actas A.C.. T.II. P.439. Acta 101)
Es interesante, por lo tanto, ver cómo en tan pocas líneas se plasmaron logros institucionales tan importantes y también posibilidades de defensa nacional que, en otros momentos a lo largo de estos setenta años pudo aplicarse y no se hizo, por olvido u omisión.
Entonces, ¿Qué medió para realizar aquel acto en el Cuartel Bellavista el 1 de diciembre de 1948? Recordemos cosas importantes, en primer lugar, el llamado Ejército de Liberación Nacional como lo demuestro en mi libro, estaba integrado en su gran mayoría por jóvenes seguidores del Partido que había presentado la candidatura de Otilio Ulate y se habían incorporado el movimiento de Figueres, no siguiendo sus ideas ni relaciones caribeñas, sino por la defensa de la elección de su candidato, además eran los que tenían las armas en su mano. Por eso, los acuerdos del Pacto Ulate Figueres no eran de todo su agrado y mucho menos que la Junta pudiera prolongar su mandato de dieciocho a veinticuatro meses; por eso, para muchos miembros de la Junta, lo mejor era desarmar lo que popularmente era conocido como el Ejército de Liberación Nacional, de manera elegante y que no despertara serias fricciones.
Por otro lado, la Embajada de los Estados Unidos, especialmente, presionaba por la eliminación de grupos como la Legión Caribe y Rafael Herrera, que en el país preparaban las huestes para cumplir las obligaciones estipuladas en el Pacto del Caribe del 16 de diciembre de 1947, que Figueres había firmado, y hacían que en Nicaragua el gran amigo de los norteamericanos Anastasio Somoza se sintiera amenazado. Además, surgían internamente sentimientos de inconformidad por algunas disposiciones de la Junta, algunos de ellos en sectores económicos y empresariales muy ligados al movimiento de Ulate. Por todo esto, políticamente era importante eliminar cualquier peligro que estuviera latente, y para ello, el acuerdo tomado por la Asamblea Nacional Constituyente el 4 de julio de 1948, que “casualmente” ha sido olvidado y nadie lo cita, les venía como anillo al dedo.
Así, el 11 de octubre de 1948 tres meses después de lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente se emite el decreto-ley 749 que todos los escritores, políticos, historiadores, periodistas y otras hierbas han dicho y proclaman como el decreto que eliminó el ejército como institución permanente. ¿Y qué dice el susodicho decreto? Veamos. En su primer considerando dice textualmente: “1. Qué con miras a imprimirle a la estructura política del Estado una fisonomía netamente civil, ha sido suprimido el Ejercito como institución permanente…” Al utilizar los términos “ha sido suprimido” quiere decir que ya, en el momento de firmar aquel decreto ley, el ejército había sido suprimido anteriormente. Pero ¿cuándo y por quién? Buscando en todos los decretos-ley de la Junta no existe ninguno antes de este del 11 de octubre que trate el tema; lo único que existe es el acuerdo de la Asamblea Constituyente, por lo tanto, ¿a quién le damos la responsabilidad histórica de un hecho tan trascendente?
Otro detalle importante; en el segundo artículo de los considerandos, se señala que, para tranquilidad pública, por la vida y hacienda de los ciudadanos, es conveniente sacar las “instalaciones militares” de las zonas residenciales y ubicar los inmuebles existentes a otros fines de utilidad social. Me pregunto, ¿cómo puede hablarse de instalaciones militares si ya no había ejercito?, o era parte del galimatías mental que prevalecía en el momento.
Pero lo más importante a destacar, es que en el famoso decreto-ley 749 considerado por tirios y troyanos como el de la abolición del ejército, sobre ese tema ¡no dice nada! y en su parte resolutiva se refiere únicamente al traspaso a título gratuito del Cuartel Bella Vista a la Universidad, su ubicación para trasladar el Museo Nacional. ¡Y nada más! Nada de abolición del ejercito ni cosas por el estilo. Entonces, sigamos con la pregunta: ¿cuándo, cómo, y por quién?
La siguiente fecha a mencionar es el 1 de diciembre de 1948 día en que don José Figueres dio los mazazos simbólicos al Cuartel Bella Vista y hace entrega de las llaves a… ¿la Universidad de Costa Rica?, no, dice el decreto a “las escuelas, para que sea convertido en centro cultural”. ¿Por qué ese cambio de dueño y destino?, obviamente no había claridad de cómo se actuaba. Pero lo más importante es que ese día, con base en el decreto de esa fecha lo que se hace es DISOLVER, el ejército regular de Costa Rica considerado el “…digno sucesor del Ejército de Liberación Nacional…”
Reconoce entonces que después de la Guerra Civil, el Ejército de Liberación Nacional se convirtió en el regular del país, con todos los inconvenientes para la Junta de Gobierno que ya hemos señalado.
Y de seguido señala, al igual que lo dispuesto por la Asamblea Constituyente, que la seguridad del país se garantizaba con un buen cuerpo de policía sometida al poder civil. Entonces, no es lo mismo disolver una fuerza armada o decirle a un grupo de personas que terminan sus funciones, dejen sus armas y se vayan para la casa; lo que no eliminaba la posibilidad de organizarlo nuevamente.
Cosa muy diferente es eliminar institucionalmente un ejército, que fue lo aprobado por la Asamblea Constituyente y que se consolidó con la aprobación de la Constitución Política el 7 de noviembre de 1949, por lo que si queremos festejar una decisión tan sabia, debería ser esa fecha, pues fue la DECISION DEL SOBERANO, DEL PUEBLO EN LA MAXIMA ASAMBLEA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, el que tomó la sabia decisión de acabar con semejante lacra en la Historia de América y que también tuvo sus desafueros en la nuestra también.
Para terminar, si queremos festejar algo realmente importante de nuestra Historia Patria, celebremos y conmemoremos la aprobación del PACTO SOCIAL FUNDAMENTAL INTERINO DE LA PROVINCIA DE COSTA RICA O PACTO DE CONCORDIA, nuestra PRIMERA CONSTITUCION POLITICA, con la que dimos inicio a nuestra vida institucional y democrática, con base en el respeto al sagrado principio de legalidad, sin el cual no hay ni libertad ni democracia, precisamente. Y fue ese PACTO DE CONCORDIA, producto de días intensos de verdadero CONSENSO entre nuestros padres fundadores, que se logró llegar a un punto de acuerdo que evitó, además, que formara un ejército fuerte y poderoso que defendiera los pasos independentistas que se estaban dando, como sucedió en otras latitudes hispanoamericanas y que fueron el germen que originó ese ejército institucionalizado que ha ensangrentado nuestro continente. De eso, también, nos salvó el Pacto de Concordia. Hoy tan olvidado al igual que el respeto al principio de legalidad por los gobernantes de los últimos tiempos, pues los ciudadanos olvidamos los deberes y derechos que tenemos como parte del SOBERANO, y hemos permitido QUE NOS LLEVEN POR LA CALLE DE LA AMARGURA de una tiranía en supuesta democracia, aunque no tengamos ejército. De todas maneras, a quien se le atribuye su eliminación, ¡también una vez dijo que éramos un pueblo domesticado!