Bernardo Archer Moore

Desde principios del siglo pasado y más allá, el gobierno costarricense en el poder ha ignorado los derechos fundamentales de quienes vivimos en la costa caribeña, así como de las poblaciones aborígenes del altiplano.

Así, el “PLAN REGULADOR (Turístico) COSTERO para el Distrito de Cahuita recientemente aprobado por el Municipio de Talamanca, fue la gota que colmó el vaso, por así decirlo.

Por lo tanto, varias decenas de descendientes directos de las familias fundadoras de Cahuita finalmente alzaron su voz EXIGIENDO EL RESPETO POR NUESTROS DERECHOS DE PROPIEDAD ANCESTRALES.

Que tanto nuestros amigos como adversarios comprendan que esto no es una simple lucha en contra de un plan regulador, es algo mucho más profundo, se trata del legado ancestral de nuestras futuras generaciones.

Lo anterior, debido a que funcionarios del gobierno local hicieron oídos sordos a todas las objeciones planteadas al citado Plan Regulador que en lugar de “REGULAR”, DESREGULA lo ya regulado para favorecer a las grandes empresas turísticas a costa de la quiebra y desaparición de empresarios existentes de limitados recursos económicos – como por ejemplo:

Pescadores locales, pequeñas y medianas empresas turísticas locales, cabinas y bungalows, restaurantes operados y de propietarios locales, etc.

En pocas palabras: Es una ganancia a corto plazo para unos pocos y una pobreza a largo plazo para la mayoría de la población.

Después de la aprobación de dicho plan de zonificación con total desprecio por nuestras quejas y oposición, no nos arrinconamos debido a una crisis de depresión como muchos funcionarios de los gobiernos locales y nacionales y sus financistas pudieron haber pensado.

Demonios, no, esa no es nuestra cultura.

En cambio, comenzamos a trabajar en silencio. La primera tarea fue diseñar una estrategia para contrarrestar tal nivel de injusticia, generada por la corrupción institucionalizada.

La primera acción tomada fue enviar cartas de ALERTA TEMPRANA a la Organización de Estados Americanos (“OEA”) y a las Naciones Unidas (“ONU”) como exige el derecho internacional ante tal parodia de justicia por parte de un gobierno local y/o gobierno nacional contra comunidades minoritarias como los howers.

En segundo lugar, se ha presentado ante la Sala Constitucional el primero de varios RECURSOS DE AMPAROS.

En este caso el acto impugnado fue la siguiente:

La elaboración de un Plan Regulador de Zonificación de Cahuita con menosprecio al derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado del Pueblo Tribal de Cahuita –como lo reconoce el propio Estado costarricense. ¡¡¡SOMOS o NO SOMOS!!!

Publicado en Las Cosas Son Lo Que Son y compartido con SURCOS por el autor.